La Constitución española, en su artículo 27, en su párrafo primero señala: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. En su párrafo tercero establece: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”. Creo que están suficientemente claros los enunciados.
Pues bien, el gobierno de Pedro Sánchez no lo está garantizando en absoluto. El laicismo y el sectarismo toman carta de naturaleza a través de las acciones políticas que están emprendiendo, y preparando, con la complicidad de sus socios de gobierno y amigos parlamentarios. La titular del ministerio de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, está haciendo lo indecible para desmontar la enseñanza concertada. La apuesta por la escuela pública es absoluta e impositiva. Un totalitarismo propio de países filo comunistas está puesto en marcha. El anticlericalismo trasnochado y de ingrato recuerdo se ha activado.
Siete leyes de educación hemos tenido desde que se inaugurara la democracia. Si bien, la primera de ellas, la Ley General de Educación y Financiamiento de la Educación, nació en 1970 y fue perpetuada por los gobiernos de UCD hasta la aprobación de la LOECE (Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de los Centros Escolares), en 1980, también promovida por UCD, y que sobrevivió hasta la llegada al poder del PSOE, liderado por Felipe González. Una de estas normas educativas, en este caso, debatida, aprobada y promulgada, con auspicio del gobierno del PP, con José María Aznar como presidente, la LOCE (Ley Orgánica de la Calidad de la Educación), fue derogada tras el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero. No podría aplicarse, por la inquina socialista hacia la enseñanza privada, sobre todo la católica.
La ley aprobada por el sonriente presidente sería la LOE (Ley Orgánica de la Educación), en 2006. En ella se introduciría la asignatura de Educación para la Ciudadanía, de la que por cierto impartiría docencia quien les escribe. Una ordenación del sistema educativo horrorosa y que pronto evidenció un auténtico desastre: abandono escolar, fracaso escolar y una ínfima calidad como nos han señalado en reiteradas ocasiones en el informe PISA. Todo ello agravado por la realidad administrativa del estado español, con diecisiete modelos educativos distintos. Un completo y auténtico desastre. La cultura del esfuerzo y el trabajo desaparecían de una manera vergonzosa, entre otras lindezas.
Solamente, por tanto, se ha aprobado una ley bajo las siglas del Partido Popular. La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), la llamada “Ley Wert”, en honor a su ministro defensor, José Ignacio Wert. Era el año 2013. Por tanto, dos leyes con la UCD (Unión de Centro Democrático); tres con el partido socialista y una, la vigente, bajo presidencia de los populares. Ahora, con los social-comunistas en el poder desde 2018, se inicia la batalla por desmantelar la ley citada. Un borrador, pendiente de debate, aprobación y promulgación, amenaza en el horizonte. Se trata de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), o lo que es lo mismo, una LOE más laicista y contraria a la enseñanza concertada.
Durante estos días, se vienen desarrollando enmiendas y debates parlamentarios, para el denominado Plan de Reconstrucción, tras el “Gran Confinamiento”. De lo dos mil millones de euros previstos para la educación, ni un solo euro se va a destinar a la enseñanza concertada. Todas las enmiendas contrarias a ello fueron rechazadas. Es un ejemplo clarísimo de la vocación partidista y de fuerte ideologización de corte marxista. Se avecinan tiempos revueltos, manifestaciones y abundantes críticas desde diversos sectores: Escuelas Católicas, sindicatos independientes –mayoritarios en la enseñanza concertada- y asociaciones de padres de alumnos. También el Partido Popular y, sobre todo Vox, ya han anunciado su firme oposición.
La apuesta por la escuela pública es firme y decidida. La intromisión en el derecho de los padres es flagrante, estableciendo una especie de “coeducación” compartida con el estado. Esto es de todo punto inadmisible e inaceptable. Junto a ello, la discriminación de la enseñanza de la asignatura de Religión, y la introducción de la ideología de género, el triunfo del pensamiento único y el adoctrinamiento en la forma de interpretar la Historia de España. Amén, por supuesto, de toda una revisión de los conciertos educativos y una reducción de los fondos económicos destinados al sostenimiento de los centros concertados. Es una estrategia encuadrada dentro de una visión global en la que el ataque a instituciones como la Corona, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, o la familia tradicional es un hecho. La educación es un instrumento de imposición ideológica muy efectiva, como hemos podido comprobar en las ikastolas vascas, o en la escuela pública catalana. En nombre de una sociedad más justa, abierta y diversa, se implanta una sociedad más intolerante con lo contrario a su propio modelo político.
El gobierno sabe muy bien que España no es aconfesional, aunque sea declarada laica oficialmente. También saben que más de dos millones de alumnos cursan sus estudios en centros concertados, más de la tercera parte de la red pública de educación, o lo que es lo mismo, un 25,7% del alumnado.
Son muy conscientes de que seis de cada diez colegios concertados son católicos. Pero….la religión les da grima, la familia tradicional les resulta incómoda, la libertad de enseñanza no les gusta. No soportan la demanda social que tiene este modelo, en el que la demanda supera ampliamente el volumen de oferta de plazas concertadas disponibles. De ahí que, con perversa sutileza, pretendan eliminar del texto defendido este aspecto, el de la “demanda social”.
Este autoritarismo y ejercicio del sectarismo, lamentablemente, me lleva a recordar un pasado lejano, pero no olvidado, de una época en la que se proclamara desde la tribuna política aquella célebre frase de Manuel Azaña que decía: “España ha dejado de ser católica”. Muchos, demasiados, no la entendieron y los excesos fueron de sobra conocidos. Les aseguro que, este veterano de la educación que escribe, con más de treinta y dos años de experiencia acumulada, desde su compromiso con la tradición y las costumbres, la defensa de la religión y el profundo amor a España, dará batalla y peleará en cuantos foros sean necesarios.