Del Estado del bienestar al Estado tutor del malestar

Diario ABC, 28/01/2021: “Mediante un control exhaustivo de la Estrategia de Vacunación, el Consejo Interterritorial de Salud evitará el uso indebido de las vacunas; y se aplicarán las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar que el plan que pretende inmunizar a la población española contra el coronavirus sea el establecido”. Y esto que suena tan bien, como muy civilizado y solidario, es una declaración soberana de interferencia y control del Estado sobre la vida de los ciudadanos.

Unos más que otros habrán sentido su regusto de indignación ante las noticias de esos alcaldes, políticos abrevados y gente del pesebre que con una excusa u otra se han prevalecido de su posición —sus privilegios—, accediendo a la vacuna del coronavirus cuando no les correspondía según el plan nacional de vacunación. Cierto, la conducta es infame, no por el hecho en sí sino porque denota el olímpico desprecio con que esta gente vulnera sus propias normas, la ley del embudo que es lógica elemental en su conducta y manera de enfrentarse a las complicaciones de cada día: “yo sí, vosotros no, porque todos somos iguales pero yo soy más igual que nadie y muchísimo más igual que vosotros”. De acuerdo, parece razonable sancionar esas actitudes, denunciarlas en los medios de comunicación y exigir responsabilidades.

Dejemos de lado la polémica sobre si algunas autoridades del Estado deberían vacunarse al mismo tiempo que los grupos de riesgo, a fin de garantizar su continuidad en el cargo y el ejercicio de sus responsabilidades que, a la postre y teóricamente, redundan en beneficio del común. Parece evidente el Jefe del Estado Mayor del ejército, el presidente del gobierno, los presidentes de las autonomías y otros altos cargos de la nación podrían recibir su dosis de vacuna sin detrimento del principio de equidad y sin mayor controversia. Todos lo entenderíamos. Muchos, incluso, agradeceríamos a Pedro Sánchez y bastantes de sus allegados y aliados que nos hicieran el favor de vacunarse antes que nadie, por si acaso. En fin, ya decía… Dejémoslo.

El problema surge de verdad cuando se argumentan las “medidas correctivas y preventivas” contra las vacunaciones indebidas. Se invoca el principio de igualdad y no digamos el de solidaridad. Por las claras: cuando se manifiesta la pretensión de salvaguardar un bien superior, en este caso la salud —nada menos—, el Estado tiene potestad de erigirse administrador absoluto del bien a distribuir —la vacuna— y de la actividad respectiva —vacunación—, sin más garantía legal que la buena o mala disposición de las autoridades, sin recurso ante la ley ni margen para la iniciativa de los individuos, sujeta a la potestad estatal de sancionarla en caso de no se ajuste a su dictamen sobre cómo deben aplicarse los anteriores principios igualitarios y solidarios.

No importa que los actos sean en sí legítimos, no ilegales: el bien común justifica la restricción y la punición al transgresor. Corolario: ya que el Estado, en las actuales circunstancias, no puede proponerse gestor del desparecido “bienestar”, se prorroga a sí mismo como policía del malestar, para que la gente no se desmadre y el asunto no se le vaya de las manos. Y allá penas.

No importa siquiera que el Estado y quienes lo dirigen tengan su propio concepto sobre lo que es el bien común. Las cosas se hacen conforme ellos digan porque ellos mandan y los demás no; ya saben: en una democracia no está muy claro cómo se armonizan y compensan los poderes del Estado pero se sabe muy bien quién no manda. La ética de los principios, en estos casos, no implica ética de la responsabilidad. Un ejemplo: la decisión de la autoridad sanitaria en varias comunidades autónomas de no vacunar a los sanitarios que ejercen en la sanidad privada. El bien común, en este caso, tiene sus límites: el odio ideológico de buena parte de nuestros gobernantes hacia todo lo que implique el término “privado”. No importa que según en qué lugares y ámbitos autonómicos la sanidad privada haya luchado contra la pandemia con idéntico denuedo y sacrificio y bastantes menos medios que la sanidad pública. Los trabajadores de este sector, por una decisión arbitraria, sectaria y criminalmente doctrinaria, de momento se quedan sin vacunarse aunque con la obligación de atender a todos los pacientes de coronavirus que lleguen a sus centros –incluidos miles de funcionarios—, o los que se les derive desde los centros públicos; en algunos casos, como sucede en Canarias, con el deber de ejercer en dispensarios y centros de salud públicos para cubrir bajas, turnos de descanso, vacaciones, etc. De tal manera, se impone a estos trabajadores —médicos y enfermeros sobre todo—, que lleven adelante su actividad profesional para combatir al virus sin estar vacunados, a pecho descubierto, en tanto sus colegas de la pública cuentan con protección de la vacuna. Esto, en tiempos de San Pablo se llamaba martirio. En tiempos de Stalin, ejecución. En la comunidad valenciana han tenido que pronunciarse los tribunales para obligar a la vacunación de todos los trabajadores de la sanidad, en las mismas condiciones, pertenezcan a la pública o a la privada. No es de extrañar que en aquella región, gobernada por lo más sectario del izquierdismo versión hooligan, se llegue a estos extremos.

Desmanes como este ocurren cuando la autoridad del Estado asume el control total en defensa de un bien señalado como “común”. La salud es importante, cierto. Imaginemos ahora que el bien común a defender, en estas condiciones de excepción, es la economía, el empleo, el bienestar social, la libertad de expresión o asociación… Y que los criterios de gestión absolutizada son parecidos a los actuales con relación a la pandemia. El bien común será todo lo común que se quiera, pero de bueno tiene lo que cada cual entienda por esa palabra y sobre cómo aplicar el concepto.

Lo peor de todo: acostumbrarnos a pensar en “modo estado de alarma”, bajo ese registro, esa máxima incontestable de que la necesidad de lo común anula el derecho de los ciudadanos y otorga autoridad exorbitante al Estado; acostumbrarnos a su dictado permanente sobre nuestras vidas, a que la libertad y la seguridad sean un “bien común” que debe ser siempre, sin excepción, impuesto por los nuevos mandarines y bajo apercibimiento de medidas “correctivas”. Bienvenidos al nuevo feudalismo. O al viejo estalinismo. Para el caso, es lo mismo.