Es un hecho constatable que la demografía de España ha cambiado de manera significativa en los últimos años. Se trata de una cuestión que cada vez es más notoria y palpable. Lo podemos observar de manera sencilla, por ejemplo, si nos fijamos en el número de alumnos extranjeros que acuden hoy a nuestros colegios[1], la existencia en nuestros barrios de cada vez más comercios y productos enfocados a una población extranjera[2] o por otro lado, si nos fijamos en  el desarrollo de actividades, la celebración de efemérides o el despliegue de religiones ajenas[3] a todo aquello que ha dado forma a España y Europa.

Frente a cualquier postura escéptica del cambio, los datos son alarmantes. En solo 20 años, la cantidad de personas nacidas en España y con edades entre 20 y 39 años ha disminuido en 4,57 millones. Esto es, en 2003, este grupo clave para el futuro del país sumaba 12.408.592 personas, pero en 2024 se redujo a 7.837.194, lo que representa una caída del 36,8%[4]. En otras palabras, se han revertido las estructuras de edad –de pirámides a obeliscos– a medida que aumenta el número de personas mayores y disminuyen los jóvenes españoles.

Las tasas de natalidad andan por los suelos. España registró en 2023 la segunda tasa de fertilidad más baja de la UE y aun con ello, un tercio de los niños nacidos fueron de madres extranjeras. Es decir, que los pocos que nacen no son de madres españolas. Con tan sólo 1,12 nacimientos por mujer, la edad media en la que las mujeres españolas son madres alcanza ya los 31,1 años y el paradigma de las familias españolas es el siguiente: la mitad de los nacimientos de 2023 conformaron una familia con único hijo, 3 de cada 10 nacimientos fueron de hijos segundos,  alrededor de un octavo (12,3%) fueron terceros hijos y sólo un 6% de los nacidos en 2023 fueron de cuartos hijos o posteriores[5]. En otras palabras, estamos ante un derrumbe de las familias numerosas y de las familias, en general.

Como es bien sabido, las políticas de inmigración han intentado dar respuesta a esta debacle, aunque siempre sin éxito alguno. Sin embargo, los esfuerzos para ello han sido notorios. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, la población española ha disminuido en 621.466 personas, mientras que la población extranjera ha aumentado en 2.703.938. Si además se incluyeran como inmigrantes a los cerca de 600.000 hijos nacidos de madres extranjeras entre julio de 2018 y julio de 2024, el resultado sería una pérdida de 1,2 millones de españoles autóctonos y un incremento de 3,3 millones en la población de origen inmigrante. De este modo, cobran mucho sentido una vez más las cifras que Alejandro Macarrón ha expuesto de manera reciente. Según el demógrafo y responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, España contará en 2045 con más extranjeros que autóctonos, siendo Alicante la primera provincia víctima de la “sustitución” y Córdoba la última, en 2073.

Dada esta situación, el debate sobre el aumento de la inmigración y su impacto en el acceso a los servicios sociales públicos ya no distingue entre inmigración legal o ilegal. La saturación de ambas se puede constatar señalando que en España ya viven 39.761.459 personas nacidas en el país mientras que 9.036.416 nacieron en el extranjero, una cifra histórica. La mayoría de estas personas extranjeras tienen su origen en Marruecos, Colombia y Rumanía. Junto a ello, las concesiones de nacionalidad española no ven freno alguno. Antes bien, parece que se otorgan como cierto regalo. A fecha de marzo de 2025, el número de personas que obtuvieron la nacionalidad española en los últimos cinco años llegó a 901.273[6]. Y por otro lado, igualmente reseñable es la carrera de regularización de inmigrantes ilegales que afronta nuestra nación tras la última Reforma del Reglamento de Extranjería, con el que el Ejecutivo actual pretende regularizar a 300.000 inmigrantes al año durante los próximos tres años. Todo ello, mientras se perpetúa cierto efecto llamada desde nuestras costas.

Ante este marco, muchos ciudadanos españoles perciben, de forma creciente, que los servicios públicos son utilizados cada vez más por personas extranjeras y más allá de debatir si contribuyen o no al sistema, conviene recordar que el Gobierno de España debe responder, ante todo, ante los intereses de los españoles. No gobierna para el mundo, ni para toda Hispanoamérica ni para el Magreb. Su primera responsabilidad no es con la comunidad extranjera, sino con quienes sostienen el país con su pertenencia. Gobernar implica establecer prioridades, y en un contexto –ya no sólo con recursos limitados, sino más bien pobre en prácticamente todos los ámbitos e índices– como el actual, los españoles necesitan que se les dé preferencia en el acceso a los servicios públicos fundamentales. Esto no es una cuestión de ideología, sino de responsabilidad del Gobierno de España hacia quienes conforman su nación.

La implantación de esta medida está más que motivada y como consecuencia, debe encontrar para ello unos criterios objetivos para poder presentarse en la norma. Con ello, entre todo el elenco jurídico del que se dispone, el requisito de residencia es el más adecuado para poder reflejarlo de manera explícita, por ejemplo, regulando los criterios de la Ley General de Subvenciones, de modo que todas las regionales y locales se viesen afectadas de igual modo. Una forma razonable de hacerlo es teniendo en cuenta de manera evidente [1] la nacionalidad española; [2] el tiempo que una persona ha vivido legalmente en España. Por ejemplo, se podría dar prioridad a quienes hayan residido en el país durante al menos diez años[7], ya que eso demostraría –al menos– cierto grado de integración y contribución a la sociedad, aunque [3] en casos especiales, como situaciones de vulnerabilidad social, también podrían aplicarse excepciones. Estaríamos así pues, ante unos requisitos y medidas que ayudarían a organizar mejor el acceso a los servicios públicos para todos los españoles.

En definitiva, articular la prioridad nacional en España responde al deber ineludible de proteger, en primer lugar, a los españoles, garantizando que quienes han nacido, crecido o han construido aquí su vida sean los primeros en acceder a los recursos públicos que sostienen con su esfuerzo. En un contexto de creciente presión sobre los sistemas de bienestar, es un acto de justicia y de compromiso con la nación asegurar que las ayudas, servicios y oportunidades lleguen prioritariamente a quienes forman parte del pueblo español. Por ello, no se trata de excluir, sino de afirmar con claridad que España cuida primero de los suyos, fortaleciendo la lealtad recíproca que da sentido a la soberanía nacional.

[1] “En 2023, la población extranjera entre 0 y 15 años ascendía ya a 891.950 personas, 71.215 más que en 2022 y representaban el 14,5 % de la población total menor de 16 años”. Informe 2024 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2022-2023. (P.58). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Enlace al Informe.

[2] Si bien el Instituto Nacional de Estadística (INE) no proporciona información específica sobre el número de comercios abiertos por personas extranjeras en España, basta con contrastar la evolución de los negocios que existían en nuestros barrios hace 25 años (muchos alrededor del producto local) y el número de tiendas impulsadas por extranjeros que hay hoy (mayoritariamente alrededor de la industria halal y restaurantes hispanoamericanos).

[3] Siendo 1.800 las mezquitas confirmadas en España por la Comisión Islámica y aumentando, cada vez son más las celebraciones como la del Eid al-fitr de final de Ramadán o la Fiesta del Cordero las que se celebran en plena vía pública, incluso en los centros educativos supuestamente laicos. Celebraciones que son impulsadas ya por casi diez mil musulmanes sólo en Algeciras.

[4] Así se desprende del estudio realizado en el mes de enero por el demógrafo Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS.

[5] Eurostat. (n.d.). Fertility statistics. European Commission. Enlace.

[6] Ministerio de Justicia. (2025, 31 marzo). Estadísticas de nacionalidad española al 31 de marzo de 2025 [PDF]. Enlace.

[7] El límite de edad respondería simplemente a una cuestión tan técnica como política. La mayoría de normativas que buscan este fin aluden entre 5 y 10 años.