Primero, vayamos a definir el estado mínimo. Aquel estado en que la administración dedica sus recursos a las funciones fundamentales. La más conocida, la defensa y la seguridad a través del ejército y la policía. Un estado que, normalmente, pretendería ser bastante municipalista, pues la policía o la vigilancia inmediata de caminos, accesos y vecinos quedaría en manos de la corporación municipal. Del mismo modo que el alumbrado público y la red de abastecimiento de agua y canalizaciones. Creo que todas ellas son bastante razonables, incluso en ese llamado siglo XXI que sirve como pretexto para abandonar lo nuclear e irse por las ramas. Parece que en el siglo XXI estamos tan avanzados que los municipios pueden decidir prescindir de forma permanente del mantenimiento de sus funciones básicas.

Aunque es normal, en España el tema competencial es un caos surgido de ambigüedades, textos legales que parecen o son meras sugerencias y peleas entre administraciones por hacerse o deshacerse de competencias. Y en esas han quedado las más básicas funciones, en un terreno impopular, abandonado y abonado para el caos. Mientras el alumbrado público es imprescindible para la seguridad pero da pocos o ningún voto, es más «rentable» crear puestos de trabajo y organismos para técnicos de género, de igualdad, agentes socioculturales o cualquier otra cosa que se repite en cada administración. Puede ser que la red de abastecimiento de agua y canalizaciones lleve 50 años sin una revisión y mantenimiento rigurosos, pero eso no es importante porque la gente quiere fiestas, eventos y concursos. Por ejemplo, en plena sequía en Cataluña hace pocos años, mi municipio optó por hacer un concurso de ahorro de agua. Muy gracioso, porque la red estaba y está peor que mal y mientras algún ciudadano podía pensar en ahorrar, se produjeron repetidas roturas de la red que dejaron campos anegados. Mejor gastar un poco en un concurso pseudoecologista de ahorro de agua que arreglar la canalización. Si no lo hicieron los anteriores, no lo va a hacer la corporación actual.

Del mismo modo, se puede dejar calles enteras sin luz muchos días, pero se puede pavimentar a modo industrial con mortero toda una plaza para hacerla diáfana, fea e inhumana. Y, lo peor, un horno en verano. Pero tiene arreglo: se pone una lona encima y se le llama «refugio climático». Parece pensado por los mismos guionistas de obras municipales que talan árboles, levantan la misma calle cada tantos años y, cuando sin árboles esa calle parece una sartén al rojo, deciden hacer un «plan de rearbolado». Y mientras se dilapida ese dinero de forma cíclica, una rotonda de acceso al municipio no tiene luz y se produce un accidente «sin explicación».

Del mismo modo actúa el núcleo duro del estado o el gobierno central. Pensemos o, mejor dicho, recordemos que el mantenimiento de las carreteras es competencia estatal y autonómica. El estado gasta, aproximadamente, unos 1.500 millones de euros en su mantenimiento. La suma de lo recaudado por el impuesto de matriculación y el de circulación (aunque sea municipal) se eleva a más de 4.600 millones de euros. Pero vamos a mejorarlo, pues el impuesto especial sobre hidrocarburos suele aportar unos 13.960 millones de euros más. Y sin contar el IVA. Todo ese dinero recaudado por el mero hecho de tener vehículo, ¿se emplea en el mantenimiento de la red? Ni una mínima parte. Aunque es cierto que son impuestos y no tasas, por lo que no están obligados a emplear lo recaudado en algo concreto, no son más que una forma de extracción de recursos.

El estado del asfalto es denunciable en gran parte de la geografía nacional, pero no parece importar que el estado recaude tanto por los vehículos y destine tan poco. Aunque tampoco es el gasto lo que solucionaría los problemas, puesto que parece que lo invertido en mantenimiento de la red de alta velocidad y renovación de algunos tramos no fue suficiente para impedir la tragedia. Y ahora, de anunciar futuros tramos a 350 km/h, pasamos a bajar la velocidad.

Pero pienso en otros casos, como la red de Cercanías, que en Barcelona es especialmente problemática. Algunos lo achacan a una falta de inversión crónica por parte del estado. Puede ser, pero muchas líneas llevan años con obras, desdoblamientos y no parece que la inversión mejore el servicio. De hecho, este enero de 2026 ha sido el clímax del desastre en Rodalies. Una red que acapara la mayoría de robos de cobre y de posibles sabotajes. ¿Y de quién es la competencia? Efectivamente, autonómica. Pero mientras se pueda culpar a otros para ocultar la inutilidad propia, no pasa nada. La red ferroviaria está desprotegida y sin vigilancia, es lógico que se robe cobre y sea fácilmente saboteable. Aunque eso no importa, hay otras prioridades más acuciantes, por ejemplo, impedir el acceso a parques naturales a los ciudadanos por la peste porcina cuando no se sabe ni de dónde ha salido tras dos meses. Del mismo modo, el mantenimiento y control de las infraestructuras críticas parece algo innecesario y fútil, así pueden caer muros en una vía de tren junto a una autopista y nadie lo pudo ver venir.

Es sintomático tener un sector público elefantiásico, un esfuerzo fiscal absurdo y que lo más fundamental no funcione. Saldrán aquellos «defensores de lo público» a gritar lo de siempre: si queremos servicios «suecos», tenemos que pagar impuestos como ellos. Nadie quiere servicios suecos ni pagar más. La gente corriente y decente quiere que se invierta aquello que paga en lo que debe ser gastado. No es una cuestión de que el estado incaute más, es cuestión de que se dedique a ejercer su rol en lo fundamental y, únicamente después —si queda algo—, se gaste en nuevos tintes de pelo interseccionales. Si las carreteras necesitan 3.000 millones más para poder viajar seguros, que se emplee parte de lo recaudado por el impuesto de matriculación, el de circulación y el impuesto especial sobre los hidrocarburos en ese menester. Si un ayuntamiento pequeño no tiene recursos para pagar el alumbrado público cada noche, que no cree plazas de técnicos que ya ofrecen otras muchas administraciones. En lugar de dilapidar dinero en la creación de distintos sistemas de identificación para hacer uso de una administración digital que no funciona, que opten por hacer un plan nacional para revisar los sistemas de abastecimiento de agua.

Nadie habla de suprimir la sanidad pública o la educación. Tampoco de acabar con las pensiones. Aunque sobre las pensiones se podría pensar que hay muchas de ellas de dudosa legitimidad, puesto que no es lo mismo un jubilado o una viuda que alguien con pensión de invalidez por demasiadas sustancias. Y sobre la educación y la sanidad, es difícil creer que una administración incapaz de cumplir con algo tan básico como tener las farolas encendidas o defender la propiedad privada y que nadie se atrinchere en tu casa con total impunidad sea capaz de mantener una sanidad y educación remotamente de calidad por muchos recursos que se inviertan en ello.

El estado, por más grande que sea en la actualidad, tiene unos roles ínfimos. Se entromete en todo, necesita ingentes recursos, pero es incapaz de ejecutar nada con cierta solvencia. No es un estado mínimo, es un estado en mínimos, un estado a su mínima expresión pero máxima recaudación.

Servicios públicos: afrenta de clase

Ahora, para ilustrar, quisiera mostrar un caso directo y con nombres. Trataré de un municipio pequeño de la provincia de Barcelona, Pacs del Penedès. Municipio que, tras las últimas elecciones municipales, comenzó a ser gobernado por una especie de candidatura pseudomunicipalista llamada Pacs Batega. Candidatura que esconde un partido muy determinado y conocido por su pomposo representante en el Congreso de los Diputados que solía ir cargando impresoras y pocos reparos morales. Candidatura que ganó por hacerle una oportuna contracampaña a la anterior alcaldesa —que también lo puso fácil— y hacerse con los favores de asociaciones y vecinos de núcleos determinados. Típico culebrón de pueblo pequeño, así que no daremos más detalles.

El caso es que el nuevo gobierno subió las tasas de basura amparándose en la famosa normativa europea que le sirvió como pretexto. La subida fue de un 166,5 %. Y no, no exagero. El agua se subió un 33 % en su momento. Debe ser que la sequía sufrida tiempo atrás produjo subida de precios. Aunque en esos tiempos hubo fugas generosas mientras se aplicaban restricciones a los vecinos y empresas. Pero como no hay mal que por bien no venga, todo ese esperpento dio lugar a una iniciativa. Más bien, un concurso. A ver quién ahorraba más agua en el pueblo. En absoluto populista y ridículo el hacer un concurso que podría basarse en «El Precio Justo» pero en versión «Te duchas lo justo».

Pero tengo que volver al tema de las basuras. Pues tras esa subida del 166,5 % —sin bajar otras tasas e impuestos municipales para aliviar al contribuyente— se produjo un supuesto debate de cambio del modelo de recogida. Nada nuevo, cada oportunidad de cambiar un sistema es oportunidad de empeorar el servicio. Y a eso hemos llegado. Contenedores «inteligentes» que no son más que contenedores con cerrojo electrónico para los que tienes que ir con un llavero. Garantizan anonimato y demás, la historia de siempre. Acabaremos identificados y revisando basuras tras aceptar ese paso. Todo es progresivo.

Pero eso no es lo grave. Eso es un detalle minúsculo en un ejemplo de que para cualquier administración somos meras fuentes de extracción de recursos.

166,5 % de subida de tasas, contenedores cerrados con apertura con identificador. ¿Mejorarán el servicio? Jamás, tal expolio y amenaza velada que tapan con reciclaje es un enorme «además de p***, poner la cama». Pues algunos contenedores no son utilizables todos los días y hay que separar más en casa y calcular el día oportuno. Pagamos más, nos identifican y, además, nos asignan tareas y limitan horarios. Pareciera que somos nosotros los que trabajamos para la administración. Y es así, trabajamos para ellos, pero con el absurdo de que somos trabajadores y pagadores a la vez.

Pero tengo que añadir un agravio más a la cuestión de Pacs del Penedès. Pues una vez retirados los viejos contenedores —de los que ya había orgánico, resto, papel y envases— se han suprimido muchísimos puntos de contenedores. Claro, los nuevos contenedores deben ser caros y no se pueden sustituir todos. Pero entonces no es una sustitución, es una eliminación de puntos de recogida. Y ahora, en un municipio de apenas 900 habitantes y diseminados, tenemos a vecinos con los contenedores a 300 metros cuesta arriba por una carretera en la que circulan camiones. Y eso, buscándolos, porque no han informado de la nueva ubicación. Cosa interesante, porque en un pueblo tan pequeño llegan comunicaciones de talleres para la tercera edad o, si hiciera falta, del folclórico «baile de gitanas», pero del baile que están haciendo con las basuras, nada. Parece que la campaña de querer un pueblo vivo se basaba en hacer fiestecitas, talleres y eventos, pero para servicios de verdad, recaudar y espantada. Grave porque es un pueblo envejecido y tengo serias dudas de que tener contenedores a 300 metros siguiendo carreteras tras eliminar los más cercanos sea correcto para las personas mayores que llevan años utilizando las anteriores ubicaciones. Ecológico, no lo sé, pero inhumano, bastante. Y tampoco es ecológico porque gracias a eso habrá quien vaya a tirar la basura en coche.

Y esto, lo repito, es en un municipio pequeño en que tales desmanes y absurdos deberían ser evitables por cercanía, pero no. Es el New Deal de los servicios públicos, un «paga y traga» enorme que utiliza excusas de todo tipo. El expolio fiscal se justifica con excusas variopintas, pero siempre acaba igual. Hay que pagar impuestos para Sanidad y Educación. Decadentes y saturadas. Hay que pagar impuestos para hacer política de vivienda. No se construye nada pero se hacen bonos cuestionables y no se protege la propiedad privada. Te quieren impedir la entrada a las ciudades en coche y te graban más el combustible. El director de la DGT te dice que el fin es que nadie entre en las ciudades en vehículo privado. Te hacen un bono de transporte para tren que pagamos entre todos. Queremos salvar el planeta y recaudan ellos para que reciclemos nosotros.

¿En qué acaba? Currantes angustiados y asfixiados con coches viejos que tampoco pueden ir en tren porque jamás funciona o, sencillamente, no quieren tener un accidente. La autopista está cortada. Las alternativas tienen retenciones. El autobús está lleno y sufre atascos igual. Llega tarde a casa y cansado, decide no ir al médico porque será imposible. Tiene que tirar la basura, prepara las diferentes bolsas y se va a hacer el recorrido de 300 metros a pie. Bueno, no, mejor en coche porque ya está reventado. Llega al sitio pero algunos contenedores están cerrados hoy. Tiene dos opciones: dejar las bolsas junto a los contenedores o volver a casa con ellas. Si las deja, quizás un ayuntamiento como el de Pacs utilice al nuevo vigilante municipal para ponerle una multa. Así que se las lleva y que apesten en casa.

Hay que consumir menos, así no habrá que hacer ese recorrido lamentable para nada. Es lo que buscan: cada vez menos y peor para nosotros, una bajada de la calidad de vida en todos los frentes utilizando, irónicamente, los servicios públicos como herramienta de opresión de clase. Ellos no lo sufren, están por encima de nosotros, son políticos, gestores, líderes y acólitos. Diferentes siglas y supuestas ideologías, pero mismo estilo. Los «elegidos» por las urnas junto a los «elegidos» por el dedazo. La nueva clase dominante que sería capaz de meterte un dedo en el ojo «por el bien del planeta» y decirte que estás de enhorabuena porque te van a poner una técnica de turismo en tu municipio. Así podrás saber los mejores sitios en un pueblo en que llevas más años que Matusalén, ya que con transporte público no vas a llegar muy lejos. Y toda ese daño contra nuestra ya escasa calidad de vida, se lleva a cabo con nuestros impuestos, con nuestro dinero. O como ellos quieren hacerte pensar, con «dinero público». Que es la forma fina de decir que ese dinero es de ellos y tú no importas.

PD: No abogo por un estado liberal, que nadie se engañe. Se trata, precisamente, de combatir un estado y una administración que incumple sistemáticamente lo más elemental mientras aumenta su recursos obteniéndolos de nuestros bolsillos. Podéis llamarlo élite extractiva, me parece bien. Ya sufrimos demasiado para pagar, como para tener que sufrir aún más porque nuestro dinero es dilapidado y malgastado por una clase dirigente que el único bienestar ajeno que entiende es el de sus redes clientelares. Si no estamos en alguna de ellas, para ellos no somos sujetos de derecho, somos fuentes de extracción de recursos. Y eso, señores, debe revertirse. La forma, me da igual.