La intervención militar y política de Estados Unidos en Venezuela —militar, económica y diplomática— por mucho que en España desde hace mucho tiempo, hemos convertido el devenir del pueblo venezolano en algo interno, debe ser leída por cualquier persona que se reconozca como patriota, como una vulneración grave del principio de soberanía que debería regir las relaciones entre los pueblos. La explicación más clara la ha hecho la mismísima Marine Le Pen, con un comunicado que ha superado en coherencia a cualquier otro, incluido el de los demócratas de salón con diploma de serlo. La lógica que subyace a este tipo de acciones no es la defensa de la democracia ni de los derechos humanos, sino la persistencia de una mentalidad imperial que concibe el mundo y en este caso Hispanoamérica como un espacio de tutela, intervención y control. Bajo la retórica del orden, la seguridad o la libertad, se reproduce una práctica histórica que ha causado más destrucción que emancipación.
La deriva imperialista de la administración de Donald Trump no resulta una anomalía, sino la expresión descarnada de la política exterior de EE.UU. que recurre a la fuerza, la amenaza y la presión económica como instrumentos habituales. En el caso venezolano, esta actitud ignora deliberadamente que ningún proyecto democrático puede imponerse desde fuera sin destruir aquello que dice defender. La soberanía no es un principio abstracto: es la condición mínima para que un pueblo pueda decidir su futuro, incluso cuando ese proceso sea contradictorio, lento o nos parezca equivocado.
Ahora bien, defender la soberanía de Venezuela no implica cerrar los ojos ante la profunda degradación del proyecto chavista. El movimiento que llevó a Hugo Chávez al poder nació con una promesa clara: acabar con la corrupción estructural, romper el dominio de las viejas oligarquías y construir un país más justo, participativo y autónomo. Aquella aspiración conectó con un anhelo real de dignidad popular y transformación social. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese impulso inicial fue traicionado.
El chavismo sin Chávez derivó hacia un modelo cada vez más autoritario, donde la concentración de poder, la represión de la disidencia y la corrupción sistemática vaciaron de contenido el discurso emancipador. En lugar de desmontar las élites, se sustituyeron unas por otras; en lugar de fortalecer las libertades, se restringieron; y en lugar de construir soberanía popular, se consolidó un aparato estatal opaco y represivo. Esta deriva no solo empobreció materialmente al país, sino que debilitó su legitimidad política y moral. Cierto es que al chavismo no le dieron ni un minuto de cortesía cuando ganaba elecciones masiva y limpiamente: desde dentro y fuera el acoso empresarial de los poderosos fue intenso, con bloqueos, huelgas patronales e incluso intentos de golpes de estado. Pero eso no impide que hoy, un nuevo oligarca sea indistinguible de los viejos oligarcas. Es más, los hijos de unos y otros, viven juntos como millonarios fuera de su país con el dinero robado a su pueblo. Antes y ahora.
Esa pérdida de legitimidad ha sido utilizada por Estados Unidos – y sus coristas- como una coartada para justificar su injerencia en busca de control del petroleo y de lo que llaman su hemisferio. Pero conviene decirlo con claridad: el autoritarismo interno no legitima la intervención externa. Que un gobierno traicione a su pueblo no otorga a ninguna potencia el derecho a decidir su destino. Si no, invadamos ya a nuestro falso aliado marroquí o a cualquiera de las petrodictaduras del Golfo.
La verdadera salida para Venezuela no pasa ni por bombardeos, ni por bloqueos, ni por líderes impuestos desde fuera. Pasa por la recuperación de la soberanía popular, por la reconstrucción de un proyecto político libre de caudillismo, corrupción y represión, y por el derecho del pueblo venezolano a rehacer su camino sin tutelas. Defender esa posibilidad es hoy una tarea ética y política imprescindible. Aplaudir o justificar al agresor con la excusa de que es nuestro aliado, no es más que un reflejo de la sumisión colonial que prima en Europa. Entre quienes nos gobiernan, lo que no es nada nuevo, y sorprendentemente entre muchos de quienes dicen ser soberanistas y defender un proyecto alternativo para las naciones y pueblos de Europa. La historia es caprichosa y nos dará, en poco tiempo dada la premura con que se mueve todo, ocasión de comprobar que no somos aliados de EE.UU. sino vasallos. Nuestros vecinos del otro lado del estrecho tienen todas las papeletas para ser el campo pruebas. Tiempo al tiempo.