Pocas palabras han regresado con tanta fuerza al vocabulario político de nuestro tiempo como soberanía. Se habla de soberanía nacional, popular, económica, energética, alimentaria, tecnológica o estratégica. La inflación del término demuestra, paradójicamente, que aquello que designa se encuentra en crisis. Se reivindica la soberanía precisamente porque comenzamos a advertir hasta qué punto la hemos perdido.

Pero ¿qué significa realmente ser soberano?

La respuesta aparentemente más sencilla sería afirmar que soberano es aquel que puede decidir por sí mismo. Sin embargo, esta definición resulta insuficiente mientras no respondamos a una cuestión anterior: ¿quién es ese “sí mismo” que decide?. Aquí comienza el verdadero problema político.

El individuo no es soberano

La Modernidad liberal construyó buena parte de su edificio político sobre una ficción: la existencia de un individuo abstracto, anterior a cualquier pertenencia, propietario absoluto de sí mismo y únicamente vinculado a los demás mediante relaciones voluntarias y contractuales. Pero ningún hombre existe de esa manera.

Nacemos en una familia que no hemos elegido, hablamos una lengua que recibimos de quienes nos precedieron, habitamos una cultura que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento y pertenecemos a comunidades históricas cuya existencia no depende de nuestra voluntad individual. El hombre no crea desde cero el mundo que habita. Lo recibe.

Esto no significa negar la libertad individual, sino reconocer sus condiciones de posibilidad. Solo puede existir una libertad concreta dentro de una comunidad capaz de garantizarla. Cuando desaparecen los vínculos sociales, el individuo no se vuelve necesariamente más libre: muchas veces queda simplemente más solo frente al Estado, el mercado o los grandes poderes económicos y tecnológicos. Por eso la soberanía no puede reducirse a la independencia del individuo. Es, ante todo, una categoría política y comunitaria.

Soberanía es capacidad de decisión

Una comunidad es soberana cuando posee la capacidad efectiva de decidir sobre aquellas cuestiones que afectan a su existencia y a su continuidad histórica. La palabra fundamental aquí es efectiva.

Un Estado puede disponer de bandera, Constitución, Parlamento, Gobierno y asiento en las organizaciones internacionales y, sin embargo, haber perdido una parte sustancial de su soberanía. Si no puede defender sus fronteras, depende exteriormente para garantizar su defensa, carece de autonomía energética, no controla las infraestructuras fundamentales de su economía o no dispone de capacidad tecnológica suficiente para proteger sus comunicaciones, su soberanía jurídica puede seguir existiendo mientras su soberanía real disminuye.

La soberanía no consiste, por tanto, únicamente en poseer determinados atributos jurídicos. Consiste en poder decidir y disponer de los medios necesarios para hacer efectiva esa decisión. Una nación que formalmente puede decidir, pero materialmente no puede ejecutar aquello que decide, posee una soberanía incompleta.

La soberanía exige fronteras

Toda soberanía establece necesariamente una distinción entre un dentro y un fuera. No puede existir una comunidad política sin algún criterio que determine quién pertenece a ella, cuál es el espacio sobre el que ejerce su autoridad y quién puede decidir sobre sus asuntos. Por eso la frontera no constituye una anomalía política que deba desaparecer con el progreso de la humanidad. Es una de las condiciones materiales de la existencia de lo político.

Sin fronteras no desaparece el poder. Simplemente cambia de manos.

Cuando los Estados renuncian a determinadas capacidades soberanas, estas no se evaporan en una supuesta gobernanza neutral. Son asumidas por otros Estados, organismos supranacionales, mercados financieros, corporaciones multinacionales, estructuras tecnológicas o poderes económicos capaces de imponer decisiones sin asumir necesariamente una responsabilidad política ante las comunidades afectadas. La cuestión nunca es, por tanto, soberanía o ausencia de soberanía. La verdadera cuestión es: ¿quién decide?

La nación no es el Estado

Pero defender la soberanía nacional no significa defender un Estado omnipotente. Esta distinción resulta fundamental.

Uno de los grandes errores de la política moderna ha consistido en identificar progresivamente nación, sociedad y Estado. De esta identificación nació la pretensión de que toda autoridad social debía proceder del poder estatal. Sin embargo, la sociedad es anterior y más extensa que el Estado.

Entre el individuo y el poder político existe una pluralidad de comunidades: la familia, el municipio, la región, las asociaciones, las profesiones, las instituciones culturales y numerosas formas de organización social que poseen una realidad propia. El Estado no las crea. Las reconoce. Y precisamente porque no las crea, tampoco debería absorberlas. Aquí aparece una segunda dimensión de la soberanía que con demasiada frecuencia olvidamos: la soberanía social.

La soberanía social

Una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que el individuo permanece aislado frente a un Estado gigantesco, sino aquella en la que existen comunidades capaces de gobernar autónomamente los asuntos que les son propios.

La familia debe disponer de un ámbito propio frente al Estado. El municipio debe poder resolver aquello que pertenece al municipio. Las comunidades territoriales deben conservar aquellas competencias vinculadas a su realidad histórica. Las asociaciones y cuerpos profesionales deben poder ordenar los asuntos que legítimamente les corresponden. Y el Estado debe intervenir allí donde esas comunidades inferiores no puedan alcanzar por sí mismas los fines necesarios para el bien común.

Esto significa que la soberanía política y la soberanía social no son contradictorias. Son complementarias. Una nación puede necesitar un poder político fuerte para defender sus fronteras, garantizar su independencia estratégica o protegerse frente a otros Estados y, simultáneamente, necesitar un Estado limitado en su capacidad de intervenir sobre la vida orgánica de la sociedad.

Podemos resumirlo mediante una fórmula aparentemente paradójica: fuerza hacia fuera, límites hacia dentro.

Ni centralismo ni disolución

Esta concepción permite escapar de dos errores aparentemente opuestos. El primero es el centralismo, que confunde unidad política con uniformidad administrativa y termina considerando sospechosa cualquier autonomía social, municipal o regional. El segundo es la fragmentación, que convierte cada diferencia territorial o identitaria en un argumento para destruir la comunidad política superior. Entre ambos existe una tercera posibilidad: unidad en la pluralidad.

Una comunidad política puede ser soberana sin ser uniforme. España constituye precisamente un ejemplo histórico de cómo la unidad política puede coexistir con una extraordinaria diversidad de territorios, costumbres, derechos, instituciones y formas de pertenencia. La alternativa al separatismo no tiene por qué ser necesariamente la homogeneización.

Del mismo modo que reconocer la autonomía municipal no destruye la nación, reconocer la personalidad histórica de sus territorios tampoco exige negar la existencia de una comunidad política española. La verdadera unidad no consiste en hacer idénticas todas las partes, sino en conseguir que partes diferentes reconozcan un destino común.

El principio de subsidiariedad

De esta concepción deriva naturalmente el principio de subsidiariedad: aquello que pueda decidir una comunidad menor no debe ser innecesariamente decidido por una comunidad mayor. No debería ocuparse el Estado de aquello que puede resolver el municipio. No debería apropiarse el municipio de aquello que corresponde a las familias. Ni debería una estructura supranacional decidir aquello que una nación puede decidir por sí misma. La subsidiariedad establece así una arquitectura ascendente del poder.

Familia, municipio, región, nación y, cuando resulte necesario, estructuras superiores de cooperación. Pero cada nivel debe justificar su intervención. Esto invierte la lógica centralizadora moderna. La competencia no pertenece automáticamente al poder más elevado para después ser generosamente descentralizada. La autoridad debe permanecer tan próxima como sea posible a la comunidad sobre la que se ejerce.

Europa y la soberanía

La misma lógica puede aplicarse a Europa.

Europa puede convertirse en una civilización políticamente relevante sin necesidad de transformarse en un Estado unitario que termine reproduciendo a escala continental los mismos defectos del centralismo estatal. Frente a las grandes potencias del siglo XXI, los europeos necesitan capacidad común en ámbitos estratégicos: defensa, energía, tecnología, industria o protección de sus intereses geopolíticos. Pero cooperación estratégica no significa necesariamente uniformización política.

Una Europa políticamente fuerte podría concebirse como una comunidad de naciones soberanas capaces de actuar conjuntamente allí donde la escala europea resulte necesaria, preservando al mismo tiempo la identidad y autonomía de los pueblos que la componen. Unidad frente al exterior y pluralidad en el interior. La misma lógica vuelve a aparecer.

Soberanía y globalización

La globalización prometió durante décadas que la progresiva desaparición de las fronteras políticas conduciría inevitablemente hacia sociedades más libres, prósperas y pacíficas. Pero la historia reciente ha mostrado algo diferente. Las fronteras económicas pueden desaparecer mientras permanecen las fronteras políticas. Los capitales pueden circular libremente mientras los Estados compiten por recursos. Las cadenas de producción pueden internacionalizarse mientras las grandes potencias protegen sus industrias estratégicas.

El resultado ha sido una profunda asimetría: mientras algunas naciones renunciaban voluntariamente a instrumentos soberanos, otras acumulaban poder. Porque la soberanía a la que uno renuncia termina siendo ejercida por otro. Por eso recuperar soberanía no significa encerrarse en una autarquía imposible ni rechazar toda cooperación internacional. Significa conservar la capacidad suficiente para que la cooperación sea precisamente eso: cooperación entre sujetos capaces de decidir, y no subordinación de unos respecto de otros.

Llegamos así al núcleo de la cuestión. La soberanía no debe entenderse como la omnipotencia del Estado ni como la independencia absoluta del individuo. Es algo distinto. Es la libertad política de una comunidad.

Una comunidad soberana es aquella capaz de determinar su destino, proteger su continuidad histórica y decidir sobre las cuestiones esenciales de su existencia sin quedar sometida a una voluntad exterior. Pero esa soberanía hacia fuera debe acompañarse de autonomía hacia dentro. Porque una nación soberana compuesta por ciudadanos, familias, municipios y comunidades completamente dependientes del Estado sería políticamente independiente, pero socialmente pobre.

De ahí que una concepción completa de la soberanía necesite dos movimientos simultáneos: soberanía política frente al exterior y soberanía social frente a la absorción interior.

Entre ambos principios aparece una determinada concepción de la libertad. No la libertad abstracta del individuo desvinculado. Tampoco la libertad ilusoria de una sociedad sin autoridad. Sino la libertad concreta de los hombres que pertenecen a comunidades reales; de las comunidades que gobiernan aquello que les es propio; y de una nación capaz de decidir sobre su destino.

En definitiva, ser soberano significa poder seguir siendo uno mismo y disponer de la capacidad política necesaria para decidir qué se quiere llegar a ser.