Siendo yo mexicano, la realidad me obliga a ser honesto y dirigir una mirada particularmente crítica hacia mi propio país. Hace pocas semanas, más precisamente el 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense hizo públicos los cargos y la solicitud de extradición en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico, específicamente con la facción de «Los Chapitos”.
Pero no es el único caso. La gobernadora de Baja California Marina del Pilar, el gobernador de Tamaulipas Américo Villareal Anaya, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo y el senador Adán Augusto López Hernández han sido señalados también por mantener estrechos vínculos con el crimen organizado. Estos políticos, como los de su especie, pertenecen al mismo partido político que actualmente gobierna México.
Inmediatamente, la presidente de México Claudia Sheinbaum salió a rasgarse las vestiduras, invocando la defensa de la soberanía, argumentando que México es un país que no permite “injerencia extranjera de ningún tipo”.
Para advertir la falsedad completa de este discurso, es necesario recordar que, como lo señaló Bertrand de Jouvenel, las teorías que han gozado de mayor crédito a lo largo de la historia en nuestra sociedad occidental, y que han ejercido una mayor influencia, explican y justifican el poder político por su causa eficiente. Estas teorías son las de la soberanía. Jouvenel revela que, desde la perspectiva del Estado, la obediencia es un deber, porque existe, y nosotros estamos obligados a reconocer que la soberanía es un “derecho” a dirigir las acciones de los miembros de la sociedad con poder de coacción, derecho al que todos los particulares deben someterse sin que nadie pueda resistirse.
Este concepto de soberanía es precisamente el que los gobiernos autoritarios y populistas invocan cuando quieren blindarse de la rendición de cuentas. En el caso concreto de Claudia Sheinbaum, para responder a acusaciones de nexos con el narcotráfico, no está defendiendo a México sino al arreglo específico de poder que le permite al Estado mexicano y al crimen organizado relacionarse y operar en conjunto.
Pero este salto lógico al que frecuentemente recurre el actual gobierno de México en sus conferencias matutinas no es el único. Ya no es extraño escuchar que la presidente, así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, desplace su responsabilidad política hacia el pasado hispánico o hacia los Estados Unidos, atribuyéndoles todos los males presentes y generando así un sesgo de confirmación que se desprende del esquema ideológico de la interseccionalidad.
Tanto el antiamericanismo, como la negación y rechazo del pasado hispánico en México, además de ser prejuicios históricos y sociales, guardan similitudes, pues ambos son instrumentos de movilización emocional y cumplen funciones similares en el imaginario de la sociedad al desviar la atención sobre la crisis de seguridad y de desaparición forzada.
Sin embargo, no resulta sencillo reconocer este sesgo para la sociedad mexicana, la cual, durante décadas ha sido embrutecida a través de la educación pública proporcionada por el mismo Estado. Más exactamente, la sociedad mexicana actual, en su mayoría, sufre de una disonancia cognitiva que le impide ver la realidad del país en toda su crudeza y advertir la parte de responsabilidad que le corresponde al propio Estado.
Y aunque esta estrategia de auto-exculpación ya había sido utilizada por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), el gobierno actual lo ha explotado y perfeccionado todavía más, a la vez que se desentiende de los problemas reales y urgentes de la población. Y es en este punto que las circunstancias orillan a preguntarnos ¿por qué estas narrativas funcionan tan bien como recurso político en el México contemporáneo?
Pues bien, al hacer los presentes juicios, es importante indicar que estas narrativas que se desprenden de la teoría de la interseccionalidad producen un cierre epistemológico en el que los ciudadanos mexicanos interpretan la realidad del país dentro de los límites del propio discurso oficial del Estado, convirtiendo cualquier crítica interna en traición y complicidad con el enemigo histórico.
Lo más grave es que, justamente, este mismo mecanismo de descalificación funciona, no sólo a nivel argumentativo, sino también a nivel ad hominem, puesto que ya se ha hecho tendencia en calificar como “traidor a la patria” o “vendido” a cualquier persona que piense diferente o que simple y legítimamente exija seguridad al Estado. Y vuelvo a repetirlo, es grave, pues ya se ha cruzado una línea muy peligrosa en donde ya no se está haciendo política, sino un mecanismo de control social que funciona por vergüenza y exclusión.
Para entender cómo es que el Estado ha llegado tan lejos es útil entender que los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, ha ofrecido su apoyo a México; sin embargo, Claudia Sheinbaum ha rechazado constantemente dicho ofrecimiento e impulsado un discurso antiamericano diariamente. Y dicho discurso es adoptado por una gran parte de la población, puesto que se cree que no es un puro invento demagógico, sino una sospecha real, ya que se repite acríticamente que Estados Unidos “nos robó nuestro territorio”, sin entender por qué sucedió eso.
Si bien es cierto que en 1848 México perdió la mitad de un territorio, la verdad es que la independencia texana fue en gran medida producto del abandono mexicano y de las propias contradicciones del centralismo de Santa Anna. Reclamarla como «despojo», ignorando que México había invitado activamente a colonos anglosajones y luego no pudo gobernar el territorio es una contradicción interna. Respecto a California y los territorios del Suroeste, la historia ha demostrado que estaban abandonados, carecían de infraestructura que facilitara su colonización por parte de mexicanos y que uno de los principales factores de su pérdida fue la incapacidad gubernamental mexicana de aquella época para defenderlos.
Así como esta narrativa antiamericana ha sido asimilada, también lo ha sido la anti-hispánica. Hay una fuerte tendencia en México a pensar que la Conquista implicó una destrucción real de las civilizaciones indígenas y dicha tendencia ha sido instrumentalizada políticamente por el Estado mexicano. Está demás señalar que la historia precolonial no era un paraíso del “buen salvaje” rousseauniano, y la comparación con el modelo anglosajón favorece al español en términos relativos.
No obstante, no es el objetivo de este artículo profundizar en esa parte de la historia, sino en comprender cómo esa narrativa funciona en la sociedad mexicana actual, dado que, incluso los opositores al partido en el poder se resisten a aceptar el apoyo de los Estados Unidos contra los cárteles, diciendo que “los Estados Unidos tienen sus propios intereses que no coinciden necesariamente con el bienestar de los mexicanos”. Y este tipo de afirmaciones favorece la narrativa interseccional y también reproduce implícitamente el sesgo de confirmación que, como ya se explicó al principio, es autorreferencial, es decir, se explica con sus propios términos y, por tanto, es una trampa lógica, autoinmune a cualquier crítica externa.
La realidad es que los Estados Unidos, de acuerdo a sus cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina del Censo, pasa por un problema migratorio muy grave, sumado al hecho de que miles de mexicanos han migrado a los Estados Unidos a causa de la brutal crisis de seguridad y precariedad económica. Asimismo, Texas, por ejemplo, tiene una interdependencia económica profunda con el norte de México, pues es su socio comercial número uno y el motor de sus cadenas de suministro globales.
Decir que los Estados Unidos no se preocupa por el bienestar de México es una afirmación que no resiste un análisis serio. La tesis central de La riqueza de las naciones de Adam Smith plantea que la interdependencia de los intereses individuales es lo que produce cooperación, precisamente porque no depende de la virtud de los actores sino de la estructura de incentivos. Aplicado al caso de México y los Estados Unidos, hay razones estructurales para que México sea un país estable, seguro y próspero, razones que no desaparecen con ningún cambio de administración porque están ancladas en geografía, demografía y economía.
No se debe, por tanto, ignorar otro argumento demasiado común que también intenta justificar la ineficiencia y corrupción del Estado mexicano. En el imaginario mexicano, y también en los discursos “mañaneros” de Claudia Sheinbaum, la violencia criminal es atribuida, no tanto a los delincuentes, sino al tráfico de armas desde la frontera americana.
Si bien es importante reconocer que existe un problema de tráfico, no sólo de armas, sino de drogas y hasta de seres humanos, desde ambos países—y por lo tanto es absolutamente imprescindible una política de fronteras seguras—la realidad también hace evidente que muchas de las armas que utilizan los delincuentes en México son obtenidas a través del mismo ejército mexicano, la policía o mediante grupos paramilitares de Centro América. También hay casos documentados de armamento ruso traficado por criminales de Europa del Este y China.
Los Estados Unidos cuenta con la Segunda Enmienda y es un derecho constitucional del ciudadano americano poseer armas de fuego; sin embargo, no es su responsabilidad que México no pueda ser capaz de cuidar su frontera y asegurarse de que los criminales no importen ilegalmente armamento comprado del otro lado de la frontera. Cualquiera que haya cruzado la frontera de los Estados Unidos a México se habrá dado cuenta de lo irresponsables que son las autoridades aduaneras mexicanas a la hora de revisar a la gente que entra a México.
De la misma manera, si los Estados Unidos no fuera el vecino más próximo, mediante ese sesgo de confirmación el gobierno buscaría a quién culpar, ya que México nunca será un país seguro hasta que sus ciudadanos no se atrevan a exigirle cuentas y, más importante todavía, limiten el poder de su Estado para evitar que se vuelva despótico y abusivo contra la misma sociedad que le otorgó ese poder.
En relación al argumento que sostiene que, para que el Estado mexicano pueda combatir al crimen organizado y garantizar seguridad y justicia a su población es necesario que posea soberanía sobre sus decisiones, hay que decir que justo aquí es donde se problematiza ese mismo discurso de la soberanía nacional, ya que el Estado mexicano no sólo está ausente de facto, sino que también los políticos mexicanos que son miembros del partido en el poder están aliados con el crimen organizado, como se informó al principio de este artículo.
Es ahí en donde la soberanía se convierte en un instrumento contra el individuo. Y, dicho más honestamente, la única soberanía legítima es cuando el individuo tiene la libertad de dirigir su vida sin la coerción del Estado ni del crimen organizado.
Sin embargo, la actual simbiosis entre Estado y crimen organizado en México revela la falsedad completa del discurso interseccional. El antiamericanismo, el anti-hispanismo y la soberanía no son distintas posturas que coinciden accidentalmente, sino un sistema integrado cuya función es blindar al Estado de quienes lo critican.
Es por eso que los políticos mexicanos diariamente descalifican a sus críticos como traidores e invocan la soberanía selectivamente para defender a criminales. Y esto se vuelve más grave cuando se descubre que, más allá del discurso, en México existen campos de exterminio que utiliza el crimen organizado para desaparecer los cadáveres.
El Estado niega la realidad de estos hechos. Incluso inventa sus propias estadísticas, hasta el punto de que uno como ciudadano se pregunta si no les duele la cara de vergüenza al hacer el ridículo al presentar cifras que nadie puede creer. Pero sea como sea, si esas estadísticas que se enorgullecen de presentar enfrente de toda la nación fueran verdaderas, el Estado no tendría que tomarse la molestia de defenderlas todos los días. La misma realidad se encargaría de hacerlo.