Las administraciones y autoridades deben actuar sometiéndose plenamente a la ley, desechando la arbitrariedad en sus resoluciones, respetando los Derechos Fundamentales, es decir, a las personas y su Dignidad que constituye la razón de ser del Ordenamiento Jurídico, siempre por encima de las circunstancias de cada cual, por supuesto de la edad que, no puede concebirse como elemento de exclusión.
