La idea de extender el modelo del «cupo» vasco y navarro a otras comunidades como Cataluña, tal como se plantea actualmente, representa sin duda una amenaza directa al principio de igualdad -ya de por si, solo reflejado en el papel, no en la práctica- entre los ciudadanos del Estado. El sistema de concierto económico vigente en el País Vasco y Navarra —un régimen foral privilegiado heredado de circunstancias específicas— ya genera importantes desigualdades fiscales entre territorios. Reproducir este modelo de forma limitada en ciertos territorios para contentar a determinadas fuerzas políticas no haría sino agravar un sistema autonómico cada vez más desequilibrado y fallido.

El problema del cupo no es sólo técnico, que lo es y mucho, sino profundamente político. Permite a ciertas comunidades recaudar y gestionar la totalidad de sus impuestos, y luego pactar una cantidad a entregar al Estado central. En la práctica, este modelo ha derivado al no estar basado en el interés general del conjunto del pueblo español, sino en los de ciertos territorios y de coyuntura política, en privilegios difíciles de justificar desde una óptica de solidaridad interterritorial o de modelo de País.

Llevar este modelo a Cataluña —presentado como una solución mágica al “conflicto catalán”— sienta un precedente peligroso: convierte la financiación autonómica en una cuestión negociada otra vez más al margen del interés general. Más allá del rechazo a nuevos privilegios fiscales, lo que urge de verdad es una reforma profunda del sistema tributario y de financiación en España, que garantice que todas las administraciones —estatales, autonómicas y locales— sean corresponsables, con todas sus consecuencias, tanto del gasto como de los ingresos. Solo un modelo basado en la equidad, la suficiencia y la responsabilidad fiscal compartida puede sostener un Estado moderno, cohesionado y justo. Lo actual, tanto el “yo bajo los impuestos sin freno a quienes más tienen a costa de destrozar los servicios públicos que cohesionan la sociedad y luego echo la culpa a otros” o el “yo derrocho que luego ya echaré también la culpa a otros y pediré que me rescaten”, demuestran que el régimen del 78 ha tenido un desarrollo fallido y fracasado en lo territorial. Y ha generado castas políticas ineptas y ciudadanos idiotizados en lo fiscal y en tantas otras cosas más. Descentralizar la prestación de servicios no es incompatible con un modelo coherente y eficaz en cada metro del país. Todo lo contrario.

Ya que el debate esta abierto, no por la necesidad real que existe de modificar el modelo, sino por la miseria política y la precariedad parlamentaria, sería sensato aprovechar esta reforma para poner encima de la mesa, de verdad, con sincera visión y misión socialpatriótica, el estudio de la elevada carga fiscal que soportan las clases populares y trabajadoras – las productivas, no las parasitarias- , evaluando si el sistema es realmente progresivo y habilitar vías para aligerar la carga impositiva sin recortar, sino todo lo contrario, los servicios esenciales, mediante una reducción decidida del gasto superfluo y de las absurdas duplicidades administrativas.