Que Andalucía es una de las regiones españolas más castigadas por la inmigración ilegal en los últimos años no es algo que precise de una evidencia científica, no obstante mis asiduos lectores ya conocen mi afición a la estadística. Y es que no hay nada mejor que un dato para acabar con un mal relato. Según registros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) las costas andaluzas han recibido la friolera de más de 42.000 inmigrantes ilegales desde el 2019, año en el que un airoso malagueño llamado Juanma Moreno, tomaba posesión como presidente de la Junta de Andalucía.
Muchos de vosotros me diréis aquello que Juan Marín matizaba en uno de los televisados debates electorales: “Andalucía no tiene competencias de inmigración”. Y no le falta razón, pero sin embargo sí que existen diversas cuestiones que inciden directamente en aquellas políticas migratorias de las que los comandantes de la Junta se quieren reiteradamente desentender. A veces hasta les entiendo.
Les entiendo, porque los medios de comunicación se han encargado bien de ubicar el debate de la inmigración ilegal como un tema tabú, un asunto del que si te atreves hablar puedes correr el peligro de que la izquierda de este país, y la no tan izquierda, te etiquete rápidamente como un xenófobo, en el mejor de los casos. Pero si la Junta de Andalucía no ejerce ningún tipo de coordinación en políticas relativas a la inmigración ilegal, de qué iba a tener integrada en la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, un área denominada Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Pues eso, que la Junta de Andalucía no tenga competencias para legislar en materia de inmigración, no significa que no las tenga a la hora de gestionar lo que el Gobierno central legisla en referencia a dicha materia.
Igual algunos siguen no estando del todo de acuerdo conmigo, y no me parece mal, pero aquí la cuestión no es únicamente administrativa. Todos recordáis lo que ha pasado en los últimos años, no es necesario ni hacer mención a ello, pero mientras esto sucedía, miles de inmigrantes ilegales continuaban entrando a través de las costas andaluzas ante las irresponsables políticas de puertas abiertas por las que abogan en Moncloa. Ante tal situación, un Juanma Moreno indolente y complaciente.
Esta situación no la ha vivido únicamente Juanma Moreno y tampoco ha sido Juanma Moreno el único que no tiene competencias directas en políticas relativas al control de flujos migratorios. Nello Musumeci, Presidente de Sicilia, también se vio en la misma tesitura mientras otros irresponsables, Giuseppe Conte y Mario Draghi, abogaban por una política de fronteras abiertas en Italia.
Musumeci no comparte únicamente problemas con Moreno, también ideas. El actual Presidente de Sicilia pertenece a la formación Diventerà Bellissima, partido político ubicado en la derecha política que comparte infinidad de cuestiones con el Partido Popular de Juanma Moreno. El símil político es amplio, o no.
La inmigración ilegal desafortunadamente está más activa que nunca en Europa, especialmente en países como España, Grecia o Italia y dentro de dicha problemática el verano suele convertirse en el periodo de mayor presión migratoria para los países del Mediterráneo, por aquello de las condiciones meteorológicas favorables a nivel marítimo. Italia, como España, durante el 2020 y pese a la situación sanitaria, sufrió las consecuencias de incesantes oleadas de inmigración ilegal. Estas oleadas por cuestiones geográficas obvias suelen concentrarse en la zona más cercana al continente africano, Canarias y Andalucía en el caso de España, Lampedusa y Sicilia, en el caso de Italia.
Nello Musumeci, pese a no tener competencias directas relativas a inmigración, no tardó en denunciar la situación que se vino dando durante todo el año 2020, especialmente durante la estación de verano. «Es irresponsable traer inmigrantes ahora», declaraba en rueda de prensa en junio del citado año. «Sería una irresponsabilidad permitir que los inmigrantes pusieran un pie en Sicilia, aunque sea por un día, mientras dure la emergencia del coronavirus en el mundo», concluyó en el inicio de lo que más tarde fue un pulso contra las imposiciones del Gobierno central italiano en materia migratoria.
En contraposición, Cádiz, Málaga, Granada y Almería recibieron más de 500 inmigrantes ilegales solo durante el mes de junio, según los registros históricos de ACNUR. Juanma Moreno evito una exposición pública con respecto a dicho asunto, como si en Andalucía, en plena crisis sanitaria, fuese normal que cientos de inmigrantes magrebíes accediesen (algunos contagiados) por la vía de la ilegalidad a través de todo el litoral andaluz.
Llegado el mes de julio de 2020, Sicilia experimentó la llegada de más de 100 inmigrantes ilegales a los puertos de Pozzallo. En este contexto Nello Musumeci amenazó con cerrar los puertos de Messina, ciudad portuaria al noreste de Sicilia en la que se encontraba uno de los principales centros de acogida para los inmigrantes ilegales llegados a la región. «Hemos dado disponibilidad y pedido reciprocidad, pero vemos que en el manejo del fenómeno migratorio hay demasiada improvisación y superficialidad”, afirmaba Musumeci en declaraciones públicas.
En Andalucía, más de 1.300 inmigrantes ilegales llegaban en las cuatro semanas de julio del año 2020. Juanma Moreno ultimaba por aquel entonces un convenio junto con el Gobierno de Pedro Sánchez con la finalidad de dar acogida a inmigrantes ilegales contagiados de coronavirus y contactos estrechos en albergues juveniles de la red Inturjoven, instalaciones públicas que hasta la fecha siempre se habían destinado a las vacaciones de cientos de jóvenes censados en la región andaluza.
Llegado el mes de agosto, tanto Italia como España, seguían recibiendo inmigrantes ilegales contra toda lógica dadas las circunstancias sociosanitarias. Sicilia registró más de 3.000 entradas por la vía de la ilegalidad en su territorio y el Gobierno italiano habilitó diversas zonas de acogida. A este respecto Musumeci no quedó impasible, “el Gobierno crea campos de concentración en Sicilia”, fue una de sus declaraciones más contundentes. A sus declaraciones añadió firmes intenciones, Nello Musumeci decretó, con una orden firmada por su Gobierno autonómico, que los centros de recepción de inmigrantes ilegales fueran vaciados dentro en 24 horas, los ilegales deportados a través del Ministerio del Interior por barcos o aviones y la prohibición de llegar a Sicilia a través de embarcaciones llenas de inmigrantes que quisieran acceder a la isla por la vía de la ilegalidad.
Musumeci, pese a no tener competencias directas, lanzó un desafío al Gobierno de Italia que sentó un precedente en el país. Su orden fue finalmente revocada, pero el Presidente de Sicilia no deparó en recurrir a la justicia para poner fin a la inmigración ilegal en su región. «El gobierno central quiere reafirmar su competencia sobre los inmigrantes. Puede ejercerla e intervenir como no lo ha hecho en los últimos meses”, afirmó en mitad de su pulso al Ejecutivo italiano.
En agosto de 2020 los inmigrantes ilegales llegados a Andalucía volvieron a superar los 1.000 según datos de ACNUR. Algeciras (Cádiz), Víznar (Granada), Torremolinos (Málaga) y Almería, fueron algunos de los lugares seleccionados por el Gobierno de Juanma Moreno para habilitar albergues públicos destinados a la acogida de estos inmigrantes que entraban a costas andaluzas ilegalmente. El último de ellos con polémica incluida ante el traslado forzoso de trabajadores que hasta la decisión del ejecutivo andaluz se encontraban con plaza asignada en el albergue público de Inturjoven.
Pasado el verano de 2020 tanto la situación en Sicilia, como en Andalucía, no cambió sus tendencias. Nello Musumeci ha continuado defendiendo la integridad territorial de su región pese a los límites establecidos como gobierno autonómico, lucha que le ha sido útil para acelerar procesos de deportación y limitar el número de centros de acogida en Sicilia. Por su parte, Juanma Moreno ha seguido habilitando centros de acogida para inmigrantes ilegales en toda la geografía andaluza tratando de no entrar en debates al respecto.
El año 2021 no trajo posiciones dispares, la dirección de ambas políticas ha sido similar, tanto es así, que cuando la deriva en Sicilia volvió a reflejar episodios vividos en el año 2020, Nello Musumeci publicó en su cuenta oficial de Facebook una nueva y contundente crítica hacia las decisiones del Gobierno italiano. “No me gusta repetirme, ni alimentar polémicas estériles. Digo enfáticamente que Sicilia continúa asediada por los desembarcos y que las políticas nacionales son incapaces de bloquear este tráfico criminal de personas. Los viajes de los ministros de Exteriores e Interior al otro lado del Mediterráneo no están consiguiendo los objetivos deseados. Y Europa se muestra cómplice y silenciosa”, añadía en su perfil público.
Tanto Musumeci como Moreno son presidentes autonómicos, ambos carecen de competencias directas en materia de inmigración, los dos pertenecen a partidos ubicados ideológicamente en el centro-derecha, pero las acciones políticas con respecto a la soberanía de sus regiones han distado enormemente. Moreno no es Musumeci.