La actual perspectiva a la que se enfrenta el sector de la agricultura en España está plagada de contradicciones. Éstas se incrustan prácticamente en todos los actores que la componen, desde las políticas agrarias hasta los propios consumidores finales, pasando por autoridades, agricultores, sindicatos, asociaciones empresariales y distribuidores.

El hecho, demostrable, perjudica de un modo global y evidente a la totalidad de un sector que se encuentra íntimamente relacionado con la ganadería, las industrias alimentarias y actividades como la caza o la pesca, entorpeciendo la labor correcta y ética de todas las partes y, por ende, del conjunto, e imposibilitando la consecución de una agricultura viable, eficiente y competitiva.

El principal problema que se deduce de esta reflexión es que, a simple vista, la culpa de nadie y es de todos; por tanto, para poder solucionar o reajustar un área tan compleja como el agrícola, es necesario reflexionar sobre dónde radican los verdaderos conflictos en cada una de las partes que intervienen. Tratemos de analizar algunas de las grandes contradicciones que, dada su naturaleza y el tiempo que llevan dándose, llegan, incluso, a considerarse como algo sistémico, reiterando el perjuicio que se genera, innegablemente, en torno al funcionamiento del sector; comencemos por uno de los agentes más importantes y de mayor peso en la cadena de un producto agrícola: LOS CONSUMIDORES.

El pasado año 2016 se realizó la I Encuesta sobre Percepción e Imagen de la Agricultura Española; corrió aquélla a cargo de una consultora contratada por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (empezamos mal si esta primera indagación tiene que ser ordenada por un organismo con intereses económicos privados). A continuación se muestran algunas de las conclusiones extraídas; apréciense las contradicciones.

• El 65% de los encuestados cree que la agricultura utiliza una gran cantidad de tecnología en la actualidad.
• El 64% cree que la agricultura es una actividad que se nutre, mayoritariamente, de personal no cualificado.
• El 48 % afirma que se trata sector muy industrializado.
• Sólo el 7% de los interrogados es consciente de que nuestro país es el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo.
• Ocho de cada 10 españoles no saben que el área emplea a más de dos millones de personas en España.
• Los principales factores que condicionan la compra de productos hortofrutícolas son, de mayor a menor importancia e incidencia: precio, sabor, aspecto, estacionalidad, vitaminas y nutrientes, origen geográfico y sistema de producción.
• Únicamente el 8% conoce el hecho de que la agricultura integrada se halla estrechamente vinculada al respeto al medioambiente y combina la vía convencional y la ecológica.

Si reflexionamos brevemente sobre los resultados, comenzamos a detectar la complicación que supone la ordenación del área desde la base: la educación del consumidor. ¿Nos parece sensato que una agricultura que utiliza alta tecnología se encuentre en manos de personal no cualificado, siendo líderes mundiales de exportación hortofrutícola? ¿Y que el sistema de producción sea el último factor determinante para la compra del producto? Pues resulta que los consumidores enviamos señales contradictorias al resto de los agentes que intervienen; señales que se van amplificando de un elemento del sector a otro y dan lugar a que cada uno proponga soluciones parciales según sus intereses.

El siguiente eslabón que podemos observar es el de la DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. Para empezar, mensaje que se nos ofrece de los consumidores es, de nuevo, contradictorio en muchos aspectos: si los principales parámetros tomados en cuenta por éstos a la hora de realizar la compra son siempre precio, sabor, aspecto y estacionalidad, es lógico pensar que la distribución y la comercialización centren sus esfuerzos en ofrecer productos a precio asequible y calidad aceptable, y durante el mayor período de tiempo posible. Sin embargo, nos topamos con que el mencionado eslabón, el que posee más información acerca del consumidor, emplea ésta de manera legal para el incremento de las ventas, otorgando prioridad al principal factor de incidencia (el precio) y eludiendo los otros. En resumen: al tiempo que utiliza arbitrariamente la información de que dispone, mismo departamento que considera a consumidores y agricultores (clientes y proveedores) “difíciles de parametrizar” traslada a sus destinatarios unos datos claramente sesgados que actúan, sin duda alguna en su propio beneficio. Cabe destacar, no obstante, que esta manera de proceder revierte finalmente en perjuicio del mismo eslabón, que ve cómo su imagen de cara al usuario queda harto deteriorada; muchos son los inconvenientes y, por consiguiente, las quejas, pero se aprovecha la habitual despreocupación, la desinformación que los consumidores tienen de los agricultores y la que los agricultores albergan con respecto a los consumidores, y se fomenta, así, el mal funcionamiento de un proceso que podría beneficiar, en mayor medida, a otros eslabones de la cadena, fomentando nuevos referentes alimenticios.

La tercera parte fundamental, LOS AGRICULTORES (que, en sentido literal, se consideran “actor principal” del entramado) supone, sin embargo, una simple consideración perjudicial para la mayoría. De este modo, al tiempo que se esfuerzan en mejorar sus procesos de producción, mecanizan e incorporan tecnología y realizan inversiones, se da un evidente descuido estructural de las preferencias del mercado y las técnicas de distribución y comercialización, salvo honrosas excepciones que han realizado un gran esfuerzo para atender estos dos aspectos fundamentales.

En definitiva, muchas son las veces en que observamos al sector agrícola español con 3 de los 4 principales intervinientes cayendo en importantes contradicciones, así como dando pie a un flujo deficiente de información útil para las partes; todo se refleja en producciones que no se adaptan a la demanda, demandas que no son cubiertas por el mercado y una distribución que sólo aprovecha los desajustes entre producción y oferta y demanda para su propio beneficio. Y aún nos queda otro actor principal que condiciona al resto.

Por último, entran en juego LAS AUTORIDADES Y SUS REGULACIONES POLITICAS. El sector agrícola dispone de numerosas normativas, regulaciones y ayudas que condicionan en gran medida las actuaciones de agricultores, distribuidores e, incluso, consumidores; en numerosas ocasiones, además, lanzan mensajes erróneos a los agentes y se exponen a que éstos los interpreten en función de sus intereses. Tanto las directrices europeas como las trasposiciones nacionales o las medidas autonómicas no están enfocadas a muchas de las necesidades de clientes y proveedores, no establecen medidas de seguimiento y no afrontan los problemas del sector. Todas estas cuestiones continúan agravando las contradicciones de un área cuya gestión y regulación es ya, de por sí, altamente complicada.

Las políticas agrarias y alimentarias afectan directamente a todos los intervinientes… y a todos descontentan. ¿Cómo es posible que el desperdicio alimentario en hogares se sitúe en el 42%; la fabricación, en el 39%; la restauración, en 14%; y la distribución, en 5%, a la vez que un gran número agricultores no cubre sus gastos de producción? ¿Debemos tolerar que el sector de distribución y comercialización dirija y oriente las compras de los consumidores? ¿Es ético que haya agricultores que utilicen el dinero de la Política Agraria Común (PAC) para renovar su coche? ¿Es lógico que las políticas agrarias no establezcan sinergias entre las partes ni establezcan procedimientos de inspección más eficientes?

Es fácil toparnos con todos estos problemas en multitud de cadenas de alimentos, en el recorrido que éstos realizan desde el campo hasta la mesa del consumidor. Es fácil detectar:

• Normativas que ofrecen ayudas a jóvenes emprendedores agrícolas con unas condiciones muy rígidas y sin apenas fondos económicos.
• Ayudas a empleados agrícolas por trabajar durante 20 días.
• Ayudas a propietarios por no cultivar.
• Gestión de empresas agrícolas en manos de personal no cualificado.
• Utilización de ayudas públicas para fines no relacionados con el negocio agrícola.
• Investigaciones y desarrollos que no llegan al campo ni se reflejan en el producto final.
• Cambios de normativas que obligan a reestructurar instalaciones y maquinaria en perfecto estado.
• Agricultores que destruyen alimentos por no poder cubrir sus gastos de producción, mientras el consumidor se ve obligado a comprarlos por un precio diez veces mayor.
• Importaciones de productos de otros países, que coexisten con las penalizaciones impuestas a los cultivos en España.
• Informaciones restringidas a consumidores, según intereses.
• Consumidores que desconocen el sector.

En definitiva, está claro que la agricultura española padece numerosas contradicciones, y bien es cierto que cada actor ha de asumir su parte de culpa; no obstante, las políticas agrarias deben comenzar a establecer un orden sensato que permita al agricultor eficiente y profesional desempeñar su actividad con tasas coherentes; a la distribución y comercialización, aportar su valor añadido a un precio justo; y a un consumidor medio, la información necesaria para ser educado en el valor de los productos alimentarios y en el aprovechamiento de los mismos. Éste sería el mejor camino para lograr un sector avanzado, económicamente viable para todas las partes, competitivo y de referencia.