I

El tenor de estas líneas se sustenta en la premisa de que lo que comúnmente denominamos Economía, refiriéndonos a la propia de los Estados, es siempre la Economía política, por entender que los mercados son esencialmente nacionales, como asimismo lo son las monedas, de tal forma que cuando en los momentos actuales hablamos del mercado del gas no podemos abstraernos de las vicisitudes y planes políticos de los distintos países productores o consumidores, al igual que si hablamos del Euro como moneda no podemos eludir el papel de la economía alemana en el seno de la Unión Europea ni el control, tanto directo como indirecto, que ejercen las instituciones de esa nación política sobre el Banco Central Europeo.

Sentado lo anterior, para afrontar el propósito mostrado en el rótulo de este escrito cabe dejar ya apuntado como referencia que en la segunda mitad de los años 70 -es decir, en el momento del cambio del régimen político español-, el profesor Ramón Tamames, reputado estudioso de la estructura económica española, sostenía que la resultante territorial de las fuerzas económicas operantes en nuestra Economía en esos momentos se podía sintetizar en un vector que partía de Madrid en dirección a Barcelona (en realidad, decía que hacia el NE de la Península, para incluir así a Zaragoza).

Es de sobra conocido el recorrido histórico que condujo a esa situación, máxime si nos retrotraemos al peculiar procedimiento que en la Edad Media habían adoptado los Consejos de carácter oligárquico residenciados en Barcelona para (im)pagar sistemáticamente los tributos a la Corona de Aragón, práctica cuya inercia perduraría incluso tras los momentos iniciales de las reformas tributarias tanto de los RR Católicos como de Felipe V, para culminar en el proteccionismo comercial iniciado tras el desbordamiento de esta última y posteriormente adaptado a la nueva situación creada en la época de Isabel II por el triunfo liberal sobre los carlistas catalanes y vascongados, que también sabían algo de lo mismo (vid. Gonzalo Martínez Díez, “Fueros sí, pero para todos”, Silos 1976).

Se inicia así la época del pactismo fiscal y comercial del Estado con las burguesías de ambos territorios, manifestado especialmente en las recurrentes discusiones políticas sobre el Arancel de Aduanas, uno de cuyos episodios más sonados tuvo lugar en enero de 1928 en la Asamblea Nacional Consultiva (1927-1930) del general Primo de Rivera con el enfrentamiento entre Antonio Flores de Lemus y Pedro Gual Villalví. Este último era conocido por su vinculación tanto a Francisco Cambó como a la patronal catalana; y seguiría siéndolo tras la Guerra Civil, llegando incluso a formar parte de dos gobiernos del general Franco como “Ministro sin cartera”, así como a ser Presidente del Consejo de Economía Nacional con el mismo general y a promover el primer Plan de Estabilización.

La posición sobre el proteccionismo de economistas como el ya citado jienense Flores de Lemus o del más joven gerundense Román Perpiñá Grau (pionero en España de los estudios de estructura económica, como su “Memorándum sobre la política del carbón” y “De Economía Hispana”, publicados antes de la Guerra Civil) se puede sintetizar en las siguientes palabras del primero criticando un proteccionismo integral desprovisto de un plan que lo sustentase: “La aplicación genérica, por no decir imbécil, como aquí en España lo hacemos del sistema protector, es palo de ciego… o de lince. Para el interés nacional, tanto monta. … cuando se pide protección igual para todos se pide la Luna. La protección de los unos, ha de ser necesariamente a costa de los otros” [la negrita es mía].

Este era, pues, el resultado de más de un siglo de políticas arancelarias carentes de un programa que les diese cobertura. Se beneficiaba al textil catalán, al hierro vasco y, en menor medida, al trigo castellano y al carbón asturiano, pero siempre en perjuicio de los cítricos, el olivo, el vino, los minerales, el corcho o las conservas de otras regiones, singularmente Levante, Extremadura y Andalucía, por entonces las exportaciones españolas más competitivas en el exterior. En definitiva, las ventajas producidas por tales exportaciones se drenaban en favor de las producciones protegidas, singularmente el textil catalán, de obligada adquisición, ante la ausencia de alternativas, por parte de las poblaciones asentadas en los territorios exportadores. Como diría Perpiñá Grau, era preciso, por tanto, construir un “modelo espacial (no sectorial) de la estructura y constitución económica de España para la comprensión de su equilibrio dinámico funcional”.

II

Así pues, cabe preguntarse de nuevo cómo se llegó al “vector Barcelona” en el periodo franquista.

Ya he mencionado el papel de Gual Villalví como hombre de Cambó (quien fuera financiador y suministrador de apoyo internacional al general Franco durante la Guerra Civil), si bien en la elaboración y aplicación de la política económica del franquismo aparecen otros catalanes no necesariamente “catalanistas”, como era el caso de Fabián Estapé, Comisario Adjunto del Plan de Desarrollo durante el franquismo (1971-1974), coincidiendo con el también catalán Laureano López Rodó como Ministro Comisario del Plan de Desarrollo.

Ahora bien, con anterioridad a los propios “tecnócratas” ligados al Opus Dei hubo otros componentes del Gobierno y de la Administración de estirpe política franquista que fueron los impulsores y dinamizadores del denominado ”Polo químico” de Tarragona, así como del asentamiento en Barcelona de relevantes empresas del sector automoción que no es necesario mencionar por ser conocidas de todos. Baste recordar a Demetrio Carceller o al reusense Enrique Fontana Codina, apoyando este último a Tarragona en detrimento de Tortosa, así como a la acción directa del INI en Barcelona.

Por otra parte, los estudios regionales de aquellos momentos (por ejemplo, los entonces muy valorados del ya desaparecido BANESTO) indicaban la existencia de un potente flujo de financiación de Cataluña procedente del resto de España. Es decir, el ahorro andaluz, castellano o gallego se destinaba a financiar la industria y el comercio catalanes. Volvemos, pues, a hablar de un drenaje financiero.

Sin embargo, tras el cambio del sistema político producido en 1978, los análisis o estudios regionales de España (como los sucesivos del BBVA o los de Julio Alcalde Inchausti y, más recientemente, Ángel de La Fuente, entre otros), dejan constancia de sendos fenómenos que inciden marcadamente en estas cuestiones que ahora tratamos. Por una parte, una tendencia desindustrializadora y de terciarización iniciada a comienzos de los años 80 y acelerada tras la incorporación de España a lo que ahora denominamos Unión Europea; y, de otra, una lenta pero clara tendencia a un mayor equilibrio interterritorial dentro del país. No obstante -y para la finalidad de este escrito- no cabe duda de que no fue precisamente Andalucía la región española más favorecida por esa tendencia, al menos hasta el estallido del aquelarre separatista en Cataluña.

Este fenómeno redistribuidor tiene un claro reflejo en lo que Juan Velarde Fuentes denominó a inicios el presente siglo como el “ímpetu económico de Madrid”, que supone de hecho la modificación de la dirección del referido “vector Barcelona”, y no sólo por el centralismo madrileño, como ahora veremos.

El papel económico que en estos momentos desempeña Cataluña en España se viene manifestando de forma explícita desde los acontecimientos de 2017 como una situación que no era novedosa, porque ya estaba ahí, pero tenía la peculiaridad de no formar parte del relato; y ya se sabe que aquello de lo que no se habla no existe, es decir, se pretende que no exista. Me estoy refiriendo al retroceso o repliegue, como se prefiera, del “vector Barcelona”.

Con ocasión del octubre catalán se había puesto de manifiesto el precedente de la huida de empresas del Quebec tras las convocatorias canadienses de los referenda separatistas en 1980 y 1995, donde, según un conocido informe del “Institut du Quebec”, Montreal tuvo una notable pérdida de su tejido industrial, del cual el 30% de las empresas no habían retornado en 2012, pues, como manifestaba un académico quebequense, “la clase empresarial no suele ser favorable a los independentismos. También está en parte ligado a las decisiones de las empresas, pero también tiene que ver con el chantaje político o económico”. Tal chantaje incluía, entre otros, el factor lingüístico y, claro, la gran beneficiaria de esa huida fue Toronto. En nuestro caso, en eeste año 2024 ya se contabiliza la deslocalización de más de 10.000 empresas anteriormente domiciliadas en Cataluña.

Los análisis de distintos servicios de estudios de las entidades financieras constatan en Cataluña la ruptura de recuperación iniciada en 2013, que se frena bien pronto y ya en 2020 el Valor Añadido Bruto (VAB) pasa a ser negativo (-11,3%), oscilando, según las distintas comarcas, entre el -8,7% de las Terres de l’Ebre y el -13,4% del Camp de Tarragona, pasando por el -11,1% del Área Metropolitana de Barcelona. (Dejo aquí el enlace de una intervención de finales de 2021 del conocido economista Benito Arruñada que explica con estilo diáfano la deriva económica del la región catalana: https://clubtocqueville.com/tertulia-hacia-donde-va-la-economia-catalana-con-benito-arrunada).

III

El referente malagueño de este escrito al igual que el vector Barcelona aducido por el profesor Tamames, que implicaba a Zaragoza, han de ser entendidos comos una muestra de la situación que se viente poniendo de manifiesto en el conjunto de Andalucía, singularmente Sevilla y Cádiz, en cuanto a la implantación sólida de determinado tipo de actividades industriales, fundamentalmente tecnológicas (industria aeroespacial, biotecnología, manufacturas electrónicas, tecnologías de la Información, etc.), incluyendo centros de I+D; y tanto por conocidas multinacionales de procedencia nacional (incluyendo las de origen catalán) como de otros países europeos, americanos o asiáticos. Entre estos centenares de nuevas implantaciones, el Parque Tecnológico de Málaga tiene un papel relevante.

En tal perspectiva, y en referencia al caso malagueño, los distintos gabinetes de estudios económicos, como el del BBVA Research, venían constatando como -en contraste con la referida situación catalana- desde antes de octubre de 2017 y de la pandemia se venía produciendo una “recuperación robusta” de Andalucía para el bienio 2021-22, convergiendo su crecimiento con el nacional. El resultado no fue tan halagüeño como se pintaba, pero si claramente positivo.

En fin, si bien aún conserva Barcelona un relevante papel en la economía nacional, siempre detrás, claro está, de Madrid, en la actualidad la atracción andaluza y, en concreto de Málaga, está claramente “por encima de Bilbao y Valencia».

IV

Sin embargo, los acontecimientos recientes nos indican que se inicia un nuevo episodio de trasferencias forzosas de fondos desde unos territorios a otros de nuestro país; y de nuevo el sentido de tales movimientos es desde la “España vaciada” y/o marginada hacia una de las regiones con mayor renta del mismo.

Se manejan eufemismos como “financiación suficiente”, “federalismo fiscal” y hasta ¡nada menos! que “concierto económico solidario”. Todas estas y otras fórmulas manejadas por los dirigentes políticos implicados no son más que intentos de envolver en papel de regalo una mercancía inaceptable, tanto en términos constitucionales como en la lógica del sistema político español.

Desde el punto de vista constitucional, la financiación de las Comunidades autónomas está cerrada claramente por los artículos 133, 138, 156 y 157 CE, así como su Disposición Adicional Primera, referida esta a los casos de Navarra y el País Vasco, amen de por la LOFCA (Ley orgánica de financiación de las CCAA). Por su parte, la normativa citada, además de establecer la potestad tributaria en el Estado, dejan abierta la posibilidad de ceder a todas las comunidades autónomas los porcentajes que se fijen de los tributos estatales, como así hicieron los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis R. Zapatero. Es preciso recordar que en todos estos casos se dijo por las distintas autoridades catalanas del momento que por fin quedaba resuelto el problema financiero de esa región. Ya van tres veces y ahora sería una cuarta.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional se pronunció claramente al respecto en su conocida sentencia de 28 de junio de 2010 en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados del Partido Popular frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio (sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 dictada en el recurso de inconstitucionalidad 8045-2006; BOE núm. 172, de 16 de julio de 2010). En la misma se rechazaba rotundamente la posibilidad de una financiación diferenciada para una Comunidad Autónoma, como asimismo se hizo en otra sentencia de 2023 sobre el Estatuto balear.

Aún es pronto para valorar el monto de un hecho que no se ha producido, pero la cesión (se le ponga el nombre que se quiera) de unos fondos a una comunidad concreta sin que se haga a las demás, pues este es lo que se pretende expressis verbis, significa que las cedentes pierden necesariamente unos ingresos o bien que se hace preciso detraer a la totalidad de los españoles nuevos tributos para suplir esa pérdida, puesto que, como decía el citado Antonio Flores de Lemus, ”la protección de los unos, ha de ser necesariamente a costa de los otros”.

La cuantificación se desconoce, pero los efectos son los antedichos, como han justificado los últimos estudios de FEDEA y de su conocido especialista, el ya citado Ángel de la Fuente. Sin embargo, ni en los programas electorales de los últimos comicios ni en el Parlamente español se hecho la menor referencia a este expolio manifiesto a los intereses de la mayoría de los españoles.

En definitiva, estamos ante una evidente involución política respecto a la nivelación que, como he dicho, se había logrados tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

V

En fin, como consuelo y para ir haciéndose al rico ambiente cultural de Málaga, recomiendo escuchar “Serpiente venenosa”, cantata religiosa compuesta en estilo barroco de influencia italiana por Jayme Torrens (1741-1803), que fuera Maestro de Capilla de la Catedral de Málaga a finales del s. XVIII. Y mucho mejor si es en versión de la soprano María Espada.