El economista de moda entre la progresía, Thomas Piketty, autor de “El Capital en el siglo XXI”, ha venido destacando por proponer una renta mínima como antídoto para la desigualdad. En el caso de España, el socialista Jordi Sevilla, junto a una docena de expertos, presentaron un informe “Reforzar el bienestar social”, en el que se proponían “una renta básica universal ligada al IRPF”, medida que también apoya con entusiasmo Podemos, pero sin estar condicionada prácticamente por nada. 

Del lado liberal, Milton Friedman, Premio Nobel de economía y adalid del libre mercado, propuso un impuesto negativo sobre la renta. Con este sistema se dotaba de una renta básica o un umbral de ingresos a todas las personas, pero a mayores ingresos se recibía menos subsidio, llegando finalmente a un nivel de ingresos en el que el subsidio desaparecía. Su idea era que este impuesto negativo sobre la renta sustituyera las prestaciones sociales del Estado, incluyendo las pensiones por jubilación.

Pues dicho y hecho. Ya tenemos el Ingreso Mínimo Vital, que irá de los 462 a los 1.015 euros, dependiendo de si se tiene a personas mayores o hijos a cargo y de los ingresos o propiedades inmobiliarias. 

Por mucho que se empeñen, nada tiene que ver con la justicia social, que tan a menudo se confunde con el igualitarismo. La justicia social demanda que toda persona pueda acceder a un trabajo digno, equitativamente remunerado de acuerdo con las responsabilidades, habilidades y características que concurran en el puesto de que se trate. La justicia social demanda que para el caso de que por circunstancias sobrevenidas no se pueda trabajar, bien por algún tipo de incapacidad o por las deficiencias en el mercado laboral, los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad suplan esa falta de ingresos en tanto persista la situación. La igualdad social y el igualitarismo son otra cosa. 

También es falso que lo que ya se conoce popularmente como “la paguita” tenga nada que ver con la crisis del coronavirus. Los módulos para calcular si se tiene derecho a su disfrute parten del pasado ejercicio fiscal, no de la actual situación económica del interesado. Es decir, se ha aprovechado la crisis para colar una de las pretensiones del programa social-comunista. 

Para continuar, el ingreso mínimo vital será compatible con el resto de rentas mínimas establecidas por las Comunidades Autónomas, con lo que podría darse el supuesto de familias que ingresen por estos conceptos cantidades cercanas a los 2.000 euros mensuales.  Si tenemos en cuenta que en España el salario medio bruto es de 2.295 euros al mes, no hay que ser muy listo para llegar a la conclusión de que a algunos les saldrá más a cuenta no trabajar, cuando les va a caer la sopa boba en casa sin siquiera despeinarse. La experiencia negativa del PER en Andalucía debía alertarnos sobre este tipo de medidas, que no sirven para sacar de la marginalidad a los colectivos de personas con baja cualificación y escasos recursos sociales, sino para fomentar la picaresca, la economía sumergida, el parasitismo social y el clientelismo político. 

Más que una paga incondicionada a ningún tipo de esfuerzo, con la actual crisis económica provocada por el coronavirus el objetivo debería haber sido no incrementar las bolsas de pobreza económica. Para ello, en vez de regar a los subsidiados habituales con más dinero, el cauce más adecuado habría sido centrar los esfuerzos en los verdaderamente más perjudicados  por la crisis del coronavirus: empleados mayores de 55 años que se queden en el paro –cuya reintegración al mercado laboral será muy difícil–, y autónomos y pequeños empresarios que al perder su negocio o empresa, pierden su sustento y su inversión. Este colectivo que en principio no va a tener acceso a las ayudas, acabará sumándose a las bolsas de vulnerabilidad estructurales y desapareciendo como integrantes de la clase media. 

Además, el ingreso mínimo llegará a todos los inmigrantes que consigan cualquier tipo de permiso de residencia estable en España y a los ilegales en caso de que se trate de mujeres maltratadas o victimas de trata. Sólo un necio podría negar que se vaya a traducir en un efecto llamada.

En cuanto al coste de esta prestación, según el gobierno, será de 3.000 millones de euros anuales y  se costeará con créditos que el Estado irá concediendo a la Seguridad Social. Otros economistas independientes, como el profesor Roberto Centeno, lo cifran en 7.000 millones. En todo caso, otro cargo más para el pasivo de las ya de por si mermadas cuentas de la Seguridad Social, es decir, la medida acrecienta el riesgo de quiebra de nuestro sistema de pensiones. 

La OCDE ya advirtió el año pasado que las clases medias en Occidente están menguando debido a que su nivel de vida se estanca o va en declive, mientras que el de las rentas más altas mejora. España es uno de los países donde los problemas de este colectivo crecen más, también según concluye la OCDE. Entre los motivos de este declive está el aumento del coste de la vida, superior al crecimiento de sus rentas y la presión impositiva del Estado. 

En este contexto ¿el Ingreso Mínimo Vital va a traer más igualdad? Más bien parece que contribuirá a debilitar aún más a la clase media, que no lo duden, será la que apeche con las consecuencias negativas de este intento de anular el designio divino del “te ganarás el pan con el sudor de tu frente”.