La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, popularmente conocida como Ley de Dependencia fue aprobada el 14 de diciembre de 2006, promovida por el Gobierno de Zapatero y con el consenso de todas las fuerzas políticas.

La norma obliga al Gobierno central a cubrir el 50% del gasto, sin embargo la realidad es que son las administraciones autonómicas las que se han visto obligadas a hacerse cargo del grueso de la financiación puesto que la administración central apenas aporta el 20% del gasto. Esto supone que nuevamente existan españoles de primera o de segunda según la comunidad autónoma donde residan. Existiendo una diferencia notable en el grado de servicios y cobertura en función de la comunidad autónoma.

En España hay más de 1.304.312 personas en situación de dependencia reconocida y otras 128.568 pendientes de valoración. Un 3% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad. De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65%) y un tercio (35%) son hombres. El 72,5% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,5% del total.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de los 8.125 municipios que hay en España, 1.286 pueblos tienen menos de 100 habitantes, siendo los mayores de 65 años el 75% de la población. Estos datos unidos a que el 31,1% de la población rural española se encuentra en riesgo de exclusión social, según señala la tasa AROPE, el indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión social del último informe de European Anti Poverty Network para España, hacen necesaria una reflexión y la adopción de medidas políticas urgentes relacionando dependencia con despoblación del mundo rural y falta de servicios de asistencia en él.

Y sobre todo teniendo en cuenta que alrededor del 20% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tienen pleno derecho a las mismas. Esto afecta en Andalucía a 75.097 personas y a sus familias. Lo que representa una tasa limbo del 26,1% que aún se halla muy alejada del 20% de media del total de CC.AA. No obstante existe un incremento del 7,89% sobre el ejercicio anterior en Andalucía sobre el saldo neto de personas atendidas pero sólo se han reducido a Teleasistencia (32%) y a ayuda a domicilio fundamentalmente.

El mantenimiento del sistema en Andalucía cuesta más de 1.400 millones €, de los cuales la CCAA aporta el 78% del gasto público, y la AGE el 22% restante. En línea similar a la media nacional, los usuarios andaluces aportan de forma privada al sistema el 20,4% de la financiación, mientras que el Estado se sitúa en el 17,6%. Por su parte la Comunidad Autónoma de Andaluza aporta al Sistema de la Dependencia más de 870 millones de €, lo que viene a representar el 78% del Gasto Público, y la AGE 246 millones €, apenas un 22% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 440 millones € en 2018.

Después de 13 años de la aprobación de la Ley podemos concluir que fue una norma cargada de buenas intenciones pero mal concebida, mal ejecutada e infradotada desde el punto de vista financiero. Por ello proponemos las siguientes medidas:

1.- Darle la competencia en materia de dependencia a las CCAA y la falta de financiación estatal ha supuesto, la burocratización del sistema, la falta de agilidad en la atención, la falta de recursos, y la falta de cercanía en la solución de los problemas más inmediatos.

2.- Designar a las Diputaciones como órganos de control y gestión administrativa. Dotar a las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, de las recursos financieros y de las competencias administrativas necesarias, en decremento de las autonómicas, para conseguir una verdadera descentralización, la cercanía al ciudadano y la respuesta rápida y efectiva ante las necesidades de los distintos municipios de la provincia. Las Diputaciones, coordinadas y fiscalizadas por los distintos Ministerios, deben ser las responsables de la aplicación de estas urgentes medidas para poner freno a la tasa limbo del medio rural como garantía de los servicios públicos y el fomento del desarrollo económico y social.

3.- Modificación del modelo de financiación de las entidades locales. En la actualidad, las entidades locales pequeñas, en cuanto a número de habitantes, salen perjudicadas debido a los criterios demográficos de reparto. Se hace necesario un cambio de criterio para evitar el sobrecoste que estas tienen en el suministro en la prestación de servicios públicos básicos, así como la modificación de los criterios de reparto primando la despoblación como una variable positiva y restitutoria en los territorios de riesgo demográfico.

4.- Fondos presupuestarios para garantizar los servicios en el medio rural en el marco de la garantía de derechos de los ciudadanos, se debe comprometer el acceso a los servicios sociales a las personas en situación de dependencia o discapacidad.

5.- Un programa especifico para los jubilados debería incorporar acciones determinantes en el abaratamiento del coste de la vivienda, adecuación de las viviendas a sus necesidades, la reducción o eliminación de impuestos durante los próximos 10 años y la incorporación de un programa de dependencia que asegure la calidad de vida, el aprovechamiento de sus capacidades intelectuales y experiencias al servicio de la comunidad, y la reestructuración administrativa para facilitarles el acceso a los servicios sociales básicos.