Lo primero que habría que decir para empezar a contar esta historia es que ya en los reinados de los reyes visigodos los judíos fueron perseguidos y que -pasando los siglos- muchos se refugiaron en los reinos hispanos cristianos tras las invasiones de almohades y almorávides, o también se refugiaron en dichos reinos tras ser expulsados de otros reinos europeos (obviamente cristianos).

Las medidas contra los judíos se endurecieron con el IV Concilio de Letrán que se celebró en 1215 siendo Papa Inocencio III, aunque los reyes los protegieron porque éstos desempeñaban un papel importante, sobre todo económico, en sus reinos, y particularmente en los reinos hispanos este antijudaísmo militante no se hizo notar por entonces.

El reino de Inglaterra los expulsó en 1290, el de Francia en 1394, de Viena serían expulsados en 1421, de Linz y Colonia en 1424, de Augsburgo en 1439, de Baviera en 1442, de Perugia en 1485, de Vicenza en 1486, de Parma en 1488, de Luca y Milán en 1489, de Bretaña en 1491 (territorio que se había incorporado al reino de Francia), de Sicilia en 1493, de Florencia en 1494, de Provenza en 1496.

Pero la expulsión más famosa, prácticamente la única que se menciona, es la de Castilla y Aragón en 1492. Sin duda eso se debe a la imponente potencia de la Leyenda Negra, pese a resultar ridícula a la hora de triturar sus exageraciones y comentar sus omisiones.

En 1348 varias juderías fueron asaltadas en el Principado de Cataluña. En 1355 tuvo lugar en Toledo la primera matanza de judíos que fue llevada a cabo por los partidarios de Enrique de Trastámara, contra Pedro I el Cruel o el Justiciero, nada más entrar en la ciudad. En 1366 los judíos que no pueden pagar el costoso tributo son esclavizados y vendidos. En 1367, en Valladolid, la judería es asaltada aunque sin víctimas, mientras se gritaban vítores en pos del rey Enrique II de Castilla.

Pero el acontecimiento contra los judíos en la Península Ibérica más importante en lo que a asaltos, incendios, saqueos y matanzas se refiere se llevó a cabo en 1391; empezando en Sevilla, extendiéndose por Andalucía y Castilla y también por los territorios de la Corona de Aragón. Se calcula que en Barcelona fueron asesinados 400 judíos, en Valencia 250, en Lérida 65. Muchos judíos se refugiaron en el Reino de Navarra o en Portugal y Francia, e incluso en el norte de África.

En 1412 se ordena en el Reino de Castilla que los judíos se dejen crecer la barba y lleven puesto un distintivo rojo cosido a la ropa para poder distinguirse de los no judíos. En el Reino de Aragón se prohíbe el Tálmud y sólo se permitía una sinagoga por aljama. En 1415 la mitad de los judíos de Castilla y de Aragón se convirtieron al cristianismo, y muchos lo hicieron siendo rabinos y personas importantes (gente rica y culta). El problema sería que muchos conversos no conocían los dogmas de la nueva fe que acogían y no se sabían el credo, comían carne en cuaresma o, por costumbre, descansaban el sábado y no el domingo. Y por este tipo de cosas los cristianos «viejos» creían que estos cristianos «nuevos» judaizaban. Y así es cómo se forjó el «problema converso».

A mediados del siglo XV se había pensado de manera explícita en expulsar a los judíos. En 1449 se declaró en Toledo en un cabildo municipal que los judíos no podían ocupar cargos públicos, y los impuestos serían cobrados por recaudadores conversos.

En 1478 en su bula Exigit sincerae devotionis affectus, por la que pudo imponerse la Inquisición en Castilla, el Papa Sixto IV advertía sobre los conversos: «Sabemos que en distintos pueblos del reino de España, muchos de aquellos que, por propia iniciativa, han sido regenerados en Jesucristo por las aguas del bautismo, han vuelto secretamente a la observancia de las leyes y costumbres de la superstición judía… incurriendo en las penalidades previstas contra los herejes por las constituciones de Bonifacio VIII».

En 1480 se acordó en las Cortes de Toledo que los judíos viviesen apartados de los barrios cristianos, a fin de evitar que pudiesen «subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos».

El 1 de enero de 1483 el arzobispo de Sevilla y los obispados de Córdoba y Cádiz decretaron la expulsión de los judíos de sus ciudades. Se les dio un plazo de seis meses para que saliesen de las respectivas diócesis y se instalasen en Extremadura. Aunque posiblemente muchos judíos se quedaron. También se propuso que los judíos de Zaragoza y Teruel fuesen expulsados pero finalmente no se realizó la marcha. Y en 1486 el arzobispado de Zaragoza y el de Albarracín (que incluía la ciudad de Teruel) tomaron la misma decisión.

Esto, como suponía que debían abandonar sus lugares de residencia y ello aseguraba su ruina, hizo que muchos judíos se bautizasen, aunque su fe cristiana era muy dudosa y sospechosa de judaizar en la intimidad, es decir, de practicar el judaísmo en privado, de ahí que fuesen llamados «criptojudíos».

Tomás de Torquemada, el inquisidor general, envió el 20 de marzo de 1492 una epístola al obispo de Gerona donde establecía como límite el 9 de agosto para que los hebreos abandonasen el obispado gerundense. El edicto de expulsión, redactado por Torquemada, se firmó en Granada el 31 de marzo. Allí podemos leer cómo el gran inquisidor indujo a Isabel y Fernando a que produjesen la expulsión de los hebreos que no se convirtiesen al cristianismo. «Persuadiendonos el venerable padre prior de Santa Cruz, general inquisidor de la dicha heretica pravidat en los reynos y señoríos, echassemos dellos perpetuamente e para siempre los dichos judios y judias, diciendo que tal lepra y tan contagiosa si no con la dicha expulsión no era posible remediar, y que a el, por el cargo que tenia, le convinia de lo assi proveer sulicandonos le diessemos para ellos nuestro consentimiento y favor» (citado por Iván Vélez, Torquemada. El gran inquisidor, La esfera de los libros, Madrid 2020).

Los judeoconversos o cristianos nuevos (también ex musulmanes) podían llegar a ser nobles por vía matrimonial, y también podían ocupar cargos eclesiásticos y políticos. Esto hizo que España criase fama en Europa de tierra de judíos y musulmanes. De hecho, Erasmo de Róterdam, exagerando al más puro estilo negrolegendario, decía que en España todos eran más o menos marranos: non placet Hispania. Y también un propagandista protestante como Hubert Languet escribía en 1581 en su Apología del príncipe de Orange: «Ya no volveré a extrañarme de lo que todo el mundo cree, a saber: que la mayoría de los españoles, y en particular los que se consideran aristócratas, son de la raza de los moros y los judíos».

El bisabuelo por parte materna de Fernando el Católico, Alfonso Enríquez, era judío. Y sus dos principales consejeros eran conversos (Diego de Valera y Fernando de Talavera), que también lo eran de la reina Isabel. Asimismo, el secretario y cronista del rey Fernando, Hernando del Pulgar, también era un converso.

No obstante, como comenta el hispanista francés Joseph Pérez, «La verdad era que el Estado podía prescindir de los judíos, tanto en el aparato burocrático como en la gestión de la hacienda» (Joseph Pérez, Los judíos en España, Marcial Pons, Madrid 2009).

La decisión de que los judíos que no se convirtiesen tenían que salir forzosamente, posiblemente fuese precipitada, como lo delata la falta de planes sobre lo que había que hacer con los bienes de los expulsados. Los judíos no pudieron sacar oro y plata amonedados o por amonedar, y también se les prohibió sacar caballos (sí asnos), ni armas, ni hierro ni ningún material con el que se pudiese construir barcos. Los judíos que no saliesen de ambos reinos y no se convirtiesen serían castigados con la ejecución capital y la expropiación de todos sus bienes. Y los que se ofrecían a ocultar a los judíos eran castigados con la expropiación de sus bienes.

Según los cálculos de Domínguez Ortiz, la medida afectó a 250.000 personas, lo que suponía un 4% de la población española (de los Reinos de Castilla y de Aragón). Se trataba de una gran cantidad de personas que tuvieron que decidir con prisas si se hacían apóstatas del judaísmo y se convertían al catolicismo o si seguían manteniendo su fe en la religión de Moisés (lo que implicaba abandonar sus posesiones y su patria).

Según Ángel Alcalá, el número de judíos que se exiliaron oscila entre 70.000 y 150.000, de los cuales un número estimado volvió pronto, y a muchos se las devolvió sus herederos tras pagar el precio de su venta y de las mejores que se hubiesen hecha, teniendo en cuenta que muchos volvieron. Joseph Pérez calcula que en total se marcharon unos 50.000 judíos. Mucho más severa fue la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1613, cuando 275.000 de los 300.000 que había en España fueron expulsados. (Véase Joseph Pérez, Los judíos en España).

La expulsión de los judíos significaba la búsqueda de la unidad religiosa, con lo cual lo que se procuró con éxito fue erradicar de los reinos hispanos cristianos la infidelidad, así como también se exigió la expulsión o bautismo de los judíos que vivían en las islas de Sicilia y Cerdeña. Se trataba -como se decía en el Edicto de Granada o Decreto de la Alhambra del 31 de marzo de 1492- de acabar con la «superstición judaica».

Otro de los motivos de la expulsión estaba en que se impidiese que los judíos influyesen a los cristianos nuevos a judaizar. Se pensaba que la población cristiana estaba en peligro al estar en contacto con los judíos y podía pasar que se «contagiasen», lo que suponía un lastre para la labor inquisitorial. Es decir, la presencia de judíos en los reinos era contemplada como un peligro para la pureza de la fe cristiana.

Pero aunque fuese Tomás de Torquemada el que realizó el informe en el que se decretaba la expulsión de los no conversos, fueron los reyes los que lo aprobaron. Luego el responsable de la expulsión fue el «brazo secular». Y lo que en realidad se llevó a cabo fue la expulsión de los judíos pero no en tanto etnia sino en cuanto confesión, es decir, en rigor lo que se impuso en la España de los Reyes Católicos fue la prohibición del judaísmo. Bastaba con convertirse al catolicismo para quedarse.