A menudo la cronología establece la relevancia de los hechos con más claridad que cualquier otro argumento, y por ese motivo les ruego atención a estos sucesos históricamente documentados:

*En julio de 1590, la bruja Ane Koldings fue quemada en Copenhague, acusada por el alcalde la ciudad de haber provocado una tormenta. El testimonio de la autoridad municipal fue suficiente y decisivo en el juicio, sentencia y ejecución de la supuesta hechicera.

*En junio de 1594, el judío converso Rodrigo Lópes, de origen portugués, fue acusado en Londres por Robert Devereux, conde de Essex, de «judaizar» en privado y conspirar para el asesinato de la reina Isabel. Fue declarado culpable y condenado a la pena de «hanged, drawn and quartered». Fue colgado, destripado y descuartizado. El testimonio de Robert Devereux fue decisivo y suficiente para la condena del converso.

*En 1576, el barcelonés Pere Maymó fue acusado anónimamente de sodomía. El tribunal juzgador lo declaró culpable. Fue condenado a la hoguera y ejecutado en octubre de 1578. La denuncia anónima fue suficiente y decisiva en el proceso.

*En marzo de 2025, la vicepresidente del gobierno de España, María Jesús Montero, hace honor a su apellido, revienta de pinza y declara toda engallada: «Es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes y valientes que se enfrentan a los poderosos y los famosos».

No hay marcha atrás. Antes era el antes y ahora, después de la declaración de la vicepresidente, es el después, el paso ciego y las naves quemadas en el camino hacia la nueva Edad Media.

Ya no hay espacio para el debate, ni siquiera para la exposición argumentada de principios jurídicos elementales. Los judíos, las brujas, los sodomitas, en tiempos, eran culpables por defecto. Bastaba una acusación contra ellos, una denuncia anónima, el testimonio de un vecino —si era un «notable», mejor—, para que acabaran en el cadalso. Hoy, en España, implementada hasta el paroxismo aquella doctrina jurídica que se instauró en tiempos de Zapatero y según la cual no existe la presunción de inocencia en delitos «de género», los hombres somos culpables. Nacemos culpables. Y si nacemos heterosexuales y no racializados, más culpables todavía. No lo digo yo, por más que yo lo digo; no lo dice la evidencia por más que la evidencia de la práctica jurídica haya mostrado hasta qué extremos de iniquidad puede llevarnos el estado de histeria legislativa. Lo dice la vicepresidente del gobierno: la presunción de inocencia no puede tener más valor que el testimonio de las víctimas. Las supuestas víctimas. Las presuntas víctimas.

Explicar que la carga de la prueba en cualquier denuncia corresponde a quien formula la acusación, ya es inútil. Lo que importa es el testimonio. A la hoguera.

Cabe preguntarnos el concepto que tiene la vicepresidente sobre lo que son «mujeres valientes». La realidad en este punto nos condena sin duda al terreno de la desolación. Según Montero, una mujer joven y valiente —imagino que empoderada—, es una chica que baila en una discoteca muy célebre por sus bailonas, que se mete en el WC con un futbolista famoso y sale tras haberle practicado una felación aunque ella diga que no, que no hubo felación; aunque las pruebas forenses, científicas, digan que sí, que hubo felación. Si una mujer valiente es eso, mejor no pensar en lo que podrían hacer las heroínas.

Lo anterior, sin embargo, no tiene importancia. Qué más da si hubo o no hubo meneo en las letrinas. Lo en verdad relevante es el zapatazo de la ministra vicepresidente del gobierno de España y, por lógica, de todo el gobierno de España. El poder ejecutivo ha dado un paso más en su pugna contra el judicial, trascendiendo sus críticas coyunturales a los jueces, en función de los casos de corrupción que le afectan, para entrar de lleno a confrontar con la ley y los principios básicos del derecho como la presunción de inocencia.

Nuevo panorama. Por fin el gobierno de España reconoce, por vía de hechos y declaraciones, que considera a sus votantes un conglomerado de lerdos, débiles mentales o fanáticos sin más criterio que su odio a «la derecha y la extrema derecha». Nadie con luces puede tragar el sapo de la vicepresidente sin saber que se traga un sapo gordo.

Oportunidad. Se acabó la distinción entre «jueces progresistas» y «conservadores». Montero va contra toda la judicatura. Dos jueces/magistradas del TSJC firmantes de la sentencia que originó la polémica son «progresistas» y, dicen, de izquierdas. Ya no se trata de izquierdas y derechas, de progresismo y conservadurismo. Se trata del imperio de la ley y sus fundamentos elementales o del triunfo de la Nueva Edad media, la bacanal de las tripas, el odio y la burricia.

Ya no caben equidistancias, no meterse en polémicas y clamar aquello de «todos son iguales». No es verdad. Todos no son iguales. Están los que defienden la ley y están los que necesitan dinamitar la ley, el estado de derecho, la separación de poderes y la entente constitucional para mantenerse en el poder.

Ya no vale ser de izquierdas pero descontento por cómo hacen las cosas los actuales depositarios de la izquierda, guardar la ropa, encogerse de hombros y resignarse: «Por lo menos, no gobierna la derecha». No gobierna la derecha, en efecto: gobiernan los que no tienen derecha ni izquierda ni más ideario que el poder, ni más argumento que apelar a la emotividad desenfrenada de los ignorantes, los dispuestos a convencerse de que la presunción de inocencia es un obstáculo para la justicia; y la ley, un muro espantoso que impide la felicidad de las masas.

«Socialismo o barbarie», decían los clásicos de la izquierda. Qué paradójico y terrible comprobar que el socialismo era un disparate inalcanzable, pero la barbarie sí tenía futuro. Tremendo comprobar que la barbarie, hoy, en España, se llama socialismo.