En los últimos años, la mayoría de países occidentales han experimentado un descenso brusco en sus tasas de natalidad, lo que supone un reto significativo para nuestro modelo económico, social y cultural a largo plazo. Ante esta situación, es imprescindible que los gobiernos implementen políticas activas de natalidad para fomentar el crecimiento demográfico y garantizar un equilibrio sostenible en la estructura poblacional. Pero de la de verdad, no de las de campaña publicitaria en los medios amigos.
Uno de los principales argumentos que se usan en los debates públicos a favor de una política de natalidad es su impacto en el mercado laboral y en lo relativo a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Con tasas bajas y un envejecimiento de la población, la proporción de personas en edad de trabajar disminuye en relación con los jubilados. Esto genera una presión económica difícilmente sostenible sobre nuestro sistema de seguridad social y los servicios públicos esenciales. Cierto es que las pensiones tienen otros problemas añadidos, además del vuelco de la pirámide poblacional, que los propagandistas liberales y del apocalipsis no señalan: los bajos salarios y por tanto la menor recaudación y otras ayudas como las no contributivas, orfandad, familias…, que debieran estar fuera del cálculo de este sistema y sustentadas directamente por los presupuestos generales del estado. Pero es cierto que el incentivar la natalidad, garantiza un relevo generacional adecuado y una base laboral a priori suficiente para sostener un deseado modelo de bienestar social.
Para que una política de natalidad sea efectiva, es fundamental que los gobiernos implementen medidas concretas que faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar. Entre ellas, destacan la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, la flexibilización de horarios laborales, la creación de incentivos fiscales para familias con hijos y el acceso universal a guarderías y educación infantil de calidad. Estas acciones no solo fomentan el aumento de la natalidad, sino que también contribuyen a la equidad de género y al bienestar de las familias.
También es importante señalar que el apoyo gubernamental a la natalidad no solo debe centrarse en aspectos económicos, sino también en la promoción de una cultura favorable a la familia. Es necesario generar un entorno donde tener hijos sea visto como una opción viable y deseable, reduciendo barreras socio-económicas y promoviendo valores de solidaridad intergeneracional. La visión del “whiskas, satisfayer y lexatin” que tan bien nos regaló Esperanza Ruíz, es totalmente descriptiva. Una sociedad que solo mira por el placer inmediato y volatil, no es una sociedad sana. Pero en esas estamos.
En conclusión, una política de natalidad activa es esencial para garantizar el equilibrio poblacional, la sostenibilidad económica y el bienestar social. Los gobiernos deben asumir un papel proactivo en la creación de condiciones que faciliten y promuevan la formación de nuevas familias, asegurando así un futuro próspero y estable para las próximas generaciones, que no requiera la importación de un ejercito de reserva, en forma de mano de obra barata extranjera, como desean las élites económicas. Una gran duda me surge ¿opinarían lo mismo si esta mano de obra fuera cualificada y les quitaran sus empleos o redujeran sus salarios? Otro gallo cantaría… pero ya es materia para otro artículo.