Resulta llamativa la paradoja que atraviesa actualmente el mundo político, especialmente entre quienes integran los partidos. Es común escuchar que la realidad supera a la ficción, pero sigue sorprendiendo que esa afirmación se confirme con tanta frecuencia.

Poco a poco, han ido saliendo a la luz casos en los que se descubren currículos falseados o intencionadamente ambiguos de algunos políticos, buscando aparentar una formación técnica o académica superior a la que realmente poseen. Esta mentira —activa o pasiva— ha provocado escándalos, dimisiones, incluso intentos de suicidio, y ha servido como munición en la eterna guerra partidista del «y tú más».

Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la razón para que alguien sienta la necesidad de inflar su formación? A primera vista, parece una contradicción.

En la mayoría de las organizaciones políticas con representación parlamentaria, los requisitos para afiliarse son mínimos: ser mayor de edad, ciudadano de un país de la Unión Europea, no militar en otro partido, y aceptar los estatutos y reglamentos internos. A veces, se exige el aval de otros afiliados. Pero nunca se exige una titulación académica ni experiencia laboral previa. Es decir, no se requiere ningún conocimiento técnico o trayectoria profesional para ser representante público.

Tampoco las leyes electorales exigen estos requisitos. Para ser candidato en unas elecciones generales, basta con ser ciudadano español, mayor de edad, tener derecho a voto y no incurrir en causas de inelegibilidad, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.

La Constitución Española, en su artículo 23, consagra el derecho al sufragio activo (votar) y pasivo (ser elegido). Todo ciudadano tiene derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que fije la ley. Y, como ya vimos, la ley no exige formación académica alguna.

En resumen: ni la normativa ni los partidos consideran relevante la preparación técnica o académica. Esto nos obliga a reflexionar sobre el modelo educativo que ha marcado a la sociedad española en las últimas décadas.

El sistema se ha ido flexibilizando hasta volverse, en muchos casos, excesivamente permisivo. Las exigencias académicas han disminuido, el sistema de evaluación se ha orientado hacia la satisfacción del alumno y, con frecuencia, se evita la frustración de no alcanzar la excelencia o incluso los objetivos mínimos. La repetición de curso es casi inexistente, y obtener calificaciones altas se ha vuelto sorprendentemente accesible.

Es común encontrar alumnos con sobresaliente en educación física simplemente por «esforzarse», aunque su desempeño físico esté por debajo del promedio. Este enfoque, basado en recompensar el esfuerzo subjetivo en lugar de los logros objetivos, genera una peligrosa ilusión de equidad: se pretende igualar desde arriba, pero se terminan generando frustraciones.

Este patrón de recompensa ha contaminado otros ámbitos, como la universidad o el mundo laboral. Sin embargo, ahí la realidad impone sus límites. Por ejemplo, para acceder a la Administración Pública es necesario superar pruebas objetivas. El esfuerzo personal, aunque importante, no garantiza el éxito: se evalúa el resultado, no la dedicación.

Un ejemplo paradigmático es el de la enfermería. Hay una reivindicación creciente entre profesionales del sector para ser incluidos en el grupo A1, junto con los médicos, alegando que todos poseen un título de «grado». Sin embargo, existen diferencias significativas en la nota de corte, la carga lectiva y los créditos de cada formación.

La clasificación de los cuerpos en la Administración Pública se basa en el tipo de titulación exigida. Tradicionalmente, el grupo A estaba reservado para titulaciones superiores (licenciaturas, ingenierías superiores, arquitectura), y el grupo B para titulaciones de grado medio (diplomaturas, ingenierías técnicas, etc.). Con la implantación del Plan Bolonia, se reestructuraron las titulaciones: las antiguas licenciaturas pasaron a ser grados de 4 años, al igual que las diplomaturas, que aumentaron de 3 a 4 años.

Esto creó una falsa sensación de igualdad. Hoy en día todos los títulos universitarios se llaman «grados», aunque no tengan la misma carga lectiva. No es lo mismo un grado de 240 créditos que uno de 300 o 360, como el de Medicina. Aunque todos sean “grados”, no todos son equivalentes.

Este cambio también alteró la clasificación en la función pública: el antiguo grupo B pasó a denominarse A2 (para titulados en Formación Profesional de Grado Superior), y el grupo A pasó a dividirse en A1 y A2. Esta automatización ha generado nuevas tensiones: muchos titulados reclaman pertenecer al grupo A1, amparándose en que tienen un «grado», aunque la formación no sea equivalente.

En definitiva, para acceder a un cuerpo de la Administración Pública sí se exige una formación rigurosa. Para ser político, no.

Entonces, volvamos a la pregunta: ¿por qué algunos políticos insisten en maquillar sus currículos si no es un requisito legal ni partidario? Porque, en el fondo, quieren parecer tecnócratas. Quieren proyectar una imagen de preparación y competencia para justificar su presencia en órganos técnicos como presidencias de confederaciones hidrográficas, empresas estatales o entes energéticos. Quieren parecer capacitados, aunque no lo estén.

Ahora bien, si les pidiéramos que, con su propio dinero, montaran una empresa y eligieran a alguien para dirigirla, la mayoría buscaría a una persona con experiencia y formación en el área correspondiente. ¿Por qué, entonces, no se aplica esa misma lógica en la política?

Es hora de que quienes ejercen la política definan claramente cuál es el modelo de éxito que quieren para la sociedad: ¿Estudiar y prepararse, o no? Pero que sean consecuentes con su respuesta.