La relación de la inmigración masiva y el multiculturalismo con la Agenda 2030.
La Agenda 2030 incluye como meta en su objetivo 10, “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. “La Agenda 2030 reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es «no dejar a nadie atrás” y esto incluye a los migrantes”. La ONU confirma así su respaldo al fenómeno migratorio y sugiere que la migración debe incluirse dentro de los nuevos derechos humanos que construye para el nuevo orden mundial.
Según datos de la propia ONU el número de personas que en 2019 vivía en un país distinto del que nacieron es mayor que nunca: 272 millones, 51 millones más que en 2010. Obviamente son los países occidentales, Europa y Estados Unidos principalmente, los receptores de los grandes flujos migratorios. Stephen Smith, en su obra “La huida hacia Europa” (2019), vaticina que al menos hasta 2050 se acentuarán los flujos migratorios desde África, con la posibilidad de que 150 millones de africanos acaben dentro de la Unión Europea. El propio Foro Económico Mundial (Foro de Davos) en su reunión de 2021 celebrada bajo el lema «El Gran Reinicio» tras la pandemia, calculaba que 1.000 millones de personas se incorporarán a los flujos migratorios que se producirán los próximos decenios.
Tal evento de movilidad humana tiene una envergadura jamás vista. Sin embargo, pese a los múltiples desafíos que supone el fenómeno de la inmigración, la respuesta internacional que se ha abordado en la Conferencia intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, celebrada en Marrakech en 2018, sólo ofrece una visión unidimensional, centrada en salvaguardar los procesos de migración, olvidando los efectos negativos de la misma: inseguridad, terrorismo, desarraigo, marginalidad, coste económico y cultural para las sociedades de acogida y origen etc. Es decir, los objetivos de la ONU, en consonancia con su Agenda 2030 globalizadora, no contemplan como principal meta el garantizar el derecho al arraigo de las personas, se renuncia a adoptar medida alguna para evitar estos gigantescos flujos migratorios desde los países de origen. Tampoco se han previsto las adecuadas medidas para proteger las sociedades de los países de acogida del aluvión de consecuencias asociadas a tal gigantesco movimiento poblacional.
El director ejecutivo de la ‘Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF)’, Khalid Koser, considera que la migración bien gestionada promueve el crecimiento económico y las oportunidades. El multiculturalismo genera tolerancia, innovación e hibridación, especialmente en las ciudades globales. La migración también puede ayudar a abordar los déficits demográficos, rejuvenecer las sociedades y reducir las presiones sobre los servicios sociales”[1]. Económicamente, desde el Foro de Davos se apuesta por una migración internacional más libre que sirva mejor a los mercados. De acuerdo con el Banco Mundial, aumentar la inmigración en un porcentaje igual al 3 % de la masa laboral en los países desarrollados generaría un beneficio económico de 356.000 millones de dólares a nivel mundial[2]. En cuanto a quien o quienes irían a parar estos beneficios económicos, nada dice el Banco Mundial. La realidad es mucho menos idílica. La inmigración que está llegando a Europa se trata en su inmensa mayoría de mano de obra no cualificada, por tanto, su productividad y retribuciones salariales son menores que la media y, por tanto, aportan mucho menos en promedio a las arcas públicas en forma de impuestos y cotizaciones sociales que la población a la que supuestamente vienen a reemplazar. Por el contrario, sus núcleos familiares son más amplios que los de la población europea, su situación laboral y económica más precaria, por lo que las prestaciones y subsidios sociales que los Estados deben desembolsar en favor de estos colectivos también son mucho mayores que la media, a lo que hay que añadir el notable gasto en integración que directa o indirectamente se hace necesario. Es absolutamente irresponsable pensar que los sistemas públicos prestacionales de los países Occidentales son capaces de soportar ilimitadamente cualquier extensión de los mismos sin consecuencia alguna. Desde el punto de vista social, el multiculturalismo enriquecedor que se predica desde estas instancias internacionales, ni constituye el camino de rosas hacia la armonía universal que nos predican, ni garantiza que la nueva sociedad hibrida nacida de estos enormes movimientos de población vaya a ser mejor que la actual. De momento, con una población en franco declive en Occidente, la llegada masiva de inmigrantes procedentes de otras culturas plantea el problema de la sustitución paulatina de una población por otra, con el proceso de desarraigo que sufre el colectivo de inmigrantes y el de aculturación que padecen las sociedades de acogida. En tanto esperamos el advenimiento de la sociedad hibrida que preconizan los globalistas, nos mezclamos en una superficial fusión folclórica y gastronómica que desprecia los valores y principios que constituyen la seña de identidad de las sociedades de acogida, mientras los inmigrantes se radicalizan en guetos como Molenbeek en Bélgica o Marxloh en Alemania, o pierden sus referentes en los suburbios de ciudades como Marsella, Lyon o París en Francia, Dortmund en Alemania o ciudades británicas como Bradford o Leeds y en las ciudades dormitorio de Madrid o Barcelona. Las propias estructuras de poder de los países de acogida sufrirán un vuelco político irreversible con el voto de esas masas de inmigrantes. El escritor Houellebecq planteaba en su novela “Sumisión” la elección de un presidente musulmán para la República Francesa. Londres ya tiene un alcalde musulmán y en Estados Unidos, si Biden concede, como ha anunciado, la nacionalidad a millones de inmigrantes hispanos, el Partido Demócrata puede garantizarse el poder por décadas.
El art. 13 de la Declaración de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, era interpretado como el derecho a la libertad de movimientos de los ciudadanos, pero en ningún caso implicaba un derecho a entrar en una Nación ajena, ni suponía la obligación de los Estados a dejar entrar en su territorio a ciudadanos extranjeros. Ahora se quiere configurar un derecho a la inmigración configurado como el derecho de cualquier ciudadano para salir de su país de origen para trasladarse a cualesquiera otro. Así, no existe inmigración ilegal, solo irregular y de ahí que la ONU no tenga muchas ganas de atajar esta clase de migración.
La laxitud con que se contempla la inmigración clandestina no parece que vaya a contribuir a lograr esa migración segura, ordenada y regular que proclama el título del Pacto patrocinado por la ONU, sino más bien a favorecer los intercambios masivos de población. Así, en su Objetivo 4 f), el Pacto Mundial contempla que los inmigrantes indocumentados no podrán ser retenidos más allá de lo razonable para efectuar las averiguaciones oportunas o devueltos a su inmediato lugar de procedencia, ya que la falta de acreditación de su identidad y nacionalidad no será obstáculo para acceder a los servicios básicos de los países de acogida. El Objetivo 7 establece la obligación de asistir al inmigrante, aunque haya entrado vulnerando la ley del país de acogida, prestándose todo el apoyo necesario en todas las etapas de la migración, incluyendo la asistencia jurídica gratuita en caso de procedimientos de expulsión y facilitando el acceso de los “migrantes irregulares” a una evaluación individual que permita regularizar su situación. El Objetivo 11 f) aconseja examinar y revisar las leyes y reglamentos pertinentes para determinar si conviene sancionar la entrada o la estancia ilegal. El Objetivo 13 pretende que la detención de inmigrantes ilegales solo se utilice como último recurso, buscándose otras alternativas que no se especifican. El Objetivo 15 e), además del necesario acceso a la asistencia sanitaria de urgencia, otorga al inmigrante acceso a la asistencia integral con independencia de su situación legal, estableciéndose planes diferenciados de salud nacionales específicamente dirigidos a la población inmigrante. El objetivo 16 obliga a respetar en todo caso las culturas, tradiciones y costumbres de las comunidades inmigrantes que se asienten en las sociedades de acogida, descartando por tanto como modelo de integración el de asimilación. Los objetivos 17 y 19 instauran la censura de cualquier crítica social del fenómeno migratorio, descalificando como xenófoba cualquier propuesta de restricción, debiendo orientarse las políticas públicas al empoderamiento de los “migrantes”. En este sentido la UNESCO también hace gala de las bondades de la inmigración y la tolerancia con la inmigración clandestina: “Es necesario que, después de los primeros quince años del siglo XXI, se centralice a la migración como una cuestión de desarrollo –no de seguridad–; y como una de las cuestiones políticas clave, no como un asunto periférico que se trata de gestionar mediante políticas sectoriales de migración. Se requiere de forma urgente otra mirada y un abordaje distinto de la inmigración indocumentada despojada de prejuicios”[3]
El Derecho Internacional siempre había aceptado que los Estados tienen la potestad de establecer su propia política de inmigración, adecuando los flujos migratorios a su capacidad de acogida. Otro de los principios que la Agenda 2030 quiere socavar. Para la agenda mundialista el colectivo de los inmigrantes, independientemente de su procedencia, es uno de los activos esenciales en el desarrollo demográfico, económico y cultural de una sociedad. Por un lado, contribuye a aumentar el número de contingentes humanos y, por norma general, al rejuvenecimiento de la población y al aumento de la natalidad. La inmigración también posee efectos positivos sobre el desarrollo económico favoreciendo la evolución de la población activa y la capacidad de productividad. Finalmente, la inmigración supone un enriquecimiento cultural de la sociedad que la recibe, fenómeno que implica el conocimiento, el respeto, la convivencia y la integración de las diferentes culturas dentro de dicha sociedad. Nuevamente bonitas palabras que sirven de pantalla a lo que no es más que una política que pretende favorecer un movimiento masivo de poblaciones que anulará la identidad de las naciones y los pueblos. Se trata de la génesis del nuevo ciudadano del mundo, un hombre con los mismos gustos de consumo, ya viva en Londres, Casablanca, Bombay, Pekín o Lima, con los mismos valores y con los mismos referentes culturales. La economía globalizada permite la adquisición de cualquier producto en cualquier parte del mundo. Internet, el streaming y las redes sociales consiguen que los mismos códigos culturales se compartan a nivel planetario, sólo falta el intercambio masivo de poblaciones para lograr la mezcla alquímica que nos conduzca a la sociedad uniforme de la aldea global gobernada por las grandes corporaciones y las organizaciones supranacionales.
[1]Why we shouldn’t fear mass migration, Khalid Koser, World Economic Forum Global Future Council on Migration, 2016.
[2]There are enormous benefits of free migration – but is it a feasible policy?Michael Loshkin y Martin Ravallion, World Economic Forum, 2019.
[3]Migración y Cultura, UNESCO, 2016.