Inteligencia artificial, persona y derechos fundamentales

Inteligencia artificial, persona y derechos fundamentales. Carmen Meléndez

La transformación digital, integración, aplicación total y absoluta sin excepción de las nuevas tecnologías en todos los sectores y ámbitos de la vida, propuesta en principio como una opción o apuesta de futuro con el objeto de optimizar recursos y mejorar nuestra calidad de vida, se ha convertido en una obligación, en una revolución inevitable.

El instrumento por excelencia de ese proceso es la inteligencia artificial, nueva tecnología que consiste en la habilidad de una máquina para presentar capacidades propias del ser humano, como razonar, aprender, crear o planificar, podrá percibir el entorno y relacionarse con él, resolver problemas y actuar con un fin específico y determinado.

Previamente, se habrán introducido en sus sensores datos recopilados y preparados que una vez procesados y almacenados, serán el fundamento para la formulación de respuestas a los problemas planteados. Los efectos de cada acción podrán ser analizados por la máquina que adaptará su comportamiento trabajando de forma autónoma.

Al leer esta definición, los profanos en la materia no podemos menos que sorprendernos y preguntarnos, si estamos ante la posibilidad cierta de que la inteligencia humana sea superada o dominada por la tecnología.

Es evidente que, nos hallamos inmersos en una revolución que, transformará profundamente nuestras vidas. Aunque vivimos en una etapa de la historia caracterizada por la vertiginosa evolución de la ciencia y de la tecnología, las previsiones nos sitúan ante una realidad totalmente nueva y desconocida.

Para la Unión Europea la implantación de la inteligencia artificial es una prioridad, y en este sentido el pasado 8 de diciembre el Consejo y Parlamento Europeos, llegaron a un acuerdo de propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial, iniciativa presentada por la Comisión en 2021.

Nos enfrentamos a un cambio legislativo sin precedentes, con el telón de fondo del conflicto de intereses entre la industria tecnológica en manos de un reducido grupo con gran poder, y los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de a pie, la pervivencia del Estado de Derecho tal y como lo conocemos, como regulación de una sociedad de personas libres e iguales, puede cuestionarse o desaparecer si no se actúa con prudencia.

No se trata de poner puertas al campo o de frenar el avance de las tecnologías, todo lo contrario, la reflexión va dirigida al imprescindible establecimiento de unos principios generales de aplicación a todos los sistemas de inteligencia artificial, y la obligación previa a la comercialización de evaluación del impacto directo en la Dignidad de las Personas, alertando de aquellos de alto riesgo con las disposiciones legales pertinentes de limitación de su uso, así como la prohibición de los que resulten inaceptables.

La razón y fin del Derecho es la salvaguarda de la Dignidad de la Persona, garantizando un marco de Seguridad Jurídica, que garantice el equilibrio equidistante entre los intereses opuestos.

En el asunto que nos ocupa, el conflicto está representado por las empresas tecnológicas pocas y en manos de poderosos, y los derechos de los ciudadanos, en resumen el poder y la sociedad.

Lo primero es exigir una total y absoluta transparencia en todas las etapas del proceso de transformación digital, al objeto de que, esa tecnología avanzada que parece que puede fácilmente sobrepasar al hombre, se utilice para el bien común y no para satisfacer el interés particular de unos pocos.

La inteligencia artificial es un instrumento esencial para los transhumanistas, movimiento cultural, filosófico e intelectual que tiene como objetivo la transformación del ser humano mediante la aplicación del desarrollo de las tecnologías a fin de perfeccionar y mejorar sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales y morales.

Entre sus diversas modalidades, algunas con un pensamiento contrapuesto, las de más impacto mediático, son las tecnocientificas con dos vertientes, la biotecnológica especialmente genética, y la cibernética.

Los partidarios más radicales de esta teoría, llegan a afirmar que el desarrollo de la ingeniería genética y las tecnologías vencerán el sufrimiento, el envejecimiento, e incluso la muerte, creando un mundo de seres inmortales con el resultado de una nueva especie superior a partir del ser humano, objetivo final de los denominados poshumanistas.

Fuera de todo extremismo es imprescindible el análisis de los efectos de la aplicación de esta nueva tecnología, considerando, la Dignidad de la Persona, a fin de evitar una sociedad excluyente.

No se trata de condenar el progreso científico y tecnológico, todo lo contrario, esos avances han permitido un incremento progresivo y constante de la esperanza de vida y con una calidad superior a todas las etapas de la historia.

El problema no son las tecnologías, es su uso para la satisfacción de intereses contrarios al bien común. En el Derecho en concreto “el factor humano seguirá siendo insustituible en la administración de justicia, a pesar de la revolución real que está suponiendo la introducción de la inteligencia artificial en la agilización de los procesos”. Esta es una de las principales conclusiones del Congreso IA&law, en el Marco de la Cátedra Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE Fundación del Notariado, “Seguridad jurídica en la sociedad digital”, en el que se dieron cita, ingenieros, juristas, profesores, notarios y filósofos del derecho, de catorce universidades nacionales e internacionales, en el pasado mes de noviembre, para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.

La labor de exigir la regulación pertinente en defensa de nuestra Dignidad y Derechos, es tarea de toda la sociedad porque nadie se librará de los efectos perniciosos de un uso inadecuado de esta tecnología.

Los expertos afirman que, solo los nativos digitales, los nacidos a partir del año 2000, están en condiciones de dominar la inteligencia artificial, extremo que significa que, la discriminación digital actual que impide la relación con entidades públicas y privadas a personas de una cierta edad, será un juego de niños en comparación con lo que nos espera.

Tenemos un difícil reto por delante que exige todo nuestro esfuerzo, cada uno desde su sitio, tomando conciencia y conociendo esa tecnología. Para exigir a la vez una total y absoluta transparencia en todo el proceso desde cada una de las disciplinas y ámbitos profesionales, y sociales. La tecnología no puede dominar al ser humano, es este el que, tiene que imponer el fin del buen uso de aquella, orientándolo como ya hemos dicho y no nos cansaremos de repetir al Bien Común.

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