Los jubilados españoles del medio rural sufren una discriminación mayor que los jubilados que viven en nuestras ciudades. A la falta de infraestructuras y medios asistenciales hay que unirle las diferencias existentes en la pensión que perciben.
La pensión media del sector primario es un 41% menor que la del resto de sectores, cobrando de media 710 euros, frente a los 1.210 del resto. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de los 8.125 municipios que hay en España, 1.286 pueblos tienen menos de 100 habitantes, siendo los mayores de 65 años el 75% de la población. Estos datos unidos a que el 31,1% de la población rural española se encuentra en riesgo de exclusión social, según señala la tasa AROPE, el indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión social del último informe de European Anti Poverty Network para España, hacen necesaria una reflexión y la adopción de medidas políticas urgentes.
A la ya acusada falta de natalidad, las escasez en las salidas laborales para nuestros jóvenes, la falta de sentido de estado en las políticas agrarias, la especulación con los productos generados por el sector primario, el recorte en los servicios asistenciales, el envejecimiento de la población debido al aumento de la esperanza de vida, hay que añadir el fenómeno del el éxodo de los jubilados al medio rural, lo cual hace que nuestros pueblos con menos habitantes se encuentren aun más envejecidos.
Algunos factores están generando el retorno de jubilados y pensionistas a sus lugares rurales de origen después del éxodo que protagonizaron hacia las ciudades en los antiguos periodos de industrialización; Entre estos factores podemos destacar la hostilidad de las grandes y medianas ciudades para los ancianos -hostilidad que crece en progresión geométrica respecto del número de habitantes-, el menor coste de vida en las áreas rurales respecto a las zonas urbanas -sobre todo en esta época de regresión económica-, o el desplazamiento hacia el medio rural de personas de la vida activa por las jubilaciones anticipadas o el paro derivados del cierre de empresas, las reconversiones y demás consecuencias de la economía, la cual afecta también a la actividades económicas del área rural, empobrecidas asimismo como resultado de las nefastas políticas agrarias ejecutadas desde los distintos gobiernos en los últimos cuarenta años.
Por otro lado, debido a la lentitud en la respuesta de las administraciones autonómica, las diputaciones no tienen lo medios necesarios para responder a las necesidades en los servicios sociales que necesitan nuestros jubilados, entre ellos una idónea asistencia gerontológica. Tampoco se sabe conducir y gestionar el potencial productivo de naturaleza complementaria que proporcionan los mayores al saberse útiles en la transmisión de la experiencia acumulada y de la cultura hereda, la solidaridad intergeneracional, etc. Produciéndose una marginación prematura a condición pasiva durante muchos años debido a que la edad media en la expectativa de vida es cada vez mayor.
En términos concretos, la desvinculación del IPC para la revalorización de las pensiones está empobreciendo a los jubilados un poco más cada año, ya que las pérdidas de poder adquisitivo se van acumulando. El sistema de pensiones actual agrava la brecha económica y social entre los ciudadanos rurales y los urbanos, por ello es necesario, en un primer termino, la vinculación entre la revalorización de las pensiones y el IPC, para garantizar así el poder adquisitivo de los pensionistas y asegurar que la estructura de nuestro sistema de protección social no genere bolsas de pobreza entre la población pensionista del sector agrario.
Si unimos al problema de las pensiones la deficiencia de las redes de transporte, el aislamiento, la dispersión o los recortes de los servicios públicos, el cada vez mayor coste de la energía, o el gran problema de la despoblación en el mundo rural, tenemos como resultado la discriminación efectiva en la que viven nuestros jubilados en estas zonas. Por ello es necesario incorporar políticas firmes que empiecen a solucionar de manera estructural los problemas del medio rural y que por extensión garanticen que la gente mayor viva con dignidad.
Un programa especifico para los jubilados debería incorporar acciones determinantes en el abaratamiento del coste de la vivienda, adecuación de las viviendas a sus necesidades, la reducción o eliminación de impuestos durante los próximos 10 años y la incorporación de un programa de dependencia que asegure la calidad de vida, el aprovechamiento de sus capacidades intelectuales y experiencias al servicio de la comunidad, y la reestructuración administrativa para facilitarles el acceso a los servicios sociales básicos.
Estas medidas habría que sumarlas a las que publicamos recientemente en Posmodernia: “La despoblación del medio rural: una cuestión de estado. Medidas de urgente aplicación”