En la confluencia entre las calles Pujades y María Aguiló, de Barcelona, permanece un azulejo con la leyenda, «Centro específicos Pueblo Nuevo». Las letras, de ecos decó, destacan sobre un fondo claro y contrastan con toda la cartelería oficial, pues en el nomenclátor del Ayuntamiento de Barcelona, Pueblo Nuevo ha desaparecido en favor de Poblenou. La calle es un trajín de voces. Mayoritariamente, en español. De manera creciente, en inglés, francés o italiano. Pueblo Nuevo no deja de ser un enclave en el que el cosmopolitismo del que siempre ha presumido la Ciudad Condal, se deja ver, lo cual no obsta para que a varios metros de los adoquines, en algunos balcones se exhiban esteladas que recuerdan que el proceso secesionista, hoy más financiado por los españoles que nunca, prosigue por vías más sólidas que las que condujeron al 1 de octubre de 2017. La independencia como estación final, el negocio, por el camino. Sobre este par se gobierna la comunidad autónoma.

Quien pilota el nuevo proceso es el PSC, marca dominante en el PSOE que siempre puede fingir, ante quienes imposten sorpresa por sus políticas puramente secesionistas, que lo hace obligado por su socio ERC. En apoyo de la nueva situación, tanto en Barcelona como en Madrid, la propaganda oficial, esa que se canaliza por medios capaces de publicar un editorial conjunto, dice que la convivencia ha mejorado en Cataluña. La parroquia socialdemócrata, tan motivada como, dicen, lo estaban los requetés recién comulgados, lo repite como una letanía, antes de proseguir con su lucha contra el fascismo irredento.

Recientemente, desde el remanso -oasis, llegó a llamarse- de la autopublicitada paz catalanista, ha emergido un pacto: el nacional (sic) por la lengua, en singular. El documento no ofrece lugar a dudas desde su misma portada monolingüe. Su objetivo, tampoco. Dotado con nada menos que 255 millones de euros, el pacto, pues llamarle imposición atentaría contra la narcisista autopercepción manejada por los catalanistas, busca arrinconar aún más al español en la región. El punto de partida es victimista. Según los redactores del texto, la lengua catalana está amenazada… por hablantes, esto lo decimos nosotros, que no se pliegan a los deseos de las sectas dominantes en muchos ámbitos todavía no controlados en su totalidad por censores vocacionales. Espacios como el sanitario o el estudiantil, excepción hecha de las aulas, en las que mucho activista hace méritos, se escapan, todavía, a la imposición del catalán, que pretende llevarse a terrenos privados. El pacto se duele especialmente de que los alumnos de hoy, votantes del mañana, hablen la lengua de Shakira en el patio, en las redes sociales o consuman productos audiovisuales en el idioma opresor. Urge, pues, poner remedio a tamaño drama, a semejante anomalía. Bajo el pretexto de defender al catalán, los pactistas -PSC, ERC, Comuns, UGT, CCOO, USOC, PIMEC, Ómnium Cultural, el Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, Plataforma por la Lengua y el Instituto de Estudios Catalanes, entre otros- tratarán de modificar, bajo una mezcla de coacción y estímulo, las costumbres lingüísticas del personal, pues estas, según afirman literalmente, «no son positivas».

Descrita la infamia: ¿qué hacer? La respuesta nos remite al azulejo no positivo. El «específico» al que alude no es, en nuestro caso, una oculta fórmula magistral, sino un poder efectivo: el que posee todo ciudadano. El que se ejerce no sólo el día en el que se colocan las urnas, sino de manera cotidiana. El tiránico proyecto impulsado por esa maraña de siglas sólo puede triunfar si cuenta con la colaboración, por acción u omisión, de los avecindados en Cataluña.