Minoría selecta o rectora. Con tan escueta definición resuelve el Diccionario de la Real Academia Española la voz «elite» o «élite». Se abre, pues, un amplio abanico de colectivos a los cuales cabe caracterizar de tal modo, pues muchos son los ámbitos de la realidad en los cuales un reducido grupo de individuos ejercen sus potestades rectoras. El conjunto, sin embargo, decrece enormemente si se conecta con el concepto «leyenda negra», pues, a pesar de que la misma esté asumida por amplias áreas de la población española, no todos los que ostentan tal nacionalidad pueden ser adscritos a las diversas élites capaces de impulsar tan distorsionada visión sobre la Historia de España.
En el terreno político, si del ejercicio del poder ejecutivo se trata, no cabe mayor nivel que el alcanzado por quienes constituyen el Gobierno de la nación, configurado actualmente por la coalición PSOE-Unidas Podemos, apoyada por una larga lista de grupúsculos adscritos a intereses regionales y oligárquicos que, en sus posturas maximalistas, abogan por la secesión de algunas partes, las más favorecidas históricamente, del territorio nacional. Con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como cabeza bifronte de un Gobierno que se define como «progresista», herederos ambos de aquel José Luis Rodríguez Zapatero que llegó a manifestar que «España es una nación discutida y discutible», la cuota más alta de dosis negrolegendaria la aporta el socio minoritario. Ya en su día, Pablo Iglesias, el «patriota de la democracia», el admirador de aquel Hugo Chávez Frías que fantaseó con ser un «indio alzado», se mostró partidario del «derecho a decidir», fórmula tan cara para las bandas facciosas que, como coartada para sus fines expropiatorios del territorio nacional, suelen recurrir a argumentos propios de la leyenda negra. En efecto, estas sectas para las que trabaja con denuedo Iglesias, no sólo perciben a España como un país antidemocrático, tara que ya señaló, para negarla, Juderías en su definición de «leyenda negra», sino que apelan a supuestos derechos históricos conculcados por la siempre autoritaria e intolerante España, prisión de naciones, al cabo. Iglesias, cuyo horizonte histórico se nubla en el tiempo previo a 1931, considera, por razones estatutariorrepublicanas,naciones a Galicia, Cataluña y Vascongadas. Mirándose en ese triple espejo, el oportunismo político y las posibilidades que ofrece el Estado autonómico ha propiciado que las naciones supuestamente aprisionadas se multipliquen, y así, a las aludidas, habrán de sumarse, ya se buscarán las coartadas históricas oportunas, tierras como Andalucía, Asturias y todas aquellas que expresen su democrática y metafísica voluntad de autodeterminarse.
De un modo más ladino, su par gubernamental, aquel que aporta más escaños y estructuras, que por algo el PSOE ha sido el principal configurador del Estado de las Autonomías, busca en la ambigüedad federal/confederal –recuerde el lector el laberinto por el que se adentró en su día Carmen Calvo- una posible transformación operada en un sentido descendente, que garantice el blindaje de regiones que, acaso para ocultar sus nada elegantes objetivos, buscan agravios históricos o distancia respecto a la Historia de la que son fruto, para acceder a mayores cuotas de privilegio.
Al desprecio por la Historia propia, de escala imperial, que acaso ese sea el verdadero problema, por la hostilidad que tal concepto desata en los ambientes más aquejados por el pensamiento débil, se une, en prácticamente todo el espectro político, un fervoroso europeísmo antesala del globalismo que profesan, sobre todo, los podemitas, que nos remite a la definición dada por Julián Juderías cuando afirmaba que para los afectados por la leyenda negra, España constituía «una excepción lamentable dentro del grupos de las naciones europeas». Acomplejados ante tal posibilidad, compatriotas de toda condición, a menudo los más viajados, consideran que sólo mediante la disolución en la Europa sublime podrán los españoles zafarse del fatalismo hispano, de una Historia que les avergüenza hasta el punto operar bajo el lema «Nada que celebrar» cada 12 de octubre, fecha tras la cual, según reza el credo negrolegendario, comenzó el genocidio americano. Tales son las tesis, morosamente presentadas, de estos grupos aupados democráticamente al poder y mantenidos en él gracias a la anuencia, más o menos velada, de los poderes económicos y/o mediáticos, tanto monta. Poderes concentrados en su día en personajes como, por ejemplo, Juan Luis Cebrián, capaz de calificar como «insidiosa» a la Reconquista, y en aquellos que han dado cuerpo a una suerte de corte intelectual capaz de ofrecer argumentos a las elites de las que dependen, las mismas que amparan plataformas mediáticas que ofrecen subproductos siempre impregnados de la obligada cuota negrolegendaria o políticamente correcta, a menudo coincidente, capaz de desencadenar la pedrea subvencionadora.
No obstante, frente a esta elitista realidad cabe oponer los diversos proyectos, individuales o colectivos que han cristalizado en los últimos años como reacción a tan dañina inercia. No cabe duda de que las actividades que estos impulsan pueden contribuir a neutralizar la visión negativa de nuestro pasado, pues no ha de olvidarse que el poder, aunque tiende a concentrarse en reducidos círculos, también se ejerce de manera ascendente.