Durante la pregolpista primavera de 2016, Carles Puigdemont se reunió con el primer ministro de Kosovo. Después, aseguró que Cataluña seguiría los pasos de ese territorio. O lo que es lo mismo, que las fuerzas políticas secesionistas catalanistas encabezadas por él en calidad de Presidente de la Generalidad, declararían unilateralmente la independencia de Cataluña. Avisado estaba el Partido Popular, por entonces en el Gobierno. Apenas dieciséis meses después se produjo dicha declaración, delicadamente frenada con la aplicación de un tenue Artículo 155 de la Constitución Española de 1978, la misma que distingue, sin necesidad de mayores precisiones, entre nacionalidades y regiones.

Ocho años después, el PSOE, a cuya secretaría general accedió Pedro Sánchez precisamente en 2017, ha llegado a un acuerdo de investidura con Junts, partido de Puigdemont. El precio del mantenimiento en la presidencia del Gobierno de Sánchez, puesto del que depende una frondosa red clientelar, es bien sabido: la aprobación de una Ley de Amnistía que lleve al olvido oficial de lo ocurrido en 2017 en Cataluña y el establecimiento de la impunidad, si algún tribunal no lo impide, para los golpistas. En este contexto, que viene a culminar un proceso que incluyó la eliminación del delito de sedición mediante el falso y nominalista argumento de que tal delito no existe en Europa, el Gobierno de España acaba de reconocer el pasaporte de Kosovo, en riguroso cumplimiento de una disposición que elimina la exigencia, para los kosovares, de presentar su visado para acceder a la Unión Europea y el Espacio Schengen.

Este reconocimiento, en el que España, junto a Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía, es pionera dentro de la Europa unionista, remite a las palabras pronunciadas por el fugitivo de la justicia española, Puigdemont, la más alta representación del Estado (español) en Cataluña cuando se dio a la fuga para ser acogido en el corazón de Europa. De hecho, tanto él como sus secuaces han repetido, hasta la saciedad, que lo volverán a hacer, es decir, a declarar unilateralmente la independencia. No sin antes esquilmar todo lo posible al Estado opresor, palabras estas, que han callado en una mezcla de altanero pudor y de cálculo político.

Cabe, por lo tanto, analizar mínimamente las consecuencias que puede tener una decisión que llega 16 años después de que Kosovo se independizara de… Serbia. Una Serbia que orbita en torno a Rusia y, en último término, a China, naciones que no han reconocido pasaporte ni soberanía alguna a este pequeño estado musulmán. Si geoestratégicamente la actitud de Sánchez, compañero de partido de aquel Zapatero sedente frente al paso de la bandera de las barras y estrellas, podría explicarse por la sumisión atlantista en su versión bideniana, los efectos de la apresurada admisión del pasaporte kosovar sugieren otra interpretación no necesariamente contradictoria: el reconocimiento diplomático de Kosovo consolida los propósitos, literalmente balcanizantes, que Puigdemont anunció en su día.