En la medianoche del lunes al martes las fronteras de Ceuta y Melilla reabrieron sus puertas. Una apertura fronteriza sin incidencias, más allá de las aglomeraciones que se registraron en los pasos fronterizos de ambas ciudades autónomas, unos deseosos de celebrar dicha apertura y otros que esperaban en largas colas con la finalidad de acceder a Marruecos para visitar a sus familias. El flujo de entradas a territorio español fue más controlado, pues en esta primera fase únicamente pueden acceder aquellos que dispongan de permiso de circulación en territorio Schengen y ciudadanos de la Unión Europea.
Todo aconteció según lo esperado y ahora solo queda desear que así siga siendo, pero no será. Y no será por diversas razones. No solo porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo vengan advirtiendo por activa y por pasiva dada la carencia de efectivos en ambas ciudades autónomas, que también. Ni por el riesgo existente ante un régimen alauita que no dudará en utilizar nuevamente los flujos migratorios como arma de presión política, que también. Hay otro tipo de cuestiones que están siendo ignoradas o bien, no se quieren ver.
Me lo decía hace unas semanas un conocido periodista melillense, que con herramientas de juicio basadas en la experiencia y la acumulación estadística, me miraba cuasi exhausto mientras me decía, “si no solucionan el tema del asilo vamos a tener problemas”. Alberto Benzaquen sabía de lo que me estaba hablando.
El derecho al asilo o a la protección internacional viene motivado según diversas circunstancias contempladas en la propia ley. Una persecución sobre un sujeto determinado por cuestiones políticas, el acoso por razones de sexo o la huida de una zona en conflicto, pueden ser razones suficientes para que el solicitante pueda acceder a una solicitud de asilo y refugio. No lo son, sin embargo, otro tipo de cuestiones alegadas en los últimos meses: “porque quiero ir a la Península”.
“Más de 5.000 peticiones de asilo en 2020 con frontera cerrada”, me decía Benzaquen. Una aseveración que más que una alusión estadística, es una advertencia de lo que puede conllevar una apertura de fronteras en las actuales condiciones.
Según el último balance del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANUR) cerrado con fecha 31 de marzo, Melilla se sitúa como la segunda provincia española de España con mayor acumulado de peticiones de asilo en dicho mes, solo superada por Madrid y por encima de Barcelona. Ranking estadístico hasta ahora no registrado en la ciudad autónoma, un nuevo record, tras el asalto masivo de más de 4.000 inmigrantes ilegales en las vallas melillenses.
Si bien es cierto que la mayor parte de estas solicitudes de asilo guardan relación con el asalto mencionado con anterioridad, estas solo simbolizan una parte de las casi 1.500 que arroja ACNUR en su último balance. Y si nos vamos al mes de enero, aún así, Melilla ocupa el quinto lugar. Una Ciudad Autónoma que nunca había ocupado los primeros puestos en este tipo de informes mantiene su permanencia entre los cinco primeros de forma continuada. Por algo será.
Después de lo ocurrido en Ceuta el año pasado, miles de marroquíes “atrapados” en la Ciudad Autónoma se personaron en las oficinas de asilo habilitadas en El Tarajal, junto a los pasos fronterizos de Ceuta con Marruecos. La mayor parte de estas peticiones de asilo no se ajustaban al marco de la ley, aún así, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tenían orden de tramitar todas estas solicitudes y con el tiempo ocurrió lo que cabía esperar, una saturación desmedida en los servicios de la Oficina de Asilo y Refugio española.
Por otro lado, según una sentencia del Tribunal Supremo, “todo ciudadano extranjero que haya solicitado protección internacional o asilo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tiene derecho a la libertad de movimiento», así como «a fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional». Y con ello se entiende el por qué todo inmigrante ilegal que accede a Ceuta o Melilla se dirige inmediatamente a las oficinas de asilo.
Lo mencionado con anterioridad, sumado a la actual saturación en la Oficina de Asilo y Refugio española, hace que pasado un mes, todas las solicitudes se entiendan admitidas a trámite por silencio administrativo. De esta forma, todo solicitante puede a partir de ese momento deambular por todo el territorio español sin ningún tipo de impedimento. Hecha la ley, tomado el pasaporte.
Sé que igual es complejo de explicar, pero estoy tratando de ser lo más claro posible. Aún así, procedo a la versión simple y directa:
Un ciudadano “A” accede ilegalmente a la Ciudad Autónoma “B”, dado que no dispone de visado Schengen, ni es ciudadano de la UE, no podrá marchar de la Ciudad Autónoma “B” y debe ser expulsado del territorio en aplicación de las normas de extranjería. En un momento determinado y con orden de expulsión en su haber, el ciudadano “A” se dirige a la Oficina de Asilo de la Ciudad Autónoma “B” y un agente del Cuerpo Nacional de Policía le facilita la cumplimentación de una solicitud de asilo. En principio, el ciudadano “A” no tiene derecho a la concesión de asilo y debería abandonar la Ciudad Autónoma “B”, pero esta solicitud de asilo paraliza su expulsión. Pasado un mes y dada la saturación en la Oficina de Asilo y Refugio española, la solicitud de asilo del ciudadano “A” es admitida a tramite por silencio administrativo y con sentencia del Tribunal Supremo en mano, el ciudadano “A” abandona la Ciudad Autónoma “B”. Pasados los dos meses, la solicitud de asilo resulta denegada, ¿dónde está el ciudadano “A”?
He aquí un ejemplo más de cómo el fraude de ley baila la danza africana alrededor de la Ley de Extranjería mientras el actual Gobierno, yembé en mano, continúa mirando hacia el Monte Gurugú aparentando no entender nada. Y por ello Benzaquen decía aquello de: “si no solucionan el tema del asilo vamos a tener problemas”. Y tendremos problemas.