En su libro «Historia de la Mafia—Un poder en la sombra», el historiador italiano Giuseppe Carlo Marino define la «mafiosidad» como un fenómeno heredado de la antigua alianza histórica entre «bandidos» y «gatopardos» sicilianos durante mediados del siglo XVIII, el XIX y principios del XX, el cual consiste en la radical ósmosis social y consiguiente complicidad entre los usos delictivos compartidos por las élites poseedoras, la delincuencia organizada y el pueblo, de modo que todos saldrían ilegítimamente beneficiados en tanto se producen las inevitables quiebras del imperio de la ley y del poder del Estado. Esta ilegitimidad, sin embargo, tendría su motivo de exención y justificación moral en las duras condiciones de vida del pueblo, situaciones de injusticia y desigualdad que sólo alcanzarían reparación mediante el generoso reparto de las sobras del botín mafioso. Todos ganan y todos contentos.

Si a ustedes les suena de algo esta dinámica y les evoca a las actuales condiciones en España de la relación legalidad-poder-pueblo, estarán muy acertados. El pacto moral —e ideológico— que propone el sanchismo a la sociedad española es exactamente el mismo que el urdido entre aquella decrépita nobleza siciliana de los tiempos de Garibaldi, la criminalidad isleña y el sufrido pelotón de gleba: «Nosotros nos dedicamos a nuestros chanchullos, ilegalidades y crímenes en general, y os beneficiamos con las migajas del festín, las cuales, siendo escasas, os será de provecho porque ya se sabe que mucho es poco para quien nada tiene».

«Estamos cambiando la vida de la gente» es la respuesta del gobierno sanchista y sus aliados de la izquierda locaria y nacionalistas cuando se exponen en la conversación pública la corrupción generalizada y la parasitación de la instituciones del Estado para someterlas a los intereses —por lo general criminescos—  de la actual gobernanza. Ese «cambiar» la vida de la gente, según ellos, consiste en mejorarla supuestamente por medio de obsequiosas dádivas —ingreso mínimo vital, pensiones actualizadas, permisos de paternidad/maternidad, derechos a demanda, etc, etc—, si bien en la práctica tiene su expresión auténtica en la precarización masiva de la mano de obra, incrementada por el acceso indiscriminado e incontrolado de cientos de miles de inmigrantes sobrevenidos a base de regularizaciones exprés. Para tapar el enorme agujero presupuestario consecuente a estos dispendios, el gobierno cuenta con dos fatales vías de financiación: los fondos europeos y la presión fiscal; cuyos resultados todo el mundo conoce: inflación y asfixia recaudatoria de las clases trabajadoras, sean empleados o autónomos los sometidos a la extorsión tributaria.

Eso significa, para nuestro gobierno, «cambiar la vida de la gente». Por el contrario, en compensación a sus desvelos —pagados con el dinero de la población productiva—, elevan a virtud democrática su desfachatez en el continuo saqueo de recursos públicos y su tenacidad indesmayable por usurpar el poder de las instituciones que deberían ser independientes si la famosa separación de poderes continuara vigente en España. Así se fragua su discurso y así establecen la alianza con el pueblo precarizado: «Dejadme robar y os prometo compensaros».

Naturalmente, no han inventado el método. Es el mismo sistema que mantuvo en el poder a la cleptocracia argentina durante décadas, idéntico al utilizado por las satrapías venezolana, cubana, nicaragüense… «Seréis pobres pero no moriréis de hambre, tendréis lo mínimo pero, alegraos, será lo mínimo indispensable». Por supuesto, la escuela batasuna-peneuvista de extorsión e ingeniería de crímenes también aporta su ladrillo en el gran edificio de la ignominia ibérica. La famosa frase de Zapatero, «ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho» admite cruel reversión ante la evidencia de los hechos, tras el descubrimiento de sus componendas empresariales y sus famosas joyas heredades de una bisabuela que ejerció de princesa persa en Las Mil y Una Noches; con toda razón puede afirmarse ahora que ser socialista consiste en acaparar mucho y estar dispuesto a dar muy poco, apenas unas migajas que medio sacien el hambre del pueblo pero no le quiten del todo el apetito, para que así pida más y, para su triste supervivencia, convierta en indispensables a sus pretendidos benefactores.

«Al pueblo no se le mata, se le hacen regalos», declaró un conocido camorrista tras un atentado mafioso perpetrado en Nápoles (1998) en el que murieron demasiados inocentes. En efecto, la máxima de Julio César nos muestra la antigüedad del sistema y lo útil que ha resultado siempre a las élites dominadoras.

El problema que se nos presenta en España, hoy, es que los bandidos y los gatopardos que pugnan por embaucar al pueblo por medio de regalos, de vuelta, quieren apropiarse de mucho más que el beneficio del delito: lo quieren todo, incluida la democracia al completo. Robar un país está muy mal pero te hacen emperador, lo cual luce ante la historia; robar una democracia es mucho peor porque el ladrón se instaura dictador y convierte a los súbditos en esclavos. La oposición califica en ocasiones al gobierno como «mafia», pero haría bien en analizar la realidad y proyección de futuro del fenómeno descrito como «mafiosidad»; porque no van a cejar en el empeño, eso hay que darlo por seguro; y si alguien con ganas y capacidad no lo impide, ese es el sombrío futuro: misérrima mafiosidad y sumisión bajo el sanchismo.

Todo se verá.