El espectáculo al que asistimos en el último mes nos ha mostrado algunos, y solo algunos, de los males de un sistema que ha ido derivando, sin frenada posible, hacia el detritus. El curriculum vitae inventado demuestra dos cosas: por un lado, que los políticos españoles sabedores de los pocos méritos que les adornan, y de sus muchos defectos, necesitan acudir a falsificaciones para compensar la escasez de virtudes; y por otro lado que el sistema propicia que a esos mismos políticos no se les exija y tampoco se compruebe lo que al resto de ciudadanos se nos requiere para concurrir a un puesto en la Administración o simplemente para realizar una actividad para la que te avala el título.
Por otro lado, entre los que han renunciado rápidamente y los que se han atrincherado hasta el último momento no hay más diferencia que la que media entre la juventud y una experiencia aquilatada de 30 años, o más, mintiendo y presumiendo de un título inexistente, con una plaza de funcionario, obtenida o no, se excusa el susodicho y experimentado mentiroso, gracias al título. Y la cacería sigue abierta, porque los que acusaron a la política pepera parece que también nos han endilgado un cursillo de la Fundación Pablo Iglesias como máster universitario, mientras que otros tampoco han concluido la carrera de la que presumían o se trata de un título inexistente para el año que se señalaba como obtenido, o de una Universidad que tampoco existía para ese momento reflejado en el curriculum. La puerta sigue abierta y por ella irán desfilando los diversos acaparadores -¡qué voracidad!- de títulos varios, inventados, creados en exclusiva, porque nadie más lo ostenta en tales fechas, y para qué seguir en el despropósito.
Lo que cabe reprochar no es en sí la carencia de títulos académicos para acceder a la lista electoral decidida por el partido o a los puestos decididos también por el partido. Lo que se reprocha es la mentira continuada, persistente, el haber hecho gala de aquello de lo que se carecía presumiendo del esfuerzo y del pundonor, de una vida de servicio o de una dignidad que parece haberse logrado por el hecho de dimitir prestamente, aunque este rastro de fingida dignidad sólo haya llegado cuando se ha demostrado la falta de veracidad.
En última instancia han demostrado no conocer el sistema del que forman parte, donde no hace falta tener títulos para estar en el machito, ni siquiera conocimientos del negociado que se maneja, véase el galimatías de las intervenciones de la Ministra de Trabajo o la perfecta caradura de la Ministra de Universidades, que desdeña los títulos y sólo valora la perfecta inclinación de cerviz que realizan los cargos de su partido. Flaco favor y menguado ejemplo a los jóvenes que estudian, con esfuerzo de las familias, y tratando de aprender, de ascender, de posicionarse en la Administración, no digitalmente, sino por el mérito. Cierto es que la España actual no es el resultado de la meritocracia, sino de la nueva oligarquía, la que nos ofrece un sistema para el cual es preciso alienar y torcer las voluntades y ello se obtiene más claramente prescindiendo del conocimiento, desdeñando la obtención sacrificada de los saberes y de los títulos vinculados a estos, porque esa sería la idea madre, que el título es el resultado de un saber que se va adquiriendo progresivamente y no al revés.
El sistema político que nos aqueja ha invertido los términos y por eso perfectamente puede considerarse que adornar el curriculum con la profusión de falsedades, en forma de titulitis, hace más idóneo al personaje para sentarse en el puestito otorgado por la lista electoral o por designación del líder máximo. Pero el sistema político español es así, esperpéntico, donde se entremezclan personajes que no durarían una hora en una empresa privada medianamente seria en el supuesto caso de que consiguieran entrar en ella, pero que se ponen al frente de la cosa pública con el fin de terminar con la misma y que se convierta en lo propio del partido que gobierna.
Suma y sigue de un sistema gangrenado, en perfecta descomposición, que ampara las componendas y las falsificaciones y que, a la postre, no es que exhiba una falta de pudor, es que se trata del asalto al Estado perpetrado por la voracidad partitocrática, por la nueva oligarquía que se ha ido protegiendo, unos a otros, hasta que el sanchismo ha amenazado con perpetuarse en el poder y el partido que aspira a ganar las elecciones, como las había ganado en el momento en que el PSOE llega al gobierno, inicia una campaña que se entiende fuerte cuando es la que corresponde a un partido en la oposición.
En fin, todo esto sirva de preludio para destacar algunas de las lacras de un sistema que, como siempre, hemos desarrollado a la española, esto es exagerando, torciendo y manipulando, vaciando la política y llenándola con la partitocracia, que es otra cosa, para la que no se precisan cursos, másteres o títulos, simplemente el servilismo al caudillaje. Y ya puestos, en el VII año triunfal del sanchismo, que es la pura exageración de lo que siempre fue el socialismo español y no sé si con reputadas excepciones, porque debo decir que no las encuentro en la trágica historia de lo que ha representado en socialismo en España.
Porque ahora todos se llevan las manos a la cabeza, cuando el gobierno de Sánchez, o sea Sánchez y sus ministros, Sánchez y el partido, son el resultado de una estructura que propicia elementos como el yerno del propietario de las saunas. Que no es una casualidad las saunas y la vida política de algunos. Pero no perdamos el tiempo en la frase fácil o la vulgaridad a la que se presta el tema, porque a la postre es enfangarse en el lodo en el que quieren desarrollar su actividad cotidiana los que nos gobiernan, para desdoro de España.
El problema no es Sánchez, y quizá tampoco las estructuras orgánicas de su partido, como en el pasado no lo ha sido Montoro o el partido/gobierno que le amparaba. El problema es que este sistema alienta la corrupción, que es la cosecha fecunda de la que se nutren los partidos, expresión de la oligarquía que atenaza el futuro. Lo que nos congela el corazón no es la suerte de las dos Españas de las que nos hablaba uno de los Machado, porque eran dos, habrá que recordarlo, sólo que uno no le dedicó una poesía memorable a Enrique Líster, por cierto canterano de profesión y general por mor de la URSS y de una II República gozosamente entregada a la misma, esto es sin haber pasado por una Academia militar española y sí por la Academia Lenin y la Academia Militar Frunze de la República Soviética, más duchas en técnicas de represión marxistas y en estrategias vinculadas y muy lejos de ser una instrucción propiamente militar. Claro es que Líster no pretendía engañar a nadie con lo que era, ni tampoco al Machado que hubiera dado todo porque su pluma valiera la pistola del comunista. Quizá sobre esos aspectos de la historia de España haya que volver, y lo haré, en otro momento.
Lo que parece que ha helado, congelado, al pueblo español, al españolito advertido por el fatalismo de Antonio Machado, es su capacidad de reacción, porque paciencia ha demostrado tener mucha, hasta el adormecimiento. De la capacidad de asombro también estamos ahítos, y no digamos del “da igual” o del “todo es lo mismo”, que anuncia una resignación que puede elevar los recientes siete años de socialismo a setecientos, cifra mítica también en la historia española, aunque no tan reciente.
Mientras nos dedicamos a hablar de los títulos no hablamos de lo verdaderamente importante, que es la transformación desde dentro del propio sistema, en el camino bolivariano que se anuncia a través de muestras más que evidentes.
En una entrevista reflejada en el ABC del domingo 3 de agosto del presente, en plena canícula lo que quizá explique algo, un miembro, parece que cualificado, del Consejo General del Poder Judicial, señalaba que lo que estaba en peligro no era la separación de poderes, sino las garantías de la independencia judicial. No sé qué fue antes si el huevo o la gallina, pero un alumno de primer curso de Derecho debería de saber que la independencia del poder judicial va de suyo con el principio incuestionable de la separación de poderes. En el desarrollo de la entrevista se trasluce, empero, la preocupación por el diseño de Bolaños, Ministro que sí sabe lo que quiere de su omnipotente Ministerio, del nuevo sistema de acceso a los puestos de la Administración, entre otros el acceso a la carrera judicial, antes a través de un concurso oposición y en la futura ley que se pretende crear por un mecanismo ligeramente sospechoso ab initio, y que implica que el ya graduado ha de realizar un máster en un centro seleccionado -¿por quién, por el Ministerio, el Ministro, el Partido?- y de ahí a su vez la selección del que se considere capacitado para ser inspector de trabajo, de hacienda, abogado del Estado o juez, por sólo poner un ejemplo. El magistrado entrevistado, discreto y prudente según nos dicen, puede unir a esas categorías la equidistancia, que en los tiempos que corren es cobardía. Porque la Ley Bolaños es la voladura del principio de separación de poderes, es la transformación entera de la Administración y esto por sí solo volatiliza la independencia judicial, pero también la resistencia de los técnicos a esa modificación del sistema desde dentro, donde ya será más fácil sacar adelante los decretos, los contratos de la Administración, las mordidas y las corruptelas.
Algún periodista ha dicho en estos días que no hay nadie al volante. Ya se enterarán de quien guía cuando les caigan las multas, cuando les digan quién es periodista y quién no y sean ellos y no otros. Porque no se trata tan sólo del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, elaborado nuevamente por el super ministro Bolaños, y cuya Exposición de Motivos no engaña a nadie sensato, quizá a algún magistrado prudente, porque mucho me temo que los estándares internacionales a los que ha de adaptarse la nueva Ley sean los de Petro, Boric, con los que acaba de reunirse el títere del lobby de Zapatero, y por supuesto los de Maduro, a cuyo servicio está el otrora Presidente del Gobierno.
La clasificación de la Información, como Alto Secreto o Secreto, será competencia exclusiva del Consejo de Ministros, Capítulo I del Título II del Anteproyecto, pero “sin perjuicio de que por ley se pueda proteger la información que corresponda a un ámbito específico de materias que afecten a la seguridad o de defensa nacional”. Y para mayor abundamiento, la declaración de documentación confidencial o restringida se reduce a un número tasado de autoridades, aunque se antoja el círculo cerrado del sanchismo: el presidente del Gobierno, los titulares de las vicepresidencias, los ministros, el secretario de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la directora del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Apunten nombres y retengan porque ese es el bloque que va a señalar qué materias afectan a la seguridad o a la defensa nacional y si los medios de comunicación están autorizados o no a dar información, en función de la clasificación: véanse a modo de ejemplo, las componendas de un acuerdo con Marruecos del que no sabemos nada, tampoco si el viaje del déspota para ver a sus amigos transoceánicos y antes mencionados ha conllevado algún tema que pueda afectar a la seguridad o defensa nacional, por no hablar del encuentro Delcy-Ábalos, los viajes a la República Dominicana y otros menesteres. No sé qué pinta ahí la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero tendremos ocasión de enterarnos.
Junto a ello, la Reforma del Reglamento del Congreso, que quita y da las acreditaciones a los periodistas en función de la comodidad o incomodidad de las preguntas y del estilo, se excusan. Los que ahora marcan distancias con un Vito Quiles pueden ver cómo ellos o los medios para los que trabajan pierden las acreditaciones o los anuncios subvencionados. La escasa solidaridad de la prensa cómoda con la prensa incómoda es legendaria. El gobierno más zafio y vulgar, desde el 78 para acá, se permite señalar lo que es estéticamente adecuado o no. Más allá de que siempre cabe responder con argumentos y razonar las respuestas ante las preguntas, pero eso conlleva un esfuerzo añadido para aquellos que ya no tienen más argumentos que los meramente dictatoriales y más razones que las del poder por el poder mismo, o por los meandros de una entrega de competencias del Estado al independentismo, siguiendo la tónica inaugurada con la misma ponencia constitucional del 78 y seguida por los sucesivos gobiernos. La singularidad catalana, que pasa por encima de la solidaridad entre las autonomías consagrada constitucionalmente, sólo es posible dentro de un sistema que lo permite todo, porque el ordenamiento jurídico, el todavía vigente, necesita ser transformado, modificado, para dar cabida tanto a la Amnistía como a una fiscalidad especial. No se trata de la singularidad de un territorio autonómico, sino de la necesidad que tiene el PSOE de mantenerse en el poder, ya sea troceando o vendiendo, por un lado, y subvirtiendo el orden constitucional, por otro.
No hablemos del artificio de éxito económico con que se ha despachado el Presidente del Gobierno antes de irse de vacaciones, unas cifras que no se cree nadie y cuyo crecimiento, si fuera real, iría parejo con el Informe GRECO (GRUPO DE ESTADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN) del Consejo de Europa. El Informe de lo que habla es del Estado de Derecho en España en 2025 y sobre la corrupción en nuestro país, que alcanza al igual que la economía cotas inigualables.
Por si algún prudente magistrado no se ha enterado todavía, en relación al poder judicial, se cita la composición del Consejo General del Poder Judicial, la lentitud de la justicia, la solicitud realizada por el mismo Consejo de Europa de una reforma del estatuto del Fiscal General del Estado ( y eso que no menciona la imputación del titular del cargo) y demás problemas, que no se están abordando como deberían, de modo que el Informe dice literalmente que “el Gobierno está obligado por ley a aprobar una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción, si bien la actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha”.
El Informe habla además en este punto de “corrupción de alto nivel”, aunque no sabemos si por ésta entiende lo que pensamos los demás o mira para otro lado. La Recomendación del Informe es además que haya una disociación en el tiempo del mandato del Fiscal General del Estado y el mandato del Gobierno, lo que equivale a señalar que, más allá del Gobierno, el Fiscal ha de ser autónomo e independiente del mismo, que su cargo no puede estar supeditado ni en duración ni en contenido al Gobierno. La Recomendación se antoja un consejito de nada, una súplica modesta, si tenemos en cuenta en qué momento de la investigación judicial, en que está inmerso, se encuentra el actual Fiscal General del Estado.
Sobre la libertad de los medios de comunicación, el Informe es contundente: “A pesar de las medidas contempladas en las nuevas propuestas legislativas, los periodistas siguen enfrentándose a cada vez más dificultades en relación con las condiciones laborales y su seguridad”. Mucho me temo que las condiciones laborales van a depender de que sigan existiendo medios de comunicación libres. Las nuevas propuestas legislativas del Gobierno, que analiza el Informe, van en la órbita del cambio en la composición del Consejo de Administración de la radio y televisión de titularidad estatal, haciéndolo dependiente de la Presidencia del ente. Y ya sabemos lo que supone esto, que el Presidente de RTVE es propuesto, a su vez, por el Gobierno y aprobado por el Congreso. Todo queda asegurado, no sea que se hagan preguntas incómodas o se dé una información que hable de la sucesión de investigaciones en los aledaños del poder, en las familias políticas y de las otras. Pocas bromas con las cosas del comer.
Destaca además que no se han seguido las Recomendaciones ya efectuadas sobre las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera, o lo que es igual las puertas giratorias de los políticos españoles y una verdadera declaración patrimonial, desglosada, que nos permitiría conocer a qué obedece un incremento patrimonial superlativo, como el que ahora llenan las páginas de los periódicos.
Estamos ante un Informe de seguimiento, porque la evaluación previa data de 2019: seis años y nada. Entre medias la pandemia, la Dana, el volcán de la Palma, Filomena, las ocupaciones de viviendas, las cloacas y los fontaneros, los que se enriquecen a costa del sufrimiento ajeno y para los que todo vale, las cifras del empobrecimiento infantil y la imposibilidad de llegar a fin de mes de los agricultores, ganaderos, autónomos, los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda pero que no ocupan las de otros, y los que se van de España, con títulos, para no volver. Suena por ello a risa que el Informe dé una fecha perentoria al Gobierno para acabar con la corrupción e implementar las Recomendaciones: 30 de junio de 2026. Claro es que el Consejo de Europa no sabe todavía con quien se las gasta. A él con prisas y con fechas límite, si va a tener todo el tiempo del mundo para avanzar, no en la línea esperada, sino en la inversa.
Estos son sólo pequeñas pinceladas de un momento crítico, del que nos olvidamos con esas hábiles maniobras de distracción que utiliza el Partido en el Gobierno y en las que Sánchez es un fino maestro. Mucho me temo que no va a haber segundas oportunidades: o alzamos la voz, todos y cada uno, o ésta será la larga travesía del pueblo elegido por el desierto, muy, muy larga. Menos prudencia, querido magistrado y similares, y más contundencia.