Pasados dos meses tras el asalto marroquí a Ceuta, el pueblo muestra una vitalidad y un ánimo mucho mayores que el Estado. No solamente hablo de los ceutíes, valientes y combativos ejemplos de dignidad ante el ataque de un enemigo crecido y la inacción de la clase política. Hablo de todos aquellos que han tomado el camino de enfrentarse y poner remedio a la situación con las pocas armas que nos dejan.
La organización y movilización social son más que necesarias en las calles. Pero ello no parece afectar a un Gobierno que muestra una indiferencia completa por dichos movimientos y parece más ocupado en lanzarle flores al país agresor. Así que opciones como arremangarse y hacer frente al enemigo con nuestras manos y nuestros bolsillos se muestran mucho más factibles y efectivas.
Y si hay españoles que, tras el asalto a Ceuta y la patente y sospechosa inacción del Gobierno, quieren dejar de consumir cualquier producto marroquí, merecen ser defendidos y admirados. Pues no es una locura ni estamos hablando de unas inútiles e infantiles ansias de venganza. Y tampoco es una cuestión de patriotismo vacuo.
Marruecos es un país que se desarrolla sobre una cuestionable y bastante innoble competencia contra sus países vecinos, ofreciendo bajos salarios, impuestos y menos controles a empresarios españoles que han pasado del «vienen a hacer los trabajos que no queréis» al «mejor me llevo todos los trabajos allí», pero que pretenden que nuestro mercado siga siendo suyo. Sin tener en cuenta la constante amenaza contra nuestra soberanía y nuestra gente, Marruecos ya es un país que, de per se, se dedica a obtener beneficios de nuestra destrucción económica y las ansias de ciertos empresarios.
Un ejemplo mucho más visceral sobre este desarrollo predatorio de Marruecos sobre sus vecinos se traslada al crimen. Y no me refiero al narcotráfico del que obtienen enormes rentas y nosotros obtenemos muertes y criminalidad. Eso es por todos sabido. Me refiero al ya manido estereotipo de smartphones robados que acaban en Casablanca o Marrakech. El robo -muchas veces con violencia- de smartphones de gama alta en España y otros países acaba en un flujo hacia Marruecos, país que se niega a su bloqueo, para ser revendidos sin ningún reparo moral. Muchos saben en Marruecos que ese iPhone por 200 euros es de alguna víctima europea. ¿Les importa? No parece. Pero ilustra la base del desarrollo de tal país sobre el daño a los demás.
Por lo tanto, si miles, millones o dos pares de españoles deciden no colaborar con la destrucción de la economía nacional, con la aniquilación del bienestar de nuestra clase trabajadora y con la pérdida de capital a favor de un país hostil, deben ser comprendidos y defendidos. Precisamente por ser libre mercado, el consumidor español tiene todo el derecho y la potestad de decir «de Marruecos, no». Es tan o más racional que someter una decisión de compra al mero precio, que es lo que algunos liberales dicen únicamente entender. Lo cual es mentira, porque el criterio del precio más bajo únicamente lo aplican a los costes de producción y siempre como parte de una maximización del beneficio empresarial. Pero después elegirán un automóvil ostentosa y ridículamente caro y disfuncional, escogido por criterios de estatus. Es la típica ley del embudo para intentar atrapar a los humildes.
Yo no prohibiría que empresario alguno traslade la producción a un tercer país por tener un cero más en su cuenta de beneficios. Debe tener toda la libertad para ello. La misma libertad que debe tener el consumidor para poder elegir entre la opción ofrecida por ese empresario que ha dejado a familias españolas en la calle pero sigue queriendo obtener nuestro dinero, o un producto aún manufacturado en nuestro país, que paga impuestos y salarios y permanece en la economía nacional. No hablo de autarquía ni de proteccionismo. Hablo de, precisamente, liberalismo. El atributo por el que nos inclinemos para una elección de compra no es asunto de debate empresarial más allá de que nos ofrezcan aquello que queremos. Y si hay españoles que quieren emplear su dinero en sostener a las familias del sector primario español, a pequeños talleres de costura de Albacete, al menaje vasco o la automoción en Zaragoza, no debe haber objeción. Aunque parece que a algunos les cuesta comprenderlo cuando la libertad de elección del consumidor se convierte en un arma para defender el bienestar nacional por encima de la maximización del beneficio de algunos.
Durante años España redujo hasta su extinción la mayor parte de la extracción de carbón autóctono. Pero se necesitaba carbón y se compraba en el mercado internacional. La Unión Europea intervino en el tema. Supuestamente era mejor pagar carbón más barato a terceros y arruinar y abocar al cierre una de las pocas fuentes de energía autóctonas. Nadie pareció pensar jamás que todo «lo caro» del carbón español era dinero pagado a industria y trabajadores españoles y que permanecía en nuestra economía. Nadie parecía reparar en que pagar menos a terceros era una pérdida de capital, de soberanía energética y de bienestar para las cuencas mineras.
En ocasiones parece que hay quienes esperan que España únicamente se comporte como un mercado de consumidores bobos y manipulables. Y cuando hay una reacción, se buscan excusas peregrinas y lastimosas.
Tras la intención proyectada de bastantes españoles de evitar consumir productos marroquíes, han aparecido algunos empresarios españoles en Marruecos mostrando una lágrima porque ellos son españoles y les hacen perder dinero. ¡Pobres víctimas! Habrá que tener consideración. Quizás podamos sugerirles que, si los españoles no quieren consumir productos marroquíes, esos empresarios deberían buscar a otros que consuman lo que los españoles no queremos consumir. Lo mismo que vale para la falacia de los puestos de trabajo, debería valer para buscarse las habichuelas en otro mercado. Innovar o morir. O, mejor, devolver la producción a España, pagar impuestos y salarios y permitir al consumidor español elegir. Ambas opciones son fenomenales.
Lo que puede ser difícil de justificar es querer tener un mercado cautivo, sacralizar la libertad de deslocalizar la producción, pero cuestionar el derecho del consumidor sobre qué hacer con su dinero.
Si el consumidor español, por el motivo que sea, no quiere comprar un producto marroquí, cuestionarlo por parte de un empresario que negó cualquier obligación moral con su mercado y que dejó a trabajadores en la calle es muestra de excesiva valentía o estupidez.
Es más, si miles de consumidores españoles quieren organizarse y crear una asociación que incentive el consumo de productos nacionales, sería tan legítimo como maravilloso. Tanto como listar empresas que venden una imagen de españolidad impostada y luego se dedican a trasladar la producción para que sus accionistas tengan un jet más lujoso.
Cualquier criterio de compra debe ser respetado mientras no genere daños a la población. Y, de hecho, la compra de productos nacionales frente a productos marroquíes tiene claros beneficios para la economía española y para nuestro bienestar social. No tanto así el acabar con puestos de trabajo en España y pretender que el consumidor español pague para mantener la producción en terceros países. Eso parece bastante más cuestionable.
Es más, cuando hablamos de dejar de comprar a un país que amenaza constantemente nuestra integridad territorial y la seguridad de nuestra población, la racionalidad de dicha elección de compra se refuerza. Lo descabellado es querer comprarle al que quiere destruirte.
Motivos para no comprar a Marruecos hay infinitos. Lo que no hay es, precisamente, justificación racional para mantener ese consumo perjudicial. Para los únicos españoles para quienes tal consumo es positivo o justificable es para los que viven de la deslocalización productiva pero quieren mantener nuestro mercado como un jugoso rehén. Para ellos es tan lucrativo como para quienes nos atacan mientras reciben nuestro dinero.
¿Para los demás qué supone comprar a Marruecos? A lo sumo apoyar a alguna multinacional de la distribución y a un gobierno hostil. ¿Para nuestra economía? Desempleo y descapitalización. Menos recursos para el Estado. Menos hogares con un salario. Productos con menos controles y menor seguridad. Menor soberanía y mayor dependencia de una nación abiertamente hostil. Mayor contaminación, menor producto de proximidad. Podemos continuar indefinidamente, pero al final, para el español promedio, comprar productos marroquíes es únicamente pérdida de recursos y bienestar mientras se financia a un país hostil y a cuatro empresarios que únicamente recuerdan su nacionalidad cuando pierden dinero.
Hay momentos en que la defensa del país, la defensa de la clase trabajadora y la defensa de la economía nacional convergen en algo tan aparentemente superfluo, pero también tan poderoso como apostar por nosotros mismos.