En los últimos días, a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, se ha desatado una avalancha de comentarios en las redes sociales, las tribunas periodísticas y las tertulias políticas, y la gran mayoría comparten un rasgo común: la tendencia a analizar la política internacional como si se tratara de un problema moral o desde la dicotomía de buenos y malos. Se multiplican así los juicios que califican el ataque como «inmoral», «ilegal» o «contrario al derecho internacional», mientras otros la justifican apelando a valores supuestamente universales como la defensa de la democracia, la seguridad global o los derechos humanos. Este tipo de discursos, sin embargo, aunque puedan tener sentido en el plano ético o jurídico, cosa que no se niega, resultan insuficientes para comprender cómo funcionan realmente las relaciones internacionales. Y es que la política mundial, esto es, la geopolítica, no opera como un tribunal moral universal, sino como una compleja dialéctica entre Estados cuya conducta se explica, ante todo, por su capacidad efectiva de poder y por los cálculos estratégicos que esa capacidad permite realizar.

En efecto, cuando se examinan distintos acontecimientos de la historia política se percibe con facilidad algo que una vez expuesto parece una obviedad, pero que no parece serlo puesto que se olvida a menudo, a saber: que los Estados actúan fundamentalmente dentro del marco de lo que pueden hacer. Aquello que un Estado no tiene capacidad para realizar simplemente queda fuera de su horizonte político. Y, por el contrario, cuando un Estado dispone de los medios suficientes para imponer su voluntad en una región, intervenir militarmente o alterar un equilibrio geopolítico, o en su defecto para resistirse a ello, las posibilidades de que lo haga aumentan considerablemente. Esto no significa que la política internacional sea irracional o caótica, como a veces se sugiere, sino todo lo contrario: el ejercicio del poder estatal implica niveles extraordinarios de racionalidad estratégica. La planificación de una operación militar contemporánea, por ejemplo, moviliza redes industriales complejísimas, investigaciones científicas avanzadas, inteligencia militar, logística global y cálculos diplomáticos de enorme sofisticación. En la cabeza de un misil hay miles de horas de ingeniería, de investigación tecnológica y de planificación estratégica acumuladas. El poder político moderno no es la mera expresión de una violencia irracional, sino una forma altamente organizada de racionalidad operativa.

Ahora bien, junto a ese plano efectivo del poder aparece casi siempre otro plano distinto, aunque íntimamente relacionado con él: el de las justificaciones ideológicas o morales. Lo que desde el materialismo filosófico denominamos como plano nematológico. Los Estados rara vez presentan sus acciones como meras expresiones de fuerza. Habitualmente las acompañan de relatos legitimadores que apelan a valores universales o a principios normativos. Cuando Estados Unidos intervino militarmente en Irak en 2003, la operación fue presentada públicamente como una acción destinada a eliminar armas de destrucción masiva y a liberar al pueblo iraquí de un régimen dictatorial. Años después, cuando se constató que esas armas no existían, quedó claro que los motivos estratégicos –control regional, mantener el sistema del petrodólar, equilibrio geopolítico en Oriente Medio, proyección de poder global– habían desempeñado un papel decisivo. Algo similar ocurrió durante la desastrosa intervención de la OTAN en Libia en 2011, que fue justificada en nombre de la «responsabilidad de proteger» a la población civil frente al régimen de Muamar el Gadafi, pero que terminó desencadenando el colapso del Estado libio y una prolongada inestabilidad regional cuyos efectos todavía se dejan sentir en el Sahel y en el Mediterráneo.

Este mecanismo de legitimación ideológica no es exclusivo de las potencias occidentales ni pertenece únicamente al presente. A lo largo de la historia los imperios y las grandes potencias han acompañado sistemáticamente sus expansiones políticas con marcos doctrinales que daban sentido y legitimidad a sus acciones. El Imperio romano, por ejemplo, justificaba muchas de sus campañas militares bajo la idea de la defensa del orden romano o de la pacificación del mundo mediterráneo. La famosa Pax Romana, que efectivamente estabilizó amplias regiones del imperio durante siglos, era al mismo tiempo una forma de dominación imperial sostenida por legiones, sistemas fiscales y redes administrativas de enorme complejidad. Del mismo modo, la expansión de los imperios europeos en los siglos XIX y XX se articuló con frecuencia en torno a la llamada «misión civilizadora». Francia hablaba de su mission civilisatrice, el Reino Unido de «la carga del hombre blanco» popularizada por Rudyard Kipling, y ambos discursos pretendían presentar la expansión imperial como una empresa moral destinada a llevar la civilización, el progreso y la modernidad –que a saber qué es eso– a territorios considerados atrasados (y que efectivamente lo eran en muchos casos).

El Imperio español, desde luego, no fue una excepción a esta dinámica general de la historia política. Con frecuencia se afirma que la expansión española en América se explicó fundamentalmente por motivos religiosos, en particular por el impulso evangelizador del catolicismo. Y es indudable que la religión desempeñó un papel central en la configuración del ortograma imperial español y en la legitimación doctrinal de su expansión. La idea de una comunidad política universal cristiana, heredera en parte del ideal medieval de la Cristiandad, formó parte de la norma imperial que orientó muchas de las instituciones del imperio. Justamente por ello la labor misionera de órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos o los jesuitas, además de fungir como una avanzadilla imperial y un modo de sujetar a la población, tuvo una presencia decisiva en la vida social y cultural de amplios territorios americanos, y los debates teológicos y jurídicos desarrollados por la Escuela de Salamanca –con figuras como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto– reflejan hasta qué punto la cuestión de la legitimidad de la expansión fue, desde una visión católica, objeto de reflexión sistemática.

Sin embargo, sería un error explicar la expansión política de España únicamente por esos elementos ideológicos o religiosos. Ninguna doctrina teológica, por poderosa que fuera, habría bastado para levantar un imperio de escala planetaria si no hubiera existido una base material capaz de sostenerlo. La expansión española fue posible porque la Monarquía Hispánica disponía de flotas oceánicas de gran capacidad, de una tecnología naval avanzada para su época (y por entonces la tecnología naval era la más avanzada, como hoy lo es la aeroespacial), de una organización administrativa compleja –virreinatos, audiencias, capitanías generales, etcétera– y de una red institucional capaz de integrar territorios muy diversos dentro de una misma estructura política. Las expediciones científicas que atravesaron el Atlántico y el Pacífico, las rutas comerciales que conectaban Sevilla con Veracruz o Acapulco con Manila, o las complejas redes de gobierno que articulaban el imperio no fueron el resultado de una mera inspiración religiosa, sino de un formidable aparato político, militar y económico.

La propia historia del Galeón de Manila ilustra con claridad esta articulación entre poder ejercido y legitimación ideológica. Durante más de dos siglos, la ruta que conectaba Filipinas con Nueva España permitió articular un sistema de comercio transpacífico, de escala global, que integraba los mercados asiáticos, americanos y europeos. El funcionamiento de esa red no era poca cosa, ya que requería conocimientos náuticos sofisticados, cartografía avanzada, organización logística y protección militar frente a amenazas externas. Al mismo tiempo, ese sistema comercial estaba integrado dentro de un horizonte político y cultural más amplio, en el que la expansión española se concebía como parte de un proyecto universal cristiano. No se trata, por tanto, de negar el papel de las ideas, ni de las nebulosas de ideas (nematologías), sino de situarlas en su lugar adecuado dentro de la estructura del poder político.

Este mismo esquema puede observarse en conflictos mucho más recientes. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, tras muchos años de rechazar la intervención por las masacres que estaban padeciendo los rusófonos en Ucrania, el Kremlin justificó la operación apelando a una combinación de argumentos históricos, culturales y de seguridad estratégica, a saber: la protección de las poblaciones rusófonas del Donbás, la oposición a la expansión de la OTAN hacia el este, la desnazificación de Ucrania o la reivindicación de una unidad histórica entre rusos y ucranianos. Y todo ello influyó y mucho, pero más allá de la veracidad o falsedad de esos argumentos, lo cierto es que la invasión sólo fue posible porque Rusia dispone de un aparato militar capaz de proyectar fuerza sobre su entorno geográfico inmediato. Del mismo modo, la respuesta occidental –como las contraproducentes sanciones económicas masivas, el envío de armamento a Ucrania (con el que muchos se llenan los bolsillos) o el refuerzo del flanco oriental de la OTAN– no se explica únicamente por principios jurídicos o morales, sino por cálculos estratégicos relacionados con el equilibrio de poder en Europa.

Las sanciones económicas, por cierto, constituyen un buen ejemplo de cómo las herramientas aparentemente jurídicas o diplomáticas forman parte en realidad del repertorio del poder político. Cuando Estados Unidos impone sanciones financieras a países como Irán, Venezuela o Rusia, no lo hace únicamente en nombre del derecho internacional, ocultando además con ello intereses geoestratégicos propios, sino también porque controla una parte decisiva de la infraestructura financiera global, en particular el papel del dólar y del sistema bancario y financiero internacional. La capacidad de excluir a un país del sistema de pagos internacionales o de bloquear sus reservas en bancos extranjeros no es una simple aplicación de normas jurídicas, sino una forma específica de ejercer el poder económico y geopolítico. Un poder que los demás no tienen.

Todo esto obliga a introducir una distinción analítica que resulta fundamental para comprender la política internacional. Por un lado, existe el plano del poder efectivo, que tiene que ver con la capacidad material de los Estados, esto es, sus recursos económicos, su fuerza militar, su tecnología, su organización institucional… Por otro lado, existe el plano de las ideologías, doctrinas o marcos normativos que legitiman y orientan el ejercicio de ese poder. Ambos planos no son idénticos, pero tampoco aparecen separados en la realidad histórica. Se entrelazan constantemente. Y esto es clave para todo lo que estamos diciendo. Porque las ideologías no producen por sí mismas los poderes políticos, pero sí contribuyen a estructurarlos, a orientarlos y a hacerlos aceptables para las poblaciones que viven bajo ellos.

La política internacional, en definitiva, no puede comprenderse adecuadamente si se la reduce a un enfrentamiento entre principios morales abstractos. Tampoco si se la interpreta como una simple lucha ciega por el poder desprovista de toda dimensión ideológica. La realidad histórica muestra una interacción, una trabazón dialéctica constante entre ambas dimensiones. El poder efectivo de los Estados constituye el fundamento material de la acción política, pero las ideas desempeñan un papel decisivo en la forma concreta que ese poder adopta, en la manera en que se organiza y en los relatos mediante los cuales se legitima.

Comprender esta relación resulta especialmente importante en un momento histórico en el que las redes sociales y el debate público tienden a simplificar los conflictos internacionales en términos puramente morales. Cuando se examina la historia con mayor detenimiento, sin embargo, aparece un panorama mucho más complejo en el que la racionalidad estratégica del poder y las ideologías legitimadoras se entrelazan de forma constante. Sólo desde esa perspectiva es posible entender por qué determinados Estados pueden hacer ciertas cosas mientras otros no, y por qué los discursos que acompañan esas acciones forman parte también de la arquitectura del poder que pretenden explicar.