En los servicios de la clínica Meisa de Viladecans (Barcelona), un centro médico muy serio y muy eficiente, hay un cartel comprometido que reza tal cual: «Se ruega a los usuarios del wc que cierren la puerta después de utilizarlo». Bueno, se entiende que la misma puerta permanecerá cerrada mientras haya usuarios en el excusado. También se entiende muy bien el aviso fijado justo encima del retrete, a la altura de los ojos del varón que lo utiliza para aguas menores: «Si se ha acabado el papel o el wc está sucio, se ruega avisen en administración». Todo en perfecto castellano, detalle que podría llamar la atención porque los demás anuncios fijados en el centro, unánimemente, están redactados en catalán. Concluimos por tanto que cuando el asunto es grave y resulta necesario que todo el mundo se entere y todos lo entiendan, se comunica en castellano y todos contentos.
Así más o menos funciona el asunto del bilingüismo en la sociedad catalana, a estas alturas de la historia. Si hacemos caso a las estadísticas oficiales —Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población del Instituto de Estadística de Cataluña, el 46,5% de la población utiliza el castellano de forma habitual, frente a un 32,6% que usa principalmente el catalán. Un 9% de la población usa habitualmente otros idiomas, sobre todo el árabe.
Estos porcentaje son ciertos —deberían serlo—, en el rigor de las cifras, aunque la realidad impone otra evidencia de enorme trascendencia social/convivencial: en la práctica, más del 90% de la población en Cataluña utiliza normalmente el castellano en su desenvolvimiento cotidiano. El dato porcentual se aproxima al 100% en áreas urbanas y periurbanas, sobre todo en la metrópolis barcelonesa. Resumiendo: hay dos lenguas, una privativa minoritaria y otra mayoritaria y franca, de uso común para la resolución de la convivencia diaria. Sin mayores problemas. La coexistencia de catalán y castellano —español— en la comunidad es fluida y se encuentra instalada en parámetros de absoluta normalidad, sin mínimos conflictos (1).
La anomalía: la persistencia —contumacia—, de la administración autonómica en utilizar el catalán como lengua exclusiva —exclusiva—, de comunicación con los administrados. De tal manera, por parte de los poderes públicos se genera una ficción colectiva según la cual un idioma, el catalán, es el único propio del territorio sobre el que se ejerce la labor administrativa; como si todos hablaran y entendiesen el idioma, como si el uso del castellano fuese una especie de rareza impropia de quienes tienen la responsabilidad de velar por la buena administración en su entorno social.
Esta anomalía genera situaciones chocantes. En las oficinas públicas de Cataluña —autonómicas, municipales, diputaciones—, atenderán a quien lo precise en castellano —en la práctica, a casi todo el mundo—, pero todos los formularios, documentos, notificaciones, etc, que tengan que ver con el negocio tratado irán redactados en exclusivo e impecable catalán. Esta suave esquizofrenia cultural marca límites, lógicamente, entre el poder y sus administrados, reforzando la sensación de que sólo los catalanohablantes están, digamos, en su medio legítimo y natural; a los demás —según la lógica administrativa— se nos trata con condescendencia, como si tuvieran ellos el detalle y la bondad de esforzarse en el uso del castellano, por no hacernos de menos o algo así. Esto último resulta especialmente dañoso porque la retorsión de la realidad siempre hiere al sentido común: usar la lengua de la mayoría absoluta como quien hace un favor es trabajar en favor de la escisión cultural, cosa que en la calle y en la vida diaria no se produce ni por lo remoto. Y tal parece que tal sea la función de los políticos, insistir tozudamente, a machamartillo, en todo lo que nos separa; y tratar a lo que nos une —el castellano, lengua común de uso diario—, como un fenómeno extraño, no indeseable pero sí evitable en la medida de lo posible.
En breve: si necesitan forjar diferencias para ser ellos mismos, impolutos en su puridad cultural, mientras que la sociedad en su decurso corriente difumina esas diferencia, se impone la última y verificada apabullante realidad: en Cataluña no hay un problema lingüístico, el problema son ellos.
(1) Otra cuestión es el uso del catalán como lengua vehicular en la educación a todos los niveles, asunto que merece más de un artículo y que de momento no está remotamente en camino de solucionarse.