En una sociedad sana, que no es el caso de la nuestra, la escandalosa actuación de Pedro Sánchez y no me refiero solo a sus políticas, a sus mentiras o sus vaivenes para mantenerse en Moncloa, le habría llevado no a dimitir sino a que sus compañeros y sus votantes le sacaran a gorrazos del poder. Las actividades de su esposa no son una cuestión cuantitativa – que eso lo dirimirán los tribunales- sino cualitativa.
Que se haya fomentado, permitido y ordenado desde la Moncloa, que la esposa del presidente del Gobierno satisfaga su ego con concesiones directas del poder económico y educativo para sentirse importante, es éticamente repudiable y debería ser incompatible para liderar un país.
El hecho de que a una no licenciada sin una trayectoria profesional brillante que la avale y solamente por compartir techo – y lecho- con el primer ministro, se la regale una cátedra universitaria pública a la que se riega con fondos e inversiones de empresas participadas por el Estado, a lo que hay que añadir las relaciones complejas con otros empresarios que van surgiendo en la investigación es absolutamente indecente y no sería tolerado en ese espacio, que tanto les gusta declamar, de las “democracias consolidadas de nuestro entorno”.
Pero hay algo que aún más lamentable. El coro de palmeros mediáticos que acompañan a los compañeros de partido aplaudiendo la indecorosa actitud de tomar como propiedad las instituciones y considerar que se cuenta con patente de corso para hacer y deshacer al antojo de los intereses particulares del gobernante, ya sean de índole político o amorosos.
Igual de insano, no lo duden, es la actitud que en la otra orilla se mantiene ante la confusión de los intereses particulares del entorno de Isabel Díaz Ayuso con la administración que gobierna. No es presentable que sus parejas, familiares o amigos hagan negocios y fortuna en contratos directos o indirectos con la Comunidad de Madrid y menos aún lo es, que el coro de aduladores y estómagos agradecidos profesionales haga defensa ciega de lo que, podrá ser legal mientras un juez no dicte lo contrario, pero representa un uso abusivo y poco casual de recursos y contactos públicos para hacer buenos negocios, incompatible con lo que debiera ser un buen gobierno.
El problema, el más grande, es que esas relaciones no son anécdotas sino que forman parte del ADN institucional y empresarial, donde al albor del romance poder político con las élites económicas se hacen gran negocios a costa de los recursos económicos que salen de los esquilmados sueldos de los españoles. Hay miles de begoñas, pedros, isabeles o albertos. Y los hay en todos los niveles.
La inacción, cuando no tolerancia y comprensión, de la sociedad civil ante lo que vemos es uno de los reflejos de la decadencia moral en que nos hemos sumergido. Una sociedad del espectáculo donde la apropiación de lo que es de todos por parte de algunos pocos, solo se condena si es ejercida con los contrarios. Cuando los contrarios deberían ser todos los que nos roban y además nos toman el pelo. Los mismos, unos y otros, que se escandalizan y claman, por el hecho de que un partido como Vox haya cumplido, no entro si con razón o sin ella, lo que anunció que haría. Escándalo.