“Es muy difícil que algún andaluz entienda que una abogada del Estado no sepa que las políticas migratorias son competencias del Gobierno de España”, subrayó ayer el eterno candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en una rueda de prensa posterior al debate de candidatos emitido por TVE. “Ese día no fue a clase o no se lo preguntaron en el examen de fin de carrera”, añadió para culminar un reproche a través del cual pretendía dejar en evidencia a la candidata de VOX ante un teórico desconocimiento de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de inmigración ilegal por parte de Macarena Olona.
Durante el desarrollo del debate electoral, Olona expuso lo que bien recoge su decálogo de propuestas en materia de inmigración ilegal: eliminar las ayudas públicas que promuevan el efecto llamada a la inmigración ilegal, presionar para la devolución de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen o establecer una red de colaboración en materia migratoria con el Cuerpo Nacional de Policía a fin de establecer unas sinergias más que necesarias en estos momentos. Asuntos todos, en manos de la Junta de Andalucía.
Ignorantia juris non excusat, dice el conocido principio de Derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos. Y está claro que en este punto es el Sr. Marín el que no solo desconoce las propuestas de la candidata con la que debatió en la televisión pública, sino que también evidencia altas dosis de ignorancia en lo relativo a las competencias de la administración autonómica que dice haber gestionado con eficacia.
Estrategia Andaluza para la Inmigración
Cuando VOX propone eliminar las ayudas públicas que promueven el efecto llamada no se refiere a aquellas partidas económicas que el Gobierno de la Nación pueda o no ejecutar sobre aquellas organizaciones humanitarias de índole nacional. Podría ser el enfoque que busca Juan Marín o su presidente, el Sr. Juanma Moreno, pero no, el programa de Olona pone el foco sobre aquellas partidas públicas que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha ejecutado dentro del marco de la desconocida Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021 – 2025.
Hago referencia a una “desconocida” porque el propio ejecutivo andaluz se ha encargado de llevar con sumo sigilo la ejecución de la práctica totalidad de partidas económicas que ha destinado a diferentes entidades encargadas de gestionar la inmigración ilegal que llega a costas andaluzas. La denominada Estrategia Andaluza para la Inmigración es un símil del Pacto de Marrakech que, también en silencio, suscribió Sánchez allá por diciembre de 2018.
En el marco de la citada “estrategia”, el Sr. Juanma Moreno ya aprobó en enero de este año un paquete de más de 100 subvenciones a organizaciones humanitarias, asociaciones y ayuntamientos. Partidas económicas que ascendían a más de dos millones de euros en este primer ejercicio de ejecución y que se destinaban en su práctica totalidad para la atención e inclusión de aquellos sujetos que acceden a territorio español por la vía de la ilegalidad. De esta forma, el Gobierno de la Junta de Andalucía se asegura que un amplio número de organizaciones humanitarias puedan seguir ofertando plazas de acogida para inmigrantes ilegales que en más del 60 por ciento de las ocasiones, proceden de Argelia o Marruecos, según los últimos informes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF). Estadísticas nacionales que en Andalucía se ven incrementadas ante la alta presión migratoria que registra la provincia de Almería a través de la ruta argelina.
Así, la Junta de Andalucía que preside el Sr. Juanma Moreno y de la que el Sr. Juan Marín es vicepresidente, atiende a miles de inmigrantes ilegales que en una inmensa mayoría no precisan de asilo ni de protección internacional según la legislación vigente. Una inmigración ilegal que debería ser retornada a origen en cumplimiento de las actuales normativas de extranjería, pero que sin embargo, es acogida por un tejido de entidades subvencionadas de forma directa e indirecta –a través de un amplio número de corporaciones locales– por el Gobierno andaluz que con este sistema garantista, crea un evidente efecto llamada que ya ha traído a más de 40.000 inmigrantes ilegales a costas andaluzas en los últimos tres años, según estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Menores Extranjeros no Acompañados en Andalucía
En este sentido y según reconocía la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación dirigida por el partido del Sr. Juan Marín, más de 5.600 menores extranjeros no acompañados (menas) han sido tutelados por el actual Gobierno de la Junta de Andalucía en la presente legislatura, cifras que fueron facilitadas por la citada consejería el pasado 31 de enero a través de Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).
Cabe destacar que acorde a lo publicado en el mencionado BOPA, el actual Gobierno de Juanma Moreno ha acogido en el sistema de tutela autonómico durante la presente legislatura a un 5% más de menas que los que tutelase su predecesora, Susana Díaz, en el año 2018. Aquel año la inmigración ilegal batió récords en España, con más de 64.000 entradas ilegales, según estadísticas del Ministerio del Interior.
Ya en septiembre del año 2018, el fiscal coordinador de familia y protección de menores de Sevilla, Daniel Valpuesta, lamentó la falta de medios económicos para la atención de los menores y el hecho de que no prosperasen ninguno de los cuatrocientos expedientes de repatriación abiertos por su departamento durante aquel ejercicio. Llegó a confirmar que la llegada de menas a Andalucía se incrementó en un 575 % y que en ese momento eran 4.798 los menores atendidos, una cifra que para la Fiscalía de Sevilla suponía el «desbordamiento» de un problema que «se les había ido de las manos».
Así, Daniel Valpuesta evidenció una existente irregularidad a la hora de ejecutar las expulsiones de aquellos menores extranjeros acompañados que no debían permanecer en los sistemas de tutela autonómicos, problemática que según evidenciaba el propio Gobierno de la Junta de Andalucía en BOPA reseñado con anterioridad sigue estando presente ante datos que ponen de manifiesto cómo la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, tutela a un 77,65% de menores extranjeros no acompañados pese a haber cumplido 18 años o encontrarse rozando la mayoría de edad. Así, apenas un 22% de estos supuestos menores se encontrarían en una franja que va desde menos de 15 años hasta los 16 que pudiese justificar su ingreso en los sistemas de acogida de la Comunidad Autónoma.
La acogida de estos menores extranjeros no acompañados por parte de la Junta de Andalucía ha supuesto al erario público andaluz un desembolso de al menos 47 millones de euros desde que el Sr. Juanma Moreno llegó a San Telmo.
Tarjeta sanitaria andaluza para inmigrantes ilegales
Desde los primeros meses de legislatura la formación de Santiago Abascal ha querido esclarecer un asunto que siempre ha resultado de gran incomodidad para el presidente de la Junta de Andalucía. Ya en las primeras sesiones celebradas en el Parlamento de Andalucía se hizo alusión al asunto de las tarjetas del Sistema Andaluz de Salud en posesión de miles de inmigrantes ilegales que por esta vía vienen disfrutando desde hace años de la gratuidad de la sanidad andaluza.
En una pregunta formulada al presidente de la Junta de Andalucía por el entonces portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Andalucía, Alejandro Hernández, la formación instó al ejecutivo andaluz para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) facilitase los datos de los beneficiarios de estas tarjetas sanitarias, una colaboración policial indispensable para así poder identificar a la inmigración ilegal que disfrutaba del derecho sanitario con cargo a las arcas autonómicas.
En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía eludió cualquier tipo de responsabilidad excusándose con el eterno argumento de que las competencias de inmigración corresponden al Ministerio del Interior. Sin embargo, sí que reconoció en sesión parlamentaria que un total de 32.376 inmigrantes ilegales gozaban de asistencia sanitaria pagada por la Comunidad Autónoma, regulación que en dicho caso compete a la Consejería de Salud y Familias dependiente de la Junta de Andalucía.
Desde aquel entonces Juanma Moreno ha sido esquivo, pese a comprometerse a solucionar el problema en el año 2019. Así, cuando el decálogo de Macarena Olona hace alusión directa a una necesaria red de colaboración con las FCSE, no se refiere a otro problema que el heredado tras décadas de socialismo en Andalucía y al que hasta el momento, el Gobierno andaluz no ha puesto ninguna solución.
En resumen, quien parecía desconocer en este punto las atribuciones competenciales de administración autonómica en materia de inmigración era más bien el Sr. Juan Marín y no la candidata de VOX a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona.