1. Cómo se calcula la regla del gasto europea

El nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, articulado en el Reglamento (UE) 2024/1263, sustituye el antiguo sistema de reglas fiscales por una senda de gasto neto como indicador operativo principal. El gasto neto no es el gasto público total: es el resultado de restarle al gasto público (empleos no financieros en términos de contabilidad nacional, SEC) los siguientes conceptos:

• Los gastos por intereses de la deuda.
• El componente cíclico del gasto en prestaciones por desempleo (solo la parte que varía con el ciclo económico, no el gasto total en desempleo).
• El gasto en programas de la Unión Europea íntegramente compensado con fondos comunitarios (por ejemplo, la parte de los fondos Next Generation financiada con transferencias de Bruselas).
• El gasto nacional de cofinanciación de esos programas europeos.

Las medidas puntuales o de carácter temporal (por ejemplo, el gasto extraordinario asociado a la DANA o a sentencias judiciales atípicas).

Sobre el resultado de esa resta se aplica además un ajuste por las medidas discrecionales de ingresos: si el Gobierno aprueba subidas de impuestos de carácter permanente, ese incremento de recaudación amplía el margen de gasto permitido (se descuenta del crecimiento del gasto neto); si aprueba rebajas permanentes, el margen se reduce en la misma medida. Es este ajuste, precisamente, el que introduce en la regla europea el vínculo directo entre subir impuestos y poder gastar más sin incumplir.

La tasa de referencia frente a la que se compara ese gasto neto, el 3,4% de media anual para España en 2025-2028, avalado por el Consejo mediante Recomendación de 21 de enero de 2025, tampoco es una cifra arbitraria: la Comisión la calcula con su modelo de sostenibilidad de la deuda (Debt Sustainability Monitor), combinando el crecimiento del PIB potencial, el deflactor del PIB y el esfuerzo de ajuste del saldo estructural primario que España necesita realizar para situar su deuda pública en una senda descendente y plausible a medio plazo. En esencia, es la tasa máxima de crecimiento del gasto compatible con no descarrilar esa trayectoria de deuda.

Conviene precisar que el 3,4% es una media del periodo 2025-2028, no una tasa fija idéntica cada año: el propio Gobierno ha reconocido tasas de referencia específicas del 3,7% para 2025 y del 3,5% para 2026. A esto se añade una capa adicional de flexibilidad que no existía cuando se aprobó el Plan original: España activó el 13 de abril de 2026, junto con otros diecisiete Estados miembros, la cláusula de salvaguardia nacional para gasto en defensa, que permite superar la senda de gasto neto hasta un máximo del 1,5% del PIB acumulado sin que se considere incumplimiento; y en el Semestre Europeo de primavera de 2026 la Comisión abrió además la puerta a una flexibilidad adicional, limitada a un máximo del 0,3% del PIB anual y 0,6% acumulado entre 2026 y 2028, para inversiones en seguridad energética. El umbral frente al que hay que medir la desviación real, por tanto, no es un único número fijo, sino una referencia que se mueve año a año y que se ha ido ensanchando con sucesivas cláusulas de escape.

Una precisión metodológica relevante para este informe: el ámbito de la regla europea, a diferencia de la regla de gasto nacional recogida en la legislación española, sí incluye a los Fondos de la Seguridad Social. Por tanto, el agregado correcto para evaluar el cumplimiento frente a Bruselas es el de todas las Administraciones Públicas, incluida la Seguridad Social, tal y como se aborda en este informe.

 

2. Cobertura y limitaciones del seguimiento oficial del gasto neto

Con una regla de esta importancia, el indicador fiscal central del compromiso de España con Bruselas desde 2025, resulta llamativo que el informe trimestral de la IGAE, la publicación oficial más frecuente y visible sobre las cuentas de las Administraciones Públicas, no incluya en ningún momento el cálculo del gasto neto ni una valoración de si la senda comprometida se está cumpliendo. El informe se limita a publicar los agregados brutos de recursos y empleos por subsector, sin aplicar ninguno de los ajustes descritos en el epígrafe anterior.

Comprobado quién calcula efectivamente esta magnitud y con qué periodicidad, el resultado es el siguiente:

• LaIGAE ,en su informe trimestral de Contabilidad Nacional, no publica el gasto neto ni ninguna valoración de cumplimiento de la regla.
• La AIReF sí lo calcula y publica, pero solo dos veces al año y con varios meses de retraso: en su Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas (marzo-abril) y en su Informe sobre Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto (julio).

La Comisión Europea evalúa el cumplimiento con periodicidad anual, a partir de las notificaciones del Procedimiento de Déficit Excesivo que España remite en abril y octubre.

El resultado práctico es que no existe ninguna publicación oficial trimestral y en tiempo real que responda a la pregunta más elemental: ¿está cumpliendo España, en este trimestre, el compromiso de gasto que ella misma pactó con Bruselas? Quien quiera saberlo debe esperar meses a la AIReF, o, como se hace en este informe, construir la aproximación por su cuenta a partir de los datos brutos.

Existe una razón técnica parcial que conviene no omitir: algunos de los ajustes que exige la metodología europea (el reparto exacto de las medidas discrecionales de ingresos, la parte de gasto cofinanciado con fondos de la UE, el componente estrictamente cíclico del desempleo) dependen de estimaciones y decisiones que corresponden al Ministerio de Hacienda y a la AIReF, y no son mecánicas a partir de la contabilidad nacional trimestral bruta que gestiona la IGAE. Esa complejidad explica, al menos en parte, por qué el dato no se ofrece con la misma inmediatez que el déficit o el desglose de ingresos y gastos.

Dicho esto, esa explicación técnica no agota la cuestión. El propio Gobierno dispone internamente de la información necesaria para hacer una estimación trimestral del gasto neto (la hace, de hecho, al elaborar sus propias previsiones presupuestarias) y opta por no publicarla con la misma periodicidad y el mismo grado de detalle con que publica el resto de la contabilidad nacional. El efecto de esa asimetría informativa, sea cual sea su motivo, es que la magnitud que de verdad determina si España cumple o no con Bruselas queda fuera del radar de seguimiento habitual de la ciudadanía, los medios y los propios mercados, y solo aflora, con meses de retraso, en informes técnicos de difusión mucho menor que el parte trimestral de la IGAE.

2.1 Contraste con la evaluación de la Comisión Europea de junio de 2026

Antes de que se elaborara este informe, la Comisión Europea ya había hecho pública su propia evaluación del cumplimiento de la regla de gasto, dentro del Paquete de Primavera del Semestre Europeo de 2026, adoptado el 3 de junio de 2026 (Recomendación COM(2026) 209 final). Esa publicación confirma, con datos oficiales y ya cerrados, dos cosas relevantes para el argumento de este informe.

La primera es que el propio ejercicio 2025 ya se cerró por encima de la referencia comprometida. Según el cálculo de la Comisión, el gasto neto de España creció un 4,8% en 2025, frente al 3,7% pactado para ese año, una desviación equivalente al 0,4% del PIB. Para 2026, la Comisión prevé un crecimiento del 5,1%, frente al 3,5% comprometido, una desviación anual del 0,6% del PIB que se reduce al 0,4% acumulado una vez se descuenta la flexibilidad autorizada por el gasto en defensa. En ambos casos, Bruselas considera el resultado «compatible» con las reglas fiscales, pero únicamente gracias a la cláusula de salvaguardia nacional para defensa que España activó el 13 de abril de 2026; sin esa cláusula, ambos ejercicios se habrían registrado como incumplimiento. La propia Comisión, pese a certificar el cumplimiento, advierte de «riesgos» porque el gasto se aproxima a los límites permitidos.

La segunda es que el propio Gobierno, en su Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas el 30 de abril de 2026 (antes, por tanto, de conocerse el cálculo independiente de la Comisión), había declarado cifras más bajas para los mismos ejercicios: un crecimiento del gasto computable del 4,5% en 2025 (frente al 4,8% que calculó después la Comisión) y una previsión del 4,2% para 2026 (frente al 5,1% de la Comisión). La diferencia no es anecdótica: son entre tres y nueve décimas de gasto neto que el Gobierno no reconoce y que la Comisión sí computa. Es exactamente el patrón descrito más arriba: cada actor oficial publica su propio número, en momentos distintos, y ni siquiera coinciden entre sí sobre el mismo ejercicio.

Gráfico. Crecimiento del gasto neto: cifra declarada por el Gobierno frente a la calculada por la Comisión Europea. Fuente: Informe de Progreso Anual 2026 y Recomendación COM(2026) 209 final.

Y aquí es donde el diagnóstico de este informe cobra su verdadera dimensión. La previsión más reciente y más autorizada que existe para el conjunto de 2026, la de la Comisión Europea de junio de 2026, sitúa el crecimiento del gasto neto en el 5,1% para todo el año, ya calificado de «riesgo» por la propia Bruselas. La aproximación construida en este informe con los datos brutos del primer trimestre de la IGAE arroja un crecimiento del 6,8% al 7,4% (7,9% ajustando por el efecto base de la DANA), muy por encima incluso de esa previsión ya de por sí señalada como arriesgada. Si el resto del año no desacelera de forma muy pronunciada respecto al ritmo del primer trimestre, España no solo incumpliría la referencia base, sino que agotaría o superaría el propio margen de tolerancia con cláusula de defensa incluida que la Comisión ha dado por bueno en junio.

En resumen, la Comisión Europea confirmó en junio que España ya superó la referencia comprometida en 2025 (4,8% frente al 3,7% pactado) y prevé que vuelva a superarla en 2026 (5,1% frente al 3,5%), cumpliendo solo gracias a la cláusula de defensa. El Gobierno había declarado cifras más bajas para ambos años. Y el propio primer trimestre de 2026, con un crecimiento del 6,8%-7,4%, ya supera la previsión de la Comisión para todo el ejercicio.

 

3. Cumplimiento de la senda de gasto neto en el T1 2026

La respuesta, con los datos consolidados de las Administraciones Públicas a marzo de 2026, es no. Aplicando la aproximación descrita en el epígrafe 1 (gasto no financiero total menos intereses, a falta de que la IGAE publique el gasto neto en el sentido exacto del reglamento europeo), el gasto primario del conjunto de las AAPP pasa de 158.055 a 169.807 millones de euros, un incremento del +7,4%, frente a una referencia comprometida del 3,4% de media anual. La desviación es de más de cuatro puntos porcentuales en un único trimestre.

El hecho de que el déficit apenas se mueva, e incluso mejore en proporción al PIB, no contradice el diagnóstico: es precisamente lo que permite que la desviación en el gasto pase desapercibida en la lectura convencional del dato fiscal. Los ingresos no financieros del conjunto de las AAPP crecen un 7,4%, prácticamente al mismo ritmo que el gasto, gracias sobre todo al fuerte avance de los impuestos (+7,2%) y de las cotizaciones sociales (+8,0%). Mientras los ingresos sigan creciendo con esa intensidad, el déficit se mantendrá contenido pese a que el gasto no se esté conteniendo en absoluto. Es una consolidación fiscal aparente, sostenida por el ciclo de ingresos, no por la disciplina de gasto que exige el reglamento europeo.

Además, si se aísla el efecto de la DANA (un gasto extraordinario que fue sensiblemente mayor en 2025, 753 millones en el conjunto de AAPP, que en 2026, 159 millones), el crecimiento subyacente del gasto primario resulta todavía más elevado, en torno al 7,9%, porque la base de comparación de 2025 estaba inflada por ese gasto puntual. Es decir: descontar los elementos verdaderamente extraordinarios, tal y como exige la metodología del gasto neto europeo, no atenúa la desviación, la amplía.

3.1 Incidencia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la desviación

Una objeción previsible a este diagnóstico es que el fuerte crecimiento del gasto de la Administración Central esté impulsado por la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo gasto financiado con transferencias europeas queda excluido del gasto neto por definición. Los datos de ejecución presupuestaria del MRR a 31 de marzo, para el conjunto de las obligaciones reconocidas netas de la Administración Central (la magnitud homologable al gasto devengado), permiten despejar esta duda con datos reales, no con una estimación.

La ejecución del MRR se multiplica por más de cinco entre marzo de 2025 y marzo de 2026, lo que confirma una aceleración real del despliegue de los fondos europeos. Pero el nivel de partida es tan reducido, apenas un 0,3% del crédito anual ajustado en 2025 y un 2,6% en 2026, que, incluso multiplicándose por cinco, su peso sobre el conjunto del gasto de la Administración Central sigue siendo marginal: 87,3 millones en 2025 y 446,2 millones en 2026, frente a un gasto total de la Administración Central de 76.529 y 81.727 millones respectivamente.

Restando esta partida, financiada con fondos europeos y, por tanto, excluida del gasto neto por el propio reglamento, de ambos ejercicios, el crecimiento del gasto nacional puro de la Administración Central pasa del 6,8% sin ajustar al 6,3% ajustado; y el del conjunto de las AAPP, del 7,4% al 7,2%. La conclusión no cambia: descontados en su totalidad los fondos europeos ejecutados hasta marzo, el gasto financiado por España sigue creciendo entre 1,8 y 2,1 veces más deprisa que la senda comprometida del 3,4%. El MRR no explica la desviación; a lo sumo, la matiza en unas décimas.

En resumen, el conjunto de las Administraciones Públicas incrementó su gasto primario un 7,4% en el primer trimestre de 2026, más del doble de la senda comprometida ante la Comisión Europea (3,4% de media anual), y el déficit apenas se mueve porque los ingresos crecen casi al mismo ritmo, no porque el gasto esté bajo control. Tampoco lo explican los fondos europeos: la ejecución del MRR se multiplicó por más de cinco entre marzo de 2025 y marzo de 2026, pero descontada por completo, el gasto nacional puro sigue creciendo un 6,3% en la Administración Central y un 7,2% en el conjunto de las AAPP.

 

4. Desglose por subsectores de las Administraciones Públicas

La desviación no procede de un único nivel de la Administración. Los cuatro subsectores superan ampliamente la referencia del 3,4%, aunque con patrones muy distintos que conviene diferenciar porque explican por qué el déficit agregado no refleja la magnitud real del problema.

Gráfico 1. Crecimiento del gasto por subsector frente a la referencia comprometida (3,4%). Fuente: IGAE, T1 2026.

La Administración Local es, en términos relativos, la que más se desvía: su gasto crece un 8,8% mientras sus ingresos prácticamente se estancan (0,5%), lo que dispara su déficit desde 144 hasta 2.058 millones de euros. Una parte de ese incremento responde a un factor puntual, el impacto de una sentencia urbanística desfavorable para el Ayuntamiento de Benidorm, de 350 millones, y a que en 2025 se recibieron transferencias extraordinarias del Estado por la DANA (1.766 millones) sin equivalente en 2026. Aun descontando ambos efectos, el déficit ajustado seguiría siendo de 1.663 millones, muy superior al de 2025.

La Administración Regional también incrementa su gasto muy por encima de la referencia (8,1%), pero lo compensa con un extraordinario avance de sus ingresos (12,4%), impulsado por unas entregas a cuenta del sistema de financiación un 11,7% superiores a las de 2025 y por la fuerte recaudación de IRPF autonómico.

El resultado es que su déficit se reduce un 34,8% pese a que el gasto crece con fuerza: es el ejemplo más claro de cómo un buen ciclo de ingresos puede maquillar una expansión del gasto que, en un escenario de ingresos más moderado, se traduciría directamente en más déficit.

La Administración Central es la que presenta la dinámica más preocupante desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque es el único subsector en el que el gasto crece más rápido que sus propios ingresos (6,8% frente a 6,5%), lo que explica que su déficit se deteriore un 12,2% pese al buen momento recaudatorio. Dentro de ella, los Organismos de la Administración Central destacan por un patrón especialmente negativo: sus ingresos caen un 0,7% mientras su gasto crece un 4,9%, deteriorando su déficit un 61,4%.

En resumen, ningún subsector cumple individualmente la referencia del 3,4%. La Administración Local es la que más se desvía en gasto (8,8%) y la que menos ingresos consigue para compensarlo; la Administración Central es la única en la que el gasto crece más deprisa que sus propios ingresos, lo que la convierte en el subsector con el deterioro de déficit más estructural, no coyuntural.

 

5. El agravante: la deriva se acelera camino a mayo

El informe de Contabilidad Nacional y de Caja del Estado correspondiente a mayo de 2026, un documento de perímetro distinto al T1 consolidado, referido solo al Estado, pero con la misma fuente y metodología SEC, permite comprobar si la tendencia observada en el primer trimestre se mantiene, se corrige o se agrava conforme avanza el ejercicio.

La lectura es inequívoca: el gasto del Estado, que en el primer trimestre crecía un 6,5% (ya el doble de la referencia europea), acelera hasta el 9,1% en el acumulado a mayo. Los ingresos, en cambio, apenas se mueven (de 6,8% a 6,9%), por lo que la brecha entre ambos se abre y el déficit contable pasa de crecer un 0,8% a crecer un 31,3% en apenas dos meses adicionales. El colchón de ingresos que en marzo compensaba el exceso de gasto del conjunto de las AAPP empieza a resultar insuficiente a nivel del Estado.

Esta aceleración es coherente con la lógica del calendario presupuestario: el primer trimestre suele concentrar proporcionalmente menos gasto discrecional y de inversión que el resto del año, de modo que una desviación ya relevante en marzo tiende a ampliarse, no a corregirse, en los trimestres siguientes.

Si la Administración Central, el subsector que, según el diagnóstico del apartado anterior, es el único que ya gasta por encima de sus propios ingresos, mantiene un ritmo de gasto del 9,1% durante el resto del año, y las Comunidades Autónomas no pueden sostener indefinidamente un crecimiento de ingresos del 12,4% (en buena parte explicado por unas entregas a cuenta que no tienen por qué repetirse a ese ritmo), el margen para que el déficit agregado siga disimulando la expansión del gasto se estrecha.

A este patrón se suma un factor adicional, estacional pero de magnitud considerable: en junio se abona la paga extraordinaria de verano a empleados públicos y pensionistas, con impacto en todos los subsectores de las Administraciones Públicas y de forma especialmente intensa en los Fondos de la Seguridad Social, donde el gasto en pensiones prácticamente se duplica ese mes respecto a un mes ordinario. Se trata de un gasto recurrente y perfectamente previsible cada año, no de una medida discrecional nueva, por lo que los datos de junio, que se conocerán con posterioridad a este informe, mostrarán con toda probabilidad una nueva aceleración del gasto acumulado. Conviene anticipar esta lectura por dos motivos: para no confundir ese efecto puramente estacional con una desviación estructural adicional, pero también para que ese mismo efecto, conocido y recurrente todos los años, no se utilice después como excusa para relativizar la tendencia de fondo que ya muestran los datos de marzo y mayo.

En resumen, el gasto del Estado, que ya en marzo doblaba la senda comprometida, se acelera hasta el 9,1% en el acumulado a mayo, mientras los ingresos se estancan. La desviación de marzo no es un episodio aislado: es el inicio de una tendencia que se agrava con el paso del año.

 

6. La deuda no para de crecer

El diagnóstico de este informe se sostiene sobre el gasto, pero conviene completarlo con la variable que ese exceso de gasto termina alimentando: la deuda pública. Los datos del Banco de España sobre la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) permiten poner en perspectiva histórica lo que muestran los datos de gasto: no se trata de un desajuste transitorio, sino de una trayectoria que nunca ha revertido.

Desde que existe la serie homogénea del Banco de España, ningún año ha cerrado con un volumen de deuda inferior al del año anterior: 2009, 2010, 2011 y así sucesivamente hasta 2025, diecisiete ejercicios consecutivos de máximo histórico nominal. El primer trimestre de 2026 ya marca un nuevo récord absoluto, con 1.739.501 millones de euros, un 4,3% más que un año antes. En euros, la deuda pública española no ha bajado nunca.

Esta constatación exige, sin embargo, una precisión técnica que conviene no omitir: la métrica que efectivamente utiliza el marco de sostenibilidad europeo no es el volumen de deuda en euros, sino su peso sobre el PIB, y esa elección no es arbitraria ni caprichosa: es el estándar que emplean el FMI, el BCE y cualquier análisis serio de sostenibilidad, porque lo relevante para la capacidad de pago de un país es la deuda en relación con su capacidad de generar renta, no el volumen aislado. Y, en esos términos, la ratio ha mejorado: se sitúa en el 101,6% del PIB en el primer trimestre de 2026, 1,7 puntos porcentuales por debajo de la de un año antes. Por subsectores, la deuda de la Administración Central representa el 93,6% del PIB, la de las Comunidades Autónomas el 20,3%, la de las Corporaciones Locales el 1,2% y la de la Seguridad Social en torno al 8%.

La razón de esa mejora en la ratio no es que la deuda esté disminuyendo, sino que el PIB nominal, que incluye tanto crecimiento real como inflación, crece todavía más rápido que la deuda. Es el mismo mecanismo que explica por qué el déficit apenas se resiente pese a que el gasto dobla la senda comprometida: mientras los ingresos y el PIB nominal crezcan con fuerza, el deterioro de fondo queda estadísticamente disimulado en las ratios relativas, aunque el volumen absoluto de deuda, y con él la factura de intereses que ya asciende a 9.250 millones solo en el primer trimestre de 2026 para el conjunto de las AAPP, no deja de crecer.

Que la ratio sea la métrica técnicamente correcta no autoriza, sin embargo, a comunicarla como se hace habitualmente: presentar su mejora como si «la deuda bajara», sin más matiz, traslada a la ciudadanía una imagen de la situación fiscal que no se corresponde con los hechos. Lo que baja es el peso relativo de la deuda sobre una economía que crece en términos nominales, en buena parte por la inflación; lo que España debe, en euros, no ha bajado ni un solo trimestre desde 2008 y acaba de marcar un nuevo máximo histórico. Confundir una cosa con la otra, y es difícil no sospechar que la confusión conviene a quien la difunde dado el cuidado con que se elige el dato favorable frente al que no lo es, no es un matiz técnico menor: es presentar como saneamiento fiscal lo que, en el volumen que de verdad se debe, es simplemente más deuda que nunca.

Esta trayectoria de deuda que nunca revierte conecta directamente con la reflexión del apartado siguiente: una economía que necesitara crecer más deprisa para aligerar de verdad el peso de esa deuda, no solo su ratio vía inflación, sino su sostenibilidad real, se beneficiaría de contar con todas las palancas de política fiscal disponibles, incluida la bajada de impuestos bien diseñada. La regla de gasto que se ha incumplido en este primer trimestre es, precisamente, la misma regla que, como se argumenta a continuación, renuncia a esa palanca justo cuando la economía europea más la necesitaría.

En resumen, la deuda pública española no ha bajado en euros ni un solo año desde 2008; el primer trimestre de 2026 marca un nuevo máximo histórico (1.739.501 M€, 4,3% interanual). Que la ratio sobre el PIB mejore es correcto técnicamente, pero comunicarlo como si «la deuda bajara» es engañoso: solo mejora el peso relativo, por el crecimiento del denominador, no porque el endeudamiento se esté conteniendo.

 

7. El sesgo de la regla de gasto frente a una política de bajada de impuestos

Lo que sigue es una valoración de política económica, no un hallazgo de datos, y se presenta como tal, diferenciada del resto del análisis, que es enteramente descriptivo sobre cifras oficiales.

El diseño del gasto neto incorpora un ajuste por medidas discrecionales de ingresos: una subida de impuestos permanente amplía el margen de gasto permitido; una bajada permanente lo reduce en la misma cuantía, salvo que se compense con un recorte de gasto equivalente. La lógica contable es simétrica, penaliza igual cualquier medida no financiada, suba o bajen impuestos, pero el efecto práctico no lo es: en una Unión Europea con crecimiento potencial débil desde hace más de una década, la regla trata cualquier bajada de impuestos como una pérdida de recaudación euro por euro, sin reconocer ningún efecto dinámico de reactivación económica sobre la actividad, el empleo o la propia base imponible.

Esta forma de contabilizar el ajuste ignora, de facto, la intuición central de la curva de Laffer: que la relación entre el tipo impositivo y la recaudación no es lineal, y que existen tramos, especialmente en figuras con alta elasticidad, como la fiscalidad sobre el trabajo, el capital o el consumo en economías con elevada presión fiscal, en los que una rebaja bien diseñada puede recuperar parte de la recaudación perdida, o incluso toda, a través de más actividad, más empleo y más base gravable. La regla europea, tal como está formulada, no deja espacio para ese efecto: cualquier bajada de impuestos se descuenta íntegramente del margen de gasto en el mismo ejercicio en que se aprueba, con independencia de lo que pueda generar después.

El resultado es un marco que, en la práctica, inhabilita el uso de la política fiscal por el lado de los ingresos como palanca de estímulo en una economía europea con crecimiento estructuralmente débil, salvo que ese estímulo se financie recortando gasto en la misma cuantía. No es un sesgo explícito contra bajar impuestos, la regla es formalmente simétrica, pero sí lo es en la práctica, porque exige a los gobiernos una disciplina de gasto que, como muestra este mismo informe en el caso español, no se está dando ni de lejos: es más fácil, políticamente, subir impuestos para ganar margen de gasto que recortar gasto para poder bajarlos.

La defensa de este diseño, que conviene no omitir para no caer en el sesgo contrario, es que permitir descontar bajadas de impuestos por sus supuestos efectos dinámicos, no verificables ex ante, abriría la puerta a que cualquier rebaja fiscal se justificara invocando una reactivación que después no se materializa, vaciando la regla de contenido real. Es, en esencia, el mismo debate que enfrentó durante décadas a la economía de la oferta con la ortodoxia presupuestaria en Estados Unidos. Pero el hecho de que la alternativa tenga sus propios riesgos no debería impedir señalar el coste de la que finalmente se ha adoptado: una regla que, para protegerse del abuso, renuncia a cualquier forma de estímulo fiscal por el lado de los ingresos, justo cuando la economía europea más lo necesitaría.

 

8. Conclusión

Con los datos disponibles, el conjunto consolidado de las Administraciones Públicas españolas no cumple, en el primer trimestre de 2026, la senda de gasto neto comprometida ante la Comisión Europea. El gasto primario crece un 7,4% (o un 7,9% si se ajusta por el efecto base de la DANA), frente a una referencia media anual del 3,4%. La desviación afecta a los cuatro subsectores de las Administraciones Públicas, sin excepción, aunque con intensidad y consecuencias distintas: la Administración Local es la que más se desvía en términos relativos, la Administración Regional es la que mejor disimula la desviación gracias a un extraordinario ciclo de ingresos, y la Administración Central es la única en la que el propio gasto ya crece por encima de sus ingresos, lo que la convierte en el foco estructural del problema.

El dato del déficit agregado, prácticamente estable e incluso ligeramente mejor en proporción al PIB, no debe leerse como una señal de disciplina fiscal. Es, más bien, el resultado de un ciclo de ingresos excepcionalmente favorable que está, por ahora, absorbiendo un crecimiento del gasto que en ningún caso sería sostenible si ese ciclo se moderara. Y los datos de mayo del Estado sugieren precisamente eso: que la parte del gasto sobre la que el Gobierno central tiene control directo se está acelerando (9,1%) mientras los ingresos se estancan, ensanchando el déficit contable en un 31,3% en apenas dos meses.

Si esta dinámica se confirma en los próximos trimestres, España se expone a una desviación significativa respecto a la trayectoria de gasto neto avalada por el Consejo en enero de 2025, con las implicaciones que ello tendría en el marco de la cuenta de control del nuevo Reglamento (UE) 2024/1263: activación de mecanismos correctores, recomendaciones específicas del Consejo y, si la desviación acumulada superase los umbrales establecidos, la puesta en marcha de un procedimiento de desviación significativa. El argumento de que «el déficit está contenido» no resiste el análisis del gasto: España no está cumpliendo con la regla que ella misma pactó con Bruselas, y la tendencia, lejos de corregirse, se agrava conforme avanza 2026.

El destino final de esta dinámica es la deuda, que en el primer trimestre de 2026 alcanza su decimoctavo máximo histórico consecutivo. Y el propio diseño de la regla que se incumple, al tratar cualquier bajada de impuestos como una pérdida de recaudación sin contrapartida dinámica posible, deja a los gobiernos, España incluido, con un único camino ortodoxo para corregir la trayectoria: contener el gasto. Es precisamente el camino que, según todos los datos examinados en este informe, no se está tomando.

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Glosario

AAPP

Administraciones Públicas. Agregado de Administración Central, Administración Regional (Comunidades Autónomas), Administración Local y Fondos de la Seguridad Social.

AIReF

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Organismo español que supervisa el cumplimiento de las reglas fiscales.

DANA

Depresión Aislada en Niveles Altos. Fenómeno meteorológico cuyo gasto público asociado se trata como medida puntual a efectos del gasto neto.

Gasto neto

Indicador operativo principal del nuevo marco de gobernanza económica europeo (Reglamento (UE) 2024/1263). Resulta de restar al gasto público los intereses de la deuda, el componente cíclico del desempleo, el gasto financiado con fondos europeos y las medidas puntuales, y de ajustar por las medidas discrecionales de ingresos.

Gasto primario

gasto no financiero total menos los intereses de la deuda. Aproximación utilizada en este informe a falta de una publicación oficial trimestral del gasto neto en sentido estricto.

IGAE

Intervención General de la Administración del Estado. Organismo que elabora la Contabilidad Nacional de las Administraciones Públicas.

MRR

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Instrumento europeo (fondos Next Generation EU) cuyo gasto, cuando está financiado con transferencias de la UE, queda excluido del gasto neto.

PDE

Protocolo de Déficit Excesivo. Metodología con la que el Banco de España y Eurostat contabilizan la deuda pública.

Referencia de gasto neto

tasa máxima de crecimiento del gasto neto avalada por el Consejo de la Unión Europea para España (3,4% de media anual en 2025-2028; 3,7% en 2025 y 3,5% en 2026).

SEC

Sistema Europeo de Cuentas. Metodología contable común de la Unión Europea utilizada en la Contabilidad Nacional.

Fuentes

IGAE

Informe trimestral de las Administraciones Públicas, Contabilidad Nacional, Primer Trimestre 2026 (Revisión Estadística 2024).

IGAE

Avance mensual de Contabilidad Nacional y de Caja del Estado, mayo 2026.

Ministerio de Hacienda

Ejecución presupuestaria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, marzo 2025 y marzo 2026.

Banco de España

Deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), Boletín Estadístico 11.6 y notas de prensa mensuales, 2026.

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Informe de Progreso Anual 2026, 30 de abril de 2026.

Comisión Europea

Recomendación relativa a España, Semestre Europeo, Paquete de Primavera 2026, COM (2026) 209 final, 3 de junio de 2026.

Recomendación del Consejo de 21 de enero de 2025

por la que se aprueba el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de España.

Reglamento (UE) 2024/1263