Unos años antes de su muerte, Honorato de Balzac, bonapartista hasta la médula y hondo admirador del emperador, ya fallecido en Santa Elena, decidió escribir una breve obra en la que aunaría las máximas que guiaron a Napoleón en su conquista del poder, ordenándolas según las distintas etapas de la vida del corso: desde ciudadano republicano y militar hasta emperador de los franceses.
A lo largo de sus páginas pueden encontrarse máximas marcadas por la prudencia, el patriotismo o el cinismo propio de la época que alumbró la Revolución Francesa. Empero, es en el prólogo donde Balzac consigue captar, a juicio de este humilde servidor, el nervio mismo del pensamiento napoleónico: el de un hombre que, por momentos, se revela como un tirano y que, en otros muchos, aparece completamente ajeno al orden social, obsesionado con una determinada visión de Europa que, todavía hoy, muchos continúan alabando.
Pero, volviendo al prólogo de la citada obra, Balzac dirá, parafraseando al emperador: «La libertad de prensa es incompatible con el ejercicio del gobierno». La afirmación, leída hoy, puede parecer una simple excentricidad autoritaria. Sin embargo, sería un error reducirla a un mero arrebato despótico. Napoleón comprendía que quien controla la circulación de la información controla, en buena medida, la capacidad del poder para mantenerse. La libertad de prensa no constituía, desde su perspectiva, un derecho político, sino un obstáculo práctico para el ejercicio del gobierno.
Raras son las ocasiones en que acontecimientos separados por siglos permiten aplicar un mismo diagnóstico; sin embargo, pocas sentencias del corso parecen conservar una vigencia tan inquietante como ésta.
Ironías aparte, la historia, encarnada en hombres de muy diverso calado y revestida de ropajes distintos, tiende a repetirse de manera casi apabullante. Las recientes filtraciones llegadas a la redacción de El Confidencial, en las que se expone cómo el Gobierno de la nación elaboraba informes detallados sobre periodistas, tertulianos y otros formadores de opinión, no hacen sino suscitar una incómoda pregunta acerca del funcionamiento efectivo de nuestra democracia representativa y abrir inevitablemente la puerta a enunciados y cuestionamientos, cuando menos, incómodos para el conjunto de la sociedad española.
¿Hasta qué punto debería sorprendernos todo ello? Es cierto que la arbitrariedad y el descaro con los que este Gobierno ha tratado la libertad de información serán recordados por muchos de nosotros. Sin embargo, sería un error circunscribir el análisis a los últimos años de mandato. Cabe preguntarse, más bien, si el sistema atraviesa una crisis provocada exclusivamente por el pillaje y la corrupción del socialismo gobernante.
La respuesta, aun siendo necesariamente parcial y abierta a matices, ha de ser negativa. Y no porque el actual Ejecutivo haya dado muestras de una especial altura política, sino porque su actuación constituye la manifestación más reciente de una lógica institucional inscrita en el propio engranaje que el régimen de 1978 fue configurando y consolidando durante décadas.
Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene todo ello para el ciudadano? Las recientes revelaciones constituyen un ejemplo particularmente ilustrativo. La existencia de listas negras de periodistas, la elaboración de informes sobre profesionales de la información, unas escaletas cuya literalidad apenas deja espacio para la conjetura y la creciente sensación de indefensión frente a un poder que actúa al margen de los contrapesos institucionales dibujan un panorama inquietante para la libertad política en España.
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Algunos objetarán, no sin razón, que estos hechos han salido a la luz gracias al trabajo de los propios medios de comunicación. Es cierto. Pero la pregunta verdaderamente relevante no es si han acabado conociéndose, sino cuál ha sido el precio que ha debido pagarse para que ello ocurriera. La cuestión no reside únicamente en que los hechos terminen por salir a la luz, sino en lo que su propia existencia revela acerca del funcionamiento de nuestras instituciones. La crisis de la libertad de prensa no constituye una anomalía coyuntural, sino la consecuencia lógica de un modelo institucional cuyos mecanismos de control han sido progresivamente absorbidos por el propio poder político.
La respuesta institucional ante todo ello será, como casi siempre, una huida hacia delante. Sin embargo, llega un momento en que ningún poder puede gobernar indefinidamente contra la realidad. Cuando las críticas dejan de ser un murmullo aislado y los ladridos terminan por rodear al jinete, quizá haya llegado la hora de echar pie a tierra.