La Democracia Cristiana o el fracaso del obrerismo católico en España (y III): La II República, la ocasión perdida

El Grupo de la Democracia Cristiana, llamado a desarrollar un obrerismo católico que pronto colapsó por falta de claros criterios sindicalistas, acabó evolucionando e integrándose en el Partido Social Popular, en 1922.  Se cumplía así un patrón que se iría repitiendo: las iniciativas sociales de la Democracia Cristiana nunca derivaban en sindicalismo y siempre acababan en proyectos de partidos políticos que aunaran el voto católico (sobre todo el codiciado voto tradicionalista e integrista). Ese año, el diario El Debate-admirador del Partido Popular Italiano de Sturzo-, anunciaba que se estaba preparando en España un partido de características semejantes. El Partido Social Popular, recogía políticos -como Ossorio y Gallardo- que se habían integrado en el movimiento maurista desencantados con la corrupción del turnismo de la Restauración y que desde un populismo patriótico intentaban -nuevamente- atraer a las masas católicas. También acogía Propagandistas como Herrera Oria, incluso a tradicionalistas como Víctor Pradera. Pero el incipiente movimiento se vio truncado con la proclamación del Golpe de Estado de Primo de Rivera.

La Dictadura de Primo de Rivera y el obrerismo

La llegada de la Dictadura convulsionó al recién fundado partido. Pronto hubo una escisión, entre los más entusiastas de Primo (como Víctor Pradera) y los que se opusieron. El proyecto demócrata cristiano moría prácticamente al nacer. En 1923 el partido se disolvía y muchos de los demócratas cristianos, junto a los de otras tendencias políticas, se sumaron a la Unión Patriótica. El General Primo de Rivera primero pensó que la base del partido podía ser La Traza, un grupo barcelonés protofascista. Pero reculó rápidamente y se apoyó en la Unión Patriótica Castellana. Esta formación estaba formada por sectores del catolicismo, no carlista, muchos de ellos vinculados a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que precisamente había sido la organización que había impulsado las primeras “Uniones Patrióticas”. El manifiesto fundacional se publicó en El Debate, el 2 de diciembre de 1923, siendo su presidente Eduardo Callejo. Las preferencias por la opción castellana sobre la catalana fueron claras: la Unión Patriótica Castellana contaba con el apoyo de los Sindicatos Agrícolas del Norte de Castilla y con prensa potente como El Debate y afines. Por el contrario, los Sindicatos Libres de Barcelona, aunque habían acogido bien el nuevo Régimen, pronto se desencantarían y se opondrían. Por otro lado, el entusiasmo “regionalista” que Primo de Rivera había mostrado siendo Gobernador Militar en Barcelona, para ganarse a la burguesía catalanista, pronto quedó en saco roto. Por mucho que se nos quiera presentar a Primo de Rivera como un fascista, no lo fue ni mucho menos. De hecho, su ideología política nunca quedó definida y en las Uniones Patrióticas que se fundaron por toda España cabía todo el amplio espectro político desde católico liberales hasta tradicionalistas, pasando por personas simplemente de orden. Quién mejor lo define es Stanley Payne: “Primo no era ni un progresista, ni siquiera un autoritario consistente, sino más bien un semiliberal confuso e impaciente, cuya fantasía no trascendía las categorías del constitucionalismo liberal”.

La Dictadura no pudo evitar que en el seno de su artefacto político -la Unión Patriótica- se tensionaran dos posturas. Estaban los que esperaban, como Pemán y Goicoechea, la prolongación sine die de un nuevo régimen que derivara en una nueva forma política que rompiera con el pasado de la Restauración. Por otro lado, hombres como Calvo Sotelo, y dirigentes vinculados al catolicismo social y político, veían a la Dictadura como etapa transitoria. Esta debía servir como instrumento de organización de la derecha española, con el fin de asegurar su hegemonía en una gradual transición hacia un nuevo parlamentarismo reformado. Pero los dos bandos no pudieron prever el triste destino de la Dictadura y del régimen de la Restauración que moriría definitivamente con la llegada de la II República.

La cuestión obrera seguía siendo uno de los puntos a resolver por la Dictadura de Primo de Rivera. En 1926 el régimen creaba la Organización Corporativa Nacional (OCN) cuya función debía ser regular las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. El marco ideológico era una mixtura entre el corporativismo católico, el paternalismo del Estado  y ciertas influencias del corporativismo fascista italiano. Su impulsor fue el ministro de Trabajo del Directorio, Eduardo Aunós (antiguo catalanista y en el futuro entusiasta franquista), que pretendía presentar una alternativa tanto al liberalismo como al socialismo. En el fondo, Primo de Rivera quiso acabar con los sindicatos “duros” que utilizaban la huelga como instrumento de presión, para sustituirlos por sindicatos con funciones asistenciales, de educación y que fueran los intermediarios para elegir a los representantes de los trabajadores en los “Comités Paritarios” de las empresas. Los Comités Paritarios estaban formados por vocales, en igual número por parte de los patronos y de los trabajadores. El presidente era un representante del gobierno. Los vocales eran nombrados de forma libre por los empresarios y por los sindicatos. 

Lo único malo es que el régimen excluyó a los sindicatos díscolos como la CNT o a los Sindicatos Libres. Es así, como para sorpresa de muchos católicos, la UGT consiguió copar casi todos los puestos en los Comités Paritarios y en las comisiones mixtas organizadas por el Estado. Este favoritismo hacia el sindicato socialista, fue repudiado por los sindicatos agrícolas católicos y por los Libres. No sólo era una ofensa en el orden ideológico, sino también en ámbito de la supervivencia. Hemos de pensar que Largo Caballero fue nombrado consejero de Estado y afirmó que consideraba un avance político la representación socialista y ugetista en aquel organismo. La CNT pasó a la clandestinidad el sindicalismo de los libres quedó prácticamente apagado. La gran diferencia es que, tras la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, los Sindicatos Libres ya habían perdido su fuerza, la CNT se había curtido en la clandestinidad y se le sumaría, fundada en Valencia en 1927, la subversiva Federación Anarquista Ibérica (FAI). La FAI siempre sería la organización encargada de que la CNT no perdiera su espíritu revolucionario. El sindicalismo católico agonizaba y el corporativismo paternalista del régimen que nadie se lo creía, ni siquiera los empresarios. 

La llegada de la República: demasiado tarde para el obrerismo católico

La abrupta e ilegal llegada de la II República abocó a la Unión Patriótica a la desaparición. Los partidos monárquicos estaban desarbolados, la izquierda había monopolizado el obrerismo y los conservadores carecían de un partido que los representara. La Iglesia, por su parte, estaba descolocada. La Confederación de Metropolitanos, en 1930, había escrito una Carta a favor de la Monarquía. En 1931 la mayoría de obispos aceptaban la nueva situación y pedían a los católicos que la aceptaran como “poder constituido”. Sin embargo, la Constitución republicana de 1931 consideraba en su texto que “España no tiene religión oficial». El Primado de las Españas, el Cardenal Segura, a los quince días de la proclamación de la República escribía una durísima pastoral contra ella. Ello motivo su expulsión a Roma. El Cardenal Segura, por su cargo, era presidente de la Acción Católica española. 

En España, el Nuncio, Federico Tedeshini, era partidario del “accidentalismo” y, por tanto, de aceptar la República como “poder constituido”.  Tuvo que lidiar con la cuestión del Cardenal Segura. El Cardenal Gomá fue nombrado como nuevo Primado. La cuestión de la dirección de la Acción Católica fue resuelta de forma especial. Gomá quedó como presidente nominal, pero la dirección efectiva fue entregada a Herrera Oria. Este puso sus recelos pues manifestó su deseo de ser sacerdote, pero finalmente aceptó. Este hecho no fue baladí. Uno de los más interesados en Herrera Oria fue el Cardenal Vidal y Barraquer, otro “accidentalista”. Herrera Oria, con sus propagandistas y gentes de la Acción Católica, fundó un partido que acabó llamándose Acción Popular. Entre sus objetivos se señalaba “la salvación patriótico-social” de Epaña. El Debate pasó a ser el periódico oficial del partido. Tras esta estrategia estaba Tedeschini que había declarado que no quería que la Acción Católica fuera una acción “social y sindical”, sino “moral”. Nuevamente la cuestión política iba a pasar por encima de la acción sindical.

Todos los estudiosos coinciden en considerar que la Acción Popular fue uno de los factótums de la estructuración de la CEDA. El proyecto tuvo su ilusa esperanza en las elecciones de 1933, pero la revolución de 1934 despertó del falso sueño de los católicos que creían que la convivencia en la II República era posible. La Acción Católica hizo un tímido esfuerzo por comprometerse con la cuestión social. En su seno fundó el Instituto Social Obrero con apenas resultados. Su presidente Alberto Martín Artajo, pasó de católico liberal a, posteriormente, ser Ministro de Asuntos Exteriores durante el franquismo. Tras la proclamación de la II República, los Sindicatos Libres recibieron un nuevo golpe. Companys auspició entre los grandes sindicatos revolucionarios y la patronal el llamado “Pacto del Hambre”, por el cual se comprometían a no contratar a los afiliados a los Libres. Los Libres ya no pudieron ser el contrapeso al obrerismo revolucionario. 

Los últimos desatinos del obrerismo católico

Ya en 1938 se aprobó en la zona nacional el Fuero del Trabajo. La constitución de un sindicato vertical único en el régimen que salió victorioso de la Guerra y las excelentes condiciones que se fueron proporcionando a los obreros, hicieron estéril cualquier intento de sindicalismo fuera de las nuevas estructuras. Tras la Guerra, la Acción Católica volvió a sus cauces para intentar ejercer una acción social sobre lo obreros. En 1946 se fundó en su seno la Hermandad Obrera de la Acción Católica (HOAC). Desde la HOAC se iniciaron críticas al régimen, aprovechando su carácter de católica y casi intocable. En ella se refugiaron demócratas cristianos (aunque otros muchos se colocaron en puestos que les ofrecía el régimen franquista). De la HOAC, en 1961, se fundó la Unión Sindical Obrera (USO), de su rama catalana se creó la USOC y por ella pasaron católicos que, posteriormente, en relaciones con la oposición comunista franquista fundaron las Comisiones Obreras. En 1954, desde las Congregaciones Marianas dirigidas por los jesuitas, se fundaron las Vanguardias Obreras. El espíritu de combate antifranquista era el mismo que el de las otras organizaciones obreras clandestinas. De ellas, por ejemplo, surgió en 1970 la Organización Revolucionaria de trabajadores (ORT), que nutriría a las juventudes maoístas. Los grandes enemigos de la Iglesia, las organizaciones comunistas, le hicieron el abrazo del oso. En 1954 la Acción Católica tenía 600.000 afiliados. En 1979 ya sólo quedaban 15.000 afiliados. Tras la Transición el Estado entregaba el patrimonio sindical acumulado(el del sindicato único) a los sindicatos revolucionarios para domesticarlos. Así moría el sindicalismo católico y de paso el sindicalismo a secas.