La reforma constitucional que Sánchez no emprenderá, porque no puede y sobre todo porque no quiere

No deja de crecer el asombro -más si cabe- que desde antiguo me suscita el partido progre por antonomasia. En realidad, deberíamos referirnos al PSOE con sólo el sustantivo inicial: el PARTIDO, empleando las mayúsculas si lo hacemos por escrito y enfatizando con vehemencia el vocablo si lo pronunciamos en voz alta. Socialista lo fue, pero a estas alturas del siglo XXI Kautsky o Bernstein no se reconocerían en sus políticas y ni siquiera Olof Palme llegaría a esbozar una mueca de complicidad. Obrero es un término ya casi incomprensible en una Europa que ha deslocalizado su producción hacia el Extremo Oriente y que se adentra en la Cuarta Revolución Industrial con la expansión de la robótica y de la inteligencia artificial. Español es adjetivo gentilicio manifiestamente arcaico e impropio para calificar una banda posmoderna integrada por cosmopolitas viscerales.

Leo con retraso que El PARTIDO de Flick y de Filesa ^[1]aprobó por aclamación en su último congreso reafirmarse en los “principios socialdemócratas, a los que ahora se añaden las etiquetas verde y feminista”, según informaba su Boletín Oficioso -vulgarmente conocido como diario El País– en crónica firmada por José Marcos el pasado 17 de octubre. Los compromisarios aprobaron respaldar una reforma tributaria que “sin tocar el bolsillo de las clases medias, contribuya a la justicia fiscal y a incrementar los ingresos públicos” y esto, francamente, me inquieta. Me inquieta notablemente, no porque mis rentas y patrimonio me sitúen entre los más opulentos magnates de España y yo tema que la ministra María Jesús Montero acabe con mis privilegios, sino más bien por todo lo contrario. El PARTIDO lleva décadas encastillado en el uso de una retórica halagüeña hacia esa mayoría social a la que, sin embargo, exprime y esquilma despiadadamente en beneficio de las oligarquías: resulta muy chocante que nieguen dirigir su ánimo confiscatorio contra la clase media, pero se olviden de señalar cuál es entonces su objetivo. En realidad, aunque agradeceríamos una pizca de transparencia, no es imprescindible: la señora Montero ya ha incrementado los valores de referencia de las viviendas, lo cual repercutirá directamente en el alza de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. Esta misma dama divulgó recientemente su intención de dar una nueva vuelta de tuerca a los impuestos de Sociedades, Patrimonio y… nuevamente Sucesiones y Donaciones, al parecer desconocedora de que -a diferencia de otros países- en España la abrumadora mayoría de los ciudadanos -un 76%- reside en su propia casa; consecuentemente, la fiscalidad sobre la vivienda afecta principalmente al españolito de a pie y no a los escasos grandes propietarios. Por otra parte, del mismo Gobierno que sostiene que no tocará el bolsillo de las clases medias surgió la muy progresista y verde iniciativa de imponer peajes en toda la red nacional de autovías, a despecho del seguro efecto inflacionario que acarreará tal medida y de que la inflación, muy acertadamente, es llamada el “impuesto a los pobres” por su mayor perjuicio sobre los salarios cuanto más precarios sean los asalariados. Sin novedad, pues, en el frente económico del PARTIDO turboglobalista y abanderado de la Agenda 2030: reina la tranquilidad en el Foro de Davos, al que Sánchez probablemente se refiera (en la intimidad) como World Economic Forum.

Si en el plano tributario el PARTIDO sigue donde siempre -con las élites, por supuesto- es en el ámbito de la alta arquitectura del Estado donde nos ofrece su versión más singular: la de actor político mudable, líquido, inestable y esquizoide. En efecto, el PARTIDO de los GAL ^[2]se reafirmó en la aspiración a “una España federal como el mejor antídoto para los conflictos territoriales que se arrastran desde hace décadas”, según informaba la antes citada crónica del Boletín Oficioso El País. Así y todo, los dirigentes dizque socialistas “asumen la imposibilidad, hoy por hoy, de una reforma de la Constitución”. Y dicen bien porque, en su caso, habría de tramitarse mediante el procedimiento del artículo 167 para el que no cuentan con la mayoría precisa, ni tampoco con el valor necesario para asumir el riesgo que entrañaría la operación ^[3]. Los progres genuinamente posmodernos no desean complicarse la vida innecesariamente, eventualidad enteramente absurda en su caso cuando carecen de principios y ya renunciaron a cualquier ideal más elevado que la cremallera del pantalón. Así pues, en su congreso optaron por zanjar el asunto con una de esas frases huecas con las que ellos se deleitan y que sirven para hipnotizar a sus votantes: “La España multinivel requiere instituciones que patrocinen y fortalezcan el multilateralismo en el que los diversos niveles de gobierno puedan cooperar y resolver conflictos con reglas de funcionamiento claras y transparentes”. Frase que, desde otro enfoque, deberíamos interpretar como la aspiración a una administración pública leal, eficaz y eficiente, en contraposición a la descarnada realidad del Estado de las autonomías donde las distintos niveles territoriales compiten entre sí de forma suicida, generan sin cesar conflictos previamente inexistentes y los enconan a despecho de la legalidad y a costa del sacrificio del más elemental sentido común.

El 18 de octubre del pasado año Pedro Sánchez concedió una entrevista a la Cadena SER, la terminal radiofónica de Prisa, ese conglomerado empresarial de la extrema progredumbre participado entre otros paladines de la Agenda 2030 por el Banco Santander. De dicha entrevista se hacía eco el Boletín Oficioso en su edición del martes 19, donde Reyes Rincón citaba al Amado Líder, quien cree llegado el momento de “abrir el debate sobre la actualización de la Constitución”. Con tal propósito el PARTIDO creó recientemente la Secretaría de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos (sic) al frente de la cual figura el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para propiciar una reforma del “derecho a la salud, todo lo que tiene que ver con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el ecologismo”. Los progres, como puede comprobarse, pretenden inundar el imaginario colectivo con sus particulares quimeras eco-pacifistas de género y, en caso de que no coincidan con la realidad que nos circunda, el problema en todo caso lo tendrá la realidad. El desempleo masivo y la precariedad laboral, la depauperación de los salarios, la desindustrialización, la competencia agrícola desleal desde países terceros favorecida por el globalismo agresivo de la Unión Europea, los precios inasequibles de los productos de primera necesidad, la asfixia tributaria, la jubilación tardía, la extinción biológica de los españoles por el derrumbamiento de nuestra natalidad… ¡minucias! Lo prioritario para Sánchez estriba en reformar la Constitución para llenarla con -más aun- declaraciones retóricas. Aun así, hoy me siento magnánimo y, qué caramba… ¡incluso conciliador! Ustedes sabrán disculparme, pero no me encogeré de hombros ante los afanes reformistas del PARTIDO; antes bien habré de apresurarme aquí y ahora a brindarles tres ideas que, a buen seguro, Sánchez y su gente sabrán aprovechar y materializar en pro de la patria.

1º – Una España equilibrada. Cada vez que escucho a un progre hablar de federalismo -o de “cogobernanza federal”- me asalta la sospecha de que probablemente estos muchachos desconocen con exactitud qué son los estados federales. Ignoran que las competencias de los estados federados (p. ej.: los länder alemanes) no suelen alcanzar los niveles de descentralización españoles. Seguramente ignoran que en los estados compuestos el autogobierno de los entes subnacionales se combina con la lealtad institucional y la precisa delimitación de competencias, de forma que el Gobierno federal se reserva un núcleo duro de atribuciones que nadie osa cuestionar. Los progres en general, y los del PARTIDO en particular, no parecen estar al corriente de que el federalismo es sinónimo de exacta simetría de los estados federados en cuanto al alcance de las atribuciones que les son propias. Y ya es hora de acabar con tanta ignorancia, por lo que un magnífico comienzo consistiría en suprimir en el artículo 2 de la Constitución la odiosa división de las tierras de España en dos clases, nacionalidades y regiones, que en mala hora inventaron nuestros constituyentes.

2º – Una España sin privilegios. En la entrevista radiofónica a la que aludía más arriba, el Querido Líder se pronunció en favor de suprimir del texto constitucional la inviolabilidad del Rey; en concreto, afirmó textualmente: “Creo que no es necesario que se reconozca esa condición al jefe del Estado. Es producto de otra época legítima de nuestra democracia, pero no una etapa democrática consolidada con más de 40 años de historia que mira hacia adelante”. Cualquiera sabe qué misteriosa relación excluyente ha creído descubrir el osado doctor Sánchez entre la antigüedad de la democracia y la inviolabilidad regia; quizá este insigne estulto ignora que los monarcas constitucionales de Europa son todos ellos igualmente inviolables. Por lo demás, el aventurerismo de Sánchez brilla en todo su esplendor al proponer una reforma del Título II de la Constitución, operación prevista en su artículo 168 mediante un procedimiento que requiere mayorías aun más exigentes y, por tanto, más inviables en el momento político actual. Espero y deseo que la mera constatación de esta evidencia no me acredite como entusiasta monárquico; para conjurar tal riesgo, me tomaré la libertad de sugerir que no se detenga en la Jefatura del Estado el celo democrático de Sánchez y lo prolongue hasta otra modificación constitucional. En efecto: la está pidiendo a gritos el artículo 71, que establece la inviolabilidad de los diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, así como la imposibilidad de que sean procesados sin obtener previamente la autorización del Parlamento. O todos moros, o todos cristianos.

3º – Una España solidaria. Si se decidiera adoptar en España un modelo verdaderamente federal, no podría ser del estilo “asimétrico” que en su momento Pasqual Maragall tuvo la osadía de proponer, tal vez en un episodio temprano de la cruel enfermedad que le arrebató el juicio, la memoria y la conciencia de sí mismo. Más bien habría de aplicarse una fórmula apta para restablecer la paridad de las partes entre sí y la lealtad sin fisuras de las partes al todo. Tendría su gracia que los progres, tan aficionados a la centrifugación, acaben descubriendo que el federalismo es incompatible con la desmesura catalanista y con los pretendidos “derechos históricos de los territorios forales”. Bueno sería enmendar el error de 1978 de ceder al primer chantaje del PNV -el que habría de inaugurar una larguísima tradición hasta nuestros días- por el que se introdujeron la Disposición Adicional Primera, que consagró la desigualdad y el agravio permanentes, y la Disposición Transitoria Cuarta, que posibilita el expansionismo abertzale sobre Navarra.

Desgraciadamente, temo -y creo temer con fundamento- que no son éstas las reformas constitucionales por las que Sánchez se interesa. Ni Casado, claro, no vayan ustedes a pensar que el problema se concentra en unas siglas o en un personaje porque tampoco las desean Feijóo ni Ayuso. Desde que el Partido Popular con Aznar rebasara la literalidad de la Constitución y renunciase a competencias exclusivas para comprar el respaldo de CiU -el partido de Pujol, de la corrupción institucionalizada, el partido del 3%- la sedicente izquierda perdió la exclusividad en cuanto a connivencia con la secesión. Pero hoy nos centramos en su aparente pero no real antagonista, en su pareja artística de alternancia: Sánchez y su PARTIDO, que nunca creyeron en la continuidad histórica de España ni en su calidad efectiva de comunidad nacional y política, antaño profesaron la fe internacionalista y hogaño se desempeñan como activos globalistas. Sánchez, el Intrépido, degrada a España de nación a mera noción, no más que geográfica y, a lo sumo, a óptimo escenario de su megalomanía narcisista a costa incluso de aliarse con quienes tienen como objetivo prioritario trocearla y repartirse sus despojos. Decía temer con fundamento porque tenemos todos presente la trayectoria de la gobernante coalición progresista, sometida voluntariamente al chantaje de separatistas, de distinto color y procedencia pero igualmente separatistas.

El problema fundamental, la espada de Damocles que pende sobre nuestro futuro colectivo, radica en la subversión del presupuesto fundamental del constitucionalismo, según el cual las naciones se dotan de constituciones para procurarse convivencia armoniosa, salud moral y bienestar material. La Constitución de 1978, incluyendo sus errores y sus no pocos dislates, se ha convertido en el alfa y la omega del sistema político, y su pervivencia en razón suficiente para acometer cualesquiera sacrificios, en perjuicio incluso del pueblo para el que fue promulgada. Los españoles -y mucho menos su clase política- no han asimilado que los cumplidamente comprobados efectos nocivos de determinados elementos de la Constitución deben ser conjurados mediante la reforma o supresión de dichas porciones de la norma fundamental del Estado; en caso contrario, seguiremos avanzando con paso firme y decidido hacia la fractura nacional y, paradójicamente, hacia las consecuentes disolución del Estado y arrumbamiento de la propia Constitución. No me siento capaz de determinar de cuánto tiempo disponemos, aunque no creo que nos quede mucho.

^[1]En la década de 1980 se descubrió que el empresario Friedrich Karl Flick había organizado en Alemania una gran red de sobornos a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La Fundación Friedrich Ebert, ligada al SPD, desvió de aquellos fondos un millón de marcos alemanes para financiar al PSOE. Por igual conducto, los socialistas españoles y portugueses recibieron más de tres millones de marcos alemanes procedentes de los fondos reservados de los servicios secretos alemanes.
Por otra parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó la sentencia 1/1997 de 28 de octubre, condenatoria de los procesados por el casoFilesa, trama empresarial corrupta creada para financiar ilegalmente las campañas electorales del PSOE mediante el encarecimiento fraudulento de contratos públicos. Quedó acreditada la financiación ilegal socialista por importe superior a los 1.200 millones de pesetas: unos 16 millones de euros de 2022.

^[2]Grupos Antiterroristas de Liberación fue el nombre dado a una organización clandestina, dirigida desde la cúspide del Ministerio del Interior e integrada por mandos policiales intermedios y mercenarios a sueldo, algunos de ellos reclutados en ambientes mafiosos de Francia, para combatir con procedimientos de guerra sucia a los integrantes de la banda terrorista ETA. Los dos primeros gobiernos de Felipe González fueron responsables de más de una treintena de acciones terroristas, con resultado de veintisiete asesinatos y más de treinta casos de heridos por arma de fuego o artefactos explosivos. Entre otros autores materiales o intelectuales de los delitos de asesinato, secuestro, torturas y malversación de caudales públicos, resultaron condenados José Barrionuevo -ministro del Interior- y Rafael Vera -director general de la Policía. El juez instructor Baltasar Garzón, años después expulsado de la carrera tras ser condena por prevaricación, no fue capaz de averiguar de quién recibía órdenes el ministro Barrionuevo, aunque la lógica más elemental concluye que su único superior jerárquico era el presidente González.

^[3]El procedimiento ordinario requiere el acuerdo de tres quintas partes de ambas Cámaras parlamentarias (en el Congreso, 210 diputados). Si no se consiguiera pero se hubiese alcanzado el respaldo por mayoría absoluta del Senado, podría prosperar la reforma con el voto afirmativo de dos tercios de los diputados (233). Cualquier partido político, respaldado por treinta y cinco diputados o veintisiete senadores, podría en tal caso solicitar y obtener la convocatoria de un referéndum de ratificación. A fecha de hoy, totalmente inverosímil.