Aparece la presidente del cabildo de Tenerife junto a una pléyade de políticos locales en una de esas emisoras autonómicas de TV que suelen estar versallescamente subvencionadas por el mismo poder al que sirven. Motivo: la inauguración de un centro de día para personas mayores, o sea, viejos que dan la tabarra en casa y son aparcados por su familia, durante unas horas, en un local donde hay juegos para niños, mesas de dominó y pañales a demanda. La señora presidente, que todavía no es vieja —todo se andará—, anuncia: «Hemos invertido un millón doscientos mil euros en la construcción y habilitación de este centro, y mil millones en políticas sociales durante el año 2025». Y lo dice como si los millones fueran suyos, como si ese benefactor plural que palpita tras el «hemos invertido» fuera una élite de filántropos reunidos en torno a las siglas del partido —en este caso Coalición Canaria—, todos empeñados en hacer el bien sin mirar a quién, a costa de su bolsillo y según les sugiera su magnánimo criterio.

La cuestión tendría otro enfoque, muy distinto, si la señora y todos los señores y señoros implicados en el negocio de la cosa pública dijeran la verdad y señalasen sin eufemismos la realidad: los contribuyentes, los que pagan impuestos, han invertido tantos millones en esto y tantos en lo otro; dinero suyo, de su casa y su trabajo, de su esfuerzo, su talento, su tesón y todo lo que se emplea para conseguir valor dinerario en esta sociedad tan cansina y tan previsible en la que vivimos. Naturalmente, identificar el origen de los caudales empleados por la clase política para cumplir fines institucionales, sin falsos protagonismos, requiere desglosar el uso concreto de todas y cada una de las partidas destinadas a la «inversión»: qué porcentaje se lleva la gestión previa —«gastos del Estado», y después cuánto cuestan los sueldos de los funcionarios dedicados al sostenimiento cotidiano del ingenio, cuánto se deriva para subvencionar y/o retribuir a las empresas externas y ONGs que, por lo general, acuden a estos tinglados humanitarios/sociales como moscas al mítico panal; y el gasto en mantenimiento, y los intereses financieros en caso de adquisiciones a crédito, algo bastante frecuente; y el sobreprecio que los proveedores ponen a sus mercancías —los pañales, por ejemplo—, habida cuenta que la administración tarda un mundo en pagar y ellos, sabedores del inconveniente, se curan en salud y cargan al fondo público ese impuesto por demora. Y etcétera. Estos detalles, en ocasiones —no siempre—, pueden conocerse a través de las páginas de transparencia de las administraciones. Los resultados suelen ser desmoralizadores, muy poco estimulantes para el inversor principal de todo el tinglado: de nuevo el contribuyente.

«El avalista tiene derecho a pagar y nada más», afirma un personaje cómico en una famosa serie de humor española. Casi para tomárselo a broma: el contribuyente español tiene derecho a pagar impuestos pero nadie le va a ofrecer el derecho al seguimiento y, si fuera necesario, la interdicción de sus inversiones. Si los políticos lo hacen bien y sobre gasto razonable, mejor; si lo hacen mal, los contribuyentes tienen derecho a lamentarse y se acabó. Hay quien sostiene la temeraria teoría de que el gran derecho de los contribuyentes se ejerce en las urnas, con posibilidad de cancelar de plano el contrato con sus administradores, es decir, los políticos que teóricamente sirven al interés común, y elegir a otros que presumiblemente lo harán mejor. Ay, ay… He aquí el gran bulo, el padre y la madre de todos los bulos: «La democracia sirve para controlar el uso de los recursos públicos». Como dijo Amalia Cortés, tejedora profesional, en debate sobre comparaciones semejantes: «Y un sol seria mi culo».

Hay mentiras y mentiras. Las hay pequeñas, intrascendentes, otras bondadosas, de pura piedad, y las hay solemnes y cargadas de oropel y veneno, cual toma de posesión de un sátrapa bananero tras unas elecciones buenamente amañadas. El bulo del control de lo público a través de las urnas es mayúsculo entre aquella categoría de mentiras monumentales. Por distintas razones.

La principal: las elecciones, sean generales, autonómicas o locales, se nuclean siempre sobre opciones ideológicas, nunca sobre resultados particulares de gestión. Nadie vota al alcalde Vigo por las luces navideñas sino porque a través del negocio de las luces, y de otros que cualquier día se dirán, él y su partido han sido capaces de generar redes clientelares muy sólidas en el municipio: voto asegurado. Nadie vota al presidente del gobierno, a su alcalde o su presidente autonómico porque las cuentas estén claras; en el mejor de los casos, las personas con sentido práctico votan para que las cuentas no empeoren, para que no lleguen gestores aún más desastrosos. Aunque, claro, esa gente es minoría. La inmensa mayoría vota en función de posiciones integradas en los discursos ideológicos de siempre, o sea: las mentiras de siempre que la oligarquía política cuenta sobre ellos mismos, sobre sus intenciones y sobre las intenciones del adversario, las cuales invariablemente se reputarán funestas o perversas.

Decía un teórico de peso en nuestra historia —me refiero a la historia de España—, que las elecciones nunca versan sobre la realidad concreta de los votantes porque los partidos nunca apelan a la realidad sino a utopías y conjeturas. Utopías, mediante la consabida descripción y promesa de un futuro radiante que, por desgracia, aún no ha podido materializarse por culpa del enemigo interno y a veces también del externo, la perfidia extranjera. Conjeturas, por cuanto el voto se convierte en una hipótesis, un cálculo particular sobre quién va a hacerlo mejor o menos mal, como una esperanza fundada no en la evidencia, no en los antecedentes sino en la fe consolidada sobre principios, algo parecido a «Si son de los míos, no pueden hacerlo tan mal»; de nuevo la incertidumbre cargada de ideología suplantando a la realidad, ese es el método.

De todo este embrollo se derivan fábulas menores aunque igual de hirientes: «El gobierno sube las pensiones», «La deuda pública crece», «El presidente viaja a …». No, de verdad: el presidente no viaja, si no lo enviamos nosotros a algún lugar para hacer algo de provecho, no pinta nada allá donde acuda; no, la deuda pública no crece: crece la deuda de los contribuyentes y de la ciudadanía en general, unos la pagarán con su dinero y otros con las subidas de precios y la carencia de bienes y servicios que podrían disfrutar si el empleo de lo público no hubiese sido tan lamentable y, en consecuencia, la deuda tan elevada. Y así hasta siempre, que es como decir hasta el infinito.

Por descontado, ni soy democratista ni, a la contraria, soy opuesto al modelo representativo por sufragio. Solamente soy partidario de decir la verdad a la gente, de llamar a las cosas por su nombre y del derecho a decir a nuestros empleados, los políticos, lo que tienen que hacer con nuestros recursos y cómo tienen que hacerlo, y que se dejen de marear con patrañas y armatostes ideológicos. Por descontado, mi posición en estos asuntos tiene menos futuro que un cervatillo en una leonera. Y por eso he escrito este artículo, para desahogarme un poco. Para que alguien a quien no conozco sepa que a mí, por lo menos, no me engañan. Me expolian como a todos, pero no me engañan.