Este artículo es continuación del que publiqué en POSMODERNIA el 25 de marzo de 2017 en donde inicié una serie de capítulos cuyo objetivo común es evidenciar esas Hipotecas de la Ineficacia Económica que pesan sobre nuestras espaldas como Nación y que de no encontrarles pronta solución impedirán nuestro desarrollo futuro.
El Mal de las grandes constructoras:
Las grandes constructoras han disfrutado en España del privilegio de que solamente ellas pueden licitar por las grandes obras públicas, en perjuicio de las pequeñas y medianas.
En toda economía tiene que haber un equilibrio y un respeto entre los operadores económicos de distinto tamaño.
Por eso en otras economías más sólidas y boyantes siempre se respeta un porcentaje de este tipo de licitaciones públicas para las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que hay contrapesos que impiden que las grandes se zampen todo el pastel y dejen al resto las migajas, además de que así se evita la corrupción.
La competencia es por esencia buena porque reduce los beneficios empresariales de los grandes operadores y sobre todo porque elimina ineficiencias y permite que se genere mucho más empleo.
En este sentido sería bueno reducir el tamaño de los más grandes operadores económicos para evitar prácticas colusorias en la competencia y también una concentración de la corrupción en pocas manos.
Durante las cuatro últimas décadas han surgido en España toda una seria de grandes empresarios que son los que a medida que tutelaban nuestra Democracia han ido enriqueciéndose del dinero que partía de las arcas públicas, aprovechando para inflar los costes de las faraónicas y algunos casos inútiles obras que se han realizado (líneas de Ave sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, etc…)
Ese tipo de empresariado debe ser neutralizado porque, además de que es nocivo “per se” para España, en términos de economía privada ha servido para saquear las cuentas públicas de todos los españoles, pues han abusado de la corrupción (caso “Pujol”) para hinchar sus costes de producción de una forma abusiva.
Estos empresarios con la crisis española no han dudado en desinvertir en España para invertir en el extranjero mientras el desempleo no ha parado de crecer en nuestro país.
Este tipo de empresario propenso a la deslocalización de sus negocios es un serio problema para nuestra Economía.
Por lo tanto, de cara a la verdadera recuperación económica de España debemos plantearnos si nos conviene o no un empresariado “pata negra” que ha hecho del abuso contra los pequeños empresarios, del desempleo, de la deslocalización, de la corrupción y de la realización de obras inútiles la fuente de su poder y de su desorbitada riqueza.
El Mal que padecen los profesionales manuales:
Un alumno alemán de ICADE me comentó que la base actual de la moderna Economía alemana no son los ingenieros ni las grandes empresas, sino los empleados manuales, artesanos y técnicos profesionales, verdadero motor de su desarrollo y prosperidad, y en todo ese entramado, las escuelas de oficio tienen un papel formativo fundamental, así como en la relación entre maestro y aprendiz, como ha sido siempre.
Sin embargo, aquí en España han conseguido neutralizar la formación profesional y desprestigiar a los trabajadores manuales, de tal manera que hoy en día nuestro país carece de múltiples profesionales como fontaneros, mecánicos, artesanos, cerrajeros, etc… con lo que se han nutrido estos sectores de mano de obra extranjera.
Por otro lado, como la crisis económica ha causado estragos en la construcción, la situación de los profesionales de este sector no puede ser más desalentadora.
España no sabe o no ha sabido ser capaz de realizar una correcta asignación de recursos profesionales a las necesidades de nuestros mercados; aquí se ha pretendido que todos nazcamos destinados a un despacho y un coche oficial, cuando la realidad es bien distinta.
Profesiones tradicionales como las de sastres, modistas y carpinteros prácticamente han desaparecido; las grandes empresas, como Inditex e Ikea, han ocupado estas necesidades, abaratando los costes e impidiendo que exista una competencia sana que genere empleo, estabilidad y una justa distribución de las plusvalías de sus sectores.
El “Low-Cost” se ha instalado a muchos niveles de las profesiones manuales y como ya no defendemos lo nuestro, el profesional español se ha visto perjudicado en sus condiciones económicas y sociales, frente a las grandes corporaciones que se han instalado en los mejores polígonos de nuestras ciudades y pueblos por la vía del soborno a los políticos locales.
Hoy el español no puede competir dentro de su propio país; se le presiona desde arriba y desde abajo, también desde los laterales. Competencia desleal, impuestos confiscatorios, ausencia de demanda, el panorama no es nada halagüeño de cara a un futuro donde hay profesiones que en España está desapareciendo; además son profesiones que afectan a la Economía Real, la misma que en Alemania es tan firme y robusta, la que garantiza estabilidad y músculo a esa Nación, prosperidad económica y futuro.
Debemos volver a esa microeconomía que busque en lo próximo, en lo local, en lo cercano, en lo nacional el recomponer esas profesiones tan necesarias para cualquier Nación.
Las Escuelas de Formación Profesional deben ser dignificadas y tenemos que cambiar esa mentalidad de que sólo es prestigioso el universitario, pues lo queramos o no, la realidad nos dice a gritos que la Economía actual no puede asimilar la mayor parte de los universitarios que genera el sistema educativo español.
Conseguir ese correcto reajuste entre recursos generados y necesidades debe ser una prioridad.
El Mal de las AIE (Agrupaciones de Interés Económico) y de las inversiones públicas a través del ICO (instituto de Crédito Oficial):
Las AIE son entidades que disfrutan de unas ventajas fiscales o exenciones de impuestos en base a una autorización expresa de la Administración Pública a su constitución.
Deben estar por lo tanto motivadas y argumentadas en su interés para el conjunto de la Nación.
Sin embargo, como en todo lo público, aquí también han entrado los intereses particulares, en especial de los más poderosos, para beneficiarse de lo que estaba ideado para otros fines como los descritos.
Y tanto es así que en connivencia con las subvenciones públicas del ICO hemos visto cómo han servido para financiar megaproyectos de grandes empresas multinacionales, desviando el riesgo de la operación al conjunto de los españoles.
Algo así como lo de las autopistas de peaje o la crisis de las cajas, en donde el riesgo al final lo hemos nacionalizado por la vía de las cuentas públicas.
Por lo tanto es preciso revisar estas prácticas anómalas a las que hay que poner el foco mediante las oportunas auditorías de cumplimiento.
Este tipo de megaproyectos, que además sirven para que sus promotores se beneficien fiscalmente de las cuantiosas pérdidas ficticiamente generadas mediante la compensación con bases imponibles positivas surgidas en sus actividades principales, son unos entramados tan complicados que al final sólo sirven para encubrir malas prácticas económicas.
Dejar las decisiones de creación de las AIE y de su financiación por el ICO en manos de los políticos, como todo, es una irresponsabilidad.
El beneficio obtenido por las grandes empresas habría que desviarlo hacia los pequeños y medianos operadores económicos.
Sólo la generación de empleo y su financiación deberían ser el criterio de las ventajas fiscales que llevan aparejadas tanto la compensación de bases imponibles como la deducibilidad de los gastos financieros de toda inversión externa en este tipo de entidades denominadas Agrupaciones de Interés Económico.
El Mal de los complementos de productividad en la Administración Pública:
Esta práctica anómala que se ha implantado recientemente en la Administración sólo sirve para premiar a los afines y castigar a los díscolos.
Lo que en principio parece pensado para retribuir el esfuerzo de los empleados públicos, es un arma de premio y de castigo, y además un aliciente a falsear las estadísticas que miden el éxito o fracaso de las actividades funcionariales, a ceñirse escrupulosamente a unos objetivos políticos, al servilismo, al nepotismo y a la discriminación en el trato a los funcionarios.
Un funcionario tiene que cumplir con su deber sin necesidad de más premio que su legítimo sueldo.
El reparto arbitrario de los pluses de productividad en el marco de la Administración Pública genera agravios innecesarios, sensación de malestar e impotencia y un poder omnímodo en aquellos que tienen la capacidad de decisión sobre los mismos que sin duda harán abuso de ello, en especial si son políticos al uso.
Estos pluses de productividad son especialmente dolorosos sin van vinculados a áreas de las Administración por donde circula mucho dinero en forma de contratación pública o las que van vinculadas al cumplimiento de aspectos de la seguridad pública.
Si se busca a altos funcionarios que velen más por su interés pecuaniario en forma de premios retribuidos como éste que por el servicio a la ciudadanía, con este tipo de instrumentos lo han conseguido.
Procedería por lo tanto su supresión inmediata. Los complementos por productividad deben ser ajenos al servicio público, en especial en las áreas descritas.
La Economía de las Sicav:
Las SICAV son un instrumento financiero que sirven para que las oligarquías se capitalicen exponencialmente a costa de las clases medias y trabajadoras por la vía de que no pagan impuestos mientras que éstas están siendo expoliadas fiscalmente.
Con las Sicavs no está habiendo un elemento generador de riqueza para el conjunto de la Nación sino transferencia de riqueza de las clases medias y trabajadoras a la alta en detrimento de aquellas.
Además se está destruyendo el tejido productivo, sustituyéndolo por otro de carácter meramente especulativo.
He dedicado muchos años de mi vida a denunciar esta realidad y ha sido como clamar en el desierto, pero la semilla ya ha prendido y poco a poco los españoles irán dándose cuenta de esta realidad.
Las Sociedades SICAV no tributan en España, no generan empleo directo, no han contribuido con un solo euro a las cotizaciones a la Seguridad Social, han desindustrializado España, potenciado el crecimiento de la Deuda Pública cuando les ha interesado, y lo peor de todo … nos han amenazado al conjunto de los españoles con llevarse el dinero fuera cuando en realidad ya lo tienen fuera de España, lo que es el colmo.
Han disfrutado de un fuero exclusivo; sólo la CNMV puede investigarlos y no lo hace de forma deliberada y además ahora vemos como están sirviendo para el blanqueo de capitales y están vinculadas a muchas tramas como la de Vitaldent o incluso plataformas criminales.
Todos los partidos políticos parlamentarios los han encubierto; incluso la misma Manuela Carmena pareciese que tiene su patrimonio en Sociedades SICAV.
Estamos ante una estafa nacional de proporciones apoteósicas y es aquí donde hay que exigir un cierto rigor, y sólo desde una visión nacional se podría poner fin a este expolio fiscal que padecemos.
La legislación debe ser reformada en su integridad con la finalidad de que los Patrimonios que invierten en SICAV tienen que invertir no en la especulación, sino en la economía real que genera empleo entre los españoles.
El tejido industrial y del sector primario debe ser restaurado precisamente con el dinero que ha surgido del fraude de las SICAV.
El Mal de los Fondos buitres:
Los Fondos Buitre tampoco generan riqueza ni empleo sino la oportunidad de que grandes masas financieras se enriquezcan de las desgracias ajenas.
Se entiende en el argot financiero como “Fondo Buitre” a un especulador que se dedica sistemáticamente a comprar a precios de saldo activos, ya sean inmobiliarios como crediticios, aprovechándose de las necesidades financieras y legales que tienen los Bancos y otros operadores económicos en sanear sus balances contables y cuentas de resultados.
En los últimos años han proliferado en España estos elementos del “Ultracapitalismo”, como Blackstone, Fortress, Cerberus o Lone Star, entre otros, que han hecho de nuestra Nación su morada perfecta gracias a una terrible crisis crediticia e inmobiliaria que se ha cebado sobre todo en las clases medias, destruyendo millones de empresas y familias y elevando las cifras del desempleo entre los españoles a cotas impensables hace décadas.
El amplísimo margen de maniobra con que se mueven y operan hace que hoy el español sea víctima propiciatoria de ellos por culpa de todo el espectro político que no ofrecen nada efectivo para ponerles coto.
Estas masas financieras se distinguen porque actúan con total libertad, en el marco de un sector no regulado, bordeando la Ley claramente y sin ninguna conciencia del daño que ocasionan a los más débiles y necesitados.
Es importante que los españoles tomemos conciencia de la necesidad de regular a estas entidades para poner fin así a sus prácticas depredadoras de nuestros operadores económicos.
Hacerles frente debería ser una política de Estado pero he de denunciar que quien las ha dado gran cobertura ha sido la anterior legislatura del Gobierno con mayoría absoluta de D. Mariano Rajoy Brey y el Partido Popular.
Una economía real y saneada no puede permitir que sobre nuestras cabezas vuelen este tipo de “Fondos Buitre” que aprovechándose de la altura de sus capitales y su sentido de la vista agudizado de las desgracias ajenas son capaces de hacernos gran daño como individuos y como Nación.
El Mal de la doctrina económica que se enseña en las grandes Escuelas de Negocio y las Universidades:
España es famosa por sus grandes Escuelas de Negocio donde por unas matrículas exclusivas que cuestan mucho dinero, los estudiantes más pudientes de todo el Mundo estudian las artes de la economía depredadora que no paga impuestos, apenas genera empleo y que destruye tejido productivo real.
Hemos importado el modelo de las escuelas de negocio estadounidenses y sus malas prácticas y enseñanzas que se centran en incrementar el beneficio como sea, dejando al margen cuestiones vitales para el desarrollo de las Naciones como el pago de impuestos, la generación de empleo y de riqueza, y su justa distribución entre los operadores económicos.
Por lo tanto, debemos revisar esos temarios docentes, esos contenidos académicos, y no sólo aquí, también a nivel de Universidades, para que sirvan a un fin superior que el dinero por el mero dinero.
En la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, donde estudié Ciencias Económicas y Empresariales hace 25 años se sigue impartiendo el mismo temario docente que había cuando yo era alumno.
Por lo tanto es precisa una actualización de las materias y del profesorado, para ponerlos al día de los desafíos del presente y que sirvan a las necesidades económicas de la actualidad.
Este modelo educativo basado en que aquí en España es universitario todo el Mundo, pero luego el que quiera triunfar y prosperar en la vida se tiene que hacer un Master de lujo, a lo que nos ha abocado es realmente a una enseñanza de la Economía “a dos velocidades”, donde la gran masa tiene que sufrir a un profesorado universitario desactualizado y burocratizado mientras una minoría muy pudiente disfruta de enseñanzas que le garantizarán un fácil éxito profesional por la vía de apostar por una Economía de devastación para el Conjunto de la Sociedad.
Las Escuelas de Negocio son los introductores en la Economía de los Paraísos Fiscales, de las ETVEs, de las SICAVs, de la insolidaridad fiscal, de las gestoras de patrimonios…. de todo ese entramado profesional que gira sobre la comodidad, especulación y la ausencia del riesgo aparente.
Un modelo de vasallaje hacia el núcleo del Capital pero de depredación para el resto; son los que nos enseñan que en España en época de crisis no hay que invertir en deuda pública nacional porque se corre un serio riesgo, pero a la vez sí que hay que liberalizar el mercado de trabajo para flexibilizar la contratación y los despidos.
Más que Escuelas de Negocio estamos ante Escuelas de desmantelamiento de la protección social y de servicio al ultracapitalismo depredador, que cierra fábricas en Occidente y aboca al paro a millones de personas, especialmente entre los más jóvenes.
Necesitamos aquí más que nunca Escuelas de Negocios que apuesten por un modelo económico solidario que genere empleo y contribuya al sostenimiento de los gastos públicos, servidores de un nuevo paradigma económico donde se invierta la actual tendencia y se fije la base de una nueva Economía que garantice estabilidad y un futuro para España.
Soy conciente de que es difícil cambiar la inercia actual y sobre todo la superestructura que la sustenta, sobre todo cuando hay un empecinamiento y cerrazón en que todo siga como está, pero por ello hay que poner un gran esfuerzo y energías en esta tarea.
Los cambios requieren unas Elites que los lleven a cabo y una formación en su nueva tarea y es preciso por lo tanto Escuelas que formen a estos ejecutivos del futuro en una Economía distinta a la actual.
El Mal de la discriminación de los españoles en su propio país:
En España se subvenciona la contratación de extranjeros frente a los propios españoles.
Es algo inédito en el Mundo, pues fuera de España las políticas económicas de empleo van en sentido radicalmente contrario, en especial cuando existen periodos de crisis y gran desempleo como el actual.
Por ejemplo, hay Ayuntamientos como el de San Sebastián de los Reyes que han dotado una importante línea de subvención para que los extranjeros sean contratados con carácter preferente en los comercios locales; es más, también se les da preferencia en líneas de apoyo económico para el auto-empleo, es decir, para financiar sus negocios.
Por eso no es de extrañar que veamos como proliferan comercios asociados a extranjeros frente a los nacionales, que están en retirada.
Pero es que a nivel de empresa privada pasa exactamente lo mismo y una de las razones está en que el extranjero contratado, por su desarraigo y necesidades vitales, será más manejable que uno nacional.
El hacer sentir a los españoles como extranjeros en España es un arma del que se hacen valer especialmente las multinacionales para controlarles y someterles.
Además así se produce una precariedad en las condiciones laborales, pues se presiona desde abajo en términos de salarios y demás situaciones asimiladas.
Hay que revertir estas situaciones y devolverles su lógica económica. Una economía que se basa en la discriminación contra los españoles no se puede mantener mucho en el tiempo porque al final saltará por los aires.
Quien quiera hacer negocio con España y los nacionales debe tener bien claro que una condición necesaria será contratar a españoles siempre que haya desempleo entre nuestros compatriotas, y en especial, esta política debe aplicarse frente a esas Naciones que son especialmente duras en este sentido, siguiendo el principio de la reciprocidad.
El Mal de las convenciones económico-sociales anómalas generalmente aceptadas:
En esta Sociedad de la información, nos movemos masivamente por convenciones sociales, y en el campo de la economía, aún más.
La idea generalmente aceptada es que para ser felices, para ser aceptados por todos, para evitar esos rumores molestos y esos juicios irritantes, para ser vistos con buenos ojos, toda familia que se precie debe estar hipotecada, o sea, endeudada, hasta las cejas.
Si el Banco toma posesión de nuestro futuro y estabilidad económica, pues se sobreentiende que entonces somos gente civilizada que actúa sobre parámetros razonables, pero nada más lejos de la realidad…
Muchos hemos sufrido esa presión insoportable del que estando en una fácil posición económica nos dice con aire autosuficiente que lo que tenemos que hacer es endeudarnos de una manera u otra para adquirir bienes inflados de precio mediante un endeudamiento y que de esa manera adquiriremos la felicidad.
Estos intrusismos económicos externos a la familia son muy nocivos y al final se acaban pagando toda la vida.
Una familia endeudada es una familia abierta a la crisis económica y previa a la ruptura.
Una vez que se entra en el vértigo del endeudamiento es muy difícil salir de él. Las deudas crecen y crecen y se multiplican, incrementando el peso de la asfixia económica.
El bien material más preciado de una Familia, su domicilio, suele estar hipotecado por periodos que superan los 30 años y si no se paga una cuota, el banco se quedará con ella.
Con esta losa financiera que nos obliga en términos generales a pagar el doble del dinero recibido en préstamo es casi épico sacar adelante una existencia económicamente saneada.
Pero nos han metido en el ADN que tenemos que actuar de esta manera para así tener “respetabilidad”; porque sí, hemos de aceptar que los bancos han creado un marketing muy eficiente durante las últimas décadas en el sentido de que son ellos los que nos marcan cual debe ser nuestro comportamiento de cara a un reconocimiento social.
Esto es una falacia y una falacia muy grave que en términos generales y colectivos produce verdaderos estragos.
Lo sano es vivir sin deudas; lo insano es la usura y ver en las entidades financieras a instituciones respetables que desean el bien de la Sociedad cuando lo único que buscan es el enriquecimiento a cualquier precio. Les importa su dividendo y nada más.
Por lo tanto también hay que cambiar el paradigma social en el sentido de educar a los jóvenes en las terribles consecuencias que pueda llevar aparejado el estar endeudado, como es perder tu vivienda, ver embargado tu sueldo o pensión, ser agobiado a pleitos y a llamadas coercitivas, sufrir porque ya no se puede pagar más al banco, etc etc…
Las decisiones económicas se toman hoy en día en contextos de mucha irracionalidad y máxima presión publicitaria; es importante devolver a la toma de decisiones en el ámbito económico un ámbito de sosiego y sanamente analítico.
Las crisis inmobiliaria no habría tenido lugar si millones de españoles no se hubieran visto arrastrados a comprar y vender en un contexto de sobrecalentamiento falso o ficticio.
El hecho de consumir por consumir, sin valorar que lo importante es la seguridad económica y ser consciente de la capacidad económica que tiene cada uno, lleva a que la Economía salte por los aires tarde o temprano y en esto las convenciones sociales generalmente aceptadas tienen gran culpa.
La formación, la moderación y la concienciación en las decisiones económicas deben marcar la base social de ese nuevo paradigma económico del que estamos hablando.
Ya está bien de que sean los Bancos, con sus medios de comunicación, los que nos marquen a los demás lo que está bien y lo que está mal por medio de una publicidad maliciosa.
Debería estar prohibido que los Bancos se anuncien en los canales tradicionales de publicidad; si alguien sintiera que tiene la necesidad de un producto bancario, tendría que partir de él el informarse por su cuenta sobre quién se lo podría proveer en las mejores condiciones, sin necesidad de estar sujeto a un bombardeo mediático constante.
El Mal de la Propiedad de los grandes Centros Comerciales:
Las grandes superficies son un elemento más de la modernidad.
Concentrar consumo y ocio bajo la cúpula del “glamour” y los focos típicos de estos centros es un acto comercialmente exitoso.
Pero detrás de esta fachada hay una realidad económica escondida y sin duda perniciosa para la economía española.
Los grandes Centros Comerciales tal y como están contemplados hoy son depredadores de una economía en crisis como es la actual.
Su propiedad, en última instancia, se concentra en unas únicas manos, generalmente archimillonarios fondos especulativos extranjeros que compran grandes superficies en España a precio de saldo, ante la ruina de las empresas españolas provocadas por el sobre-endeudamiento de la crisis actual, y bajo las siguientes premisas:
- Rentabilidades anuales aseguradas del 10% de la inversión
- Seguridad de que no se pagarán impuestos en España ni en ningún sitio de las rentabilidades obtenidas (ni siquiera el IVA por la adquisición del inmueble)
- Ausencia de compromisos laborales directos de ningún tipo (sólo se suscriben acuerdos profesionales por terceros fácilmente rescindibles)
- Capacidad absoluta de desinversión inmediata, es decir, ausencia efectiva de arraigo real un territorio o consumidor locales
Los Centros Comerciales bajo estas circunstancias actúan como agujeros negros de la economía local; la succionan y destruyen, pues el comerciante local español no pueden competir frente a sus capacidad y sobre todo con sus privilegios descritos anteriormente.
No se trata de prohibirlos sino de que aporten algo beneficioso al conjunto de la Sociedad en términos de impuestos, empleo directo y compromiso con la economía local.
Hemos de superar la visión angloamericana del lucro por el lucro por una visión cooperadora de los distintos operadores económicos a favor del desarrollo y el empleo local.
El objetivo primordial debe ser la creación de empleo local, que será generador de actividad económica y que las plusvalías que genere cualquier negocio, especialmente las grandes superficies, sean reinvertidos en el territorio que las genera y no como pasa en la actualidad que son sacadas de España y sin pagar impuestos aquí.
La solución podría pasar por no considerar los gastos financieros que retribuyen préstamos internos dentro de la estructura del Grupo al que pertenece el Centro Comercial (que es como se financian estas adquisiciones) como gastos deducibles del Impuesto de Sociedades.
De esa manera cualquier beneficio operativo y financiero tendrían que tributar en España por el Impuesto de Sociedades y así superaríamos el sinsentido fiscal que es que los Centros Comerciales den todos en España pérdidas fiscales y contables cuando en realidad generan rentabilidades operativas que superan los dos dígitos al año.
Esto lo saben perfectamente las autoridades fiscales españolas pero no hacen nada efectivo por evitarlo y así es que se genera una competencia fiscal desleal que perjudica al pequeño y mediano comercio español sometido a presiones fiscales y laborales asfixiantes.
Toda inversión extranjera en un Centro Comercial debería canalizarse a través del concepto de Capital Social / Acciones pues si se utiliza la fórmula de los préstamos entre compañías de un mismo Grupo se está utilizando una fórmula de financiación pensada para la financiación externa a la propiedad, es decir, proveniente de bancos u otros operadores financieros no vinculados entre sí, pues del modo como se hace actualmente es un completo abuso de derecho por tratarse de préstamos que encubren aportaciones de dinero del propio inversor.
Si conseguimos aplicar esta simple medida, el accionista o dueño del centro comercial si quisiera distribuir sus beneficios vía dividendos tendría que con carácter previo pagar el impuesto de sociedades correspondiente.
La legislación española tiene suficientes asideros para revertir esta situación; sin embargo los sucesivos gobiernos que se han alternado en el poder durante las cuatro últimas décadas han ido “facilitando” el camino a estos “inversores depredadores” venidos de fuera.