En las democracias representativas, la percepción subjetiva de los electores acerca de las intenciones de los candidatos, y no lo que estos realmente se propongan, será lo que definitivamente decante el apoyo a unas u otras listas. Es obvio, e inevitable, desde que el derecho al sufragio lo obtienen los ciudadanos al concluir su adolescencia, sin distinción entre perspicaces e ingenuos. Y no se trata de una cuestión baladí, pues si la experiencia nos demuestra que no tienen por qué coincidir los programas electorales -esos documentos que casi nadie llega a leer y que en nada obligan a sus redactores- con la acción de gobierno finalmente desarrollada, y ni siquiera dichos programas con lo que cada elector supone acerca de su contenido y propuestas, podemos considerar muy probable que los partidos políticos ganan y pierden las elecciones en razón de sobrentendidos, prejuicios y malentendidos, que poca o casi ninguna relación mantienen con la realidad. Tomemos como ejemplo el curioso caso del Partido Popular.
En 1977, Adolfo Suárez decidió el restablecimiento como órgano de gobierno preautonómico de la Generalidad de Cataluña, dando gratuitamente carta de naturaleza a la fantasmagórica presidencia en el exilio de Josep Tarradellas. Dado que Suárez nunca será recordado por su profundidad intelectual, tiendo a creer que actuó de modo inconsciente, pero al mismo tiempo que Tarradellas -antiguo Conseller en Cap y racista confeso[1]– se instalaba en el Palacio de San Jaime de Barcelona, se entronizaba en la realidad política catalana un principio axiomático jamás desmentido e inamovible de facto hasta nuestros días: la política en Cataluña se ejecuta únicamente desde principios catalanistas, sólo por actores catalanistas y exclusivamente con objetivos catalanistas. En aquel momento, Alianza Popular era un partido fundado y dirigido por exministros y notables procedentes del franquismo, condición en buena parte compartida con la Unión de Centro Democrático, pero de la que Manuel Fraga hizo inicialmente ostentación y que convirtió en nota distintiva con el propósito de atraerse el llamado “franquismo sociológico”. Muy al contrario, aquel franquismo sociológico de clases medias optó por Suárez y su pléyade de jerarcas y apparátchiks del Movimiento, aunque la clase política y la prensa adjudicaron a las mermadas huestes de Fraga la exclusiva del estigma franquista. No fue un buen comienzo en la nueva Cataluña, donde ya regía el extrañamiento de quien no profesara el credo catalanista. Incluso la imagen corporativa de Alianza Popular se articulaba en torno a la bandera nacional o a sus colores, lo cual reforzó entre las masas la identificación del partido con el españolismo, al que la propaganda del momento asociaba toda suerte de connotaciones negativas. Tras el congreso de refundación que dio origen en 1989 al actual Partido Popular, permaneció en el imaginario colectivo la connotación de partido españolista por antonomasia, pero por supuesto en clave de interpretación catalanista, donde el españolismo se entiende como hostil a Cataluña y los catalanes. El PP no ha conseguido en ningún momento desenvolverse en Cataluña con carta de naturaleza; a lo sumo, sus dirigentes experimentaron la mera tolerancia del resto de actores políticos con marchamo catalanista.
Como indicábamos al comienzo, los prejuicios y malentendidos del electorado pueden apuntar en dirección radicalmente opuesta a la realidad programática y la acción práctica de los partidos políticos. Durante buena parte de los mandatos de Aznar, el PP se presentó en toda España como valedor decidido de la unidad y continuidad del Estado-nación, expresando esa idea (con terminología característica de Jürgen Habermas) como “patriotismo constitucional”. Más allá de las mixtificaciones de los gabinetes de comunicación política, lo bien cierto es que en 1996 José María Aznar y Jordi Pujol suscribieron un acuerdo de colaboración política de amplio alcance, conocido como Pacto del Majestic. Merced a aquel convenio, CiU sostuvo con sus votos en el Congreso de los Diputados el gobierno del PP, a cambio de compensaciones no imaginadas hasta aquel momento por los nacionalistas catalanes ni en sus más venturosos sueños. Aznar instauró un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, con cesión de hasta un 40% de la recaudación de tributos del Estado, eliminó los gobernadores civiles de las provincias y cedió a la Generalidad de Cataluña competencias del Estado en materias de tráfico en carretera, justicia, sanidad, empleo, vivienda… y cultura y educación. Precisamente cultura y educación se han demostrado letales en manos del catalanismo, por la acreditada eficacia de éste al programar ideológicamente a la juventud catalana en el odio a España. José María Aznar, a quien sus votantes creen recordar como esforzado paladín de la cohesión nacional, fue quien desarboló su propio partido en Cataluña al alejar de su dirección -plegándose a las exigencias de Pujol- a Alejo Vidal-Quadras, presidente regional del partido y auténtica bestia negra del nacionalismo. El gobierno de Aznar, haciendo gala de su completo sometimiento al separatismo catalanista, se encogió de hombros ante la embestida por la erradicación del castellano de la esfera pública que perpetró la Ley de Política Lingüística catalana de 1998 y, además, consiguió que tampoco el Defensor del Pueblo interpusiera recurso de inconstitucionalidad.
Paradójicamente, el PP continuó sin recibir del catalanismo político más que desdén. Incluso cuando los doce diputados populares en el parlamento de Cataluña votaron a favor de la última investidura de Jordi Pujol en 1999, o cuando su abstención en julio de 2011 permitió a Artur Mas aprobar los presupuestos anuales de la comunidad autónoma. Era evidente que la mansedumbre del PP no lo eximiría de ser tratado por el catalanismo como un paria político, auténtico intocable cuya mera presencia se rehúye. Y así se evidenció en 2003 en el pacto del Salón del Tinell, entre las fuerzas catalanistas de izquierda, que se comprometieron a rechazar cualquier tipo de acuerdo con los populares, tanto en las instituciones catalanas como en las de ámbito nacional. Los populares, en lógica correspondencia, acudieron ante el Tribunal Constitucional para tratar de impugnar el nuevo Estatuto de autonomía, pero entendemos que más les movía su rivalidad con el gobierno de Rodríguez Zapatero que el supuesto rechazo a la bilateralidad política que la norma establece. No se trata de una malévola suposición por nuestra parte, sino de un hecho incuestionable: el PP tuvo la oportunidad de impugnar la convocatoria ilegal de aquel referéndum[2] y optó por encogerse de hombros: laissez faire, laissez passer.
Desde los días de la transición, cuando los populares soportaban el sambenito de nostálgicos franquistas que otros les colocaron, el partido logró transformar paulatinamente su imagen en casi toda España para pasar a transmitir confianza en amplios sectores sociales, disconformes con la centrifugación política del Estado autonómico y proclives a reforzar la cohesión y solidaridad nacionales. Si nos atenemos a los hechos que muy sucintamente hemos mencionado, y a los que algo más adelante indicaremos, se trataba más de una operación de marketing político que de una realidad empíricamente constatable. Un caso muy semejante al del PSOE, cuando hace girar su propaganda alrededor de la más que dudosa condición de partido comprometido con los intereses de las clases trabajadoras. Éste es el tipo de argucias que da origen a los sobrentendidos o prejuicios a los que aludíamos, inculcados a los electores y que en buena medida suplen en las democracias representativas el esfuerzo de la reflexión serena. Decimos que este maquillaje dio resultado en casi toda España porque excluimos Cataluña, donde ha prevalecido el anatema de partido centralista y anticatalán, que en la jerga sectaria del nacionalismo es la descalificación falsaria con que se fustiga a los disidentes del régimen separatista, hasta el punto de ir arrinconando al PP y llevarlo al borde de su desaparición.
La dirigencia del Partido Popular conoce sobradamente que sus expectativas electorales en el corto y medio plazo son exiguas y, muy probablemente, nulas a largo plazo. Nada sorprendente, si recordamos que la defenestración de Vidal-Quadras en 1996 supuso la aceptación tácita de que no era posible en Cataluña hacer política con vocación nacional. En definitiva, el suicidio del partido al renunciar a su nicho electoral propio, para pasar a considerarse subsumido en el espacio de centro liberal, con CiU como titular hegemónico. De igual forma que no se puede prohibir a un orate que se ampute un miembro si lo desea, nada puede impedir que un partido de ámbito nacional deje de serlo cuando así lo decida; en este caso por sometimiento a la ramplona aritmética de sus alianzas parlamentarias. Las escasas posibilidades del PP de sentar diputados de Cataluña en el palacio de la Carrera de san Jerónimo lastran pesadamente sus opciones de volver a situar un inquilino en Moncloa y, ateniéndonos a lo sucedido hasta hoy, pensamos que probablemente sea algo digno de celebrarse. Pero sigamos haciendo memoria.
Ya vimos cómo se entregó a gestores separatistas los planes de enseñanza y la política de promoción cultural, no siendo entonces difícil sospechar que moldearían con pulso firme la conciencia de la infancia y juventud catalanas. Como así hicieron y siguen en ello: sin disimulo y con arrogancia. Asistimos a la persecución catalanista del castellano como lengua propia de los catalanes, no menos propia que el catalán, y su erradicación de diferentes ámbitos de la vida pública e institucional en Cataluña, sin que los gobiernos del Partido Popular se hayan sentido por ello incomodados.
Sabemos que la Generalidad, siempre dominada por políticos catalanistas, ha desplegado una tupida red de medios de comunicación (la CCMA: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), integrada por siete canales de televisión, cuatro emisoras de radio y una agencia de noticias. Y sabemos igualmente que estos medios actúan como terminales mediáticas al servicio del catalanismo y su adoctrinamiento ideológico masivo. Adicionalmente, la generosa política de subvenciones y publicidad institucional ha conseguido garantizar, como mínimo, la aquiescencia complaciente de la prensa de titularidad privada, cuando no su adhesión entusiasta. El catalanismo, a la vista de todo aquel que haya abierto los ojos sin apartar la mirada, ha dejado de ser una ideología para convertirse en un verdadero régimen, ante la pasividad cuando no aquiescencia ovina del Partido Popular.
Asistimos con estupor a la desenfrenada carrera secesionista emprendida por Artur Mas a partir de 2012 cuando, sin dificultad alguna, los españoles atentos a la actualidad política alcanzamos la certeza de que el presidente de la Generalidad iba a someter a referéndum la independencia de Cataluña, de forma manifiestamente inconstitucional y con grosera deslealtad institucional. Todos los españoles supimos que ése era el propósito de Mas y lo llevaría a la práctica… todos, menos el PP y el gobierno de Mariano Rajoy, que obstinadamente negaron la realidad y sostuvieron hasta la saciedad que nada así sucedería, por la sorprendente razón de que esa consulta sería ilegal. Hasta que la realidad los dejó en evidencia, porque Mas convocó su referéndum y lo llevó a cabo el 9 de noviembre de 2014. ¿Es imaginable despropósito mayor?
En enero de 2016, Carles Puigdemont sucedió a Artur Mas al frente de la Generalidad, con respaldo parlamentario de su propio partido PDeCAT (la antigua Convergència Democràtica pujolista) y de otras dos fuerzas políticas abiertamente independentistas: ERC y CUP. Con tales pertrechos, anunció su propósito de convocar un nuevo referéndum que diera paso a la secesión catalana de España y su proclamación como estado soberano. Puigdemont proclamó su voluntad de pactar la celebración de la consulta con el gobierno de la nación, a sabiendas de su manifiesta inviabilidad constitucional, pero igualmente manifestó que, en caso de no poder llegar a un acuerdo con Mariano Rajoy, su decisión de convocarlo era de todas maneras irrevocable. La historia de los españoles parecía en ese momento atrapada en un bucle dramático, pues todos comprendimos que el propósito de Puigdemont era firme y por doquier se alzaron voces para exigir al gobierno que suspendiera la autonomía catalana, en cumplimiento – ni más, ni menos- de las previsiones constitucionales. Todos intuíamos el monumental error histórico hacia el que caminábamos; todos menos el PP y el gobierno de Mariano Rajoy, que una y otra vez – con desfachatez sorprendente- adoptaban la táctica del avestruz y se negaban a aceptar que las instituciones políticas de un Estado de Derecho puedieran llevar a cabo actuaciones al margen de la legalidad. Nuevamente, tal y como todos los españoles medianamente sensatos dábamos por descartado, quedó patente la absoluta incapacidad del PP y del gobierno de Mariano Rajoy para detener la centrifugación política del Estado autonómico: el govern de Puigdemont consumó la amenaza de su nuevo referéndum secesionista el 1 de octubre de 2017. En esta ocasión, el despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil evidenció patéticamente la impotencia del Estado para atajar la rebelión, en un intento -imposible a todas luces- de impedir las votaciones en 2.315 centros y 6.249 mesas. Propósito doblemente quimérico al verse obligadas las Fuerzas de Seguridad a salvar la resistencia larvada, cuando no el boicot activo, de la policía autonómica. Los medios de comunicación catalanes -públicos y privados- magnificaron hasta el paroxismo los disturbios e instalaron en el mundo una imagen ferozmente represiva del Estado español, cuyos gobernantes permanecían completamente rebasados y desconcertados por los acontecimientos. ¿Cabe mayor inepcia que la de los gobernantes del PP, quienes se tienen a sí mismos por hombres de Estado y eficaces gestores de los asuntos públicos?
La abierta rebelión de la Generalidad culminó el 27 de octubre de 2017 en el parlamento autonómico con un simulacro de declaración de independencia. Aquella farsa confirmaba trágicamente el cumplimiento de los sombríos pronósticos que en 1978 apenas unos pocos políticos y juristas -descalificados entonces como catastrofistas– se atrevieron a formular a propósito del Título VIII de la Constitución. El desafío catalanista, justo es anotarlo, tuvo un solo efecto virtuoso: ridiculizar a Mariano Rajoy hasta el punto de obligarle a fingir que era un hombre de Estado. Rápidamente, solicitó y obtuvo del Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cesar fulminantemente a Puigdemont y todo su gobierno, cuyas competencias quedaron asumidas por el gobierno de la nación. Pero, como hemos afirmado, sólo se trataba de una pose fingida.
Los españoles de buena voluntad y sentido del decoro, toda esa buena gente que reclamaba de su gobierno energía y cumplimiento del deber para atajar el desafío inadmisible de Carles Puigdemont, quedaron sorprendidos por la pusilánime aplicación que de la legalidad constitucional llevó a cabo Mariano Rajoy. Nada más lejos de su intención que desactivar los resortes de control de conciencias, instaurados por el régimen catalanista. Al tiempo que formalizaba la deposición del govern, convocaba nuevas elecciones autonómicas para el siguiente 21 de diciembre, a toda prisa, precipitadamente. Ni siquiera se planteó intervenir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la división acorazada mediática del catalanismo, aun a sabiendas de que es rigurosamente inimaginable una campaña electoral limpia en Cataluña; es decir, una campaña en la que radios y televisiones públicas no toquen a rebato en pro del catalanismo más descarnado y agresivo. Si alguna duda podía quedar al respecto, el propio Rajoy se encargó personalmente de disiparla: declaró explícitamente que se había visto obligado in extremis a tomar una determinación a la que se había venido negando durante meses (y así reconocía que el catastrófico desenlace era perfectamente previsible desde mucho tiempo antes); admitió que su intención era intervenir lo menos posible en la administración autonómica y, por último, convocar cuanto antes nuevas elecciones que permitieran regresar a la “normalidad” (sic). Por desgracia, olvidó precisar qué entiende por normalidad; si normal es el proceder de Puigdemont en 2016, si lo es la gobernación de Mas en 2012; si normal es el Estatuto de autonomía de 2006 que redactó el tripartito catalanista; si normalidad es la taifa corrupta del 3% con Jordi Pujol o, finalmente, si la normalidad radica en que la administración autonómica catalana sancione a quien ose rotular su comercio en castellano.
Los resultados de las últimas elecciones en Cataluña mantienen la hegemonía separatista en el parlamento, aunque los acontecimientos sobrevenidos desde la huida o el procesamiento de un buen número de dirigentes separatistas no han permitido hasta el momento de redactar estas líneas desbloquear la elección de un candidato a presidente de la Generalidad. Sobre lo que no cabe duda alguna es que será otro dirigente igualmente separatista. Como es lógico, dado que la activación del art. 155 CE la ha llevado a cabo un gobierno liberal que ha considerado oportuno -nuevamente- aplicar su vieja máxima laissez faire, laissez passer.
Hasta aquí, nos hemos limitado a poco más que rememorar hechos históricos, contrastables fácilmente en hemerotecas y bibliotecas. Es el momento de dar un paso más allá para adentrarnos en el terreno de las intenciones, de las determinaciones de carácter estratégico, de lo que suele llamarse voluntad política. Y es que cuando se repara en los errores dramáticos, repetidos y no enmendados, cometidos por el PP en detrimento de sus propios intereses electorales y -lo verdaderamente grave- de la continuidad histórica de España, es casi inevitable sospechar que no se trata de mera torpeza.
El futuro del PP en Cataluña se aventura más que sombrío, como puede colegirse de la cifra de sufragios recibidos en cada convocatoria electoral. Según los datos que ofrece el Ministerio del Interior, la evolución del voto al PP en las elecciones generales puede resumirse en los siguientes términos. Mientras la UCD acaparó el voto conservador supuestamente españolista (elecciones de 1977 y 1979), la entonces denominada Alianza Popular no consiguió pasar de un único escaño en cada uno de aquellos comicios. A partir de las elecciones de 1982 los populares pasaron a moverse, convocatoria tras convocatoria, en un estrecho abanico de entre cinco escaños (2015) y doce (2000), siendo los resultados más repetidos los de ocho (1982, 1993, 1996 y 2008) y seis escaños (1986, 2004, 2015 y 2017). Como se aprecia, no son cifras brillantes teniendo presente que hacemos referencia a un total de 47 diputados en liza entre las cuatro provincias catalanas. La consideración de los datos históricos, si sumamos los resultados de las últimas elecciones autonómicas de 2017, que han arrinconado al PP en el gueto del Grupo Mixto al conseguir sólo tres exiguos escaños de los ciento treinta y cinco que componen la cámara autonómica, nos hará comprender que los populares se aproximan a una auténtica catástrofe. Conjuguemos todo ello con la intención de voto que pronostican las últimas encuestas y concluiremos que, en Cataluña, el partido de Xavier García Albiol y Andrea Levy es un cadáver político insepulto. Muy distinta es la situación de Ciudadanos, que pasa a ser el principal partido de la oposición catalana y se apodera de la práctica totalidad del espacio electoral del PP.
Un somero análisis de los resultados de las elecciones generales celebradas en el siglo XXI (análisis que pienso ahorrar a los lectores que hasta este punto han llegado) conduce a afirmar de modo concluyente que el PP viene sustentando el grueso de sus resultados en las regiones de Valencia, Baleares, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León. Se da la circunstancia de que en la región valenciana no gobierna el PP desde 2015, arrumbada su antigua hegemonía no tanto por méritos propios del tridente PSOE-Compromís-Podemos cuanto por la acumulación de escándalos de corrupción. Otro tanto puede afirmarse de las Baleares. En Murcia, conserva el gobierno después de buscar un sustituto a Pedro Antonio Sánchez, defenestrado bajo el peso de los sumarios, pero los sondeos no sonríen al partido de la gaviota. En Madrid, de momento, seguirá gobernando el PP cuando encuentren candidato para sustituir a Cristina Cifuentes, pero pueden tener la certeza de que pagarán con creces en las urnas el bochornoso espectáculo ofrecido por la presidenta dimisionaria. Sólo en Galicia y en Castilla y León permanecen los populares aparentemente incólumes y con expectativas de revalidar buenos resultados, pero esas dos regiones tan despobladas -por tanto, con escaso número de escaños asignados- difícilmente compensarán las mermas del resto de sus antiguos feudos.
Más allá de la retórica hueca de la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, el Partido Popular es absolutamente incapaz de articular un discurso con el que hacer frente al catalanismo; un discurso que apele a los sentimientos profundos, que conmueva, que ilusione. En definitiva, un discurso que impulse a la solidaridad y a la cohesión entre españoles, frente al quejido del resentimiento aldeano separatista. Quienes sólo creen en el PIB, en la presión fiscal y en los flujos de capital transnacional se encuentran inermes ante el relato secesionista e igualmente inerme han dejado al pueblo que les votó. Así pues, si realmente ellos no creen en la nación española (en realidad, los entusiastas de la globalización no creen en nación alguna y su única patria es el libre mercado), podemos intuir que forme parte de sus previsiones la negociación con el bloque catalanista y otras fuerzas políticas. Su objetivo sería una reforma constitucional que anule la condición de sujeto político de la nación española y se admita el derecho de cada región a decidir sobre su permanencia en el conjunto nacional. No estamos sugiriendo nada descabellado; de hecho, podría defenderse esta reforma citando incluso reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional[3], hecho incontestable que desmiente el socorrido tópico según el cual no existe mejor garantía de la unidad de España que la propia Constitución de 1978.
Así pues, aventuramos que en el estado mayor del Partido Popular se estén analizando planes para distintos escenarios posibles en el futuro mediato, uno de los cuales sería la aceptación de la independencia de Cataluña. Es más, consideramos muy probable que los brillantes gurúes de Mariano Rajoy hayan elaborado ya algún tipo de estudio sobre la repercusión de dicha nefasta eventualidad sobre las expectativas políticas del PP.
Si han tomado como referencia las últimas elecciones generales de 2016, tendrán presente que en aquel momento la población de España era de 46,6 millones de habitantes, representados en el Congreso por 350 diputados. En aquellos comicios, el PP y sus “confluencias” (no sólo Podemos las tiene) UPN + PAR + Foro se alzaron con 137 escaños (el 39,14% del total de la Cámara), lo cual proporcionó la victoria a Mariano Rajoy, aunque situó el partido en la inestable e incómoda posición de minoría mayoritaria, obligado a realizar complicados acuerdos a múltiples bandas para que prosperen sus iniciativas en el Parlamento. En buena medida, es atribuible ese resultado poco satisfactorio a la muy escasa representación obtenida en las cuatro provincias catalanas. Si en vez de Cataluña nos refiriésemos, por ejemplo, a La Rioja, todo se reduciría a un problema menor porque en tal caso sólo habría cuatro escaños en liza, en lugar de los cuarenta y siete catalanes, de los cuales el PP a duras penas consiguió alzarse con seis: ninguno en Gerona, uno en Tarragona, cuatro en Barcelona y uno en Lérida.
Tal vez los fríos estrategas de la calle Génova 13 se hayan preguntado qué habría ocurrido en junio de 2016, de haber sido Cataluña una república independiente por aquellas fechas. En tal supuesto, el número de españoles habría quedado reducido a 39,1 millones, representados en una Cámara baja donde estarían ausentes los diputados catalanes y que por tanto habría quedado reducida a 303 diputados[4]. Según aquel escrutinio, el Partido Popular contaría con un grupo parlamentario de ciento treinta y un diputados, un 43,23% del total. Sin duda, una posición más desahogada que facilitaría la consecución de alianzas en el parlamento y, en suma, la gobernabilidad.
Un país permanentemente desgarrado por los enfrentamientos internos deviene inviable. Un Estado compuesto, como España, cuyos distintos centros de poder diseñan planes académicos destinados a suscitar desafección y rencor recíprocos, no perdurará. Urge y es ya inaplazable la tarea de reconstruir un relato nacional común que proporcione a todos los españoles un imaginario colectivo merecedor de tal nombre. Si verdaderamente pretendemos perpetuarnos en la historia como una comunidad habremos de recuperar la armonía espiritual. Pero si ante el discurso del rencor que formula una parte de la nación, el discurso de la colisión de identidades y del memorial de agravios históricos -reales o ficticios- la otra parte es incapaz de argumentar más allá del Derecho administrativo o tributario, tarde o temprano llegará la fractura definitiva. Los últimos treinta años aportan ejemplos sobrados del infinito desinterés, del hastiado aburrimiento, que en el Partido Popular provoca la causa de pervivencia histórica de España y, consecuentemente, su nulo propósito de subsanar el enconamiento creciente en nuestra convivencia nacional. Y, haciendo abstracción de retóricas huecas aptas sólo para votantes hooligans, creemos haber aportado referencias cumplidas de este proceder característico del PP. Sólo la economía -liberal y en clave única transnacional- concita atención y desvelos entre los populares, mientras que la simple invocación de la identidad nacional les provoca erisipela. Indudablemente, no podemos demostrar que en el Partido Popular contemplen las cifras de nuestro cálculo u otras semejantes, aunque el lector concluirá sin esfuerzo que motivos sobrados existen para maliciar tal posibilidad. Más allá del detalle, sería deseable que los españoles contaran con esa matemática electoral interesada que hemos descrito entre las posibles explicaciones para la mansedumbre y la torpeza manifiestas del PP a la hora de afrontar el reto del separatismo.
Por el contrario, rechazar de plano que la directiva del Partido Popular haya asumido que la secesión catalana le reportaría más beneficios que perjuicios supone aceptar una interpretación alternativa de los hechos, a nuestro juicio, mucho más improbable y arriesgada: sería tanto como afirmar por principio que los gobiernos del Partido Popular están formados por necios redomados que han llegado al convencimiento de que, sometiéndose en todo a las exigencias y arbitrariedades de los secesionistas, potencian la fraternidad entre los españoles y favorecen la causa de la unidad nacional.
[1] El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicó el 9 de enero de 1937, en las páginas 114 y 115 de su número 9, un Decreto con la firma del Conseller Primer Josep Tarradellas por el que se autorizaba la práctica del aborto por causas “sentimentales, eugenésicas o terapéuticas” y “como instrumento al servicio de la raza”. Puede consultarse en línea en: http://dogc.gencat.cat/web/.content/continguts/serveis/republica/1937/19370009.pdf
[2] El Decreto 170/2006, de 18 de mayo, por el que se sometió a referéndum el proyecto de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado sin la preceptiva firma del rey Juan Carlos I. Tratamos más en extenso aquella flagrante ilegalidad en uno de los artículos compilados en nuestra obra “Textos imprudentes”, Ediciones Fides, Tarragona, páginas 106 y ss.
[3] En la STC 42/2014, de 25 de marzo, el alto Tribunal reconoce la realización de actos encaminados a «preparar» y «defender» la secesión de Cataluña, amparados en el derecho a decidir, que es tanto como instar la «consecución efectiva» de dicho propósito a partir de la reforma de la Constitución. La Sentencia parte de la muy conocida premisa de que nuestro ordenamiento constitucional no responde al modelo de «democracia militante» y en él caben planteamientos «que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional» como, v.gr., «la voluntad de alterar el estatus jurídico» de una Comunidad Autónoma. Para el Tribunal Constitucional, el derecho a decidir constituye una legítima aspiración política amparada por la libertad de expresión y, en términos más amplios, por el derecho de participación en el ámbito político. Puede consultarse en línea en https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3885.pdf.
[4] No tendría por qué ser necesariamente así, pero este cálculo permite evaluar la importancia relativa que en la política nacional poseen los diputados catalanes.