La cuestión demográfica es crucial para cualquier nación, y sin embargo ha sido durante demasiado tiempo relegada al margen del debate político serio en España, como si se tratara de un asunto técnico, secundario o meramente social, cuando en realidad constituye uno de los núcleos más decisivos de la existencia histórica de una nación política. Porque hay algo que debemos tener claro: no estamos ante un problema coyuntural, ni ante una simple fluctuación estadística susceptible de corrección automática por el paso del tiempo o por ajustes económicos menores. No. Estamos ante una crisis estructural, profunda y prolongada que afecta directamente a la capacidad de la sociedad española para reproducirse a sí misma, es decir, para garantizar su continuidad social, política y cultural en el tiempo. En definitiva, la demografía es clave para la misma eutaxia estatal. Desde esta perspectiva, la demografía no es una variable más entre otras muchas, sino una condición de posibilidad sin la cual todas las demás resultan no irrelevantes, pero sí difícilmente sostenibles.
La nación, entendida no como una abstracción sentimental ni como un mero relato identitario, sino como una realidad histórica efectiva, que en el caso de la nación política está ligada a la soberanía, es necesariamente una realidad temporal. No existe en el instante, sino en la duración, en el tiempo, en la historia. En definitiva, es una realidad histórica sometida a constantes contingencias que pueden comprometer su recurrencia, por lo que debe desarrollar continuamente, a su vez, planes y programas que permitan su recurrencia. Ahora bien, esa duración no se sostiene únicamente por la transmisión institucional, jurídica o simbólica, sino, de manera primaria e ineludible, por la reproducción biológica de quienes la integran. La etimología misma del término nación remite a este hecho elemental: procede del latín nascor, nacer. Una nación es, en primer lugar, una comunidad de nacimientos encadenados en el tiempo, una secuencia de generaciones que se suceden y se reemplazan unas a otras en el interior de un marco político común. Si esa cadena se rompe no hay regeneración posible, y lo que extinción progresiva. Una extinción que, además, se ve acelerada cuando en vez de intentar recuperar la población perdida se sustituye por medio de la inmigración masiva.
Así las cosas, España se encuentra desde hace décadas en una situación demográfica que, atendiendo a este criterio básico, sólo puede calificarse de crítica. La tasa de fecundidad se sitúa actualmente en torno a 1,1 o 1,2 hijos por mujer, muy lejos de la tasa de reemplazo generacional, que se fija convencionalmente en 2,1 hijos por mujer. ¿Y qué significa esto? Esto significa, en términos simples pero implacables, que cada generación es aproximadamente la mitad de numerosa que la anterior. Que cada generación se reduce a la mitad. Lo grave y preocupante es que no se trata de una oscilación pasajera, sino de una tendencia prolongada y persistente que se mantiene desde finales del siglo XX, pues arranca ya incluso en los últimos años del franquismo, y que no ha sido revertida en ningún momento, ni siquiera durante los ciclos de crecimiento económico. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística confirman esta deriva, pero son los análisis de Alejandro Macarrón los que han puesto de relieve con mayor claridad sus implicaciones de largo alcance, al subrayar que España se encamina, de mantenerse esta tendencia, hacia una reducción drástica de su población autóctona y hacia un envejecimiento extremo que compromete la viabilidad misma del Estado.
Desde una perspectiva materialista, conviene insistir en que esta crisis no puede interpretarse tan sólo en clave moral, psicológica o culturalista, como si se tratara de un problema de valores individuales, de preferencias subjetivas o de estilos de vida. Estos factores no se niegan, pero tampoco son suficientes. Entre otras cosas porque el materialismo filosófico obliga a situar el análisis en el plano de las estructuras objetivas que condicionan la conducta de los sujetos, no en el de sus supuestas disposiciones internas. Las decisiones reproductivas no se toman en el vacío, sino en el interior de marcos económicos, laborales, institucionales y simbólicos que orientan, limitan o desincentivan de manera muy concreta la formación de familias y la llegada de hijos. Y cuando una sociedad produce de manera sistemática condiciones incompatibles con la estabilidad vital necesaria para la reproducción, no puede sorprenderse de los resultados. Por lo que son justamente esas condiciones incompatibles con la estabilidad vital y la reproducción familiar lo que hay que atacar y resolver, no el ánimo o la disposición subjetiva de cada uno de los españoles.
Uno de los méritos principales de los trabajos de Macarrón ha sido precisamente desmontar la idea, muy extendida en ciertos discursos oficiales, de que la baja natalidad es un fenómeno inevitable, propio de las sociedades avanzadas, frente al cual poco o nada puede hacerse. Esta tesis, además de empíricamente insostenible, cumple una función ideológica muy clara: la de exonerar de su responsabilidad a quienes gobiernan y naturalizar un proceso que es, en realidad, el resultado de decisiones políticas acumuladas. Existen países con niveles de renta, desarrollo y urbanización comparables o superiores a los de España –como Francia, Suecia o Estados Unidos– que, aun sin alcanzar el umbral de reposición generacional, han mantenido durante largos periodos tasas de fecundidad significativamente más altas mediante políticas orientadas tanto a la prosperidad económica como al sostenimiento explícito de la familia. No se trata de milagros culturales, sino de planificación política. Un caso paradigmático al respecto puede ser el húngaro, ya que en Hungría, desde la aplicación de políticas natalistas a partir de 2010, la tasa de fecundidad ha pasado aproximadamente de 1,2 a 1,6 hijos por mujer. No se trata de un crecimiento espectacular, pero sí de una corrección significativa de la tendencia previa y, sobre todo, si es la prueba de que el declive no es irreversible. Porque, además, la destrucción demográfica puede producirse con rapidez, pero su recuperación es siempre lenta y exige continuidad, coherencia y un cierto horizonte histórico y geopolítico. Todo ello requiere gobiernos realmente implicados en el futuro de la nación. Sin embargo, lo que predomina hoy es una lógica cortoplacista con gobiernos más preocupados por capear la polémica inmediata y conservar el puesto que por afrontar los problemas estructurales cuya factura no se paga mañana, sino que la estamos pagando ya.
El problema, por tanto, no es que la crisis demográfica sea irreversible, sino que no se quiere revertir. Por unos motivos u otros. Y aquí el análisis debe elevarse necesariamente al plano político. Porque si algo caracteriza la situación española actual es la ausencia deliberada de una estrategia natalista orientada a garantizar la continuidad de la nación en el largo plazo. En lugar de ello, se ha optado por una solución sustitutiva, coyuntural y perniciosa a largo plazo: compensar el déficit de nacimientos mediante la importación masiva de población extranjera en edad laboral. Esta estrategia se presenta a menudo como una necesidad económica o como una exigencia humanitaria, pero desde el punto de vista material y político constituye, ante todo, una forma de evasión del problema real. Y es que la sustitución demográfica no equivale a la reproducción demográfica. Puede paliar temporalmente –y hay que subrayar lo de temporalmente– algunos desequilibrios del mercado de trabajo o del sistema de pensiones, pero no resuelve la cuestión de fondo, que no es otra que la continuidad histórica de la nación española como sujeto político. La población no es una magnitud indiferenciada que pueda intercambiarse sin costes, por eso cada grupo humano llega con su propia historia, sus propias pautas culturales, sus redes de lealtad y sus expectativas. Lo que acaba modificando la sociedad receptora. Por si fuera poco, la integración plena no es automática ni gratuita, y cuando se produce en condiciones de volumen elevado y ritmo acelerado genera tensiones evidentes en ámbitos como la vivienda, los servicios públicos, la cohesión social o la seguridad, como muestran numerosos datos oficiales y experiencias comparadas que podemos tener cada día.
Además, esta estrategia encierra una contradicción fundamental: se presenta como una solución barata a corto plazo, pero resulta mucho más costosa a medio y largo plazo. El incremento de la presión sobre los sistemas de bienestar, la competencia por recursos escasos, la fragmentación social, el gasto en prestaciones sociales y el debilitamiento del vínculo cívico tienen efectos económicos y políticos que rara vez se incorporan al balance. Obviamente porque no interesa. Frente a ello, las políticas natalistas orientadas a la población ya existente que podrían aplicarse no sólo reforzarían la continuidad demográfica, sino que fortalecerían la cohesión social y la estabilidad institucional.
Desde el punto de vista del materialismo filosófico esta cuestión puede formularse en términos de recursividad. Una sociedad política es recursiva cuando dispone de los mecanismos necesarios para reproducir las condiciones materiales, y entre ellas las demográficas, que hacen posible su existencia. La natalidad forma parte esencial de esa recursividad. Sin ella, el Estado se convierte en una estructura que administra un proceso de agotamiento, prolongando artificialmente su funcionamiento mediante recursos externos vía inmigración, pero sin capacidad de regeneración interna. En algún momento esa solución que no es solución acaba agotándose con efectos aún más desastrosos. En ese contexto, conceptos como soberanía, proyecto nacional o futuro común se vacían de contenido real y se convierten en meras fórmulas retóricas.
A su vez, la gravedad del problema se ve agravada todavía más por el hecho de que la ventana de oportunidad para revertirlo es limitada, y se debilita cada año más si tenemos en cuenta que hace tiempo que el aborto en España se usa como un sistema anticonceptivo en vez de como una solución extrema para casos específicos, lo que impide en torno a 100.000 nacimientos al año. El recurso a la eutanasia, por suerte, por el momento es un recurso excepcional, pero del futuro poco se sabe. Así pues, no podemos seguir con este declive indefinidamente y tratar de revertir la situación cuando ya no hay solución posible. La demografía tiene inercias propias y efectos retardados, de modo que las decisiones que no se toman hoy se traducen en consecuencias que ya no podrán corregirse mañana. Cada cohorte que no nace es una cohorte perdida para siempre. Cada año que pasa sin políticas efectivas reduce el margen de maniobra y dificulta las soluciones futuras. En este sentido, la irresponsabilidad política actual no es sólo una falta de previsión, sino una negligencia existencial, una forma de hipoteca histórica.
Por otro lado, no deja de resultar especialmente llamativo que, pese a la magnitud del problema, la natalidad siga casi ausente del centro del debate público, sustituida por discusiones secundarias o por enfoques puramente ideológicos. Cuando se aborda, suele hacerse desde perspectivas fragmentarias, desligadas de una visión de conjunto sobre la nación y su continuidad. Frente a ello, sería necesario recuperar una concepción material y política de la demografía, entendida no como un asunto privado, sino como una cuestión de interés general que afecta al conjunto de la sociedad.
Otro aspecto sangrante es que para abordar esta cuestión no hacen falta genialidades ni soluciones imposibles. Las medidas necesarias para revertir la tendencia son conocidas y han sido ampliamente discutidas por demógrafos y economistas. Hablamos de políticas de vivienda que permitan a los jóvenes acceder a hogares estables, de sistemas fiscales que reconozcan el coste real de tener hijos, de seguridad laboral que reduzca la incertidumbre vital, de redes de apoyo a la maternidad y la paternidad y, no menos importante, un cambio en el discurso público que deje de presentar la natalidad como una carga o un problema y la reconozca como un bien político fundamental. Ahora bien, no hay que ser ingenuos, ya que ninguna de estas medidas es sencilla ni barata, pero todas son infinitamente menos costosas que la alternativa, que no es otra que la extinción demográfica. El problema no es, por tanto, la falta de conocimientos al respecto, el problema no es que no se pueda abordar la cuestión, sino la falta de voluntad política para ello. Quienes hoy dirigen las instituciones nacionales parecen haber renunciado, explícita o implícitamente, a la idea misma de continuidad nacional, sustituyéndola por una gestión tecnocrática y corrupta, cada vez más tendente a la tiranía, del presente inmediato. Esta renuncia se disfraza a menudo de pragmatismo, pero en realidad nos tiene que llevar a dos conclusiones. En primer lugar, a que muchos de dichos dirigentes son traidores a su propia nación, al trabajar en contra de aquellos que se supone representan en función de mandatos externos. Y, en segundo lugar, tenemos que concluir una profunda incapacidad de estos dirigentes para pensar en términos históricos y políticos. Y una nación que no planifica su reproducción renuncia, de hecho, a su futuro.
En conclusión, la crisis demográfica española no es un fenómeno natural ni inevitable, sino que es el resultado de decisiones políticas concretas y de omisiones prolongadas. Ignorarla o minimizarla equivale a aceptar la desaparición progresiva de la nación española como sujeto histórico. Por eso ante esta cuestión no cabe apelación sentimental ni escapatoria ideológica que valga, porque sin nacimientos no hay nación, y sin nación no hay política digna de tal nombre. La demografía no perdona la retórica vacía. Tarde o temprano se paga.