Podría llegar a ser una marca registrada. Garantía de éxito electoral. De momento es sólo una enorme sospecha respecto a lo acontecido en los comicios del 11 de Abril 2019. Y un temor todavía mayor ante lo pudiera estar a punto de suceder en los del próximo 10 de Noviembre.

No vamos a detenernos mucho en las trampas y fraudes de pequeña intensidad perpetrados impunemente en casi todas partes: ocultación de papeletas de un partido, adulteración de las mismas para que sean declaradas nulas, secuestro de votos emitidos como ha hecho algún alcalde en Andalucía, vulneración de normas de propaganda, etc. etc. Es la picaresca de los miserables.

Tampoco vamos a detenernos demasiado en el gran escándalo de corrupción que supone el clientelismo caciquil, las prebendas a cambio de fidelidad, cuando no la compra directa del voto a cambio del “enchufe”. La Andalucía de los 40 años de Dictadura Socialista, el patio de Monipodio, son un ejemplo de por sí elocuente.

Nos interesa mucho más examinar los “grandes” procedimientos que se desarrollan increíblemente a la vista de todos y bajo la mirada bovina de la Junta Electoral Central, tan consensuada ella. Vayamos por partes, como dicen los opositores avezados.

En el recuento de votos de cada Mesa Electoral, público y vigilado por interventores y apoderados, se anotan en el Acta los votos obtenidos por cada partido y se conservan las papeletas que han sido impugnadas. El resto de las papeletas de voto, la inmensa mayoría, son destruidas casi de inmediato cual si de vulgares trenes de Atocha se tratara. Toda comprobación objetiva posterior resulta por tanto imposible. Concluido el recuento, el Presidente de Mesa firma el Acta. A continuación, los Vocales, Apoderados y cuanto perro pichi pase por allí. Todos tienen derecho a una fotocopia del Acta. Hasta un representante de la Administración y un empleado de la Empresa Escrutadora. Ahora hablaremos de ella. Mientras, el Presidente es conducido ante el Juez de Guardia que recibe las Actas y las Papeletas impugnadas. De allí deberán pasar al día siguiente, sin que el régimen de custodia de esos documentos sea mínimamente fiable, a la Junta Electoral Provincial que pasados unos días los remite a la Junta Electoral Central. Pero no importa, el Ministerio del Interior ya tiene los resultados “definitivos” (no los oficiales, que evidentemente son los mismos) desde un par de horas después de cerrar los Colegios Electorales. ¡Todo un milagro español! Lo que los países serios tardan varios días en realizar, a nosotros nos dura un Padrenuestro. O un quítame aquí estas pajas.

Y es que el secreto está en las Empresas Escrutadoras. Cargan los datos obtenidos de las Actas en sus archivos sin fondo y mediante unos algoritmos secretos y de imposible fiscalización, vomitan casi de inmediato, al ritmo temporal que se les requiera, unos benditos resultados que no pueden ser comprobados ni rebatidos. Son una caja negra indescifrable pero de obligado acatamiento. Un dogma de la democracia moderna.

El procedimiento es, más o menos, así: se escanea el Acta, se envía a un Registro Central que inmediatamente la envía a un “reciclador”, parece ser que ubicado en Argentina. Allí un “software” automático reproduce un duplicado exacto del Acta pero constando en ella los resultados de voto que le han sido previamente programados. Desde este Centro de Blanqueo se re-envían las Actas de nuevo al Registro Central que automáticamente realiza el conteo y la adjudicación de escaños. En total, unos pocos minutos. El tiempo que tardan en hacerlos públicos, el llamado ritmo del escrutinio, las incertidumbres, la progresión gradual de los porcentajes de voto escrutado, los escaños que “bailan” por unos pocos votos, son sólo ingredientes ficticios para emoción del público que sigue la “antigua farsa”. Todo es un montaje teatral. El resultado está escrito de antemano.

Pero qué pasa con las Actas, con las de verdad. Pues que nadie las vuelve a mirar ni las revisa, salvo las impugnadas, y mucho menos nadie se mete a comprobar las sumas de la totalidad. Después de haber salido de la Mesa Electoral, no hay revisión ni contaje alguno de las Actas. Todo queda confiado a los métodos mágicos de las Empresas Escrutadoras, únicos jueces reales del proceso electoral. Con los leves retoques cosméticos que las impugnaciones puedan introducir y alguna cata, podría decirse que aleatoria, que según su estado de ánimo quiera realizar alguna Junta Electoral. Y ni aun así cuadran nunca las cifras: el Censo electoral, los votos emitidos y los votos escrutados no armonizan ni en broma. En Abril pasado, por supuesto tampoco.

Josef Stalin, un campeón de la democracia, ya dejó dicho que no importa lo que voten, sino quien cuenta los votos. En España tenemos contratada por el gobierno “en funciones”  (igual que en Abril a dedazo sanchez) una Empresa Escrutadora para los votos interiores. Es la misma que garantiza los resultados de Maduro en Venezuela y, como participada por George Soros, todo un ejemplo de imparcialidad a lo Tezano (dejaros de vaticinios, órdenes es lo que hacen falta). Quizás por eso Pedro Sanchez se hizo el otro día en Nueva York un “selfie” con el hijo de Soros: en los momentos delicados hay que saber confraternizar.

Otra Empresa Escrutadora contratada por el gobierno “en funciones” (igual que en Abril a dedazo sanchez), también participada por George Soros, es la encargada del escrutinio de voto exterior emitido por los españoles en el extranjero. Aquí ya el desastre es indescriptible. Las dificultades para ejercer el derecho al voto son casi insuperables, el descontrol absoluto, las cifras disparatadas y cualquier intento de comprobación sencillamente imposible. Toda una parodia. Una burla descarada.

La tercera pata del banco es el cuerpo especial contratado uno a uno por el gobierno “en funciones” (también a dedazo sanchez) e incrustado en Correos para tutelar y escrutar el voto por correo. Quiero presumir su inocencia. Pero también es mucho mayor mi intranquilidad al respecto. Será todo correcto, pero desde luego no lo parece.

Voy a concretar exactamente lo que quiero decir. No acuso a nadie de nada porque no puedo hacerlo de momento. Sólo, y nada menos, afirmo que el procedimiento electoral en España no es de fiar. Carece de las garantías necesarias por mucho que se nos presuma con apariencias huecas de contenido. Lo que ha ocurrido y lo que puede seguir ocurriendo, más tarde o más temprano se sabrá. Como hace poco hemos comprobado lo que sospechábamos: el “pucherazo” del Frente Popular en Febrero de 1936 (un Gobierno “legítimo” que no ganó nunca unas Elecciones durante la II República).

A mi juicio, y eso propongo a todos los Partidos que quieran preservar la limpieza del Escrutinio y disolver toda sospecha, la manera de impedir el “pucherazo” y garantizar un mínimo de transparencia en todo el procedimiento de recuento de votos, es muy sencilla:

         . Impugnar todas y cada una de las papeletas depositadas en las urnas para impedir que sean destruidas y puedan realizarse todas las comprobaciones requeridas.

         . Impugnar todas y cada una de las Actas de las Mesas Electorales para obligar a que sean revisadas una a una por las Juntas Electorales e imponer así un contaje de votos “manual” que pueda contrastar y ser cotejado con el actual contaje “algorítmico y virtual”.

No queremos pasar de la “posverdad” (todo es mentira) al “posvoto” (vota, vota, que da lo mismo). Por muy farragoso que sea un procedimiento de garantía, es siempre preferible al delito de la impostura. Y quienes se cansen de defender la Ley, que se retiren a sus casas. En España, como decanos que somos en esta práctica, tenemos demasiada experiencia en “pucherazos” como para tranquilizarnos con una cataplasma. El Estado de Derecho se tambalea. Aunque nos den un vaso de buen vino.