El pasado jueves se aprobó en el Congreso la primera ley integralmente dictada desde el exterior para imponer la agenda globalista en España. Se trata de la Ley de Cambio Climático, que sigue a pies juntillas las directrices fijadas por la ONU en su Agenda 2030 y satisface los deseos del gran capital representado en el Foro de Davos.
La Ley pretende cumplir los protocolos de Montreal, Kioto o París impulsados por la ONU, pero también obedece a su discurso climático apocalíptico. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, afirmaba en la cumbre climática de 2018 celebrada en Polonia, “aunque somos testigos de impactos climáticos devastadores que provocan el caos en todo el mundo, seguimos sin hacer lo necesario, no vamos suficientemente rápido”, según la ONU, “pese a las pruebas irrefutables”, el “mundo no va en absoluto en la buena dirección” para limitar los efectos devastadores del cambio climático. El mismo discurso difundido histéricamente por Greta Thunberg. En efecto, en el informe de 2019 sobre el Estado del Medio Ambiente que la ONU presentó en Nairobi (Kenia) durante la Cuarta Asamblea del PNUMA, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, se afirmaba que, en el año 2050, 4.000 millones de personas vivirán en tierras desertificadas, los contaminantes vertidos en el agua serán la primera causa de muerte en el mundo y el nivel de mar habrá subido sumergiendo las áreas costeras de todo el planeta En marzo de 2020 oficialmente la ONU afirmó, sin que posteriormente pidiese disculpas, que “el cambio climático es más mortal que el coronavirus”. Algo así como lo del machismo mata más que el coronavirus que vimos el 8M en España.
Precisamente, en el caso de la plaga del coronavirus, por su inmediatez, hemos podido comprobar como los vaticinios de los expertos una y otra vez fallaban, la OMS decía y se desdecía o la UE era incapaz de articular una política común coherente. Baste ver el desorden que ha montado con la vacunación. Hemos asistido desconcertados, no sólo a una opinión y la contraria de científicos sobre causas, métodos de prevención, vacunas y efectos de la enfermedad, sino a decenas de teorías diversas. Pues bien, con el cambio climático, no se crean que sucede algo diferente. Lo que ocurre es que, por un lado, desde la ONU y otras organizaciones supranacionales, tanto privadas como públicas, se han convertido en dogma de fe lo que no son más que hipótesis científicas, y por otro, la lejanía en el tiempo de las predicciones climáticas, permiten camuflar ese mismo desorden y falta de seguridad científica detrás de un trágala propagandístico.
La verdad es que el IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, desde que se creó en 1988 ha fallado estrepitosamente en muchas de sus predicciones. En sus primeras conclusiones vaticinaba que en 30 años las Maldivas iban a quedar sumergidas por las aguas o que la subida de los mares en el 2000 habría anegado las costas de numerosas naciones. De hecho, ha ido cambiando sus predicciones en la evolución de las temperaturas con un margen de 6 grados. Este Panel de expertos de la ONU ha modificado también sus últimos pronósticos, la duplicación del Co2 en el aire con el tiempo podría calentar la tierra 3,3° C, pero, los nuevos cálculos predicen un calentamiento en torno a los 1,5º C. Estas son las supuestas evidencias científicas que no se pueden discutir[1].
Pese a que no existe ningún tipo de demostración científica indubitada sobre las causas del cambio climático y mucho menos demostración empírica de cuales van a ser sus efectos a medio y largo plazo, la ONU ha impulsado en su Agenda 2030 unas políticas climáticas basadas única y exclusivamente en culpar a la actividad humana del calentamiento global. En el Objetivo nº 13 de la Agenda la ONU quiere que todos los países adopten planes nacionales de adaptación para responder al cambio climático y que los países desarrollados movilicen 100.000 millones de dólares anuales para acciones de mitigación. Por su parte, el Foro de Davos ha situado el cambio climático como el principal problema de la humanidad y ha señalado la necesidad de ser ambiciosos a la hora de fijar los objetivos de descarbonización. La iniciativa ‘Race to Zero Breakthough’ para alcanzar una economía sin emisiones en 2050, se presentó en la última reunión del Foro Económico Mundial, una iniciativa impulsada por los ‘climate champions’ de Naciones Unidas, el presidente de la COP26, Alok Sharma, y el presidente de la COP25, Carolina Schmidt, junto con la secretaria ejecutiva de la UNFCCC, Patricia Espinosa.
Pues bien, esta agenda climática es la que copia y reproduce la Ley que se acaba de aprobar en el Congreso español con el único voto en contra de VOX. El objetivo fundamental es que España sea «neutra» en carbono en 2050. Para ello fija una meta intermedia para 2030, de un recorte de las emisiones en el 23% respecto a lo que había en 1990.
Aun suponiendo que la emisión de gases de efecto invernadero de origen humano tenga una influencia decisiva y no parcial en el cambio climático, teniendo en cuenta que los principales emisores de gases son Rusia, India, China, USA y la Unión Europea, el Plan Verde de la UE, en el que también se enmarca esta Ley, es un brindis al sol que no va a tener efecto relevante, ya que India, Rusia y China, no han suscrito acuerdo internacional alguno que les obligue a reducir sus emisiones. Es decir, que el esfuerzo solo va a conseguir encarecer la factura energética de España, de manera que los ciudadanos verán como se incrementa su factura de la luz y las empresas aumentar sus costes energéticos, haciéndolas menos competitivas. ¿Quiénes van a ser los grandes favorecidos de esta agenda climática? Por un lado, las grandes empresas energéticas, ya que la transición verde que tienen que afrontar será subvencionada con los impuestos extraídos de las clases medias y, por otro, a nivel geoestratégico, China, cuya economía seguirá recortando el predominio de la de Occidente.
La Ley también establece que en 2030 el sistema eléctrico tenga, al menos, un 74% de generación de origen renovable, y que su penetración en el consumo de energía final sea del 42%. Se trata de cumplir con el Objetivo 7 de la Agenda 2030: “De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias”. La Ley prevé una reforma del sector eléctrico que deberá presentarse en un año desde que se apruebe la ley. Más dinero para las empresas energéticas. Los presupuestos del Estado destinarán al sistema eléctrico al menos 450 millones de euros para financiar los costes referidos a fomento de energías renovables.
Pese a que científicos pioneros en alertar sobre el supuesto calentamiento global, como James Nasen, consideraban que la energía atómica era la mejor alternativa para evitar la emisiones de gases de efecto invernadero, se veta el uso de energía nuclear, pero también la energía hidroeléctrica, ya que el despliegue de las energías renovables deberá ser “compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial”, es decir se opta por las energías renovables más caras e ineficientes, la eólica y fotovoltaica. Se veta también la minería de uranio y la extracción de hidrocarburos, lo que impedirá la creación de riqueza y puestos de trabajo en Canarias y Salamanca (Retortillo), donde existían proyectos relacionados con estas actividades.
Pese a que la tecnología aún no está adecuadamente desarrollada, la Ley contempla un irreal plan de instalación de puntos de carga eléctrica en las gasolineras en un plazo de 21 meses desde la entrada en vigor de la ley. En 2040 se prohibirá la fabricación de vehículos que utilicen como fuente de alimentación hidrocarburos, es decir, habrá que renovar por completo todo el parque automóvil de España, ya que los vehículos deberán emitir «cero gramos» de dióxido de carbono, lo que eliminaría también los híbridos. Otra medida principalmente económica camuflada detrás de objetivos climáticos.
Un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación obligará a los propietarios a adaptar sus propiedades a los cánones de la agenda climática, especialmente el cambio de las calefacciones que emiten gases de efecto invernadero, es decir, todas, ya que sean de gasoil, propano o gas ciudad, las practica totalidad de las calefacciones en España usan esos sistemas. Más desembolsos para las magras economías de las clases medias y más humildes a través de la creación de una alarma climática artificial.
También se espera una ley sobre residuos. La gestión de los residuos para reducir eso que los pedantes llaman la huella de carbono recibirá la debita atención presupuestaria y legislativa, los amigos de Ecoembes, en la que actúa como asesora Leire Pajín, seguro que estarán frotándose las manos. ¿Recuerdan que la ONU nos ha advertido de que hay que cambiar la dieta para frenar el cambio climático y que el “altruista” Bil Gates después de adquirir 98.000 ha para cultivos “sostenibles”, nos ha dicho que debemos comer carne vegetal de laboratorio en vez de carne de verdad? Pues dicho y hecho, la Ley de cambio climático establece que los contratos públicos podrán fijar condiciones especiales que “primen los alimentos frescos o de temporada, y con un circuito corto de distribución”, para reducir emisiones de gases. La carne va a desaparecer de los comedores escolares y los hospitales a la voz de ya. Por cierto, también contiene previsiones de futuro sobre movilidad sostenible. ¿En qué consiste esto? Pues ¿se acuerdan cuando Bill Dates en el Foro de Davos de 2021 dijo que los “curritos” deberíamos dejar de viajar en avión para viajar en tren?
No podían faltar los chiringuitos, ya saben, esto de la Agenda 2030 consiste sobre todo en beneficiar al gran capital y a las redes clientelares de los partidos. La Ley ha previsto crear unas asambleas ciudadanas a base de ONGs que meterán a unas 100 o 150 personas elegidas por sorteo, y funcionarán como un jurado popular sobre el debate climático. No sabemos si votarán con el pulgar en alto o hacia abajo, o usarán algún criterio científico más elaborado. Quizá para compensar la votación de ignorantes sobre cuestione técnicas, la Ley se apuesta por la capacitación en los empleos del futuro vinculados a una economía baja en carbono. Es decir, titulaciones específicas en expertos en cambio climático. También se establece que el Gobierno promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación sobre cambio climático y transición energética. Siempre que sus conclusiones no contradigan a la Agenda globalizadora, claro.
Además, se nombrará un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Cada año elaborará un informe para su debate en el Congreso de los Diputados. Las comunidades autónomas deberán informar de sus planes de energía y clima a partir del 31 de diciembre de 2021.
Y por último el adoctrinamiento escolar. Se promueve la inclusión de la educación ambiental en los currículos.
[1]Pueden consultar las predicciones que una y otra vez han resultado ser falsas en https://posmodernia.com/los-secretos-de-la-agenda-2030-dimension-ecologica/