La Constitución del Régimen del 78 supuso el nacimiento de las llamadas orteguianamente «comunidades autónomas». Fue el aclamado, y no suficientemente criticado, filósofo español José Ortega y Gasset el que propuso que se conformasen grandes unidades o entidades territoriales, defendiendo que las regiones o comarcas debían asimilar competencias y funciones legislativas, así como las jurídico-administrativas y estrictamente políticas. Salvo las concernientes a la política exterior, que ya sería lo único que nos faltase. Aunque hay comunidades que han abierto «embajadas» en varios países, como por ejemplo Cataluña que dispone de 20 delegaciones en el extranjero, así como «enviados especiales» a otros países.
Las comunidades autónomas aún no existían cuando se plasmó la Constitución del 78, pero en su famoso y chapucero artículo 2 está ya preludiando lo que van a ser estas unidades descentralizadas. Y entre los artículos 143 y 158 se define la organización territorial del Estado. Por «comunidad autónoma» se entiende un determinado territorio de la nación española dotado de ciertas competencias legislativas, judiciales y ejecutivas.
¿Contra qué se pensaba cuando se organizó el régimen autonómico? Sin duda contra el centralismo del régimen anterior. De una fuerte centralización se pasó en pocos años a una no menos fuerte descentralización administrativa, que precisamente no ha hecho a España más fuerte sino notablemente más débil e incluso irrelevante en asuntos internacionales al subordinarnos completamente al globalismo de la Unión Europea (ese sería el otro pecado del Régimen del 78). Un Estado fuerte y centralizado mutó en una serie de «reinos de taifas» que pueden dar buena explicación de por qué estamos como estamos y como nunca debimos estar.
Asimismo, el Estado español reestructuraría profundamente su organización territorial y en esto la tan laureada Transición vino a ser más bien una ruptura que una continuidad con respecto al franquismo (si bien en otros aspectos primó más la continuidad que la ruptura). Con el régimen autonómico se le hizo todo un guiño a las fuerzas separatistas catalanas, vascas y gallegas, comunidades que se denominaron con vergonzosa confusión «nacionalidades históricas». Y esto fue así por el simple hecho de que estas tres regiones (que no tienen más historia que Castilla, Aragón, Navarra o Valencia, que sí fueron reinos en la Edad Media), alcanzaron el estatuto de autonomía durante la no menos laureada (aunque también demonizada por otros sectores) Segunda República.
Aunque hablamos de un proceso, el de la construcción del sistema autonómico (que supuso la destrucción del centralismo) que se prolongó de 1979 a 1995. El 31 de julio de 1981 el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, y el líder de la oposición, Felipe González Márquez, acordaron los primeros pactos autonómicos, en los que se pusieron sobre la mesa diecisiete autonomías con idénticas instituciones (con Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal, Consejo de Gobierno, funciones ejecutivas y presidente de la comunidad autónoma), pero con diferentes competencias. Empezaban así a ponerse en marcha lo que sólo iba a ser y está siendo un privilegio para la casta política: los «chiringuitos» autonómicos, las «autonosuyas». «Café para todos», pero -eso sí- para unos más y para otros menos.
El 18 de diciembre de 1979, se aprueban en el Congreso los estatutos del País Vasco y de Cataluña; en 1981, los de Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria; en 1982, los de La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y la ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra; finalmente, en 1983, los de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León. En 1983 la provincia de Segovia no formaba parte de ninguna comunidad autónoma, pero fue obligada por decreto del Gobierno a que formase parte de la comunidad autónoma de Castilla y León «por motivos de interés nacional».
En 1995 el mismo Felipe González, que desde finales de 1982 era presidente del Gobierno, y el que era líder de la oposición, José María Aznar, llevaron a cabo los segundos pactos autonómicos. En ellos se les concede a las ciudades de Ceuta y Melilla la condición de «ciudades autónomas». Aunque ya estaba perfilado en 1983, de este modo quedaba cerrado el «mapa de las autonomías» tal y como lo conocemos en la actualidad.
En total, el régimen llegó a implantar diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. En el supuesto caso de que Gibraltar volviese a ser territorio español, cuestión por la que nuestros gobernantes no ha mostrado mucha disposición para gloria de la pérfida Albión, entonces pasaría a ser una ciudad autónoma. A su vez, la constitución del régimen autonómico ampara y respeta los «derechos históricos» de los territorios forales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Esta última accedió a la autonomía como «comunidad foral».
Con el Estado autonómico se ha ido fraguando la ruptura separatista que con tanta fuerza se ha manifestado en estos últimos años, especialmente en Cataluña con el 1 de octubre. Aunque la cosa, como vemos, vino desde el principio del régimen. Pero es cierto que ha ido cobrando tanta fuerza la ideología separatista que incluso se han engendrado nuevos separatismos: balear, valenciano, aragonés, andaluz, asturiano… El absurdo separatista en España ha ido creciendo durante estos años como una bola de nieve cuesta abajo y se ha propagado sobre la piel de toro como una lacra epidémica.
El resultado de tan tremenda imprudencia ha sido que el régimen autonómico no ha fortalecido a España como nación y ha contribuido a la insolidaridad entre los españoles. La unidad e identidad de la nación política canónica española se ha debilitado por dentro, a través del régimen autonómico, y por fuera mediante la cesión de soberanía a la Unión Europea y al globalismo (o cuando no a sinsentidos y absurdos geopolíticos como la «Alianza de las Civilizaciones»). Un ministro de Asuntos Exteriores incluso llegó a decir: «Debemos ceder enormes toneladas de soberanía». Por no hablar de la desindustrialización de España (que al final del franquismo se situaba en el octavo lugar entre las potencias industriales) y de la destrucción del campo a través de las alocadas políticas de la Unión Europea en nombre de un ecologismo escatológico.
El resultado del autonomismo ha sido manifiestamente mejorable y sin duda ha debilitado a la nación española y ha fortalecido a las fuerzas separatistas. Casi todos los partidos españoles son defensores a ultranza del régimen autonómico. Los «partidos separatistas» quieren la secesión directamente, pero su posición actual no hubiese sido posible sin la complicidad que para sus propósitos supone el sistema autonómico. PSOE y PP (dos partidos objetivamente corruptos: tanto en lo delictivo como en lo no delictivo) prácticamente han sido los arquitectos de este régimen (junto a sus directores y amos extranjeros). Y a su vez el podemismo y el sumarismo (tanto monta y monta tanto, ya que sus diferencias se deben a una lucha de egos y no tanto a cuestiones ideológicas) vienen a ser su quintaesencia, al tragar con todos los vicios del régimen.
Pero -como ya hemos insinuado- ¿el «café para todos» (expresión acuñada por el ministro de Regiones entre 1977 y 1980, Manuel Clavero Arévalo) se diseñó dentro de España o más bien se debió a planes y programas de terceras potencias interesadas en el «divide y vencerás»? No hay que olvidar que el que fuera secretario de Estado de Estados Unidos, el globalista (aunque no tan ingenuo) e intrigante permanente (precisamente por esto no era nada ingenuo) Henry Kissinger, llegó a decir -o dicen que llegó a decir- que una España fuerte y unida es un Estado peligroso.
Y parece que los planes y programas del Imperio realmente existente (Estados Unidos) preferían una España floja y dividida y a la par subordinada a la OTAN y a la Unión Europea, que a su vez dependía de Estados Unidos y que ahora, con la Administración no estrictamente globalista pero sí -digamos- imperialista de Donald Trump, parece abandonada en un limbo entre águilas, osos y dragones siendo por tanto un actor menor, dada su tenue unidad, en la trepidante geopolítica del primer cuarto del siglo XXI.
Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de educación, sanidad, urbanismo, cultura, ordenación del territorio y lengua. Esto explica el auge de los separatismos a medida que pasaban los años y el régimen se consolidaba (lo que no se consolidaba era la estabilidad de la nación, que incluso un presidente del Gobierno llegó a decir que era algo “discutido y discutible”).
Fundamental para ello ha sido el control de la educación. Pero no menos importante han sido las consejerías de Cultura, donde el mito oscurantista y confusionario de la Cultura ha ido funcionando a toda máquina, ya que se han subvencionado los folclores de las respectivas regiones ninguneando una cultura común española y se ha sacralizado la cultura local como si fuesen las señas de identidad de esas personas y no la cultura española. Esto ha hecho que en algunas comunidades autónomas se solicite un Estado propio, independiente del español. Si se tiene una cultura propia (y más aún una lengua propia, es decir, no común al resto de españoles) entonces -piensan nuestros sediciosos separatistas- hay que imponer un Estado propio y por ello creen que tienen «derecho a decidir» (pero, al parecer, el resto de españoles no tenemos derecho a elegir lo que sea o deje de ser España o el mismo ser o no ser de la nación canónica).
Como ha señalado Gustavo Bueno, el mito de la Cultura supone la secularización del mito de la Gracia y, a su vez, no es más que el sustituto, una vez caídos el Tercer Reich nacionalsocialista en 1945 y la Unión Soviética comunista en 1991, del mito de la raza y del mito del proletariado universal. Y ha sido el mito de la cultura, junto a la complicidad de determinados partidos políticos y medios de comunicación afines, el que más daño le ha hecho a la nación española en las últimas décadas.
Así como también ha sido en extremo pernicioso en Hispanoamérica, al combatir a la cultura hispana en favor de la cultura indígena y no digamos la anglosajona, campando a sus anchas la Leyenda Negra, como por ejemplo ha pasado y parece que va a seguir pasando, ya veremos, con el gobierno bolivariano de Venezuela (que reivindicaba a un agente del Imperio Británico como lo era Simón Bolivar).