El goteo continuado en la pérdida de población del entorno rural que se viene produciendo desde los años noventa en España se ha convertido en un problema de gran dimensión en la actualidad.

Si bien es cierto que el éxodo desde el campo hacia las ciudades ha sido una constante a partir de los años sesenta, el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad propiciada por las políticas antifamilia de los distintos gobiernos de la democracia, la baja densidad demográfica, la crisis económica en el mundo agrario y la desbandada de la juventud motivada por la falta de un empleo o una vivienda económicamente asequible, han predispuesto que el problema de la despoblación rural se agudice en estas últimas dos décadas en todo el territorio nacional llegando a convertirse en una cuestión de estado.

El sistema autonómico se ahoga en su lentitud y su propia burocracia, lejos de servir para corregir esta inercia con la supuesta descentralización administrativa y el acercamiento de la gestión a los ciudadanos, ha propiciado la mengua económica en la mayoría de los municipios y la pérdida paulatina de recursos en las distintas diputaciones provinciales, entidades ágiles y con capacidad de dar respuesta eficiente a los problemas del medio rural.

Ya en 2013, la Unión Europea alertó al gobierno español de que debería tomar medias ante este fenómeno, creándose, a propuesta de una conferencia de los presidente autonómicos el “Comisionado para el Reto Demográfico”, organismo ineficiente del que no se conocen iniciativas o proyectos en estos cinco años.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística en España existen 8.125 municipios de los cuales 1.286 pueblos tienen menos de 100 habitantes, 2659 entre 100 y 500 habitantes y 1032 entre 500 y 1000 habitantes.

Los municipios que perdieron habitantes en los últimos años fueron 4785 y los que tuvieron una pérdida relativa puesto que su incremento ha sido inferior a la media nacional han sido 1349. En términos absolutos representa que más del 75 % de los municipios españoles han variado su número de habitantes entre 1999 y 2016 con una tasa negativa demográficamente hablando.[1]

Esta situación se hace mucho más aguda en el medio rural, en el que si esta tendencia, no se llega a corregir, generará la inviabilidad de gran parte de los municipios rurales españoles en los próximos y cercanos años.

Una comisión de experto a iniciativa del Senado en 2015 estima que una densidad inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado es indicativa de la despoblación de un Municipio, condición que solo se cumple en el caso de aquellos que cuentan con un número de vecinos inferior a 10.000. Esto afecta al 42% de los municipios españoles, en los cuales viven el 2% de la población y representa el 41,7 de la superficie total de España (210.063 Km²)[2]

Sin embargo de 2015 a 2016 el número de municipios con menos de 100 habitantes aumenta de 1238 a 1286 y su peso poblacional en el conjunto del mapa español es progresivamente menor. Teniendo el 61% de los municipios censos inferiores a los 1000 empadronados y representando 3,15% de los habitantes totales que existen en nuestra patria.

Datos significativos son el de los municipios con menos de 100 vecinos, puesto que en los 1286 que se encuentran en esta situación (el 16% del total de los municipios que hay en España) solo viven el 0,16% de la población (74943 personas); y el del total de los municipios inferiores a 500 habitantes, que representan el 50% de los municipios que hay en España. Además, la sangría demográfica atenaza también a la mayoría de los otros 1.032 municipios españoles que cuentan con entre 500 y 1.000 habitantes empadronados.

Si analizamos los datos en términos provinciales, llegamos a la conclusión que existe 14 provincias en las que más del 80% de sus municipios no superan los 1000 habitantes. Siendo especialmente preocupantes las provincias de Soria, Teruel, Zamora, Ávila, Burgos y Salamanca, en las que el más 90% de todos sus municipios tienen menos de 1.000 habitantes. A ellas le siguen Palencia y Guadalajara con cerca del 90% y Zaragoza, Valladolid, Segovia, Huesca y Cuenca con tasas que superan el 80%.

A nivel regional los datos son los siguientes:

Andalucía.[3]

• Andalucía tiene 8.379.248 habitantes y un total de 778 municipios.

• Cerca del 66% del territorio de Andalucía lo ocupan municipios escasamente poblados con menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.

• El 15% de territorio lo ocupan municipios menos poblados todavía donde 73 municipios tienen menos de 8 habitantes por kilómetros cuadrados.

• La mitad de los municipios andaluces, 389, está perdiendo población desde el año 2000.

• El 90% de todos ellos son municipios rurales de menos de 5.000 habitantes.

Castilla la Mancha.[4]

• Castilla la Mancha tiene 2.025.510 habitantes y un total de 919 municipios.

• Alrededor del 62% de los municipios tiene una densidad de población inferior a 10 habitantes por Km².

• El 50% de total de los municipios tienen poblaciones inferiores a 500 habitantes.

• Destacando que el 80% de los municipios de cuenca tienen menos de 1000 habitantes.

Castilla y León.[5]

• Castilla y León es la comunidad con un mayor descenso porcentual de población teniendo en la actualidad 2.418.694 residentes y 2248 municipios.

• Más del 88% de los municipios tiene menos de 1000 habitantes.

• Mas del 78% de los municipios tienen menos de 500 habitantes.

• El 68% de los municipios tiene una densidad de población inferior a 10 habitantes por Km² de los cuales más del 28% tienen menos de 100 habitantes y el 52% menos de 500.

Comunidad Valenciana.[6]

• La Comunidad Valenciana cuenta con 4.9341.509 habitantes y un total de 542 municipios.

• Cerca del 16% de los municipios tienen una densidad de población inferior a 10 habitantes por Km² de los cuales casi el 100% tienen menos de 500 habitantes.

Cataluña.[7]

• Cataluña tiene un total de 7.496.276 de residentes siendo la segunda comunidad más poblada de España y cuenta con 947 municipios.

• El 19% de los municipios tienen menos de 500 habitantes. Y el 21% de los municipios tienen densidad de población inferior a 10 habitantes por Km²

Aragón.

• La comunidad Aragonesa cuenta con 1.313. 463 habitantes y un total de 731 municipios.

• El 70% de los municipios tienen una densidad de población inferior a 10 habitantes por Km²

• El 62% del total de los municipios tienen menos de 500 habitantes.

Murcia.

• La región de Murcia cuenta con 1.470.273 residentes y un total de 45 municipios.

• Solo cuenta con un municipio con una densidad de población inferior a 10 habitantes por Km² y afecta a 8189 habitantes.

Galicia.

• La región de Galicia cuenta con una población total de 708.339 habitantes y con un total de 53 comarcas y 313 concellos.

• Galicia ya cuenta con más de 3.600 aldeas completamente vacías. Sin embargo apenas hay municipios con menos de 1.000 habitantes en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra . En Ourense suponen el 26 % del total.

Vascongadas.

• En la comunidad autónoma del País Vasco existen un total de 2.164.311 habitantes y 20 comarcas con 251 municipios.

• Solo existe 13 municipios con una densidad de población inferior a 10 habitantes por Km²

Navarra.

• Navarra tiene 636.142 residentes y 272 municipios.

• El 32% de los municipios tienen una densidad de población inferior a 10 habitantes por Km² y el 30% tiene menos de 500 habitantes.

Cantabria.

• Cantabria cuenta con 102 municipios y una población de 580.140 habitantes.

• El 21% de los municipios tienen una densidad de población inferior a 10 habitantes por Km² y el 10% de los municipios tienen menos de 500 habitantes.

Islas Baleares.

• Las Islas Baleares cuenta con 67 municipios y 1.124.744 habitantes

• Sólo 13 municipios de Mallorca tienen ahora menos población que hace cien años.

Islas Canarias.

• Las islas cuentan con 2.101.924 de residente repartidos en un total de 88 municipios.

• Sólo Veintidós municipios de Canarias tienen hoy menos población que en 1999 y se encuentran en las islas de La Palma (7), Gran Canaria (6), Tenerife (5), La Gomera (2) y El Hierro (2).

Asturias.[8]

• El Principado de Asturias tiene 1.041.026 habitantes, un total de 78 concejos y alrededor de 7000 parroquias.

• El 22% de los concejos asturianos tiene menos de mil habitantes.

• En Asturias existen en la actualidad más de 700 pueblos abandonados.

Extremadura.[9]

• Extremadura tiene 1.079.920 habitantes y un total de 387 municipios.

• 120 pueblos en riesgo de extinción porque tienen menos de 500 habitantes.

• En la provincia de Badajoz el 35,2 por ciento de sus municipios tienen menos de 1.000 habitantes, y en Cáceres el 67,3 por ciento.

• De los pueblos con menos de 1000 habitantes en la provincia de Badajoz, un 8,6 por ciento tendrían problemas de sostenibilidad demográfica, mientras que el porcentaje se incrementa al 28,7 por ciento en el caso de Cáceres.

Por otro lado cabe destacar que existe una amplia región en torno a las montañas del Sistema Ibérico que va desde las provincias de Valencia y Castellón a las de Burgos y La Rioja, pasando por Cuenca, Teruel, Guadalajara, Zaragoza, Soria y Segovia que cuenta con una superficie de alrededor de 60.000 km² pero donde solo están censadas 487.417 habitantes, con una densidad de población de 7,72 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque en amplias zonas no alcanza los 2 habitantes por Km².

Las cifras son alarmante puesto que implican que la mitad de los municipios españoles están en peligro de extinción y ponen de relieve el desequilibrio demográfico-territorial que existe en España y que se ha agravado exponencialmente en los últimos cinco años.

La crisis demográfica que vive el conjunto de las regiones españolas es una realidad que vuelve cada vez más crítica la situación en las provincias azotadas desde hace décadas por la despoblación y que pone de manifiesto la preocupante situación del mundo rural en nuestro país.

El éxodo rural, no solo afecta a la inviabilidad de la estructura administrativa de los municipios sino que nos atañe al conjunto global de la población española desde muchas perspectivas:

– La pérdida de oficios tradicionales que utilizaban el medio natural como fuente recursos han generado una falta de conservación y preservación de la masa forestal y como consecuencia la aparición de graves incendios que ponen en peligro la compensación de la huella ecológica en el desequilibrio existente entre las altas tasas de contaminación y generación de residuos de las ciudades con la sostenibilidad de las zonas rurales.

– Por otro lado, el medio rural genera una generación de individuos más sanos, puesto que la contaminación o las tasas de sedentarismo que tanto preocupan a la OMS por su degeneración en enfermedades crónicas está muy por debajo del entorno al 60% que representa en las urbes. A los beneficios físicos habría que sumar también los efectos psicológicos. El estrés, la ansiedad, y demás afecciones del Sistema Nervioso Central tienen su mayor incidencia en los modelos de vida artificiales basados en el consumismo y asentados en las grande ciudades.

– Nuestros pueblos representan la despensa alimentaria de nuestra sociedad y el desarrollo agroalimentario, produciendo alimentos de mayor calidad y más saludables para el conjunto de la población. Además la industria agroalimentaria constituye uno de los principales sectores económicos del país en términos de empleo, volumen de negocio y exportaciones.

– Y por ultimo, son la salvaguarda de valores humanos, como el respeto, la solidaridad, la colaboración, la honestidad, la integridad y la confianza; y de las tradiciones y valores culturales que confieren nuestra identidad como Nación, y que sin duda, la sociedad rural sustenta desinteresadamente. Como es el caso del mantenimiento del legado histórico, de nuestro folklore y de la conservación de del patrimonio arquitectónico tradicional, que sin su trabajo ya se habría perdido.

Revertir la despoblación de las zonas rurales requiere, en principio, la articulación de una serie de medidas que frene el éxodo por un lado, y genere la repoblación por otro. Este tipo de acciones son una inversión para a garantizar la cohesión social y territorial, y la fortaleza y sostenibilidad de nuestro modelo económico. Se ha de responder al problema de forma estructural articulando las medidas necesarias en coordinación con las distintas administraciones publicas.

Las medidas de urgente aplicación que se deberían tomar serian las siguientes:

1. Elaboración de un informe de estado de situación y objetivos por Provincia. Se elaborará un informe desde el cual iniciar las acciones que a continuación se exponen con el objeto de poder cuantificar los avances que se vayan produciendo. Dicho informe debe partir de la realidad actual en base a las características de cada zona y visualizando cuantificadamente objetivos a corto, medio y largo plazo. Se deben analizar las zonas de prioridad demográfica y diseñar las estructuras municipales necesarias para la prestación de servicios a la población en función de los parámetros demográficos que se determinen, y esto incluye reubicación demográfica de poblaciones de reducido tamaño, zonas de baja densidad, envejecidas o con núcleos dispersos.
2. La Diputaciones como órganos de control y gestión administrativa. Dotar a las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, de las recursos financieros y de las competencias administrativas necesarias, en decremento de las autonómicas, para conseguir una verdadera descentralización, la cercanía al ciudadano y la respuesta rápida y efectiva ante las necesidades de los distintos municipios de la provincia. Las Diputaciones, coordinadas y fiscalizadas por el Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca, deben ser las responsables de la aplicación de estas urgentes medidas para poner freno a la despoblación del medio rural como garantía de los servicios públicos y el fomento del desarrollo económico y social.
3. Presupuestos para una estrategia demográfica. Inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una partida presupuestaria especifica multinivel para atajar el problema demográfico que incluya la inversión de los Ministerio de Vivienda, Fomento, Hacienda, Cultura, Educación, Sanidad y Trabajo.
4. Modificación del modelo de financiación de las entidades locales. En la actualidad, las entidades locales pequeñas, en cuanto a número de habitantes, salen perjudicadas debido a los criterios demográficos de reparto. Se hace necesario un cambio de criterio para evitar el sobrecoste que estas tienen en el suministro en la prestación de servicios públicos básicos, así como la modificación de los criterios de reparto primando la despoblación como una variable positiva y restitutoria en los territorios de riesgo demográfico.
5. Políticas de incentivos globales. Para hacer frente al problema en necesaria un acción conjunta de incentivos como son las bonificaciones y deducciones en el IRPF, en las actividades profesionales y empresariales, subvenciones a la contratación y bonificaciones de las cuotas de la seguridad social para todos aquellos quienes desarrollen su actividad y tengan su residencia habitual en municipios con una masa poblacional inferior a 5000 habitantes. Incentivos para la cotitularidad de las explotaciones agrarias como medio de promoción de la mujer en el medio rural. Al misto tiempo urge articular un plan de estímulos específicos destinados a pymes y autónomos y a la creación de empresas y empleo en el sector agroalimentario, pequeño comercio y turístico del medio rural, primando a aquellas empresas en la adjudicación de contratos públicos que contraten a personas residentes en dichas zonas, garantizando el suministro de las necesidades de consumo, la profesionalización del sector agroalimentario y la inyección de recursos económicos provenientes del sector turístico. Desde el punto de vista del empleo público se debe crear un plan de incentivos económicos y de carrera profesional con el fin de conseguir fijar la residencia habitual de los servidores públicos en la zonas rurales donde estén destinados.
6. Plan Nacional de Vivienda de protección social en el medio rural. Para lograr fijar la residencia en el entorno rural lo primero que se debe poder ofrecer es acceso a una vivienda digna en dichas zonas. Con este plan se pretende construir, rehabilitar, o captar viviendas vacías del medio rural para ponerlas al servicio de la política de despoblación y conseguir ofrecer primeras residencias de calidad, en régimen de alquiler o venta, a unos costos muy bajos no especulativos, limitando las transmisiones entre particulares posteriores con el fin de evitar el aumento de los precios. El desarrollo de este plan de viviendas debe de ser coordinado desde las Diputaciones provinciales en base a las necesidades de la población previamente diseñadas.
7. Inversión en las redes de comunicación y reindustrialización. Dotación presupuestaria desde el Ministerio de Fomento para la inversión en mantenimiento, reparación y nuevas infraestructuras en la red de comunicación vial con el fin de garantizar la rapidez en el acceso a los servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales y comerciales) y a las vías de comunicación interprovinciales e internacionales, (autopistas, autovías, aeropuertos y fundamentalmente ferrocarriles). Inversión en la reindustrialización de zonas en decadencia y en las que sea necesario impulsar la implantación industrial. Garantizar la movilidad de la población por medio de la reconfiguración del transporte público en base a la demanda del medio rural.
8. Inversión en la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional. Partidas presupuestarias cuyo fin sea el mantenimiento del legado histórico y la conservación del patrimonio arquitectónico tradicional del medio rural puesto que no solo nos confiere nuestra identidad como nación sino que es una fuente de recursos económicos importantes provenientes del turismo para las zonas rurales.
9. Plan de comunicación digital en el medio rural. El acceso a internet de alta velocidad es una de las claves del desarrollo económico y social. Urge la aceleración de la Agenda Digital para España en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Administración Electrónica. Todos los municipios de más de 1.000 habitantes tiene que tener conexiones de más de 100 Mbps y el acceso de todos los hogares y empresas españolas a la banda ancha de al menos 30 Mbps que en la actualidad no llega al llega al 19% de la población española. Las cifras de territorio que cubren con sus redes 3G varían según las operadoras y muchas de ellas no invierten por las bajos ratios de retorno. La administración publica debe asumir el papel de garantizar estas zonas de cobertura potenciando el acceso telefónico y la calidad de las conexiones móviles.
10. Fondos presupuestarios para garantizar los servicios en el medio rural. El acceso a la educación hasta los 3 años en las zonas más deprimidas demográficamente y el acceso a los servicios sanitarios deben ser una de la prioridades básica que desde las Diputaciones provinciales se deben garantizar a través de la asignación de fondos presupuestarios del estado. Coordinar por medio de estas una red de servicios de guardería de proximidad para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral, y por otro lado, en el marco de la garantía de derechos de los ciudadanos, se debe comprometer el acceso a los servicios sociales(especialmente las personas en situación de dependencia o discapacidad) y obligar a las instituciones financieras a la prestación de los servicios bancarios en el medio rural.
11. Defensa de la Vida. Aumento de la natalidad. No es razonable que mientras existe un problema de despoblación importante en el medio rural se promocionen y se financie desde la administración pública el aborto como un medio anticonceptivo. Urge la creación de un Ministerio de familia que proteja e incentive por medio de bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias. Dotando anualmente en los Presupuestos Generales del Estado de una prestación universal por hijo y ayudas especiales a la natalidad que tengan en cuenta las características de los espacios rurales en cuanto a su prioridad demográfica. Haciendo énfasis en el establecimiento de bonificaciones impositivas para familias con hijos residentes en el medio rural bajo criterios objetivos.
12. Plan de medidas de urgente aplicación en la política agraria española.

Aumentar la competitividad del sector.

Mejora y potencialización de los seguros agrarios.

Medidas para evitar la volatilidad del mercado.

Promover la diversificación de las rentas de los agricultores con ayudas a la inversión.

Acuerdos marco para la importación de fertilizantes.

Priorizar la política agrícola española sobre la política agrícola común.

Fomentar y reconocer la producción sostenible y multifuncional.

Simplificación y reducción de cargas administrativas.

Mecanismos públicos para evitar las prácticas abusivas y desleales.

Patriotismo económico y unidad de acción.

[1] Instituto Nacional de Estadística (INE). SBD Estudios. 2016

[2] Cifras de Población INE. Series detalladas. 2015.

[3] Datos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

[4] Instituto Nacional de Estadística (INE). SBD Estudios. 2016

[5] Instituto Nacional de Estadística (INE). SBD Estudios. 2016

[6] Instituto Nacional de Estadística (INE). SBD Estudios. 2016

[7] Instituto Nacional de Estadística (INE). SBD Estudios. 2016

[8] Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

[9] «La sostenibilidad demográfica de la España vacía». Centro de Estudios Demográficos de la UAB