Es el mes de mayo, se vuelven a celebrar plenos en las Cortes Valencianas. No obstante ello, la guinda de los mismos, son la Ley de medidas y la ya cercana Ley de Presupuestos de 2025. Las posiciones entre los dos partidos de derechas son salvables aunque colea la profunda diferencia doctrinal entre el ser del PP, y el deber ser de VOX.
Si rescatamos los valores doctrinales de uno y otro, sí se observan grandes diferencias: Vox tiene una visión centralista de España, contraria a la existencia de las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que claramente no han servido para vertebrar España, si éste era su objetivo, más bien han sido un impedimento para ello. El Título VIII de la Constitución de 1978 es configurador del sistema territorial español, lastre del desarrollo y la cohesión nacional. Solamente el PP parece a gusto con el sistema autonómico, la izquierda con sus supuestos federalismos, simétricos y asimétricos, no es compañera de la cruzada autonómica del PP.
El partido de Abascal también reclama la independencia de España con respecto a los órganos supranacionales europeos de toma de decisiones, ya sean de carácter político, económico o judicial. Frente a un grupo Popular Europeo que es todo, menos defensor de la Europa de las Patrias. Así podíamos extendernos largamente, en temas como el aborto, educación, leyes feministas, financiación a chiringuitos…
No obstante todo ello, el apagón sólo fue eléctrico en España, en las Cortes Valencianas Vox y PP aprobaron conjuntamente la Ley de Medias y todo induce a que así sea también con la Ley de Presupuestos.
En el Palacio de los Borja no ha existido ese apagón; el interés por la ciudadanía se impone a las políticas meramente de partido, y Vox junto al PP, mantienen su responsabilidad de evitar una vuelta de la extrema izquierda e izquierda, un gobierno como el del Botánico.
Los hechos del 28-29 de abril de 2025, sí deben tener responsables e investigados, estamos a finales del mes de mayo, y aunque las responsabilidades políticas son las únicas claras, quien gobierna responde, no es pacífica la búsqueda del resto de culpables: El sistema eléctrico español está privatizado desde el año 1997, cuando se promulgó la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lo que no es óbice para un reparto de culpas entre los suministradores, Red eléctrica y el responsable de la política energética, que no es otro, que el gobierno de España. Es cierto que, la función de Operador del Sistema, de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico es el que debe garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. El artículo 30 lo concreta: “el operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Ejercerá sus funciones en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetividad, independencia y eficiencia económica. El operador del sistema será el gestor de la red de transporte”. Por ello las miradas buscan respuestas en Red Eléctrica de España. También, se ha llegado a firmar que las renovables en España acaban de provocar el primer gran apagón, en concreto, por un exceso de oferta solar. El profesor de química alemán Fritz Vahrenholt, gerente y crítico de la transición energética, ha explicado que, antes del fallo de la red en España, la producción de energías renovables, especialmente la solar, había aumentado más que la demanda.
Pese a los graves hechos que desde el ámbito interno español, y el internacional, están ocurriendo, las Cortes Valencianas, dentro de sus competencias sin prisa, pero sin pausa, van modificando la legislación regional con el objeto de adecuarlas a las nuevas realidades e ideas que tanto en Europa, como en el resto de España, empiezan a ser ya un hecho.
Ha sido un pleno intenso, el alumbrado va encendiéndose en la ciudad, y lentamente, en el Palacio de los Borja las luces van languideciendo.