¡Y no es así! ¡De ninguna manera! Esto no va de diferencias mercantiles entre particulares, ni de conflictos administrativos o de simples discrepancias fiscales. Es difícil que la mentalidad bobalicona de un registrador llegue nunca a entenderlo. Pero esto va de Crimen y sólo admite trámite por lo Penal. ¡Y aquí hay mucho dolo! ¡Desde 1978!
En Cataluña se está perpetrando, en tres etapas, un Golpe de Estado con Secesión incluida, anunciado y publicitado con injurias por los golpistas, y financiado por España, la injuriada.
La Primera Etapa ya ha culminado: tras un prolongado desprecio a leyes, sentencias y demás sollozos de España, los golpistas han puesto en vigor, entre el 6 y el 7 de Septiembre, sus tres Leyes de Desconexión. La estulticia de afirmar que no tienen valor jurídico es irrisoria: no respetan la legalidad ni la jurisdicción española, sino que fundamentan una “Legalidad Emergente”: la de la República Catalana. Para los golpistas esa es la única de obligado respeto y cumplimiento. De lo demás se mofan.
La Segunda Etapa tendrá lugar el 1º de Octubre, esperpéntico y pueril simulacro de Referéndum que, por supuesto se va a celebrar. Todas las bravuconadas españolas que afirman la “firme determinación” de impedirlo, resultan ridículas. La Nueva Legalidad catalana ha determinado que la participación conseguida carece de relevancia. Por tanto, basta con que el golpista Puigdemont y sus cuates se reúnan en algún domicilio particular y arrojen unas pajaritas de papel en una caja de cartón, para que el Referéndum sea considerado válido y victorioso. Para la Legalidad Catalana que es la única aceptada por ellos. ¡Lo del Pueblo es mera metáfora!
La Tercera Etapa se culminará al día siguiente, 2 de Octubre. Los golpistas proclamarán la independencia y la soberanía de la República Catalana. Cuanto ocurra después está por ver, porque “hablando se entiende la gente” que diría el ínclito Borbón, y “las armas las carga el Diablo”.
Ya podemos inundar Cataluña con amenazas, dictámenes, sentencias, órdenes de fiscalía, morisquetas de hacienda y sentencias conminatorias. Eso va a ocurrir así, inexorablemente.
No existe en toda la Historia de la Humanidad, en ningún país o territorio, un precedente o algo similar a esto, que haya podido ocurrir nunca. Nadie ha tolerado jamás, salvo derrota bélica, una humillación semejante. España, por lo visto sí. ¿Por qué?
Con motivo de la “política de apaciguamiento” de Chamberlain con Hitler, Winston Churchill le espetó: “Persigue usted una paz sin honra y no obtendrá ni lo uno ni lo otro”. Nuestro Presidente (mal que nos pese) está tres o cuatro peldaños por debajo. Le viene ancho. Su obligación es impedir el delito, prevenirlo, reprimirlo y poner a sus responsables a disposición de la Justicia. ¡Y no al revés! Es un tarugo de los tiempos.
Cuando se está cometiendo un crimen flagrante, nadie en su sano juicio esperaría hasta que hubiera una sentencia judicial para arrestar al delincuente. ¿O pasó eso con el Teniente Coronel Antonio Tejero cuando asaltó el Congreso de los Diputados el 23-F de 1981? ¿O debemos suprimir la prisión preventiva? ¿O irnos de cañas con los golpistas?
Estamos hablando de un indisimulable delito de traición y sedición por parte de unos golpistas identificados y ovacionados por sus secuaces. El Presidente Rajoy ha hecho una injustificable dejación de sus obligaciones: no ejercer como Poder Ejecutivo para garantizar el respeto de la Ley y conformarse con ser un mero asesor registral de la Justicia. La Historia lo juzgará, por supuesto. Pero los Tribunales españoles también.
Mientras tanto, sólo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y el Ejército Español, serán quienes terminen, por la fuerza y asumiendo su deber imperativo, por derrotar a los delincuentes golpistas y preservar la integridad de la Patria. España.
Si el precio es alto, lo lamentaremos mucho. Pero el “mal menor” no justifica la ignominia ni resuelve nada si no alcanza categoría de “bien suficiente”. Lo demás es esconder la cabeza y seguir jugando a las tabas.