Mucho se ha hablado, analizado y estudiado sobre la demografía en Castilla y León. Los datos son testarudos, los miren por donde los miren. Las conclusiones son sobradamente conocidas: despoblación (alrededor del 70% del territorio autonómico es un desierto poblacional); dispersión demográfica (26 h/km cuadrado, la cifra más baja de toda España); envejecimiento (el 25,36% de la población tiene más de 65 años); una esperanza de vida que supera los 84,2 años de media (86,9 2 para las mujeres) , superior a la media nacional que se sitúa en 83,33; un bajo índice de natalidad (5,96%), menos de un punto y medio respecto al año anterior; una tasa de mortalidad del 11,91%, casi tres puntos más que la media española; un saldo migratorio insuficiente, aunque en el último año positivo (+3.846); un crecimiento natural negativo; y una falta de relevo generacional. Conclusión: las expectativas son muy poco halagüeñas en asuntos poblacionales, tan importantes en el devenir de los tiempos y en las previsiones de futuro. Cada vez son menos los que tienen que sostener a más. Una cruda realidad, incontestable, innegable e in asumible.

Las consecuencias, de gran envergadura, son políticas, sociales y económicas. Políticas dado que, a menor volumen de población, menor peso político a nivel nacional. Es decir, menor capacidad de defensa de los intereses regionales castellano-leoneses en las altas instancias y cámaras de representantes, frente a otros territorios más poblados. Económicas por doble motivo: el desajuste entre ingresos y gastos arroja un déficit notable, la carga del pago de pensiones supera al volumen recaudado por una población activa menor y envejecida. Además, en el acceso al reparto de cualquier tipo de presupuestos y fondos se tiene en cuenta, como primer criterio de distribución, la población. La extensión es otro de los fundamentales valores en la partición y, también en este capítulo, Castilla y León sale desfavorecida en la división. Es la comunidad autónoma más extensa (94.226 km cuadrados), no solo de España, sino la región natural más grande de Europa. Para que nos entendamos, representa aproximadamente más del 20% del territorio nacional. Finalmente, afloran los efectos  de índole social, pues la atención a la población más vulnerable y a una población aquejada por debilidades de dispersión, envejecimiento, con enorme importancia del medio rural, con la consabida presencia relevante del sector primario, imponen políticas asistenciales y de urgencia notables y costosas, pero absolutamente necesarias. Esto es lo que se ha dado en llamar la economía social.

La demografía es una herramienta fundamental para evaluar, pronosticar y prever iniciativas estratégicas. La pirámide de población nos enseña que la situación va a empeorar. La base es cada vez más estrecha y en expansión progresiva hacia una pirámide invertida. En 2050, de seguir esta evolución, la situación será verdaderamente insostenible. Las medidas, por duras que parezcan, deben estar orientadas a favorecer la natalidad, fijar población y adelgazar el obeso gasto público en la administración regional y local. 

Concretemos un poco más:

1. La ampliación de la edad de jubilación es una exigencia. Reduce el gasto, incrementa los ingresos y capitaliza, desde el trabajo, a miles de personas.
2. Se debe ampliar el número de años cotizados para acceder a una prejubilación. Este ha sido un gravísimo error que se ha venido cometiendo desde hace décadas de una manera endémica.
3. Se necesita incentivar, no castigar fiscalmente, la suscripción de planes de jubilación privados. Castigar el ahorro es descabellado y suicida. Además, se deben promover los fondos de pensiones impulsados desde las empresas.
4. Hay que incrementar las ayudas a la natalidad (Desgravaciones fiscales, ayudas directas, conciliación de la vida familiar y laboral, ventajas sanitarias y asistenciales…). En España se hace todo lo contario que se hace en el conjunto de la Unión Europea.
5. Hay que estimular un cambio cultural necesario. Los jóvenes de menos de 25 años pueden y deben trabajar. No es asumible una tasa de paro del 37,3% para los menores de 25 años. Entre los 20 y los 24 es de un 34%.  Se debe cambiar esta inercia a retrasar la incorporación al mercado de trabajo más allá de esta edad. Tampoco ocurre esto en la Europa más avanzada. Las prácticas retribuidas, los veranos y periodos de vacaciones se deben aprovechar para trabajar. 
6. La brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres es real. Hay que reducirla. No se puede admitir una retribución inferior, que supone un 20% menor con respecto al hombre. La tasa de paro de la mujer es de un 13,3%, frente al 11,6% del varón. Superior a la media regional que se sitúa en un 12,4%. Incentivos fiscales a las empresas y criterios objetivos en la contratación son dos buenas medidas, además de las de las ayudas familiares.
7. La atracción de población desde otros territorios, desde otros países, debe ser controlada, pero estimulada. En el medio rural, desde los ayuntamientos, se ha de ejercer un efecto llamada para repoblar los municipios. Eso supone prestación de servicios básicos y ayuda a la vivienda. También hay que insistir en el efecto retorno de aquellos que se marcharon. La implantación del teletrabajo y la banda ancha son unas ventajas que no se pueden desaprovechar. Inmigración, no emigración, es  una inercia que hay que revertir.
8. Exigencia del cupo castellano-leonés, al estilo de la Comunidad Vasca. No entiendo ese trato desigual que se da a las comunidades que se encuentran en un régimen común tributario. 

Son muchas las medidas que se deben estimular para frenar la sangría poblacional que durante décadas se ha venido produciendo. Ya sé que, al final, la decisión es personal a la hora de quedarse, o marcharse. Lo que está claro es que, si lo que se deja es mejor que lo que se puede encontrar, esto impone un freno. Para incrementar el volumen de recursos disponibles para invertir, hay que racionalizar el gasto corriente. No se trata de ingresar más, se trata de gastar menos. En este sentido, la obesidad de la administración requiere un plan de adelgazamiento, una dieta necesaria para evitar una elefantiasis insoportable. Las administraciones regionales y locales tienen que afrontar una profunda reforma para hacer de ellas instituciones más eficaces, más solventes y más productivas. No se puede consentir que los ayuntamientos, las diputaciones y la Junta devoren casi la mitad del presupuesto del que disponen en el pago de nóminas. El Estado no se puede convertir en una oficina de contratación, menos aún en una empresa que, a dedo y a capricho, contrate legiones de asesores y personas de libre designación. Hay un exceso de equipaje en este sentido. Por otra parte, la reordenación de la administración local, debe suponer un reagrupamiento de la actividad en la gestión de los municipios de escasa población. Tampoco se puede consentir la duplicidad y el solapamiento de actuaciones de las diversas administraciones, algo que ocurre con demasiada frecuencia y con escaso éxito productivo. 

Finalmente, en la contención del gasto, apuntaría que los cargos institucionales, representantes políticos, con independencia de su ámbito de ejercicio, incluidas nóminas, otras retribuciones y conceptos, se redujeran en un 30%. Reduciría el número de concejales, diputados provinciales, parlamentarios regionales y volumen de las consejerías. No son necesarios tantos departamentos,  tantos cargos ejecutivos y representantes institucionales. La Unión Europea nos pide, en buena lógica, un rigor contable, un control y unas reformas de amplio calado para dar viabilidad a un modelo de estado mórbido que no nos podemos permitir.