El pacto entre el Partido Popular y Vox en Baleares para recuperar la libertad de elección del idioma vehicular en la enseñanza parece algo sensato, razonable dentro de las complicaciones que estos asuntos siempre acarrean —por lo delicado de su contenido, por lo arriscado casi siempre de las posiciones encontradas— y prometedor en la medida en que augura un período libre de conflictos lingüísticos en la escuela, siempre y cuando los de siempre, con las mismas de siempre, no se empeñen en retorcer situaciones, buscar laberintos artificiales y hacer demagogia en cada uno de ellos. Sé que es mucho pedir a la izquierda y no digamos a la izquierda nacionalista, pero si finalmente se imponen el sentido del equilibrio, el respeto a la legalidad y a la Constitución española, quizás nos encontremos ante un período fructuoso en el desarrollo de un modelo lingüístico escolar que debería haberse impuesto hace muchos años, el cual habría ahorrado demasiadas arbitrariedades, desigualdad e instrumentalización del idioma como artefacto político cimentador del discurso hegemonista del nacionalismo.
El pacto entre ambas formaciones políticas establece un elemento decisivo para garantizar la igualdad y por consiguiente —aunque parezca obvio no lo es—, la no discriminación en la práctica de ninguna de las lenguas oficiales en la comunidad balear, español y catalán. Dicho elemento se concreta en la libre elección por parte de los padres de los alumnos del idioma vehicular en la educación de sus hijos. Una elección directa, no otorgada ni decidida por representatividad de los consejos escolares —órganos politizados al máximo, igual que las ampas—, ni mediatizada por los sindicatos y otras instancias con voz y voto en la materia. Se trataría de un otorgamiento, como decía, directo. Y para garantizar el escrupuloso tratamiento y desarrollo de esta decisión y que los alumnos puedan estudiar si lo desean en su lengua materna, o en la que elijan, así como la implementación en la vida escolar cotidiana del archipiélago de este derecho, se creará la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, que sustituirá a la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, órgano este último, como es fácil deducir, altamente ideologizado y que funcionaba en sintonía con los intereses políticos del nacionalismo y el independentismo. Se trata, en definitiva, de garantizar la libertad de elección y de fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas.
Como también es fácil deducir, estas medidas no han gustado en absoluto al espectro nacionalista-indepe-izquierdista. Según la plataforma Joves per la Llengua, “La lengua catalana, propia de les Illes Balears, se encuentra en una situación de retroceso alarmante en todo el territorio”, por lo que debe ser especialmente protegida. Además muestran su preocupación por la “voluntad de dinamitar» el modelo de inmersión lingüística catalana en la escuela pública, y exigen que se garantice “la subsistencia del catalán en un entorno cada vez más hostil”.
Entendámonos. Todas las disposiciones legales y administrativas admiten oposición y controversia, faltaría más. Pero las que plantea esta asociación juvenil de marcada inclinación independentista y pancatalanista se caen por sí mismas, de puro sectarias.
Para empezar, la lengua catalana no es “la propia de las Islas Baleares”. Lenguas propias, con marcada identidad territorializada, son el mallorquín y el ibicenco, y en menor medida el menorquín. Que en las islas no se haya llevado a cabo un proceso de “normalización”, similar al que tuvo lugar hace décadas en Galicia y País Vasco, para fijar una normativa lingüística unificadora sobre la abstracción común de la “lengua balear” no implica, necesariamente, que el catalán sea la lengua propia del archipiélago. Cosa distinta es que los políticos locales —autonómicos y no autonómicos— claudicasen hace mucho tiempo ante el catalanismo, primero académico y después político, en una operación de hegemonía-superioridad que causaría bochorno a cualquier otra región europea orgullosa de su tradición lingüística y su identidad cultural. Imaginen que a los lorenenses, alsacianos y belgas flamencos, habida cuenta de la parcelación de las lenguas habladas en sus lugares natales y la dificultad para unificar dichas modalidades en una sola, cooficial con el francés, les dijesen que su lengua propia es el alemán, idioma de gran concomitancia semántica y sintáctica y que además les pilla muy cerca; y de tal forma, el francés y el alemán serían sus lenguas cooficiales, en tano que el lorenés, el alsaciano y el flamenco se considerarían hablas menores y geográficamente dispersas. Eso es lo que ha sucedido con el mallorquín y el ibicenco. Ante esa realidad, de puro consolidada, ya no queda otra que aceptarla como un daño sin posibilidad de reparación. Mas ello no quiere decir que se deba continuar en la línea de acceder a todo lo que exijan “los dueños” del idioma catalán trasplantado como norma general lingüística a las islas e instaurado —más bien impuesto— como única y genuina “lengua propia”.
Otra cuestión que se plantea desde la izquierda y el nacionalismo catalanista: que las administraciones, como obligación inapelable y tal como piden los defensores del antiguo modelo lingüístico en la escuela, tomen todas las medidas posibles —legítimas o no, me temo; de acuerdo con los derechos de la ciudadanía o no, sospecho—, para preservar la vigencia de la lengua catalana en el territorio, ya que dicha lengua, según ellos, se encuentra en “una situación de retroceso alarmante”.
Aquí topamos con los famosos “derechos de lo incarnado” enfrentados al derecho de las personas de carne y hueso. Me refiero a los improbables “derechos de los territorios”, “derechos de la lengua”, los derechos que se sostienen por la vigencia “histórica” de la memoria, etc.
No, los territorios y los idiomas no tienen derechos. No son objetos de autoridad sino sujetos de buen trato. Quienes tienen derechos son los individuos, los ciudadanos. Las personas.
Los mapas y las lenguas son bienes que pertenecen al intangible de las civilizaciones y deben ser sujeto de todo cuidado, de esmerada atención, de veneración incluso; deben ser atendidos, sostenidos, desarrollados y continuamente enriquecidos. Son un bien inconmensurable y nada se puede ni se debe objetar ante ellos… hasta que confrontan con los derechos de los individuos. Los seres humanos no estamos en este mundo para servir a un territorio o a un idioma, sino para crecer y prosperar gracias a su riqueza generosamente transmitida, en la bien entendida obligación de que por recíproca gratitud hemos de devolver el caudal recibido, intentado a la vez engrandecerlo y mejorar el legado que nos hizo más libres, más felices, más identificados con nuestro entorno cultural y más dueños de nosotros mismos. Hasta ahí. Ahora bien, ¿desde cuándo y a santo de qué los derechos de los alumnos y los ciudadanos de Baleares, en lo que respecta a la libre elección de lengua vehicular del alumnado en las escuelas públicas, deben plegarse e incluso renunciar, allanarse ante el estado de salud social de un idioma, en esta caso el catalán? ¿Por qué y en razón de qué argumento? A eso se le llama con toda propiedad ingeniería social, una tendencia muy opuesta a los nuevos aires que se levantan en Europa, en sus regiones históricas y en las comunidades tradicionales. Si el catalán se encuentra verdaderamente en retroceso en las islas, problema de sus promotores y partidarios acérrimos será hacerlo más atractivo, útil y confortable para los usos sociales del ámbito en que se desenvuelve. Proceder al contrario, convertir el catalán en una obligación antipática y tediosa, una asignatura omnipresente en la escuela y en el patio de recreo, es lo menos inteligente que puede hacerse; y aunque llevan décadas haciéndolo en Baleares y en Cataluña, curso tras curso insistiendo en el mismo método, sigue sin ser una política promocional inteligente.
Pero, en fin, este debate es tan largo y hasta hoy ha dado tan pocos frutos que yo creo que lo voy dejando, por el momento. Esperemos que sí dé frutos y se saque provecho del pacto por la libertad lingüística en Baleares. Será en hora buena.