Las manifestaciones de las últimas semanas relativas a la sanidad – en Madrid y en otras partes de España- y sobre todo las interpretaciones que se hacen de las mismas por parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos, pone el punto de mira en el que pasa pero no en el porqué pasa.
A casi nadie se le escapa que la sanidad en España es una competencia transferida a las CC.AA., lo que hace de la misma un desatino puesto que este servicio básico – como lo debía ser la educación– debiera ser una cuestión nacional, estatal, de país… protegida, planificada y gestionada de manera global para garantizar la prestación igualitaria universal que garantice la misma prestación, carta de servicios e instalaciones para cualquier ciudadano español.
Si algo ha demostrado esta fragmentación en 17 modelos autónomos e incluso competitivos entre si de sanidad es que se han fomentado sistema de gestión muy diferenciados, con porcentajes de financiación dispares que demuestran la renuncia a un Sistema Nacional de Salud, logrando que el Ministerio de Sanidad sea un simple elemento decorativo y nuestra sanidad un modelo ineficiente, como se pudo comprobar en la pandemia, donde la escasez de recursos o una simple capacidad normativa de coordinación evitaron salvar muchas vidas.
España va camino de demostrar que es un Estado fallido con una estructuras descentralizadas ineficaces e insolidarias en muchos aspectos pero en el tema sanitario que nos ocupa, esta negligencia tiene tintes criminales. Un Estado que quiere proteger a sus ciudadanos no puede consentir que la mortandad y/o la calidad de vida dependa del lugar de residencia y por tanto del modelo sanitario de atención primaria u hospitalaria que el gobierno regional de turno haya decidido adoptar en uno u otro momento.
La sanidad – y me repito, también la educación – debería volver a ser una competencia del gobierno central que planificara bajo el control del parlamento la política sanitaria, decidiendo con visión de país las infraestructuras – tanto hospitalarias como de atención primaria-, la financiación y la formación, estructura y salarios del personal necesario para un servicio sanitario de calidad. Y ahí, solo ahí, transferir a las CC.AA. la gestión administrativa – y cotidiana- de ese servicio como parte del Estado que son. No como un reino de taifas al albor de la ocurrencia de turno sino como parte de la estructura de gestión de Estado.
Lo que tenemos ahora es la enésima chapuza emanada del “bienintencionado “ estado de las autonomías que ha demostrado que requiere de una pasada por la cocina para afrontar reformas profundas que garanticen que el Estado del Bienestar y los modelos de prestación de servicios públicos que se supone queremos garantizar sean viables, sostenibles y percibidos por la ciudadanía como algo propio a defender – y respetar – y no como la enésima oportunidad de negocio y de pelea partidista de bajo pelaje.
Decía Winston Churchill que “el político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Falta hace.