“Los españoles también violan y roban”, sentencia firme y repetida hasta el desgaste, como respuesta pavloviana contra esa denuncia creciente en España sobre las perniciosas consecuencias de una inmigración ilegal desbordada. Si extraemos ahora una derivada de la sentencia con que iniciamos el texto, ésta rezaría más o menos, y sin alejarnos mucho de la realidad en que vivimos, de la siguiente manera: “que algunos extranjeros, de según qué zonas, también cometan delitos no quiere decir que todos sean ladrones ni violadores”. Y la verdad sea dicha, tal derivación es del todo cierta. Ni una pega que hacer como verdad empírica de carácter sociológico: no todos los inmigrantes son delincuentes. Pero como suele suceder, aunque sea muy de vez en cuando, el diablo está en los detalles. Y el detalle en este caso hay que buscarlo en esa pequeña trampa de carácter lógico que consiste en tratar de concluir, no ya una verdad de otra, sino en extraer como verdadera una sentencia, desde otras, cuyo sector categorial es distinto: “por lo tanto, no hay razones para no ayudar e integrar a todo aquel que llegue a España”. En otras palabras: no es lícito aceptar como cierta una conclusión política, como esta última, desde premisas sociológicas o estadísticas.

Porque fíjense como queda la cosa si, obviando los apellidos categoriales de tales sentencias, tratamos como igual lo que no lo es: si no todos los inmigrantes son delincuentes y si también hay españoles que lo son, ¿qué se nos quiere decir entonces, que podemos y debemos dejar entrar, como hasta ahora y sin ningún tipo de criba, a más gente que aumente la cantidad de delincuentes y no delincuentes? Porque dejar o no entrar a según qué individuos, es ya una cuestión pragmática de carácter político cuya conveniencia se torna pertinente dilucidar al margen de la verdad sociológica y estadística de la que partíamos.

Y que no se me malinterprete, que un servidor no tendría ningún problema en enviar más allá de nuestras fronteras, y sin código de barras, a cualquier nacional que osara tantear una fechoría para con las mujeres o para con la propiedad y seguridad ajenas; el único “pero” estaría en encontrar un país que los aceptase, sin rechistar, de modo similar a cómo España acepta a todos aquellos que Marruecos suelta de sus cárceles. Sucede, por desgracia, que los españoles no tenemos esa suerte, ni tampoco secretos de un móvil con los que presionar a nuestro país vecino del sur. Pero esta ya es otra cuestión. El punto clave es que una sentencia política – como permitir entrar o no inmigrantes en función de nuestras necesidades y en función de las instituciones “mentales” que traiga el personal – no puede extraerse de aquella otra verdad sociológica según la cual no todo el mundo es un delincuente. Porque la primera, pero no única razón, de obviar la trampa que aquí señalamos puede conducir, con el tiempo, a que la verdad sociológica de la que partíamos se mantenga con dificultades – y siempre en términos proporcionales – por aquello de la sobrerrepresentación estadística. En resumen, ¿qué se nos quiere decir políticamente, pero sin decirlo, desde una verdad sociológica? ¿Que como hay españoles delincuentes y extranjeros que no lo son, no hay razones para filtrar la inmigración apelando a futuros actos punibles? En otras palabras ¿no tenemos ya suficientes criminales españoles en el menú como para pasar por alto que, a más zagales en edad militar y hormonal, procedentes de zonas con déficits en ciertas instituciones antropológicas (o a veces “superávits”, como la de marcar a mujeres “impías”), tendremos un claro aumento de los delitos? Quien ahora escribe, insiste en aquello de que la inmigración puede ser un activo pero, lo que sucede en España desde hace años, se trata como si ese “puede” no debiera existir en la ecuación. El “siempre”, claro está, se da siempre por hecho como petición de principio.

Vamos terminando:

Decía más arriba que había otra razón para evitar derivar una verdad política de una verdad sociológica. Y esta vez, la razón en cuestión es de carácter puramente etológico. Por partes: como profesor de esa cosa amorfa denominada hoy valores éticos y cívicos es norma enseñar a los muchachos aquella famosa regla de “no tener prejuicios hacia el diferente”. Pero claro, sucede que los prejuicios, como herramienta etológica, tanto pueden ser funcionales como disfuncionales. Es decir, que si bien es cierto que los prejuicios pueden llevarle a uno a cagarla con quien tiene delante no es menos cierto que puedan, según el caso, salvarte el cuello. O dicho en Román paladino: no me parece mal que se enseñe una norma como la de no tener prejuicios sino que se dé por hecho que su funcionalidad es un a priori al margen de cualquier contexto donde quiera insertarse. Porque la verdad es que el contexto en el que otrora se nos inculcó esta “recomendación ética” era un país donde la probabilidad de prejuzgar en negativo a un sujeto y fallar eran altísimas, dado que la media de ciertos delitos no solo era más baja que hoy sino también más estable; sobre todo en relación a ciertas “etnias”. Lo que sucede en la actualidad es justamente lo contrario: ciertos delitos no solo han aumentado sino que lo hacen a una velocidad mayor que hace unas décadas (y aquí no hay mayor conciencia por la denuncia que valga). Es decir, que prejuzgar hoy a una persona en negativo, atendiendo a su condición de extranjero y fallar va siendo cada vez menos probable; y eso a pesar de mantenerse como cierta la verdad sociológica antes expuesta: no todos los inmigrantes son delincuentes. En definitiva, dado que los prejuicios son una herramienta etológica ligada a la supervivencia cuya funcionalidad solo puede validarse a posteriori (cuando se conozca de hecho a la persona que se prejuzga) las opciones que nos encontramos serían las que siguen: 1. prejuzgar en negativo y fallar, 2. prejuzgar en negativo y acertar, 3. prejuzgar en positivo y fallar o 4. Prejuzgar en positivo y acertar.

La pregunta que debemos hacernos ahora, o que deberían hacerse nuestros políticos, sería la siguiente: ¿cuál de estas cuatro opciones es más funcional, EN EL CONTEXTO ACTUAL, toda vez que los hechos validen el prejuicio empleado? Si prejuzgas en negativo a un extranjero, sobrerrepresentación mediante (en lo que a ciertos delitos se refiere) cuando sola y borracha quieres llegar a casa y resulta ser una buena persona, sería una verdadera faena que un justo pagase como pecador. Pero si aciertas, a pesar de la embriaguez… de la que te libras no es poca cosa. Nuestros políticos podrían decirnos – y de hecho así lo hacen al igual que nuestros profesores de valores éticos – que lo mejor para evitar el dilema sería no prejuzgar a nadie. ¡Pero claro, como si tal cosa fuese posible! Todos prejuzgamos y no podemos no hacerlo. Y no solo porque en ello pueda irnos la vida sino porque ante cambios abruptos y constantes en los contextos sociológicos, económicos y políticos (como es el caso demográfico y cultural en España hoy) donde todo sujeto deba tomar decisiones, no es este -el sujeto- el que pueda valorar todas y cada una de las variables a tener en cuenta antes de tomar acción respecto a otro sujeto. Y esta verdad ya no es un prejuicio: es psicología de 1º de bachillerato. Si lo que queremos es evitar los prejuicios negativos donde se falla en contra de la persona juzgada (sea o no extranjera) pudiendo así realizar prejuicios positivos con bajas probabilidades de fallar (para no salir entonces malparado) necesitamos entornos más o menos estables donde el hecho de no tener en cuenta todas las variables pueda beneficiar tanto a quien pre-juzga como a quien es prejuzgado. O lo que es lo mismo: entornos donde el prejuicio medio de la gente sea funcional para la mayoría. Y esta labor depende, única y exclusivamente, de nuestros políticos; pues de ellos depende controlar los flujos de personas y los cambios que con ellos se derivan. Si lo que se quiere, a fin de cuentas, es evitar todo acto cercano a la tan cacareada xenofobia, no queda otra que regular el quién, cómo y para qué de quien busca pisar suelo español. En caso contrario estaríamos ante una dejación de funciones, con un claro cargo a la cuenta de la (supuesta) mala moralidad del ciudadano. El político, eso sí, podría mientras tanto presentarse como el más puro dador de amor mientras entona ese grito, ya chirriante, de ¡welcome refugees!